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28 de Octubre del 2018
Historias
Lectura: 21 minutos
28 de Octubre del 2018
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
"El problema de Assange es que huele a Correa": Carlos Poveda
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Fotos: Luis Argüello

Carlos Poveda, ex juez y catedrático universitario, forma parte del equipo de abogados que encabeza el español Baltasar Garzón. 

 

El caso de Julián Assange está en trámite ante la Justicia de la provincia de Pichincha. El hacker presentó una acción de protección por la supuesta violación de sus derechos, pero esta fue negada en primera instancia. Para su abogado, Carlos Poveda, Assange sufre violaciones a las garantías constitucionales con la imposición de un documento que restringe sus visitas, el uso de la Internet y le obliga a pagar sus gastos. El Estado, por medio del procurador y la Cancillería, asegura que no es así.

Carlos Poveda

Abogado, y Doctor en Jurisprudencia, Universidad Central del Ecuador, Quito; Especialista Superior en Derecho Procesal, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito.

Julián Paul Assange, extranjero naturalizado como ecuatoriano, se había puesto traje y corbata. Una densa barba blanca cubría la cara del "aussie", que es como se llaman a sí mismos los nacidos en Australia. Desde el Consulado del Ecuador en Londres, el fundador de Wiki Leaks, un portal que se dedica a filtrar información, pensaba comparecer ante la justicia de la provincia de Pichincha. En el piso once del flamente edificio del Complejo Judicial, Carlos Poveda, su abogado en Quito -que es quien ha presentado la acción en su represantación- se preparaba para alegar. 

La acción constitucional de protección, un mecanismo muy popular entre algunos sectores del activismo judicial, consiste en una demanda que se presenta ante la justicia ordinaria para hacer cesar los efectos de una decisión estatal que podría violar los derechos constitucionales de una persona, en especial, por parte de autoridades públicas.


Con traje y corbata, Julián Paul Assange compareció ante una jueza de lo Civil de Pichincha. Foto: Expreso

Por eso, los demandados eran el procurador del Estado, Íñigo Salvador, y el canciller José Valencia. A la cita asistió puntual el procurador, mientras que por la Cancillería estuvo presente el canciller José Valencia. 

La acción constitucional de protección, un mecanismo muy popular entre algunos sectores del activismo judicial, consiste en una demanda que se presenta ante la justicia ordinaria para hacer cesar los efectos de una decisión estatal que podría violar los derechos constitucionales de una persona, en especial, por parte de autoridades públicas.

Había también en la sala un perito designado por la jueza, en calidad de traductor, pues Assange, quien está encerrado en las oficinas de la Embajada del Ecuador en Londres desde 2012, no habla español. En nuestra legislación, a diferencia de las de otros países, aprender español no es un requisito para la naturalización. 

Los abogados de ambas partes tenían a la mano sus alegatos, pero la primera audiencia no se pudo realizar. No se podía escuchar bien a Assange y este se quejó de que no entendía al traductor. Para la jueza, era por el "acento australiano" del asilado. La audiencia fue diferida hasta la mañana del 28 de octubre, esta vez, con la presencia de un profesor de la Universidad Católica que, se espera, tenga más posibilidades de hablar en "aussie". 

En la audiencia del 28 de octubre, Assange subió el tono. Acusó al Gobierno del Ecuador de hostigarlo y desprestigiarlo y denunció su cercanía con Estados Unidos. La intervención de Assange fue interrumpida por el procurador Íñigo Salvador, quien dijo que las declaraciones del fundador de Wiki Leaks son falsas, y volvió a destacar las quejas sobre los juegos de Assange con patineta en los pasillos de la Embajada, a criticar su higiene personal y a destacar que había tenido roces con los agentes extranjeros que custodian la Embajada. Varias otras personas presentaron amicus curiae, algunos de ellos vinculados al correísmo. 

Tras conocer los argumentos de las partes, la jueza Karen Mendoza negó la acción de protección y declaró la vigencia del protocolo redactado por la Cancillería. Le queda a Assange la posibilidad de apelar ante la Corte Provincial de Pichincha. 

