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27 de Mayo del 2019
Historias
Lectura: 20 minutos
27 de Mayo del 2019
Redacción Plan V
Ernesto Pazmiño: en dos años tendremos 50 mil presos
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Foto: Luis Argüello/PlanV

Detalle de una celda en la cárcel de Latacunga, donde hay más de 5700 presos.

 

Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención a Adultos Detenidos y a Adolescentes Infractores dice que el problema de las cárceles es el flujo incesante de presos por la prioridad en la aplicación de la prisión preventiva. Según sus cálculos, si no hay un giro radical, en menos de dos años, habrá 50 mil presos.

¿Este es el estallido de una política penitenciaria que se acumuló?

Lo complicado que hemos encontrado, y no solo ahora porque hace 30 años estuve en el sistema, es que el sistema de rehabilitación social es un mito. Nunca se ha conseguido, no porque necesariamente no hayan políticas públicas adecuadas, sino porque los modelos de gestión dentro de las cárceles no funcionan, las construcciones no son adecuadas y el grosero hacinamiento impide un proceso de reincorporación social.

¿De qué habla cuando habla de "grosero hacinamiento"?

Tener el 41% de sobre población penitenciaria es insostenible. Y con la proyección, a diciembre el hacinamiento llegará a un 43%. En este momento hay cerca de 41.000 presos, considerando 600 de adolescentes infractores. 


Ernesto Pazmiño, es ministro de Justicia, ahora a cargo del sistema penitenciario. Foto: Ministerio de Justicia

¿Esto, de acuerdo a protocolos internacionales, es mucho, demasiado...?

Es demasiado. Ecuador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Es un dato de Ramiro Ávila Santamaría (juez de la CC, actualmente), en un estudio, considerando el ingreso mensual de personas a las cárceles. Y eso es verdad, porque desde enero de este año hasta mayo han ingresado 1650 nuevas personas a las cárceles. Si mantenemos esta proyección, a diciembre tendríamos 4500 presos más. En el 2020 terminaríamos con unos 9000 presos más y superaríamos los 50.000 presos en un año. Eso es intolerable, necesitamos una solución urgente estatal,  y eso pasa por establecer una política criminal en el Ecuador y eso no se ha hecho. Esta debe establecer técnicamente qué delitos perseguir, cuáles con cárcel, o medidas alternativas. En Chile, el 55% de las causas que ingresan al sistema penal se solucionan con las llamadas salidas alternativas al proceso. Y son dos: suspensión condicional del proceso y acuerdo reparatorio. La primera estaba funcionando muy bien en el Ecuador antes del COIP. Significa que en delitos menores se abre juicio penal sin cárcel a condición de que el delincuente estudie, no reincida, haga trabajo comunitario... Son mecanismos aplicables en delitos menores. 

¿Qué pasa en el Ecuador estos momentos?

Como profesor de Derecho suelo llevar a mis alumnos a las Unidades de Flagrancia, creadas por el gobierno de Correa. Estas son máquinas de moler carne humana. Aquí hubo el caso de una chica, de una universidad privada, que fue a comprar en un almacén de un centro comercial de Quito y que sustrajo una blusa. La descubrieron y la llevaron a Flagrancia. La fiscal pidió preventiva y el juez ordenó. Esa chica estuvo 12 días en Latacunga. Le podíamos no haber enviado a la cárcel y exigirle que siga estudiando, no vuelva a delinquir y así entraba en un régimen de control.

En Latacunga son más de 5000 presos, en Guayaquil el complejo tiene más de 17.000 presos. El hacinamiento impide aplicar un proceso de rehabilitacion serio..

Cuando se habla de hacinamiento tenemos enormes cárceles que no se pueden controlar...

En Latacunga son más de 5000 presos, en Guayaquil el complejo tiene más de 17.000 presos. El hacinamiento impide aplicar un proceso de rehabilitación serio. En Latacunga tengo ahora 5.700 presos y cuatro psicólogos, pero tengo 300 agentes de seguridad penitenciaria y 350 policías. El modelo es solo seguridad, más candados, más barrotes. Esto genera una reacción psicológica traumática en lo presos, porque están encerrados sin hacer algo productivo, porque físicamente es imposible. En Latacunga hay los talleres para actividades laborales, hay espacio para 350 personas en total. Si pongo turnos de tres meses para cada 350 personas, significa que puedo emplear a 1400 presos al año. ¿Y el resto? Con las aulas de capacitación es lo mismo. Las reglas de la ONU nos dicen que las cárceles no deben exceder las 500 personas de capacidad, porque eso significa un trabajo personalizado.

