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14 de Noviembre del 2022
Historias
Lectura: 20 minutos
14 de Noviembre del 2022
Redacción Plan V
"Eugenio Zaffaroni y Baltazar Garzón son vedettes": Íñigo Salvador
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Fotos: Luis Argüello / PlanV

 

El ex procurador general del Estado pasa revista a los puntos clave de su administración y habla sobre Rafael Correa, sus abogados y defensores en el exterior, la corrupción y la recuperación del dinero de la corrupción.


Íñigo Salvador dejó la Procuraduría General del Estado y se prepara para retomar su vida profesional como profesor universitario y abogado en libre ejercicio, mientras se espera que esta semana se posesione, en la Asamblea Nacional, a su sucesor nombrado por el Consejo de Participación, Juan  Carlos Larrea. En este diálogo, el jurista habla sobre su paso por la Procuraduría, el uso político de las consultas al procurador, la lucha contra la corrupción y la sentencia del caso Sobornos, así como las campañas del correísmo para deslegitimar ese fallo, en las que participan abogados extranjeros como el argentino Eugenio Raúl Zaffaroni y el español Baltasar Garzón.

¿Cuál fue el caso más complicado que debió tratar durante su gestión en la Procuraduria General del Estado?

La complicación de los casos tiene varios elementos: el punto de vista jurídico, las posibles repercusiones políticas y los montos económicos. Diría que en términos generales el más complejo ha sido el caso Sobornos. En ese caso, la Procuraduría tomó posición de acuerdo con la ley y eso representa un riesgo a futuro, más aún cuando estamos viendo que las fuerzas correístas se están recomponiendo y podrían volver tarde o temprano. Fue un caso complejo desde lo procesal y probatorio, la Fiscalía hizo una gran labor. Otra complejidad adicional fue que tuvimos que litigar en medio de la pandemia y muchos de los abogados se enfermaron aunque ninguno murió de covid. Las fases finales del proceso fueron por vía telemática, lo que permitió demostrar que esa vía también sirve para casos complejos.

¿Qué significa tomar posición?

El tomar posición en todos los casos significa actuar de acuerdo con la ley, y hacerlo era riesgoso porque nos estábamos metiendo con el caudillo populista más fuerte del Ecuador. Significó que si la Fiscalía tenía indicios, hacer lo que la ley manda y presentar una acusación particular, además de mantenerla. Tomar posición es mantenerse en el cumplimiento de la ley hasta el último minuto.

"En el caso Sobornos, la Procuraduría tomó posición de acuerdo con la ley y eso representa un riesgo a futuro, más aún cuando estamos viendo que las fuerzas correístas se están recomponiendo y podrían volver tarde o temprano".

Y con relación a las implicaciones económicas, ¿cuál ha sido el más cuantioso?

El caso Chevron es probablemente el arbitraje más cuantioso que cualquier país haya podido enfrentar. Hay una reserva sobre este tema y no puedo mencionar la cifra que pretende Chevron, pero es astronómica. A parte de eso, el caso más cuantioso, si es que lo logran ganar, serían las acciones de los hermanos Isaías, que reclaman varios miles de millones de dólares. Los arbitrajes internacionales son siempre cuantiosos, el Estado está próximo a cerrar un acuerdo con la compañía Perenco para el pago de ese laudo, que el país debe pagar de todas formas. Ahí estamos hablando de más de 300 millones de dólares.

¿Cuál es su visión como ex procurador sobre la cantidad de demandas internacionales que tiene el país como consecuencia del incumplimiento de contratos?

Después de cuatro años he llegado a una conclusión personal y es que cuando estos casos han llegado a un arbitraje internacional es porque el Estado del Ecuador ha fallado en cualquiera de las fases de ejecución de un contrato. Los demandantes contra el Ecuador en arbitrajes internacionales son los inversionistas, lo que han traído capital al Ecuador para explotar recursos naturales.