Pero los abogados no perdieron la oportunidad de ventilar sus argumentos. Por los fueros de la República salió el procurador Salvador, quien de plano planteó a Assange dos opciones: o se sujeta al protocolo que le ha establecido la Cancillería, o sale por la puerta y se entrega a la Policía británica, que lo espera afuera con la orden de detenerlo por haber violado un arresto domiciliario. Lo que es seguro es que un juez británico le impodrá alguna sanción, pero nadie sabe si en el ínterin no es extraditado a Estados Unidos, que es lo que teme. El procurador no dijo nada sobre retirar el asilo de Assange y permitir a los británicos que lo saquen de la Embajada. Negó también que no haya tenido visitas: dice que más de 60 personas, abogados inclusive, lo han visitado en la oficina de la Embajada ecuatoriana en el centro de Londres, desde el mes de julio. Lo que sí, Assange no tiene internet porque no ha aceptado la clave del WiFi. Palabras más o menos, esta será la postura del Gobierno en la audiencia que se espera permita a la jueza tener elementos del caso para conceder o negar la acción de protección. La decisión de la jueza es apelable ante la Corte Provincial del Pichincha, por lo que tomará algunas semanas todavía saber qué ocurre con Assange y su encierro en la sede diplomática ecuatoriana. 

Entre tanto, hablamos con Carlos Poveda, el abogado de Assange, sobre las perspectivas de este caso. 

La Cancillería dice que no hay motivo para las quejas de Assange, porque se trata supuestamente de unas normas de convivencia elementales que son necesarias en un espacio tan reducido. ¿Qué es lo que ustedes argumentan en contra?

La acción de protección tiene dos ejes: el primero se refiere a las restricciones en la internet que se aplican a partir del 28 de marzo de 2018 y no se le ha devuelto hasta ahora el acceso a internet. También hay una restricción de visitas, en especial, del equipo legal. El segundo tema es el protocolo en sí. Podría sonar muy condescendiente y lógico hablar de que son reglas de conducta, pues es una casa la Embajada. Pero no es que no hayan habido reglas y restricciones de carácter tácito. El problema es que transgredir cualquiera de las 32 normas significaría la terminación del asilo. Todas la conductas, supuestamente están reguladas, pero no es así. Por ejemplo, qué pasa si es que la Embajada se incendia o se cambia de local. No consta en el protocolo, no ha regulado todas las conductas. Además, el documento no tiene ni firmas ni sellos de ninguna autoridad. Creemos que debe haber un mínimo de consenso, pero no sabemos si, por ejemplo, hablaron con los médicos de Assange por si necesita atención médica de madrugada. Hay actitudes bastante hostiles, hay desinformación sobre él. Necesitamos saber si habrá un procedimiento para juzgar esas transgresiones, por que se habla de una terminación de asilo como única sanción.

"Podría sonar muy condescendiente y lógico hablar de que son reglas de conducta, pues es una casa la Embajada. Pero no es que no hayan habido reglas y restricciones de carácter tácito. El problema es que transgredir cualquiera de las 32 normas significaría la terminación del asilo".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una opinión consultiva, la 025-2018 de mayo de este año, y en ella ha fijado reglas. Antes de terminar el asilo, se debe hacer una entrevista para evaluar el riesgo inminente que corra el asilado. Hasta por la mascota, como dicen con sorna, que a los abogados nos parece indigno, se puede terminar el asilo. Esa entrevista que recomendó la Corte Interamericana no consta en el protocolo. 

¿Cuál creen ustedes que es el trasfondo de este protocolo?

Se busca justificar la terminación de asilo. Si comparamos las reglas de las prisiones de máxima seguridad en Latacunga hay derechos a visitas sin restricciones. Pero en el protocolo dice que el jefe de la Misión ecuatoriana se reserva el derecho de aceptar o no a los visitantes, de incautar los celulares y registrar todos sus datos, lo que inclusive podría ser publicado por el Gobierno, lo que viola la privacidad. Ni en las cárceles se estila esto. Por eso pedimos que la jueza analice si se están violando o no derechos. No estamos pidiendo una reparación económica, sino que si la jueza nos da la razón, la sentencia debe ser publicitada. 

El Reino Unido siempre ha dicho que el asilo político no rige en Europa sino solo obliga a los países latinoamericanos que firmaron una convención en Caracas en 1954. Por eso no lo consideran asilado de la Embajada del Ecuador. ¿Cuál es su situación legal?

