El viaje del presidente Guillermo Lasso a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles ha traído relativa calma a los claustros de Carondelet. En los jardines del patio sur, las plantas lucen cuidadas mientras en el centro, la fuente funciona a toda potencia. Pero hay poco ruido en la sede del Gobierno, en donde la ausencia del presidente se nota en la falta de la guardia de honor de los Granaderos en la puerta del Despacho Presidencial.

En una oficina del ala sur, tiene su despacho Diego Ordóñez, el ex asambleísta por Pichincha que se formó en la desaparecida democracia cristiana y su expresión política, la Democracia Popular, que ahora es uno de los hombres más cercanos al presidente. Su paso por la Asamblea fue polémico: fue sancionado por un tuit descomedido sobre una asambleísta de la oposición correísta y renunció a su curul sosteniendo que no se sentía a gusto. Pero en Carondelet, Ordóñez parece estar más cómodo que en el Palacio Legislativo. 

Ordoñez pasa revista, en este diálogo,  a la crisis de seguridad y a la concepción del Gobierno sobre el tema, así como la postura de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y su incursión con camionetas en la capital. Luego, hace su balance sobre la oposición y explica qué espera el Ejecutivo de un Virgilio Saquicela sobre el que, asegura, no tiene votos ni respaldo político, y de una oposición legislativa que no da el brazo a torcer. 

La caravana de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, en Quito y sus pronunciamentos recientes apuntaron al Gobierno. ¿Cómo conjugar la postura socialcristiana y la necesidad de coordinación entre el Estado nacional y los gobiernos seccionales?

Los temas de seguridad son temas especializados. Hay dos niveles: el delito común y el que proviene del crimen organizado y el narcotráfico. Esto significa que hay expertos que conocen de los dos niveles. Pero lo que la alcaldesa de Guayaquil hace es simplificar el asunto y presentar el problema de la inseguridad como si fuese una cuestión de camionetas o de algún tipo de equipamiento. Esas son cosas importantes, pero creo que la estrategias de camionetas y equipamiento no son suficientes. Hay un elevado nivel profesional en la seguridad del Estado y estamos tratando de recomponer aquello que durante los últimos quince años se desarmó. Al crimen organizado no hay una estructura única que lo enfrenta y la inseguridad en el Ecuador tiene relación con bandas delincuenciales en Ecuador que han operado en un escenario en el cual el Estado cedió terreno.

Se desarticuló la estructura estatal que enfrenta a la delincuencia, y estamos en un proceso de cambio del diseño institucional que permita que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y el del Interior y las agencias que tienen que ver con la seguridad estén articuladas a un plan nacional, como la Dirección de Aviación Civil, Aduanas, puertos y aeropuertos, policías locales, que no están articuladas. Esto se debe de hacer con experiencia y no se trata de armar una caranava de 30 o 60 camionetas, para que la alcaldesa demuestre que está enfrentando el problema.

Pero los políticos de Guayaquil parecen tener una fijación con camionetas y escopetas desde hace varios años. ¿Cómo artícular esa estrategia con lo que usted está planteando?

Pedimos que los alcaldes se olviden de esto como tema de campaña electoral. La alcaldesa de Guayaquil ha presentado su candidatura, y este es un tema sensible que genera preocupación y en lugar de analizarlo con responsabilidad, lo están convirtiendo en plataforma electoral y eso es peligroso. El Estado debe enfrentar esto desde todos los niveles de gobierno, de manera orgánica y estructurada de acuerdo con las competencias de cada uno. En Guayaquil y Esmeraldas se enfrenta al crimen más sofisticado, y la respuesta debe sumar el esfuerzo de las alcaldías, los consejos provinciales y el Gobierno.  El Gobierno les pide colaboración pero la respuesta es "no tienen idea de lo que están haciendo", ahí no hay un espacio para dialogar.

¿Le da votos a Cynthia Viteri decir que el Gobierno no sabe nada de seguridad?

Espero que no sea así, pero el Gobierno tiene un compromiso y más allá de lo que diga la alcadesa o cualquier autoridad local, la responsabilidad es enfrentar como lo estamos haciendo. No hay un respuesta a corto plazo, el problema es extremadamente serio. En la reunión con las autoridades seccionales el presidente se los hizo saber. Debemos reconocer al narcotráfico no solamente como una conducta delincuencial, sino como un atentado a la estabilidad del Estado ecuatoriano y entonces las fuerzas de control deben actuar de distinta manera. Por eso hay un esfuerzo para que el trabajo conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía no sea coyuntural.

