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7 de Diciembre del 2014
Historias
Lectura: 21 minutos
7 de Diciembre del 2014
Redacción Plan V
"El género es un proyecto político"

Fotos: Luis Argüello

En su oficina al norte de Quito, Rocío Rosero fue una de las editoras del informe Sombra sobre la situación de la mujer en tiempos del correísmo.

 

La polémica por el paso de la Enipla, el programa contra el embarazo adolescente, al control directo de la Presidencia continúa. Para la dirigente feminista Rocío Rosero, se pretende implementar la visión sobre la mujer y la sexualidad de ciertos sectores conservadores de la Iglesia Católica. Asegura que se quiere volver a los tiempos de la Inquisición. La directora de la Enipla, Mónica Hernández afirmó que no es experta en género, pero cuenta con asesores.

Rocío Rosero

Dirigente feminista, nació en 1952. Es socióloga por la Universidad Central de Quito. Estudió también en la Universidad de Lovaina (Bélgica). Fue directora del Consejo Nacional de las Mujeres y es consultora internacional en temas de género.

En un reciente artículo, Arturo Pérez Reverte relata que, en el siglo XVIII en España, "llegó a darse la circunstancia siniestra de que en algunos libros de ciencia figurase la pintoresca advertencia: Pese a que esto parece demostrado, no debe creerse por oponerse a la doctrina católica".

Algo similar parece estar ocurriendo en el Ecuador de Correa con relación a la educación sexual y el discurso de género, cuando según informes presentados por la asesora presidencial Mónica Hernández, quien acaba de ser nombrada directora de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enipla), la postura oficial del Gobierno es que el género es un discurso ideológico, y mucho del material sobre educación sexual que circula en los colegios del Estado debería ser retirado de circulación. La Enipla es una iniciativa conjunta entre los Ministerios de Salud Pública, Educación, Inclusión Económica y Social, que se coordinaba desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y que ahora pasó a control de la Presidencia de la República. 

Lea aquí el Informe Sombra publicado por organizaciones de mujeres sobre los derechos de género durante el actual régimen.

Según la información de la  página web de Enipla, "estas instituciones trabajan en el marco de los siguientes 4 ejes: (i) Transformar las concepciones y prácticas machistas e inequitativas sobre sexualidad y reproducción. (ii) Garantizar el acceso a información científica, educación y asesoría sobre sexualidad y reproducción basadas en derechos, para la toma de decisiones. (iii) Garantizar el acceso a servicios integrales de salud sexual y salud reproductiva de calidad con servicios de planificación familiar y consejería para la toma de decisiones libres e informadas de hombres y mujeres. (iv) Fortalecer la participación social de adolescentes, jóvenes, hombres y mujeres para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos".

El nombramiento de Hernández como directora de la Enipla y el hecho de que mediante decreto ejecutivo la entidad pasó a control directo del Palacio de Carondelet, provocó el rechazo de los colectivos feministas, quienes afirman que la asesora del presidente Correa, quien tiene en el Palacio cargo de asesor 1 y trabaja directamente en el Despacho Presidencial, está vinculada a la Iglesia Católica por medio de sus movimientos más radicales.

Este portal intentó entrevistar a la asesora presidencial sobre su visión de la ideología de la género y su agenda al frente de la Enipla, pero recibimos la siguiente respuesta por correo electrónico:

"Muchas gracias por su correo y su interés en conversar conmigo. Tengo asesores especialistas en diversos temas, uno de ellos la ideología de género. Yo no soy especialista, me he preparado en el tema, pero no soy especialista. A futuro podemos hablar de ello con mucho gusto. En este período  no porque mi prioridad está en armar el Plan para el encargo que me ha dado el Señor Presidente y mis esfuerzos y tiempo están concentrados en ello. Mientras este plan no está en marcha, no tengo previsto profundizar temas como el que usted me plantea como para armar un interesante análisis, conversación, debate al respecto. Nos mantendremos en contacto si es que así usted cree oportuno.
Saludos cordiales,

Mónica Hernández de Phillips
Despacho Presidencial"

Para las feministas, en cambio, el nombramiento de Hernández al frente a la Enipla puede significar "volver a la Edad Media" en cuestiones de educación sexual en los colegios. Este es el criterio de la feminista Rocío Rosero, quien conversó con PLAN V sobre el tema. Rosero es una de la editoras del informe Sombra para la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) recientemente publicado por la Coalición Nacional de Organizaciones de Mujeres del Ecuador que reivindica la participación directa de 650 mujeres de todo el país.

