El estallido social de junio de este año puso en entredicho la realización de nuevos proyectos mineros en el país, mientras la inestabilidad en el Ministerio de Energía y Minas, cuyo último titular, Xavier Vera, debió renunciar en el marco de un escándalo de presunta corrupción, ha significado también el cambio de autoridades y de funcionarios.

El ex viceministro de Minas, en el gobierno de Lenin Moreno, Fernando Benalcázar, pasa revista a la situación del sector energético en general y de la minería en particular, luego de los decretos que se firmaron para la finalización del paro nacional y los acuerdos de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones indígenas.

¿Cuáles son los desafíos del nuevo ministro de Energía, Fernando Santos?

Yo saludo que un individuo de su perfil haya aceptado ese reto, en un ministerio en donde hay tres áreas de trabajo grandes y complicadas, a lo que debe sumar la necesidad de levantar una imagen. Es un ministerio que es un pilar de la economía nacional y tiene grandes retos como Petroecuador en el sector de hidrocarburos, debido a los escándalos de corrupción. Se ha dicho que se necesita una auditoría externa de Petroecuador y ese es uno de los mayores problemas que tiene que manejar. 

En electricidad y energía el mayor reto es facilitar el incremento de la inversión extranjera. Es un área con muchos intereses nacionales e internacionales que requieren de permisos para su operación y es un reto que las cosas salgan oportunamente.

En el caso de la minería, desde el 2 de  noviembre el nuevo ministro ha aceptado las renuncias de todos los funcionarios del ministro anterior, y han quedado dos personas de carrera. Otro desafío es nombrar a un viceministro de Minas y a su equipo para reactivar el sector minero.

¿Qué balance se puede hacer de la gestión del actual Gobierno en el sector minero?

Al inicio el presidente Guillermo Lasso incluyó al tema minero como uno de los pilares de la economía nacional, y declaró que si la minería crecía se podría contar con más recursos para combatir la desnutrición infantil. En agosto del año anterior se emite un decreto ejecutivo, que reconoce la política minera que consta en el Plan de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, como una política de Estado. Me parece loable que no se reinventó la rueda. El decreto también destaca los beneficios de la minería bien hecha, respetando los términos sociales y ambientales, y define toda una estructura sobre qué hacer, cómo hacerlo y quienes son los responsables. Me refiero al decrero 151 que fue el mejor arranque se pudo tener.

Lamentablemente, el 13 de junio de 2022 arranca el paro nacional, con un poder tal que se convierte en una paralización nacional y el 30 de junio se firma un acuerdo de paz y se crean las mesas de diálogo sobre los diez puntos planteados por las organizaciones indígenas. Ese mismo día se emite el decreto 468, que es un momento muy difícil para la industria minera. 

¿Es uno de los decretos que fueron parte de los acuerdos con los indígenas?

No necesariamente, creo que a lo largo de esos días se fueron conversando sobre varios de los temas planteados. En ese decreto se dice que no se hará minería además de en las áreas protegidas y zonas intangibles, que ya constan en la Constitución, en las áreas arqueológicas y los territorios ancestrales, lo que va más allá del artículo 407 de la Constitución. 

¿Por qué es problemático eso?

Porque las definiciones sobre zonas arquelógicas en el país son vagas y limitadas y no existe un mapa sobre ello, mientras que ocurre lo mismo con los territorios ancestrales, pues la Ley Orgánica de Tierras Rurales tampoco tiene una definición clara. El decreto estableció que no se aprueben nuevos proyectos y que se debe considerar las decisiones de la Corte Constitucional y la elaboración de una Ley de Consulta Previa. En otro lugar se dice que se debe respetar la decisión de las comunidades locales sobre proyectos previos, lo que contraviene la Constitución, pues son competencias exclusivas del Estado. 

¿Qué ocurrió con las mesas de diálogo?

El nueve de septiembre en el acta de la mesa de Energía y Recursos Naturales, se establecen una serie de acuerdos que evidencian el desconocimiento profundo de quien representó al Ministerio de Energía en esa mesa. En los acuerdos hay una moratoria de las actividades mineras e hidrocarburíferas sujetas a auditoría, lo que provoca un impacto devastador en 17 bloques hidrocarburíferos, que impone una moratoria temporal de doce meses o hasta que se apruebe una nueva Ley de Consulta Previa e Informada. Esa es una deuda que tiene el Estado desde hace varios años, cuando la Corte Constitucional dispuso emitir esa ley a la Asamblea. En la minería se aplicó el mismo criterio también en temas como la consulta ambiental. Se crearon mesas de evaluación integral que tendrán carácter vinculante, lo que puede afectar a la seguridad jurídica.

