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6 de Febrero del 2017
Historias
Lectura: 9 minutos
6 de Febrero del 2017
Redacción Plan V
Fabricio Villamar y su propuesta de Ley de Barrios

Fotos: Cortesía

El ex concejal de Quito cree que se ha perdido en la gente la percepción de qué niveles de Gobierno hacen las distintas obras. 

 

El ex concejal de Quito se postula por CREO por el distrito centro norte de Quito y cree que es necesario mirar hacia los barrios, creando una ley específica para los vecindarios y realizando algunas reformas al Cootad. También sostiene que es necesaria realizar una amplia fiscalización desde la Asamblea Nacional y reducir la injerencia del Gobierno en las vidas de los ciudadanos.

¿Cuáles son sus propuestas para los votantes del centro norte de Quito?

La elección por distritos tiene como objetivo que los candidatos tengan una mayor vinculación con el territorio, así como visión nacional. Yo tengo experiencia como concejal, y un concejal es en la ciudad básicamente lo mismo, un fiscalizador y un legislador. Cuando se recorren los barrios te das cuenta que, al cabo de diez años, la gente tiene perdida la noción de qué hace cada nivel de gobierno. Así, cuando llega un candidato a la Asamblea a los barrios le piden cosas como el comercio informal, la basura o el hueco en la calle. Hay una pérdida absoluta de la noción de qué deben hacer los niveles del Gobierno. Da igual si es una sentencia, una ley o un contrato, todo van a pedirlo a Carondelet. Por eso planteamos una Ley de Barrios, que establezca las prioridades de inversión de los gobiernos locales, lo que permitirá acelerar la mejora de la calidad de vida. Los gobiernos locales tienen demasiada discresionalidad para invertir solo en cosas que se ven, y no en las que más se necesita. La Ley de Barrios regularía el comercio y el deporte barrial, así como evitar la burocracia y los trámites para el reconocimiento de organizaciones barriales y deportivas, a las que les piden hasta un contador. 

"Hay una pérdida absoluta de la noción de qué deben hacer los niveles del Gobierno. Da igual si es una sentencia, una ley o un contrato, todo van a pedirlo a Carondelet. Por eso planteamos una Ley de Barrios".

¿Esta Ley afectaría la autonomía de los municipios, chocaría con las normas del Cootad o con ciertas ordenanzas?

Por la pirámide legal, la pirámide de Kelsen, se establece la jerarquía de las leyes. La Ley de Barrios va a reformar el Cootad y el resto de normas se irán ajustando al concepto de priorizar la inversión en donde más se necesita. No se limita la autonomía municipal, que más bien han sido afectadas por el Cootad y la Ley de Ordenamiento Territorial que permite al Estado central hacer obras sin pedir ningún permiso. Propongo que se debate la calidad de los servicios públicos, así como recuperar competencias para una ciudad como Quito, entre ellas, la construcción de infraestructura educativa y de salud. Al quitarle a los gobiernos locales la posibilidad de la construcción de infraestructura educativa se hizo necesario un cambio de modelo. 

¿Qué otros aspectos cuestiona del Cootad?

Creo que tuvieron mucha influencia de los alcaldes de Alianza PAÍS, en especial, del que ejercía en Quito. Concentraron el poder, de la misma manera que en el Gobierno central, dejaron a los concejales sin acceso a la información y capacidad de influencia. Esto se sigue viendo, no hay información para los concejales y estos no pueden influir en que el desarrollo llegue donde más se necesite. Es parte de las cosas que hay que hacer. 

En su experiencia como concejal, ¿cree que estas reformas legales devaluaron el cargo de los ediles?

Digo que hubiera sido una maravilla ser concejal de mayoría, yo fui un concejal de absoluta minoría en Quito y eso te pone a pensar en la fuerza que debe tener el concejal para proponer normas. El único ejercicio de fiscalización que se ha hecho en el Concejo de Quito es el que yo realicé con el secretario de Comunicación y terminó con su destitución. 

Pero se dice que en la actualidad, con el alcalde Rodas, pasa más o menos lo mismo...

Este se ha vuelto un mal de todo el país, sustentado en una estructura legal, creado por una Asamblea de dominio oficialista. Son los espacios de representación de la gente, como la Asamblea o el Concejo, los que deben permitir debatir los temas de ciudad. No puede haber un absoluto respeto a las minorías, todos tenemos un pedacito de razón, aspiro a una asamblea respetable, donde hay respeto y no imposiciones. 

"No puede haber un absoluto respeto a las minorías, todos tenemos un pedacito de razón, aspiro a una asamblea respetable, donde hay respeto y no imposiciones".

¿Cómo se materializaría esa nueva actitud en el manejo legislativo?

Hay una pérdida de legitimidad de los cuerpos colegiados como la Asamblea. Se debe recuperar la calidad de la política, y la política quiteña ha perdido influencia en la política nacional. No hemos tenido presidentes de la República o de la Asamblea desde hace décadas, y la Asamblea se puede convertir en un molino de carne si es que no logras que la política sirva a la gente. 

Cómo ves el escenario de la próxima asamblea? ¿Habrá espacio para una mayoría opositora?

El norte de Quito tiene candidatos realmente buenos, y creo que habrá que demostrar quiénes están a la altura del mandato de los ciudadanos. La política debe ser mejor.

¿Qué otras propuestas tiene para la Asamblea?

Pienso que las ciudades han dejado de discutir la cuestión ambiental. Me parece importante la lucha de Yasunidos, pero nos olvidamos que los ríos de Quito están contaminados, y del impuesto verde no le regresa un centavo a la ciudad. En 2016 se pagó en Pichincha USD 40 millones de impuesto verde y  no regresó ni un centavo. Propongo que ese impuesto pueda ir a un fideicomiso que sea administrado por el Municipio y el Gobierno, y que se pueda vigilar que los impuestos se destinen a lo que fueron creados. Quito es una ciudad universitaria por excelencia, pero el Estado está canalizando plata a Yachay en lugar de las universidades de la capital. Esto se puede solucionar con legislación, con la recuperación de competencias para las ciudades. En el norte de Quito hay 800 mil habitantes y hay que desconcentrar el servicio educativo. Esto se hizo con una reforma constitucional a espaldas de la gente y una nueva mayoría legislativa debe responderle al país.

¿Cómo ve el ejercicio de ciertas competencias por parte de los municipios?

La revolución ciudadana se asentó tanto en esta recomposición de las palabras. Se quejaron de que las competencias sean a la carta, pero a la carta mismo tienen que ser, pues no todas las ciudades tienen las mismas capacidades para afrontar los mismos retos. Quito puede asumir competencias como salud, educación, movilidad, pero hay una trampa, están entregando competencias sin recursos. En el caso del Fonsal, que nos quitaron, la plata que la financiaba está entrando a la caja común del Municipio y no al fin específico. Las preasignaciones funcionaban bastante bien, como ocurría también en el deporte. El Estado central debe tener responsabilidades con las ciudades. Quito aporta el 53% de los impuestos total del país y recibe el 1% del presupuesto general del Estado, somos una ciudad solidaria, pero esto también debe beneficiar a quienes pagan los tributos. Sobre el deporte creo que el Gobierno están nombrando a los directivos de las organizaciones provinciales. El Estado central también ha concentrado el poder en el manejo del deporte, les ha quitado presupuestos, y la gente está sin posibilidades de desarrollo autónomo. El Gobierno abre la llave cuando están a su favor y les cierra la llave cuando no están y eso no puede ocurrir en una República. 

 

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