En México ya se planteó la tesis de declararle la guerra al narco y eso solo produjo cientos de miles de muertos. ¿Esa doctrina militar de destruir un enemigo no termina provocando más violencia?

Hay variaciones importantes entre Colombia, México y Ecuador. En esos países hay ejército de los grupos criminales. Hace poco se desarticuló en Ecuador al Movimiento Guevarista, que ha llevado 70 ecuatorianos a la formación guerrillera en la Segunda Marquetalia. Esta célula de guerrilla urbana estaba vinculada con la Segunda Marquetalia que está vinculada a su vez a narcotráfico. 

Pero en Ecuador aún no tenemos estructuras militares armadas que protegen sembríos, porque nuestro país es de tránsito y distribución de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Las declaratorias de guerra han fracasado porque hay un mercado de narcóticos en el mundo. Queremos evitar que Ecuador sea un país de logística del narcotráfico. 

Pero aunque no haya grupos armados, sigue habiendo sicariato en las calles. Disparan lo mismo a un chico pobre en un barrio popular que a alguien en un carro blindado en un centro comercial exclusivo. Se dice que son "ajustes de cuentas" ¿ hay tanta gente está involucrada con mafias en todos los estratos sociales?

No sabemos cuántos están involucrados pero son muchos y sus redes llegan hasta a la política. Hay varios elementos en este tema, como jóvenes de entre 15 y 30 años involucrados en la violencia porque no tiene oportunidades. Los actos de violencias se deben a ajustes de cuentas entre bandas y el sicariato tiene razones que se investigan así como sus redes de contacto y la forma en la que penetrar en la sociedad, la justicia y la política. Un segundo nivel de violencia es la reacción de los grupos delincuenciales que tratan de amedrentar a la Policía y las Fuerzas Armadas con atentados como los de carros bomba.

El presidente Lasso tiene tres crisis que enfrentar, la económica, la sanitaria y la de seguridad. La seguridad es un tema en la agenda estratégica del presidente y se toman medidas para coordinación entre todas las instituciones de defensa y seguridad y el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

El trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas han hecho un trabajo encomiable con los recursos que les han asignado en 15 años de gobiernos despreocupados de fortalecerlas. A pesar de esas limitaciones se ha desarticulado el núcleo de financiamiento de Leandro Norero. 

En El Salvador se usa un discurso similar: fortalecer a la Policía, arrestos masivos (ya van 35 mil personas), ¿esas medidas de Estado policial realmente pueden dar resultado?

Hay que distinguir conceptos. Una cosa es el Estado policial y otro uno que garantiza la seguridad. El Estado no se justifica sino logra ofrecer seguridad. Un Estado policial, en cambio, reprime a la sociedad, a la expresión política y a la disidencia. Lo que se busca aquí es una fuerza policial sólida y con recursos tecnológicos para reprimir al crimen. 

Pero otro eje es que no hay oportunidades para los jóvenes, que se convierten en carne de cañón de esto y por eso hay una respuesta estructurada del Gobierno, que busca inversión y empleo para generar oportunidades. El Estado debe recuperar áreas abandonadas, en el pasado supuestamente se construyó paredes pero no tenemos un sistema de salud ni un sistema educativo. Gastos de infraestructura en hospitales y escuelas del milenio no dejaron ni siquiera un sistema que garantice la provisión de medicamentos ni un sistema educativo. Las escuelas del milenio fueron un mamotreto que costaron un ojo de la cara y no solucionaron problemas. Pero debemos tener una fuerza policial sólida para enfrentar la amenaza delincuencial que tiene mucho dinero.

El presidente Lasso ha dicho que uno de sus objetivos fundamentales es que el correísmo no vuelva. ¿Es ese un problema fundamental del país en este momento?

No lo es. Pero esa corriente y ese estilo de gobierno provocaron situaciones como corrupción, despilfarro, abusos, autoritarismo. Cuando decimos que no vuelva el correísmo, nos referimos a que ese modelo no vuelva al Ecuador, que el país pueda erradicar esas prácticas políticas y su modelo.