En el reciente informe Sombra se plantea un escenario más bien pesimista sobre la situación de los derechos de las mujeres durante el correísmo. ¿Cómo ve usted la situación de la mujer desde la vigencia de la Constitución de Montecristi?

El informe ha sido preparado por una coalición nacional de mujeres. Reconocemos que hay avances que están en la Constitución, pero no se corresponden con el "progresismo" del Gobierno. Hay vacíos en temas como la institucionalidad, porque hay una concepción ideológica que niega a los actores sociales como las mujeres, los indígenas, los sindicatos o los jóvenes tachándolos de corporativismo tradicional, sin recuperar el sentido histórico de la participación de la sociedad civil y sus aportes. Al final, la Constitución es el producto de apuestas de cambio que trabajamos los movimientos sociales desde mucho antes del 2008. Es un proceso histórico de por lo menos cuatro décadas. La refundación que se prometió no es tal: en pocos meses se vio que eso no iba a ocurrir. Hay que señalar que en la propia Constitución ya hubo pérdidas para todos los sujetos sociales, al institucionalizar la participación ciudadana, cuando por medio de una normativa que crea Consejos de Igualidad no en torno a los sujetos de derecho sino a categorías de análisis, lo que va en contra del sentido básico de la doctrina de derechos humanos. No se hace política pública para los sujetos de derechos sino con el criterio de la transversalidad, con una retórica tecnoburocrática basada en planificación centralizada, lo que rompe la participación de la sociedad civil.

"Han desmantelado también los mecanismos de género en las instituciones del Estado, como el que había en el Ministerio del Interior, con lo que no hay responsabilidad en el Estado por las causas de igualdad de género en el Estado. Sin institucionalidad, sin presupuestos, sin prioridad en el Estado no hay avances reales. Lo que hay es retórica".

¿Cómo ha afectado esto a las mujeres?

Desde la década de los 80 que habíamos luchado por un Consejo de Igualdad de las Mujeres, que estaba en el más alto nivel del Estado cumpliendo con tratados internacionales y tenía presupuesto, autonomía y función de rectoría de las políticas públicas. Pero en este Gobierno se le convirtió en una Comisión de Transición que a lo largo de seis años no ha tenido acción o incidencia en las decisiones de política pública. Apenas han preparado una agenda que no tiene caracter mandatorio o consultivo siquiera. Según la CEDAW se deben implementar mecanismos de acción afirmativa, como han sido en nuestro país la Ley de Cuotas, la Ley de Maternidad Gratuita, la propia Enipla. Pero en eso también la política ha sido eliminarlos, suprimir la Ley de Maternidad Gratuita por ejemplo, dejarla sin presupuesto, hacer que pasen sus prestaciones al Ministerio de Salud a pesar de la resistencia del sistema de salud a brindar esas prestaciones como son el acceso a métodos anticonceptivos por ejemplo. Han desmantelado también los mecanismos de género en las instituciones del Estado, como el que había en el Ministerio del Interior, con lo que no hay responsabilidad en el Estado por las causas de igualdad de género en el Estado. Eliminaron también los mecanismos para medir la inversión del Estado en igualdad de género con base en las metas. Se deben establecer políticas de igualdad que sean mandatarias. Sin institucionalidad, sin presupuestos, sin prioridad en el Estado no hay avances reales. Lo que hay es retórica.

¿Reconoce algún avance en este tema al actual Gobierno?

Hay avances en la administración de justicia, por ejemplo, con la transición hacia los juzgados contravencionales. Pero esto ha sido una lucha nuestra desde los años noventa, que se concretó con la Constitución de 1998. Las Comisarías de la Mujer se crearon a instancias de la sociedad civil, pero era un mecanismo que debía estar en la Función Judicial, no en el Ejecutivo. Hay un trabajo que hemos hecho durante décadas que no sería posible sin nuestra lucha. Al tiempo que pasa esto, hay retrocesos graves como el traslado de la Enipla al Ministerio de Salud. 

¿Cuál es su opinión sobre el caso de la Enipla?

