Usted ha presentado varias denuncias en relación con presuntas irregularidades electorales. ¿Qué efecto han tenido?

La primera vez que denunciamos esto fue en 2011. En 2013 presentamos a los observadores internacionales la denuncia de que el registro electoral estaba inflado, que estaba adulterado. En agosto de 2015 presentamos el cálculo que demuestra que el registro tiene por lo menos tres millones de votos extra. Fue luego de esa denuncia que tuvimos una respuesta que parecía interesante por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE): nos convocaron con nuestros técnicos, los del Consejo, los del Registro Civil, los del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y ahí les expusimos nuestros cálculos. Ellos avalaron nuestros cálculos, que evidencian que en un registro electoral de 12 millones de votantes, hablar de tres millones de votos extras, estamos hablando del 25%. Esto quiere decir que un candidato que solo tenga el 30% de los votos, con ese otro 25% gana en una sola vuelta, y que una organización política con solo el 20% de respaldo ya se puede ganar las tres cuartas partes de la Asamblea Nacional. Es muy sencillo asignar a un candidato esos votos "extras" para hacerle ganar a un candidato. 

¿Pero qué se debería hacer si se ha comprobado estos votos demás?

Es muy grave el caso, en el mismo Código de la Democracia se dice que es causal de nulidad de las elecciones la adulteración del registro electoral. Hemos demostrado que son tres millones de votos. En febrero de este año evidenciamos que hay personas con 150 años de edad que han votado, así como migrantes que no han vuelto al Ecuador, que hay quienes han votado dos y tres veces. En esas farsas de auditorías a los que hemos sido convocados, se ha demostrado que constan todavia en el registro electoral personas muertas como el guerrillero de las FARC, Franklin Aisalla, o Nubia Calderón. Eso por sí solo es causal de nulidad de las votaciones. Pero lo más grave es que mucha de esa gente no solo que no debe estar en el registro, sino que ha votado. Hemos presentado ciudadanos de 170 años que supuestamente votaron y hasta les dieron certificados de votación.

¿Se han cometido presuntos delitos entonces?

Se han cometido varios, primeramente, el delito de fraude, el CNE trata de confundir, una cosa es que haya errores en el padrón y otra que esas personas supuestamente voten. Y no solo votan: les han dado el certificado de votación. La respuesta que dan es que Gilmar Gutiérrez es mentiroso, que estoy en campaña, esas son las únicas respuestas que dan. 

Vamos a ir a la Fiscalía en los próximos días para denunciar penalmente esto. No es difícil la investigación: en el caso de las firmas falsas hay dos o tres presos, porque se comprobó que el CNE es un mercado de firmas. Se debe ir a los responsables del padrón, a los que firmaron, a los que emitieron los certificados falsos. Por ahí se puede llegar a saber quiénes vendieron y quienes cobraron esos votos. 

¿Qué van a hacer los opositores frente a esto?

Las organizaciones políticas hemos firmado un acuerdo por la transparencia, hemos enviado cartas al CNE, hemos exigido que nos entreguen la información, en lugar de eso, hacen farsas de auditorías, que supuestamente arrancaron el 21 de febrero. Ese plan tiene un reglamento que es otra farsa. Una auditoría debe hacerla una equipo técnico ajeno a esa entidad. En el CNE redefinen el concepto del diccionario y ellos mismos han conformado un equipo de auditoría, a nuestros delegados les hacen firmar un convenio de confidencialidad que incluye confidencialidad sobre el propio convenio. Y quienes elaboran el informe final son ellos mismos. Las auditorías deben realizarse en el lugar de los hechos. Las organizaciones políticas tenemos la facultad de control al CNE en el lugar de los hechos, no a control remoto con presentaciones en Power Point. El CNE está en un plan de fraude en marcha. 

¿Cómo se realizaría ese plan?

Les hemos demostrado que se vendieron votos, que hay autoridades electas, inclusive la del actual presidente, cuya legitimidad está en duda hasta cuando se sepa a quién favorecieron con esos votos falsos que crearon. Hemos demostrado con las pruebas esos votos falsos.

¿Pero de dónde sale tanta gente? Que el padrón tiene errores de depuración es algo que se ha dicho siempre, pero ¿se debe cruzar la información con el Registro Civil y otras fuentes?

El cálculo es simple. Partimos del censo del INEC de 2010. Ahí fue que presentamos la primera denuncia. Cuando el INEC censa lo hace a todas las personas que están en el país la noche anterior. Luego se hacen proyecciones anuales considerando nacimientos, defunciones, flujos migratorios. Una primera medida que debería tener el CNE es la información del INEC y el análisis de los flujos migratorios. El techo del registro electoral son los datos del INEC, pero resulta que tienen una variación en más de tres millones de votantes.