Pero cuando un inversionista se decide a demandar al Ecuador, lo que también es carísimo para ellos, por los costos de los centros de administración de esos arbitrajes, así como los abogados, es porque tiene la certeza de ganar. En América Latina los países que más arbitrajes tienen son Argentina y Ecuador y eso no es una coincidencia, sino que evidencia un estilo de gobierno en donde el cumplimiento de la ley pasa a segunda plano frente a las necesidades políticas del gobierno de turno.

El caso de Perenco y otros dos son idénticos: un gobierno decidió no respetarles los contratos para quedarse con más dinero de las subidas del precio del petróleo, pero se cargan la reputación del país como cumplidor de contratos y además no hay reservas de dinero para pagar los laudos, lo que le corresponde a otra administración. Ahí hay una responsabilidad al no cunplir los contratos, afectar la reputación del país y tener que buscar recursos para pagos. Las demandas contra el Ecuador son un síntoma de que el Estado no cumple con sus obligaciones en las fases de los contratos, como cuando el país no paga las cuotas de los contratos.

"Cuando un inversionista se decide a demandar al Ecuador, lo que también es carísimo para ellos, por los costos de los centros de administración de esos arbitrajes, así como los abogados, es porque tiene la certeza de ganar."

¿Cómo evitar eso?

Son necesarios abogados, asesores jurídicos conocedores y valientes que le digan al funcionario que esas cosas no se pueden hacer, y que debe haber recursos para pagar los eventuales fallos. El cumplimiento de los contratos está supeditado a factores extralegales que no deberían ser tomados en cuenta. Cuando el Estado pague el laudo de Perenco, el país volverá por sus fueros de cumplidor de laudos internacionales y capaz eso signifique para el Ecuador dejar de ser una especie de paria en la comunidad internacional.

¿Cuáles son las responsabilidades de los políticos en estos casos? Hay casos de arbitraje heredados de los gobiernos de Palacio, Correa y Moreno

Creo que mucho tiene que con la cultura política y legal en Ecuador. Ya señaló Oswaldo Hurtado que el cumplimiento de la ley y las sentencias no parece estar entre los valores de los ecuatorianos. Yo creo que los pueblos no están predeterminados de manera atávica, y que es cuestión de aplicar la ley. La aplicación de la leuy funciona cuando hay la amenaza de una sanción. Ahora se habla de que la sentencia del caso Sobornos se revise a la luz de una nueva prueba que aparecerá, pero todo sabemos que lo quieren hacer es reconstituir las cortes hasta encontrar un juez que esté dispuesto a dar de baja la sentencia para que ellos puedan volver. Así, la lucha contra la impunidad y la corrupción de cuatro años durante Moreno y dos de Lasso podría no servir de nada y quienes nos hemos jugado el pellejo por eso podemos quedar burlados al igual que la sociedad, porque el país no se toma en serio estos temas.

¿Cómo ve usted el uso político de las consultas al procurador?

Hay consultas de buena fe y hay otras que provienen de funcionarios que se mueren de miedo de tomar una decisión directamente. Ahí yo tengo que señalar que la Constitución dice que el procurador absolverá consultas que tendrán una fuerza vinculante, pero esto solo consta en la declaración constitucional, no hay capacidad de hacer cumplir la consulta.

Hace años la Asamblea me consultó si podían cambiar de autoridades en la Comisión de Fiscalización porque le querían enjuiciar a Christian Cruz, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana. Un presidente subrogante de esa Comisión no quería dar paso al juicio político y fui consultado sobre si se podía designar otro presidente y vicepresidente. Les dije que la ley es clara al respecto, porque las comisiones no pueden cambiar su integración y autoridades más que al principio y a mediados del periodo. Mi respuesta fue que no, pero como querían enjuiciar a Cruz y luego a María Paula Romo, se cargaron el dictamen. Solo la Asamblea se permite hacer esas cosas, pero otras instituciones sí hacen consultas para que se les ayude a aclarar una norma.

Este medio publicó una denuncia del consejero de Participación David Rosero, quien sostuvo que al nuevo procurador se le consultó si los actuales candidatos a la reelección en ese Consejo pueden o no ser enjuiciados políticamente en periodo electoral. También habría habido esa misma consulta realizada a usted como procurador. ¿Qué ocurrió?