Hay un principio en el derecho internacional que es el ius cogens. No se necesita que esté en un convenio, aunque es cierto que en Europa el asilo diplomático o territorial es una figura inexistente. Pero es porque allá hay democracias más maduras que en América. Pero hay una costumbre internacional y el derecho le obliga a tener en cuenta. Volvamos a la Corte Interamericana, lo que ha dicho es vinculante para el Estado ecuatoriano y, por ejemplo, también beneficia a los refugiados centroamericanos que van hacia Estados Unidos. Es una situación de poder. El Reino Unido no ha emitido un salvoconducto, no ha reconocido el asilo, no se compromete a no extraditarlo a Estados Unidos. Si el Ecuador, por otro lado, cree que la carga es demasiado pesada, simplemente deben pedirle que se vaya, no se va a aferrar a la cama o a la mesa. Tendrá que salir. El Gobierno sabe que es una obligación internacional del Estado ecuatoriano que podría ser reclamada ante la Corte de Justicia de La Haya. 

La resolución de la Corte Interamericana tiene efectos en los países del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero ni Assange ni el Ecuador han concurrido ante la Corte de La Haya, cuyas decisiones sí deben acatar la Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Por qué no lo han hecho?

 

"Es un protocolo que no ha sido consensuado, que restringe derechos, una norma para un caso concreto, debería haber una ley para los asilados y no una norma hecha a la medida de Assange. Pedimos que le dejen usar la Internet y nos sentemos a conversar sobre el protocolo, el diálogo y el consenso sobre el tema es lo que pedimos".

El tema del asilo es entre Estados. Los abogados no somos un Estado, es responsabilidad del Ecuador. Hemos propuesto algunas salidas, pero las respuestas a esto están en los Estados. En un diálogo entre Ecuador y Reino Unido. Le hemos mandado tres cartas al Gobierno para saber cuál es la situación de Assange, no nos responden. Hemos pedido un diálogo y no nos atienden. 

¿Quién es el interlocutor de Julián Assange en el Gobierno?

Hace ocho días no hay ningún tipo de diálogo. Hubo una retaliación por la acción de protección, Assange hablaba con el embajador pero se ha roto el diálogo. Se habla de miseria humana, se insinúa que Assange se ha creado esa situación. Pero él como asilado no tiene mucho margen de acción. Estuvo aquí Baltasar Garzón, jefe del equipo internacional de abogados, se remitió cartas pidiendo un acercamiento, no hubo ninguno. Esperábamos que se le invite a conversar, pero eso no se produjo. Si no hay diálogo, si las conversaciones están congeladas, a quién reclamamos por los derechos de Assange sino es por medio de una acción de protección.

¿Cuál es la diferencia entre un asilado y una persona internacionalmente protegida?

Técnicamente la diferencia sería cuando el asilado está en un embajada y el refugiado en un territorio. La persona protegida lo es de la persecución política, pero ambos casos han sido declarados por el Estado ecuatoriano. El asilo es protección, pero más bien nos sentimos perseguidos. 

Baltasar Garzón ha precisado que Julián Assange no puede ser extraditado a los Estados Unidos en cuanto ciudadano ecuatoriano. ¿Tiene esa protección adicional?

Sí, pero también se le podría retirar la carta de naturalización, pues parece que hay quienes recomiendan ese camino. Si hacen eso no es que Assange quedaría desprotegido, sino que sería doblemente vulnerable. Al ser extranjero y tener un riesgo, se lo debe proteger más. La responsabilidad del Estado sobre Assange podría ser llevada a otro escenario internacional, como la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

¿La acción de protección entonces pide la suspensión total del protocolo?

Es un protocolo que no ha sido consensuado, que restringe derechos, una norma para un caso concreto, debería haber una ley para los asilados y no una norma hecha a la medida de Assange. Pedimos que le dejen usar la Internet y nos sentemos a conversar sobre el protocolo, el diálogo y el consenso sobre el tema es lo que pedimos. 

Pero el señor Assange se dedicó a recibir a los líderes separatistas de Cataluña, tuvo posturas injerencistas en varios países como el Ecuador, España o los Estados Unidos. ¿No tiene derecho el Gobierno de limitar esas actuaciones?

En el convenio de 1954 hay limitaciones, dice que no puede opinar sobre temas del país receptor. Se le acusa del tema de Cataluña pero no fue él, sino una persona cercana que es parte del equipo legal. Se filtra información no verificada y aquí se publica como verdad absoluta. No nos piden nuestra versión ciertos periodistas. Por ejemplo, no se ha dicho que el equipo de seguridad de la Embajada se puso a provocar a Assange, abrieron las puertas de la Embajada, llamaron a Scotland Yard para que se lo lleven. Eso no se ha publicado. 