¿La difusión de las muertes que ahora aparecen, es de reciente data o ya sucedía esto?

Siempre hubo violencia y muerte en las cárceles. El año anterior hubo 20 muertes. En la mitad de este año llevamos 10, pero ahora las ves en vivo y en directo. Los mismos presos las graban y antes de que la policía conozca y emita los partes, ya están en redes sociales. Hay, al parecer, una intención y un contubernio para generar el caos en el sistema penitenciario. 

¿Pero ese caos no está ya vigente?

Sí, pero el estado de emergencia nos va ayudar a solucionar problemas sensibles en un tiempo corto. Por ejemplo, los guías penitenciarios no tienen equipamiento, armas no letales que impidan estas muertes. No están equipados. Vamos a adquirirlo de urgencia, vamos a poner más cámaras, equipos de rayos equis para que las mujeres no padezcan la revisión manual. Es desastroso e inhumano, es oprobioso ver cómo las mujeres visitantes son desnudadas y revisadas en sus partes íntimas. Eso no puede pasar en un país que respeta los derechos humanos. Vamos a modernizar los centros, para que sea la tecnología la que evite el ingreso de armas, drogas...

¿Son suficientes los filtros? Tenemos ambulancias que ingresan cosas prohibidas, o sistemas "aéreos" para lanzarlas por encima de los muros.

El tema de la seguridad pasa por combatir la corrupción. Si hay tanta revisión en los filtros, la pregunta es ¿por dónde entran las armas, las drogas? Las bandas organizadas son muy creativas para ingresar la droga. En Guayaquil hay 17 mil presos; para darles de comer tres veces al día ¿se pueden imaginar la cantidad de vehículos que ingresan a diario con productos? Tenemos indicios de que por ahí entran armas y drogas. Sin duda un chofer puede ser corrompido por mil o dos mil dólares.

 Foto: Luis Argüello

La rehabilitación se convirtió en un mito no solo por falta de políticas sino por la falta de voluntad y decisión de cumplir lo que dice la ley.

¿Y cómo piensan combatir la corrupción?

Haciendo algo que no se ha hecho en toda la historia del sistema penitenciario: tecnificar y profesionalizar a los agentes de seguridad penitenciaria. Son la parte más olvidada del sistema. He vuelto a los 30 años la sistema penitenciario y encuentro a los agentes de seguridad penitenciaria, los guías, que aún con 40 años de antigüedad están ganando el mismo sueldo de un agente que entró el mes pasado. No hay grados, no hay jerarquías, no hay mandos. Vamos a crear la carrera del cuerpo de seguridad penitenciaria, de acuerdo al COESCOP. Se les duplicará los sueldos con una base de 900 dólares, pues actualmente ganan 540 dólares al mes. Y eso con la posibilidad de ascender en plan de carrera. Se les va a formar en seguridad, manejo de armas no letales, uso progresivo de la fuerza, pero sobre todo en derechos; que los agentes no solo sean custodios sino que se conviertan en agentes efectivos del proceso de rehabilitación, porque los agentes están las 24 horas con los presos. Y lo otro es lo que obligan los convenios internacionales, nuestra Constitución y el COIP: la separación interna de los presos para que ingresen al régimen de rehabilitación.

Venimos escuchando eso más de 30 años...

La rehabilitación se convirtió en un mito no solo por falta de políticas sino por la falta de voluntad y decisión de cumplir lo que dice la ley. Estamos haciendo ese proceso, hay que separar los procesados con los sentenciados, y dentro de estos los de máxima, media y mínima de seguridad; igual que los procesados, no se puede mezclar a procesados por asesinato con alguien que ha robado un celular. 

Suena de sentido común, pero esto es una potestad de las autoridades del sector. Ordenen y punto, ¿por qué no se hace algo tan fácil y elemental?

Por los niveles de corrupción. Por ejemplo, hay una persona con una pena muy alta y sigue en el CDP. Y cuando pregunto ¿por qué no le han trasladado a Latacunga? La respuesta es: que el señor es poderoso, que no hay quien le mueva... depende exclusivamente de las autoridades de rehabilitación. 

¿Depende de los directores de las cárceles?

Así es.

Pero ellos están bajo su mando.

Este momento sí. Ahora estamos centralizando la información. Antes no pasaba eso, eran las regionales y los directores los que decidían todo: incluso los cambios de régimen, los beneficios penitenciarios, quien sale con el 60% de la pena, con el 40%. Y era un negocio absoluto, no lo niego, no lo puedo ocultar. Un negocio muy lucrativo.