Pienso que es una medida que arrasa con todo. Con los derechos no solo de las mujeres, sino también de los hombres. Arrasa con la institucionalidad, porque el Ministerio de Salud se convierte en el responsable de la estrategia, a pesar de que hay componentes educativos en el tema. Se conculca derechos, hay un evidente irrespeto al Estado laico y a la ética laica. Nadie se opone a que cada persona tenga libertad de cultos, pero esto no puede convertirse en política pública como lo han hecho. Las posiciones antiderechos, las presiones de una facción del Opus Dei han condenado a las mujeres a poner en riesgo su vida y su integridad en especial con el tema del aborto. No se puede desconocer que la violencia de género existe, está inclusive en el Plan del Buen Vivir, en la página 16. Todo lo están contraviniendo con estas con acciones. 

¿No era de preveer que esto pasaría, cuando Correa siempre se presentó como un hombre católico y conservador?

Nada era previsible. Se hicieron pactos políticos para construir un proyecto político basado en el espíritu de Montecristi. Creo que hay un traición a ese espíritu, con este modelo que reduce todas las libertades, aún las que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Nos quieren poner rosarios y a rezar. 

¿Usted menciona al Opus Dei, se trata de la influencia de la Iglesia Católica en el Gobierno?

Se ha perdido la neutralidad en el Estado y en interior del movimiento Alianza PAIS. Quien manda es el Presidente y su círculo que está en la línea de una secta religiosa. Sus manejos hacen reducir el espíritu garantista de Montecristi por medio de una serie de medidas concretas, en la vida cotidiana, como por ejemplo con la denuncia de funcionarios de Salud a las mujeres que tienen abortos en curso. Hay mujeres que acuden a la Defensoría Pública por estas situaciones. Hay arbitrariedad que cunde, basada en la tradición, en otorgarle a la mujer un rol secundario, se propone la jerarquía del patriarcado y la religión. Debemos tomar conciencia de lo que es volver a la inquisición, a la etapa del medioevo. La Iglesia más progresista no tiene ningún espacio.

Los informes de Mónica Hernández consignan que la "ideología de género" es una mera ideología en la que se puede creer o no creer. ¿Qué le responde usted?

Yo diría que el feminismo, que es la revolución invisible más importante del siglo XX, que cuestiona las relaciones de poder en la sociedad, acuña la categoría del género para el análisis, la política pública, por medio de un conjunto de herramientas técnicas que sirven para la acción del Estado y la sociedad civil. La base del feminismo es cuestionar el fundamento de relaciones de poder que generar discriminación y violencia en todos los hechos de la vida cotidiana. En cosas que van desde el tono de la voz hasta el abuso sexual, pasando por el abuso de autoridad o por aspectos permisivos como la publicidad discriminatoria y denigrante de las mujeres, que somos solo cuerpos y objetos de consumo. Hay una promoción de la industria de la prostitución. Esto es lo que cuestionamos, somos seres humanos, debemos tener igualdad de oportunidades y es el Estado el que debe ser el garante. Si los medios de comunicación, por ejemplo, no lo están haciendo bien, hay que ponerles una hoja de ruta. Ese es parte del rol del Estado. Nuestra propuesta como feministas cuestiona los cimientos de una sociedad jerárquica patriarcal que impone la violencia con todas sus formas, que se han convertido en hechos que se naturalizan... se apuestan y rifan chicas en fiestas... es una cultura permisiva, una sociedad proxeneta. Esto, claro, se contrapone con quienes piensan que las mujeres necesitan tutela. 

¿Bueno, pero su declaración no parece desmentir que lo suyo es una ideología, le reitero la pregunta, el género es una ideología?

Más que una ideología, es un proyecto político, con sentido histórico. No se puede descalificar al feminismo ni a las corrientes feministas.

¿Se pretende imponer la visión de la Iglesia Católica sobre la mujer y su rol?

Al final es así. De una secta de la Iglesia Católica, porque también hay una cara social de la Iglesia, que ha trabajado con nosotros en temas como autoestima e igualidad de oportunidades. Esta es una facción que no cuestiona nada, que llamar a aceptar el orden patriarcal sin importar ni la Constitución ni las institucionales. 

Mónica Hernández critica los cuadernos de "Sexualidad sin misterios" y hay cuestionamientos a los resultados de la Enipla. Al parecer no hay resultados contundentes en la Enipla y eso motiva la intervención presidencial. ¿Fracasó la Enipla?