¿Qué tipo de agresiones ha sufrido Assange de la seguridad de la Embajada ecuatoriana? ¿Quiénes son los responsables?

Eso lo conoce el embajador. El equipo de seguridad español, uno que estaba antes y ya no está ahora, agredió a mujeres dentro de la Embajada. Ojalá eso también transparenten. Ese mismo equipo fue el que mandó la información a las personas que la difundieron, también han acosado a los abogados del equipo legal. Es una seguridad privada que estaba trabajando ahí y algunas personas fueron agredidas por ellos. Hace un año más o menos se produjeron esos ataques.

¿Cuáles son los gastos que cubre el Ecuador al señor Julián Assange? ¿Es cierto que le pagan la salud, la alimentación o la ropa?

Los gastos de salud no creo, porque no tiene servicio de salud. No creo que vestuario, yo le he visto con su propia ropa. El espacio en el que vive es muy reducido, no puede ver ni la luz del sol. Hay que ver su condición como ser humano, se está minimizando su situación. Nuestra Embajada no es un palacete ni tiene criados ahí. 

¿Entonces el Ecuador sí ha pagado una seguridad privada especial para proteger a Assange?

Eso habría que preguntarle al Estado. No sé si son otros o los mismos ni cuánto le cueste al Estado.

"El canciller José Valencia habla de respaldo judicial, del apoyo de jueces, si dice que tiene todo el respaldo judicial no sé para qué es la audiencia. Parecería que no hay independencia de funciones. Supongo que habrá apelaciones de la resolución de la jueza, y al no haber Corte Constitucional, la puerta está abierta para el escenario internamericano".

¿Llegará a ocurrir que el señor Assange se sienta hostigado y acosado y un día simplemente se entregue a la Policía británica? ¿Han considerado esa posibilidad?

Sí, eso es obvio. Quién puede soportar seguir en esas condiciones. No le dejan ni conversar con otras personas. Si el Reino Unido le juzga y luego le deja salir a donde quiera sería lo ideal pero no han dicho eso. Pero en el lapso de tiempo del proceso puede operar el convenio de extradición de Reino Unido con Estados Unidos. Assange es un ser humano, se podría cansar. Pero no olvidemos que el Ecuador seguirá teniendo responsabilidad internacional sobre la suerte de Assange. Si algo le pasa a Assange no se van a quedar con los brazos cruzados. Las propias Naciones Unidas han dicho que la situación es inhumana y degradante, se han determinado afectaciones a su salud. Así le quiten la nacionalidad sigue siendo protegido internacionalmente. 

¿Podrían los británicos ingresar a la Embajada ecuatoriana y capturar a Assange?

No lo creo, se guardan formas y apariencias y Reino Unido es un Estado democrático que no haría ese tipo de cosas. Allá hay instituciones que funcionan con independencia. Mientras tanto, aquí el canciller José Valencia habla de respaldo judicial, del apoyo de jueces, si dice que tiene todo el respaldo judicial no sé para qué es la audiencia. Parecería que no hay independencia de funciones. Supongo que habrá apelaciones de la resolución de la jueza, y al no haber Corte Constitucional, la puerta está abierta para el escenario internamericano. También podemos pedir ahí medidas cautelares. Estamos dispuestos a conciliar la acción de protección, queremos confrontar, eso mandaría el mensaje de un país razonable y democrático. 

¿Cómo ve usted el silencio de ciertos abogados, en especial del activismo judicial, que son defensores de la acción de protección como recurso para todo pero ahora que la presenta Assange no han dicho nada?

Es lamentable, yo también he defendido a gente del régimen anterior. Es una soledad compleja. Hay casos emblemáticos, el de Assange que es un precedente no solo para los asilados, sino para los periodistas del Ecuador. Este es un caso de libertad de expresión, Assange no es un hacker, es un periodista, pero veo sesgos de comunicadores y abogados. Este es un tema de derechos humanos, hay abogados que han defendido a periodistas, se debe tener posiciones coherentes. El problema es que esto huele a Correa, por eso atacan y son hostiles. No podemos caer en el Estado de opinión y de venganza. Emilio Palacio fue sacado a empujones de Palacio de Gobierno y no lo defendieron porque decían que era un periodista de derecha. Luego fueron contra todos los demás. Las respuestas del Estado deben ser razones y no venganzas. La domesticación judicial es grave: esperamos que la jueza vea más allá de ideologías y del poder. 

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