Nunca se me hizo esa consulta oficialmente por parte de nadie. Mi criterio al respecto es que esa inmunidad se refiere a procesos penales y el juicio político no es un proceso penal, así que no aplica. Conozco a Juan Carlos Larrea y creo que es un hombre muy serio como para hacer aceptado un condicionamiento como ese. Pero hasta la fecha no ha ingresado ninguna consulta en ese sentido. A mi auscultaron de esa posibilidad de manera informal pero les hice saber mi criterio.

Hubo en su contra un intento de juicio político que no prosperó, ¿qué hubo detrás?

Los cargos no se sostenían y eran una farsa. Como acusarme de una supuesta mala defensa en el caso Perenco, que es culpa de Correa y del ex procurador Diego García. También me acusaron de falta de empatía con los demandantes contra Chevron, pero mi papel no era ser demasiado empático sino cumplir la ley. El ex procurador Diego García era demasiado empático con campañas como la Mano Sucia de Chevron que ha provocado que se empresa se encone contra el Ecuador porque el Estado se dedicó a desprestigiarle mundialmente.

Yo dejé de estar en contacto con los Fajardos y los Donziger, que empezaron a revolotear en torno a mi. Con Chevron no me he reunido para nada y con esos señores inicialmente me reuní pero nunca más. También se mencionó esa consulta de la Asamblea, pero en el fondo era una revancha en mi contra por el caso Sobornos, y la placa que se puso en el Palacio de Gobierno por orden judicial.

En el caso Sobornos yo he tenido que ejecutar esa sentencia porque la Procuraduría debe ejecutar en los casos en los que el Estado es el perjudicado. Yo dispuse poner la placa, pero eso se les ocurrió a los jueces penales y algunos les pareció una cosa retrógrada, algo medieval, así como la disposición de que los condenados pidan disculpas en la Plaza Grande, como una especie de auto de fe medieval. Eso no lo íbamos a hacer y no lo hicimos. Yo me moví políticamente con los bloques pero sabía que había una alta posibilidad de que me destituyan y aunque el Gobierno ofreció defenderme, ellos no tenían la capacidad para defenderme bien. Y el rato menos pensado, por intervención de Dios Padre Todopoderoso, ya no hubo el juicio en mi contra.

"Yo dispuse poner la placa, pero eso se les ocurrió a los jueces penales y algunos les pareció una cosa retrógrada, algo medieval, así como la disposición de que los condenados pidan disculpas en la Plaza Grande, como una especie de auto de fe medieval".

Pero había una agenda política de la que el juicio en su contra era una parte, ¿los líderes políticos pensaron que usted ya no era necesario para eso?

Sí, el único salvado fui yo, porque ellos querían levantar los juicios políticos para tomar el control del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana, que algo que está pasando recién. Yo sí creo que hubo una intervención divina que me salvó a mi, creo que esos son los renglones torcidos de Dios.

En el caso Sobornos, el correísmo hizo un evento con Eugenio Raúl Zaffaroni y Baltasar Garzón para atacar el tema del influjo síquico, pero se alega que no hay pruebas y se vanaliza la participación de Correa ¿Cuál es su respuesta?

Este seminario en Guayaquil es pura propaganda, otra estrategia comunicacional que no tiene nada de jurídica. Esos dos personajes son vedettes, que vienen porque se les paga. Lo son tanto Garzón cuanto Zaffaroni. Para mi Zaffaroni es un inconsecuente, un juez ideologizado que había sido comprado mucho tiempo atrás, que ha sido billeteado de antemano. Las vedettes hacen su trabajo y son grandes actores, pero en la actuación hay que ser ético. Garzón se hizo famoso por tomar partido contra Pinochet, simplemente otra vedette.

"No hay cómo negar que tanto Garzón cuanto Zaffaroni son grandes juristas, pero ahora por cobrar sus honorarios y realizar ese acto histriónico, se están desdiciendo de lo que han dicho toda la vida".