"Ese es el más grande impacto: hay una ruptura del manejo de la sexualidad en una sociedad pacata, curuchupa, se pone en circulación los métodos anticonceptivos como una opción para chicos y chicas".

Hay una evaluación no neutral ahí también. Una evaluación propia de la señora Hernández para justificarse. Estamos pidiendo una evaluación técnica no basada en subjetividades. Evaluar una política requiere paramétros técnicos. Lo que más les fastidia de "Sexualidad sin misterios" es que se ha instalado una corriente en escuelas, colegios y universidades de que se pase de conversaciones privadas a ser un tema público. Ese es el más grande impacto: hay una ruptura del manejo de la sexualidad en una sociedad pacata, curuchupa, se pone en circulación los métodos anticonceptivos como una opción para chicos y chicas. La Ley de Maternidad Gratuita fue durante mucho tiempo la única provisión de suministros de salud reproductiva. Enipla estaba en proceso de institucionalizarse, no es fácil hacer una política intersectorial entre entidades del Estado central y local. Hay que instalar dinámicas sociales, convertir la sexualidad en una política pública y romper con la ética pacata de los servidores de salud pública y de los maestros. Lo que estorba, lo que fastidia, es que se habla de sexualidad en el marco de las relaciones de poder entre mujeres y hombres. 

¿A quién cree usted que esto fastidia?

A la Iglesia Católica y a esa facción en particular...

¿Le fastidia al Presidente también?

Habría que pedirle una explicación. El decreto ni siquiera tiene una fundamentación neutral, como sería por ejemplo una elaborada por la OPS o la Unesco. No se trata de imponer patrones moralistas y religiosos en las políticas públicas.

La señora Hernández ya anticipa algunas acciones como solicitar el retiro de los cuadernos de sexualidad o el cambio de criterios sobre los anticonceptivos. ¿Es esto un retroceso?

Por supuesto, es un retroceso por lo menos a los 80 en cuestiones de política pública. Conculca derechos que están en la Constitución, ahí constan 14 derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante que la población y los comunicadores tomen conciencia de que esta es una posición antiderechos que viola la Constitución y la Ley. La población tiene que saber que esto no más que una posición antiderechos.

Este es un país católico, dicen quienes defienden estas posturas, ¿por qué la población podría estar en contra de posturas más moralistas en sexualidad?

Porque eso restringe el acceso a servicios, a información. Las primeras medidas son contra la píldora de anticoncepción de emergencia, ya no habrá servicios de salud sexual y reproductiva que el Estado tiene la obligación de dar. La señora Hernández ya no está en el ámbito privado, debe asumir el rol que le corresponde al Estado.

Usted pide una "hoja de ruta" del Estado para los medios de comunicación para la defensa de los derechos de la mujer. ¿Deduzco de eso que usted está de acuerdo con las sanciones de la Supercom contra diario Extra y La Pareja Feliz por ejemplo?

Ese un debate de los medios contra el Gobierno y el Presidente. Desde hace más de dos décadas hemos defendido la responsabilidad del Estado en la comunicación. No significa que avalamos lo que se está haciendo, pero sí es necesario un proceso para que los medios traten de manera diferente los temas. Lo que se busca es propiciar un cambio de patrones culturales. Producir noticias sin sensacionalismo amarillista, sin crónica roja, con nuevos imaginarios para una sociedad más respetuosa de las mujeres. Sí creemos en una proceso social que tiene que ver son la profesionalización con una perspectiva diferente de los comunicadores que deben replantearse su rol frente a patrones que reproducen discriminación y violencia. 

¿Entonces la Supercom está haciendo lo correcto?

En el informe Sombra pedimos no solamente el control, sino otras acciones.

¿Qué medidas van a tomar frente a esta arremetida del Gobierno contra el género y la igualdad?

La única opción es seguir en la lucha. Es una revolución invisible y lenta, pero que continúa. Limitar el acceso a métodos anticonceptivos va a tener repercusiones, pero nuestro camino es decirle a la sociedad que necesitamos una comprensión distinta. Es una visión compartida de hombres y mujeres, necesitamos un gran pacto social por la igualdad. Estamos viendo en el informe Sombra que todos los problemas provienen de los patrones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

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