En Venezuela, con la evidencia de que hacían votar a los migrantes, se obligó a depurar el padrón en Venezuela con una campaña masiva pidiendo certificados a los migrantes para les saquen del registro. Acá le hemos insistido al CNE para que nos entreguen los registros electorales para ayudarles a depurar. Pero hemos identificado miles de datos irregulares, y no son casos aislados: se están entregando certificados de votación y son varios miles. Es un tema sistemático y premeditado. 

¿Hay opacidad en el CNE?

Desde que estalló el escándalo de las firmas falsas, ya no se puede averiguar en el CNE en qué organización política está registrado uno. Se comprobó en 2012 los delitos cometidos en el CNE, se vendía organizaciones políticas, hay dos o tres presos. Ahora les estamos demostrando que son un mercado de venta de votos, de cargos públicos, que hay una banda de delincuentes que decide por la mayoría de ecuatorianos, y no nos aceptan lo que la Constitución dispone. Esas actitudes del CNE confirman nuestras denuncias, les hemos pedido información y auditorías abiertas desde el 2009 y hasta ahora no entregan información. Por lo menos desde esa época que hay sospechas de manipulación. Se confirma lo que nosotros sospechamos: debía haber segunda vuelta electoral en 2009, los resultados de la consulta del 2011 no fueron esos, que por lo menos 40 asambleístas actuales no deberían estar ahí sino otros. El cargo de presidente también está en duda. 

¿Se puede evitar estos problemas por medio del control electoral en las mesas? ¿Qué medidas al respecto van a tomar ustedes?

Este es un trabajo que demanda mucho esfuerzo. Definitivamente estamos trabajando en una estructura de defensa del voto en las urnas, para evitar el fraude. Hacer nuestra propia sumatoria de votos. Hemos denunciado por lo menos tres niveles de fraude: desde la urna, el escaneo del acta de escrutinios o la posibilidad de que por medio de un programa informático se desvíen los resultados. La ley actual permite armar una estructura para defender la votación en las urnas y tener la información real. Necesitamos estructurar una organización de por lo menos 50 mil personas para el control electoral, por eso dentro del acuerdo nacional de las organizaciones de oposición vamos a exigir al CNE que transparente procesos y vamos a pedir la presencia de observadores internacionales desde ya a la OEA y la Unasur. Deben verificar que no se permite ningún control ni auditorías en este momento. Se debe conformar con estudiantes las mesas, de manera aleatoria. En 2013, cuando hubo un supuesto sorteo, con todo y notario, no supimos qué pudo notarizar el notario, porque lo que había que auditar era el programa y la base de datos, que es lo que se debe verificar. Las mesas no deben estar conformadas por empleados públicos. Otro aspecto es la elaboración de los kits electorales, se llegó a elaborar kits duplicados para cada mesa, con lo que se puede hacer el fraude en la mesa. Ha habido fraudes en el pasado y están preparando un fraude para el 2017.

En este escenario, ¿las elecciones del 2017 no están garantizadas? ¿Qué hacer frente a esto?

Si el CNE no transparenta los procesos, esperamos que en algún momento se de. También las organizaciones políticas debemos hacer una estructura de control electoral a nivel nacional. Esto es responsabilidad de todos los ecuatorianos, más que todo, de quienes estamos convencidos de que el correísmo es un cáncer que destruye el país. La ciudadanía debe defender la votación. Apoyamos las protestas, pero este Gobierno tiene un plan para eternizarse en el poder, y para evitarlo debemos bloquear el fraude. 

El Registro Civil ha admitido que hay falencias en la depuración, ¿cómo lo tomaron ustedes?

Desde 2009 que hemos presentado estas denuncias. El Registro Civil confirma lo que hemos denunciado y esto es gravísimo. Ya con esas certificaciones se deberían declarar nulas todas las elecciones anteriores. 

¿Cuántas personas habrían votado de manera irregular según ustedes?

Una cifra conservadora son por lo menos 500 mil certificados emitidos falsamente. Se debe investigar con más exactitud. Vamos a ir a la Fiscalía y esperamos que se lleve a cabo la investigación sobre la magnitud de este fraude.

¿Cómo explica usted el triunfo de Mauricio Rodas o el de Jaime Nebot en las recientes elecciones seccionales, si realmente opera este mecanismo de control total del voto?

Hay algunos factores en esos casos. En el caso venezolano, por ejemplo, también gana la oposición, como es el caso de Capriles. Lo mismo ocurre en Bolivia. Lo mismo pasa aquí. Pero en las nacionales ganaban en Venezuela los chavistas.

Eso sucede porque se utilizan las seccionales para dar la impresión de democracia y transparencia, porque saben que en las seccionales no se juega el poder político. El poder está en la Asamblea y en la Presidencia, y eso no aflojan. No digo que esos cargos no les interesen, pero usan eso para darse un baño de transparencia. Es más difícil hacer fraudes en cada cantón y en cada provincia, pero es más fácil en el caso del presidente de la República y en la Asamblea. También es más fácil hacer control electoral en los cantones, como lo hizo Suma en Quito y Nebot en Guayaquil.