¿Cómo era este negocio?

Yo tengo carpetas de personas que han cumplido el 90% de la pena y no se les ha hecho el trámite para la prelibertad, porque son personas pobres, están por un robo. 

¿Tienen que pagar?

Tienen que pagar. Pero los que están por peculado, por delitos económicos, el día que cumplen el 60% de la pena la carpeta está lista. Ahora la disposición es que ninguna carpeta se queda salvo los delitos sexuales. El momento en que se logra hacer esa separación técnica, de inmediato se puede hacer un proceso técnico de rehabilitación. Pero el problema de la rehabilitación también es político. ¿Qué le enseño dentro de la cárcel? Los oficios de artesanos, carpinteros, sastres, lo cual implica una discriminación. Considero que la mejor forma de rehabilitación de una persona es la educación.

¿Hay sistema de educación formal en las cárceles?

Existen pero no los suficientes. Este momento tengo 400 personas estudiando la universidad. Algunos ya se gradúan de abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Pero tengo más de 5000 que tienen que estudiar, pero el estudio cuesta. Voy a trabajar con las universidades públicas para que establezcan becas y mecanismos de estudio a las personas privadas de la libertad. El Ministerio de Educación está haciendo muy buen trabajo con profesores de educación primaria y media. Casi 20 mil presos estudian primaria y secundaria en las cárceles. Quiero poner más énfasis en eso. Es la única manera de rehabilitar. Queremos hacer que ellos transformen positivamente sus vidas. 


Una toma general de la cárcel de Turi, en las afueras de la ciudad de Cuenca.                                 Foto: Luis Argüello

El 55% de los presos en el Ecuador están por delitos contra la propiedad, pequeños hurtos, robos, arranches, y delitos menores de drogas. La mayoría de mujeres por mulas del narcotráfico.

Sin embargo, ahora las cárceles son una bomba de tiempo. ¿Cómo desactivarla? Hay un problema, estamos alimentando de presos las cárceles. ¿Cómo cortar el flujo incesante?

Hay dos mecanismos para eso y uno de ellos depende de la Función Judicial. Lamentablemente vivimos en una sociedad intransigente, que exige las penas más altos para quienes cometen un delito. El populismo penal. Antes de la famosa consulta para meter las manos en la justicia, en el 2011, funcionaba el Consejo Consultivo de la Función Judicial, que estaba por sobre el Consejo de la Judicatura, y lo conformaban el Fiscal General, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, y el defensor Público. Ahí elaboramos una política, llamada Política 1, en la cual se orientaba a todo el sistema de justicia a priorizar las medidas alternativas antes de llegar a una sentencia judicial: suspensión del proceso y reparación, en delitos menores, es decir los que tiene menos de cinco años de pena.

¿Esos son la mayoría?

Son la mayoría. El 55% de los presos en el Ecuador están por delitos contra la propiedad, pequeños hurtos, robos, arranches, y delitos menores de drogas. La mayoría de mujeres por mulas del narcotráfico. Si le damos una salida política a estos delitos, sin permitir la impunidad pero tratándolos en libertad condicionada, sacaremos siquiera a la mitad de los presos de las cárceles. Para eso ya presenté un proyecto de reformas y tiene informe para segundo debate. Se trata de poner mecanismos mucho más humanos, modernos y eficientes para combatir los delitos de bagatela. Hay que implantar también los servicios previos al juicio, es decir que sea posible dar seguimiento a las medidas de sustitución de cárcel; es una unidad interinstitucional que hace seguimiento a las personas que se rehabilitan el libertad. En Estados Unidos son los propios jueces los que dan seguimiento y comprueban si se cumplen sus medidas sustitutivas. 

¿Pero acá en Ecuador se puede aplicar eso? ¿Un juez puede aplicar eso sin que lo crucifiquen por la presión política de los populistas penales que quieren hasta pena de muerte?

El populismo penal nos hace mucho daño. El crecimiento de la población carcelaria se dispara en el 2014. En ese año se aprobó el COIP: penas más largas. Presos con 40 años de condena y por lo tanto se dedican a la mafia. 

Pero eso sucede en todas partes, hay hasta cadena perpetua.

Sí, en otras partes pasa eso. Pero en Estados Unidos, como en Chile y otras partes el sistema es muy caro. En Chile se concesionaron las cárceles a la empresa privada. Todo es excelente pero un preso cuesta 40 dólares diarios. 

¿Y en Ecuador?