En esos diez años, el país tuvo ingresos de 300 mil millones de dólares y eso no se reflejó en niveles de crecimiento de la economía, ni de la oferta de empleo. El Gobierno de Moreno fue una secuela de Correa que no corrigió nada estructural. Todo eso es lo que queremos superar y cuando el presidente dice eso nos referimos a un modelo económico diferente, a respeto a las libertades y a una actitud democrática y republicana. 

Apenas en mayo del año anterior, el Gobierno llegó a un preacuerdo político con el PSC y el correísmo, que no se concretó pero que significó reconocer al correísmo como un interlocutor político.

El correísmo es un interlocutor político. Tiene 47 asambleístas. Eso fue decisión del pueblo. Al presidente le dieron 13 asambleístas y al correísmo 47 y a los socialcristianos 18. Electoralmente, los ecuatorianos nombraron al presidente pero con una Asamblea mayoritariamente en contra. Pero reconocerles su representación no significa reconocerles la legitimidad de sus planteamientos, pero el correísmo no habla a nombre de sus electores, sino de los prófugos y los presos. Si tuvieran otra agenda sobre las leyes y no sobre la impunidad se podría tener otro escenario.

¿La salida de Guadalupe Llori fue una derrota del Gobierno?

No, Llori estaba ahí porque llegó con los votos del Gobierno, pero el escenario en cuanto a la votación no cambió para nada. Ahora está Saquicela, pero él tampoco representa a nadie. Llori por lo menos tenía un bloque importante apoyando su gestión pero Saquicela no.

Pero Saquicela pasó por el bloque alineado con el Gobierno...

Los camisetazos siguen produciéndose en el siglo XXI...

¿Tendrá Saquicela mayor capacidad de gestión política que Llori? ¿Puede ser un interlocutor con el Gobierno?

No, porque Saquicela no representa los votos de aquellos que le sentaron en ese puesto. Él no representa a nadie porque la interlocución está en aquellos que tienen los votos que son Nebot y Correa.

Fotos: Luis Argüello. PlanV

¿Y entonces? Les toca hablar con Nebot y Correa...

En tanto tengamos una agenda en la cual podamos conversar. Pero no hay de momento. Usted me pregunta sobre la alcaldesa de Guayaquil y yo le pregunto: ¿se puede conversar sobre seguridad racionalmente con ella? ¿Y si le digo a ver quítate las gafas, siéntate y analicemos esto con objetividad?

¿Si el correísmo y el PSC tuvieran otra actitud, ustedes conversarían con ellos? 

Pero sin duda, el presidente ha dicho que tenemos las dos manos estiradas. 

Pero tal como pintan las cosas, ¿el entrampamiento en la Asamblea no se puede superar?

El Gobierno tiene su línea y su agenda. Si hablamos de seguridad, hemos convocado a todos los prefectos y alcaldes, ahí estuvieron inclusive los del correísmo. Las estiramos las manos, les invitamos a hacer un frente, lo peor que le puede pasar al Ecuador en temas de defensa es la división del Estado y el Estado son los gobiernos locales y el Gobierno Nacional.

Para dialogar también hay que estar dispuesto a ceder, ¿tienen esa disposición?

En seguridad no hay nada que ceder, es una cuestión técnica, no ideológica. Lo ideológico, por ejemplo, sería que nosotros enfrentamos a la narcoguerrilla, pero si hay algunos que no lo quieren hacer ahí tendríamos un problema ideológico. Si la alcaldesa pide que le contemos qué hemos hecho en seguridad lo haremos, aún lo que no se puede contar públicamente. 

¿Qué escenario anticipa en la Asamblea en los próximos meses?

La Asamblea ha resuelto aprobar la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Habrá que revisarla y si hay cosas que corregir se podrían hacer vetos parciales. Pero es un avance, es algo que nos parece interesante. No había diferencia antes con quién estuviera en la presidencia de la Asamblea. Nuestra agenda no es solo legislativa, sino también en qué ocurre con el Consejo de Participación Ciudadana. Veamos qué ocurre en el futuro con esa mayoría socialcorreísta a la que están sumados algunos de ID y Pachakutik y en esa medida el Gobierno analizará las circunstancias. Si lo que quieren es tomarse el Consejo de Participación Ciudadana para tomar el control del Estado, esa es una línea roja que habrá que evaluar en ese momento.