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23 de Agosto del 2021
Historias
Lectura: 15 minutos
23 de Agosto del 2021
Fermín Vaca Santacruz
"Estoy en contra de la total liberalización que propone Lasso": Enrique Ayala Mora
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El historiador Ayala Mora considera que se debe plantear una nueva ley desde el sistema de educación superior. Fotos: Luis Argüello / Archivo PlanV

 

El ex rector de la Universidad Andina cuestiona la conformación de un Consejo de Educación Superior integrado por personas que salen de concursos que considera dudosos. Para él, es necesario cambiar la conformación del Consejo y, sobre todo, plantear una ley totalmente nueva desde la perspectiva de las universidades.


La anunciada reforma a la Ley de Educación Superior, una de las ofertas de campaña de Guillermo Lasso, fue entregada a la Asamblea Nacional para su trámite. En un gesto inusual, el presidente Lasso concurrió personalmente al hemiciclo legislativo para entregar el documento, sobre el que pidió a la Asamblea la mayor celeridad posible. El proyecto tiene nueve artículos, tres disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.

La nueva conformación del Consejo de Educación Superior (CES) y sus atribuciones, así como la disposición legal de cesar al actual tan pronto se apruebe la norma, es uno de los aspectos que consta en el proyecto de ley presentado por el régimen. La propuesta del gobierno es que sea integrado por docentes universitarios y se abandonen los "concursos de méritos". 

En este tema, se da al CES la atribución de "garantizar la autonomía", y se precisa que será integrado por cinco representantes del Gobierno, nueve representantes de universidades públicas, privadas, politécnicas, cofinanciadas e institutos tecnológicos y apenas un representante de los estudiantes quien carece de derecho al voto. Los profesores universitarios que integren el Consejo serán elegidos por colegios electorales conformados por los rectores de las universidades, mientras el único representante estudiantil será elegido por las federaciones de estudiantes. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) que no será eliminada ni cerrada, convocará a cinco colegios electorales, con lo que el mecanismo del "concurso de méritos" queda suprimido. 

Además, el proyecto toca aspectos como la autonomía universitaria, la gratuidad de la educación pública, la admisión y la nivelación, entre otros temas, como el fortalecimiento de institutos superiores pedagógicos e interculturales bilingües, y el control de fondos que no provengan del Estado. 


La entevista a Enrique Ayala Mora en nuestro espacio PlanV en vivo.

La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) que no será eliminada ni cerrada, convocará a cinco colegios electorales, con lo que el mecanismo del "concurso de méritos" queda suprimido.

La norma propuesta al Legislativo sostiene que el Estado deberá respetar las formas de organización específica de cada universidad y escuela politécnica, así como la aplicación de modelos educativos propios y diversos, una categoría nueva que no consta en la Ley actual. En ese marco, se enfatiza la "libertad" de las universidades y las garantías para que funcionen según sus normas internas. 

Sobre la gratuidad, sobre todo en la educación pública, el Gobierno enfatiza en la "responsabilidad académica" de los estudiantes y limita la posibilidad de cursar una sola carrera en las universidades estatales, un límite que no existe actualmente. La gratuidad, se precisa en la propuesta legal, solo cubre la primera matrícula y los aranceles de las materias para aprobar la carrera, así como los costos de la titulación, dando a entender que otros rubros deberán ser cubiertos por los estudiantes, si bien el uso de la infraestructura universitaria sigue siendo gratuito. 

En lo referente a la admisión y nivelación, la reforma propone eliminar el sistema nacional establecido en el correato, en nombre de la "libertad" de las universidades de establecer sus propias políticas. Así, cada universidad establecerá los requisitos de admisión, lo que desecharía el examen estandarizado previsto en el régimen correísta. 

Otra reforma propuesta por el régimen impide a las universidades realizar actividades lucrativas, por lo que sus excedentes serán colocados en su patrimonio. Esto, en teoría, evitaría que haya universidades realizando inversiones en mercados financieros o comprando o vendiendo bonos, como ha ocurrido en el país. Tanto la Contraloría cuanto el Servicio de Rentas Internas deberán verificar esta nueva disposición, a las que todas las universidades deberán entregar la información respectiva. 