Sobre el influjo síquico, creo que Correa y su combo tuvieron una profunda incomprensión sobre la categoría del influjo síquico, y hasta mandaron a hacer camisetas. En la teoría de la autoría mediata, que antes se llamaba autoría intelectual, existe ese concepto y significa que el líder criminal tiene un ascendiente, un carisma sobre el resto de la banda. Nadie puede negar que Rafael Correa es un tipo carismático, no se puede negar, así le ganó a Alvaro Noboa. Ese es el influjo síquico, ese magnetismo que genera lealtades irracionales e incondicionales. Luego se dieron cuenta de que su ignorancia inicial les dio réditos y se difundió entre la población.

No hay cómo negar que tanto Garzón cuanto Zaffaroni son grandes juristas, pero ahora por cobrar sus honorarios y realizar ese acto histriónico, se están desdiciendo de lo que han dicho toda la vida.

A todos nos consta que Correa era un microadministrador, al que nada se le pasaba. No van a decir que Correa, que todo lo sabía, no había sabido de esta red. Y además se les olvida que recibió $6000. La corrupción no admite grados. Intentaron justificar como un supuesto préstamo de un fondo en la Presidencia, que había pagado, pero nunca se pudo demostrar que el fondo existía. Además, esos $6000 estaban en el cuaderno de Pamela Martínez, y había más pruebas. También se burlaron del cuaderno de Hello Kitty lo que no le quita valor. Correa se servía de su magnetismo para que la gente haga cosas, en este caso, ilegales. Por eso es triste ver que abogados como Lolo Miño, María del Mar Gallegos, Jorge Zabala, Pedro Granja, entre otros, apoyen un evento que es casi como traer a un experto en autorealización.

¿Cree usted que Rafael Correa tiene bienes en alguna parte, porque lo que se le embarga en Ecuador son las acciones de un departamento familiar en Guayaquil?

Yo no puedo decir si tiene o no, pero el caso Sobornos es solo una pequeña arista del enorme témpano de hielo que es la corrupción correísta en el Ecuador. Estamos hablando de $14 millones, que es nada comparado con lo que de verdad ellos alzaron. Estoy convencido de que esas redes, de las que no todas eran dirigidas por Correa, de la corrupción petrolera y los casos que se han conocido, es solo una parte infinitesimal de todo lo que tiene que hacer en las grandes sedes financieras.

¿Cómo encontrar esos supuestos dineros? ¿En su gestión buscó en el exterior recursos de los jerarcas correístas?

Hay una dificultad con las grandes empresas que hacen identificación y seguimiento de las rutas del dinero, y es que cobran una comisión muy alta, del 33%, que es dinero público. No podemos autorizar una comisión así porque sería un peculado por lo que se requiere una reforma legal o encontrar una empresa que quiera recibir un honorario y con la que se pague un honorario de éxito pero no una comisión. Lo que hicimos en el exterior fue intervenir en procesos en Panamá, en Estados Unidos, en Suiza, pero nos enteramos de ellos por las noticias. Sin embargo, lo que se está haciendo para recuperar recursos de la corrupción es inédito y no se ha hecho antes, así como tampoco había habido casos judiciales en donde se hayan embargado bienes. Lo que se ha hecho es poco, recuperar unos $20 millones, pero cuándo antes se ha hecho algo así. Hemos sentando un precedente muy importante y espero que los corruptos sepan que el crimen no paga y que se les va a quitar lo que se llevaron.

¿De dónde sale la cifra abrumadora que se habría llevado la corrupción? ¿Cómo la calcula?

Yo me baso en las cifras que manejan entidades que se supone están bien enteradas del tema como la Comisión Anticorrupción, que habla de $70.000 millones. Ya conociendo como funciona la corrupción te das cuenta que en donde hubo una gran obra pública mal hecha, como ocurrió en el gobierno de Correa, es obvio que el monto de la corrupción es mayor. El caso de Coca Codo evidencia que alguien se quedó con la plata, al igual que la construcción de las escuelas del milenio, que están mal hechas. El correísmo hizo todo como una cuestión comunicacional, obras que estaban mal hechas. En Coca se construyó un puente sobre un convento para que se viera desde el recinto electoral de la localidad, como un mecanismo para obtener votos. 

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