¿Por qué cuestiona las mesas de evaluación integral?

¿Acaso una mesa con delegados de los indígenas, los ministerios, el Consejo de la Judicatura y otras instancias tiene la capacidad de ser vinculante? Lo más grave en el tema minero es que la mesa técnica va a definir los temas a tratar y sobre los dos proyectos mineros en curso, que son Mirador y Fruta del Norte y otros 21 procesos de exploración metálica, como son Loma Larga, La Plata y Curipamba. Se habló también de modificaciones legales a leyes como la de Minería, a la de Hidrocarburos así como la creación de la Ley de Consulta Previa e Informada. Este acuerdo, cuya implementación puede tomar años, pone en stand by a los sectores minero e hidrocarburífero, hasta saber qué va a pesar con la nueva Ley y su reglamento.

Pero antes del paro de junio el Gobierno tuvo un año, ¿qué destacaría de la gestión en el sector minero?

Lo más significativo fue la promoción del país como un destino de inversión. Hay un indicador que mide este tipo de campañas, como la que encabezó el presidente llamada Ecuador open for bussines, que busca lograr una inversión extranjera en el país de 30 mil millones en los cuatro años. Fue una campaña muy exitosa y el resultado ha sido que el país ha mejorado su posición en el Índice Fraser, que mide las percepciones sobre cuán bueno es un país como destino de inversión, creo que ese ha sido un gran logro de este Gobierno. También han mejorado en coordinación con el ministerio del Ambiente el Reglamento para Actividades Mineras. Ahora se permite hasta 60 pozos mineros exploratorios en áreas con vegetación sensible. Se han creado también consejos consultivos y en la política pública minera se impulsan clusters mineros, y ya se ha identificado el primero que se podría implementar en Ecuador.

Hasta que no se solucionen estos conflictos políticos y sociales, ¿no podrá despegar la minería en Ecuador?

Estoy de acuerdo con eso en un cien por ciento. Aquellos proyectos que ya están con compromisos de inversión y han gastado millones de dólares seguramente continuarán, pues la ley no es retroactiva, y la consulta del Azuay lo probó. Ahí se buscó interpretar que las siguientes etapas de los proyectos de la ley estarían sujetas a la consulta, pero eso no es cierto, pues en la industria minera cuando se da una concesión está claro que son varias fases las que nos permitirán, tras doce o 16 años de estudios, saber si hay una mina o no. Pero nadie viene a hacer una inversión por fases, eso es algo que se debe tomar en cuenta.

Desde junio a la fecha los nuevos proyectos mineros que están inmersos en el acuerdo con las organizaciones campesinas habrán reducido al mínimo sus inversiones, con el impacto que eso tiene en empleo y beneficios locales. A quienes ya tienen contratos de explotación, como Mirador y Fruta del Norte, no les ha afectado en lo más mínimo esto, porque el desarrollo ha continuado. Se prevee que exporten entre 2600 y 2700 millones de dólares. Las grandes inversiones planeadas para este año y el siguiente van a ser afectadas hasta que no esté claro el marco legal.

La Corte Constitucional ha tomado decisiones como la suspensión de la licencia ambiental de Panantza San Carlos y la necesidad de una consulta previa, libre e informado. La situación del sector minero es crítica cuando se había anunciado públicamente, antes de los paros, que se esperaba que lleguen hasta 10.800 millones de dólares hasta el 2025, y se decía que habría un inversión de 800 millones de dólares entre 2022 y 2025 en proyectos como Loma Larga, La Plata y Curipamba. Y entre 2023 y 2025 se hablaba de la expansión de mina Mirador hacia el norte. Se habló de 2.500 millones en Ruta de Cobre pero los inversionistas lo están analizando, así como la inversión en Cascabel de 4.482 millones y otros proyectos. Es muy difícil que esos 10.800 millones lleguen al país con la actual administración. 

Pero el Gobierno vendía en su campaña internacional las posibilidades de invertir en Ecuador aún cuando no habían marcos legales ni condiciones sociales y políticas para garantizarlas. ¿Se precipitaron?

En el caso de la minería subestimaron el tema social, y al crear un ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se ha complicado el proceso. La visión debió ser que las cosas sean más fluidas, del diseño y plannificación a la realidad no van a poder hacer muchas cosas.