Enrique Ayala Mora, una de las voces más connotadas de la universidad ecuatoriana, analiza algunas de las propuestas del Gobierno.

El Gobierno reitera la narrativa de la libertad en el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. ¿Qué le parece lo más destacado de la propuesta?

Hay que recibir con interés este proyecto del presidente que se hace eco de una demanda nacional. Hay tres puntos fundamentales: el primero se refiere a la autonomía universitaria que fue violentada en tiempos de Rafael Correa, que lo manipuló y que además lo puso al servicio de su proyecto político. La Universidad Andina fue la única institución que resistió y triunfó. Hay que redefinir la autonomía tal como fue concebida.

En segundo lugar, el presidente trata de facilitar y ampliar el ingreso al sistema universitario, eliminando el rígido sistema de examen nacional manejado desde Quito que va a ser reemplazado por un sistema en donde las universidades van a poder competir y ampliar las posibilidades de ingreso. Pero en este tema no es suficiente la Ley, sino que el Gobierno tiene que comprometer recursos para elevar el número de cupos en las universidades, lo que también es una responsabilidad del presidente.

Por otro lado, las universidades tienen que racionalizarse internamente, hay todavía mucho despilfarro, mucho gasto innecesario, hay gente que gana muy poco y otra que gana demasiado, y esa es una responsabilidad interna de las universidades, que deben darle al país garantías de que hay mejoras. Se debe dar una abanico de posibilidades de ingreso, en ningún país del mundo todos lo que salen de la educación media terminan todos en la universidad. El correísmo cometió el crimen de establecer un bachillerato que solo sirve para entrar a la universidad, con lo que desaparecieron las opciones. El gobierno de Moreno con la ministra inepta que tuvo no pudo enfrentar este problema en cuatro años. Hay que ampliar la educación técnica, volver a los institutos técnicos superiores, reabrir los normales, formar profesores, darle recursos al Secap, el estudiante debe tener un abanico de posibilidades. El proyecto está bien orientado pero no es suficiente. 

"El correísmo cometió el crimen de establecer un bachillerato que solo sirve para entrar a la universidad, con lo que desaparecieron las opciones. El gobierno de Moreno con la ministra inepta que tuvo no pudo enfrentar este problema en cuatro años".

¿Cómo ve la reforma que el Gobierno plantea en el Consejo de Educación Superior?

La reforma deja insubsistente la convocatoria a esos concursos tramposos, que no funcionan como tales, ya no habrá concursos a base de carpetazos sino que las instituciones superiores deben nombrar al Consejo de Educación Superior. Esto funciona en todo el mundo, y era así aquí hasta cuando Correa y René Ramírez realizaron una reforma mañosa. Se usó el argumento de que no se puede ser juez y parte, cuando eso hay en varias causas judiciales. Los organismos universitarios son directivos y coordinadores del sistema. Quienes no deben estar son los rectores, que son controlados por el sistema, pero sí pueden estar profesores. Este nuevo organismo es el que debe realizar un proyecto de reforma a la Ley de Educación. Estoy en contra de la total liberalización del sistema que propone el señor Lasso, pues le quieren quitar todas las atribuciones al sistema de educación superior para dejar que las universidades creen carreras y posgrados sin ningún control ni limitación. No el control excesivo y mañoso del correísmo, pero el Estado debe controlar y dirigir el sistema. Debe haber atribuciones de control y no se puede dejar a la libre competencia temas que son de calidad académica. Eso debe rectificarse en el proyecto. 

¿Qué diferencia hay entre una institución académica y lo que algunos consideran un negocio más que debe contar con la mayor libertad de mercado posible?

La autonomía se da en el marco de la Constitución y de la ley. No es la capacidad de hacer lo que le da la gana a cualquier empresario o negociante que se compró una universidad privada o se tomó una pública. La autonomía está en el marco de la ley e implica elegir a sus autoridades. Las universidades mismas van a elegir el órgano estatal. Esto no funcionó mal en el pasado y fue violentado por Correa. El Consejo debe estudiar los programas y entonces estudiarlos y aprobarlos y luego hay un organismo que evalúa la calidad de los programas. Lo que hay que eliminar es la manipulación política, pero hay que mantener la calidad y el control. 