Acá cuesta alrededor de 20 dólares, eso significa 800 mil dólares diarios que el Ecuador gasta en sus presos. Ese es el costo del populismo penal, impuesto por Rafael Correa. El anteproyecto del COIP era muy democrático, el cual se elaboró el Ministerio de Justicia. Esto fue elaborado por Ramiro Ávila y Raúl Zaffaroni. Un proyecto humano, progresista y de derechos. Pero se disminuía las penas, y eso no gustó a los políticos. El anteproyecto apuntaba a la rehabilitación. En el 2014 hubo una famosa sabatina donde el presidente Correa salió con power point con un listado de jueces a los cuales pasaba revista de sus causas y en cuántas no habían puesto prisión preventiva.  Fueron 15 jueces los cuestionados, y luego dijo el presidente que de ahí en adelante ningún juez debía abstenerse de poner prisión preventiva. Los 15 jueces fueron destituidos. Eran buenos jueces, y hasta ahora los jueces tiene miedo de resolver. Y eso dije en un entrevista en esa época: en el Ecuador los jueces tienen miedo, y si un juez tiene miedo que se dedique a cualquier cosa menos a administrar justicia.  

¿Qué pasa con los servicios dentro de las cárceles? El tema de la comida, los uniformes, que es motivo de queja, de empresas vinculadas a políticos, por ejemplo.

Imagínense dar de comer a 40 mil presos. Es un platal. Un día fui a una cárcel y me dijeron que el arroz no tenía aceite y estaba desabrido. ¿Por qué se hace tanto lío la empresa de poner aceite en el arroz? Pero alguien me hizo el cálculo de lo que se "ahorran" con no poner media cucharada de aceite por cada plato. 

La rehabilitación se inaugurará en Ecuador el día en que tratemos a los presos como seres humanos, hay que humanizar las cárceles.

¿Es una sola empresa la que da el servicio?

Es una sola, se llama Laffatoria S.A. Está siete años, ha ganado todas las licitaciones. El contrato ya se acabó pero les estoy pagando con convenios de pago, 100 mil dólares diarios, porque cuesta USD 2,50 la comida. Estaba viendo el mecanismo para que el servicio de alimentación sea diversificado. Pensaba en la economía popular y solidaria, que puede adquirir los productos con los pequeños productores y generar una dinámica económica. Pero la logística es muy cara. Se necesitan unos 400 camiones para transportar el alimento a las 37 cárceles, y unas 800 personas fijas. Veremos si es posible zonificar, pero me han dicho que no es negocio si se disminuye el número de presos, con 2,50 al día. El negocio está en los 40 mil (presos). Además, deben ser empresas con poder económico porque el Estado siempre demora en pagar al manos dos meses. Estamos haciendo nuevos términos de referencia y queremos poner que al menos el 30% de la materia prima se compre en la localidad donde está la cárcel, que el 40% de personal sea personas privadas de la libertad. 

¿Y qué pasó con las tiendas de los presos, con los economatos?

Es un negocio muy lucrativo, porque tienes 40 mil clientes todos los días. Igual estaba en manos de la misma empresa, con otro nombre. Me di cuenta de eso y entregué los economatos a los pequeños comerciantes y ganaderos de Cotopaxi. Se les complicó entrar porque la empresa dejó destruyendo todo. Pero lo que queremos es trabajar con los mismos presos y sus familias. En Santo Domingo y Archidona los presos tienen criaderos y sembríos hasta llegar a la autonomía. Los presos tiene que pagarse la comida con su trabajo. 

¿Pero eso se puede hacer en este momento?

Es imposible, por las mafias. Las mafias se tomarían los economatos. Hay que pacificar las cárceles.

¿Cómo? Si se dialoga con las mafias, ¿eso no es avalarlas?

Hay dos mecanismos. El uno es la fuerza, el ejército... La policía dentro de los pabellones... Podemos extirpar la violencia con el estado de excepción. Hay que barrer las cárceles de armas y drogas. Pero para pacificar también se necesita dialogar, conversar. La violencia se genera por el encierro, porque la pena es solo el castigo. El diálogo es lo más adecuado. Estoy convencido de ello, es indispensable para bajar la violencia. ¿Qué quisieran los presos? ¿Qué tipo de cárceles quisieran? Son seres humanos los que están adentro. Han cometido errores, algunos muy graves, pero hay que trabajar con ellos. La rehabilitación se inaugurará en Ecuador el día en que tratemos a los presos como seres humanos; hay que humanizar las cárceles.

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