¿Qué opciones ofrece el Gobierno a quiénes no pueden o no quieren ir a la Universidad?

Este Gobierno no ha planteado este tema con claridad. El presidente Guillermo Lasso no tiene experiencia en la Universidad, él no es universitario, no la conoce, y a veces se equivoca como cuando dijo que iba a haber libre ingreso. Este es un desafío del conjunto de la sociedad, yo insisto en que debemos reabrir los 32 normales en el Ecuador. El normalista es el profesor de educación inicial. Los institutos superiores deben estar en los colegios técnicos y eso permitirá que con los mismos recursos hayan más estudiantes en la educación superior.

¿Las reformas reducen el control burocrático?

El Consejo de Educación Superior pasó de 60 empleados a las más de mil personas del señor René Ramírez. No ha habido voluntad de reorganizar la Senecyt por dentro y con fuerza y hacer lo que Lasso dijo que haría, una secretaría de Educación Superior para que dirija y coordine el sistema. En un año se debe presentar a la Legislatura un proyecto integrado presentado por el Consejo. Le escuché al presidente de la Comisión  en la Asamblea que tienen 11 proyectos que quieren fusionar, la Comisión no tiene condiciones para presentar un proyecto integral. Lo ideal es que se apruebe el proyecto de Lasso y luego, en un año, una reforma radical al proyecto de educación superior. Eso se logró frente a Correa, pero ellos lo desecharon y en su lugar le pagaron un platal a la esposa de René Ramírez para que haga ese adefesio que está vigente. 

¿Se debe suspender el proceso para la renovación de los consejos del sistema universitario?

Mi tesis siempre ha sido que el Consejo debe tener representación del sistema. No tengo objeciones a las personas que concursan o están en el Consejo. El concurso se debe parar y las universidades nombrar a sus representantes. Es necesario que sean electos y tengan legitimidad. El procedimiento que se está usando está viciado y el concurso debe ser suspendido. 

¿Fracasó el modelo de los concursos de méritos implementado en el correísmo?

Es que no era meritocracia sino una elección a dedo en donde la entrevista personal permitía poner las calificaciones que fueran. Así se elegieron fiscales y procuradores. Correa llevó el perverso concepto de que la sociedad no se representa a sí misma, sino que debe haber una representación estatal, con una supuesta meritocracia. Pero no fue así: hubo esbirros de Correa que llegaron a cargo y los concursos no funcionaron. Las funciones de representación, los organismos de carácter deliberante,  no se pueden elegir por concurso. En los últimos concursos dos personas que ya estaban han puesto como méritos ya haber sido parte de los consejos. Ese mecanismo no es correcto: se elige votando y por medio del sistema de representación. Sería una tontería elegir al presidente por concurso y no por votación universal. 

¿Cómo evalúa la gestión del secretario de Educación Superior, Alejandro Ribadeneira?

Tiene experiencia en la educación superior. No tengo una idea muy exacta, lamentaría mucho que ratifique a correístas empedernidos que están ahí y no estoy de acuerdo con su visión de quitar todos los controles. La liberalidad es inconveniente en el sistema. Coincido en cómo han planteado el proyecto y le deseo todo éxito. 

"Ese mecanismo no es correcto: se elige votando y por medio del sistema de representación. Sería una tontería elegir al presidente por concurso y no por votación universal".

¿Qué viabilidad política le ve al proyecto en la Asamblea?

A parte de los correístas que querrán defender su engendro antidemocrático, no veo a nadie con un mínimo de respeto a la tradición mundial que se vaya a oponer a la defensa de la autonomía, a reorganizar el Consejo de Educación Superior. Lo que sí es peligroso es que los asambleístas quieran agregar sus propuestas y terminen con una ley de 80 artículos. Insisto en que se debe plantear un nuevo proyecto desde el Consejo conformado por las universidades.

¿Este es un momento de transición hacia una nueva Ley?

Yo admito que hubo algunas cosas positivas que hizo el correísmo, como la regularización del sistema, el registro de los títulos, la eliminación de las extensiones, de las universidades inadecuadas, fueron pasos interesantes. La nueva ley debe conservar los aspectos positivos y se debe mantener la democracia y la calidad en la universidad ecuatoriana. 

 

 

 

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