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17 de Marzo del 2020
Historias
Lectura: 17 minutos
17 de Marzo del 2020
Redacción Plan V
Fernando Carrión: en Quito habitan varias ciudades distintas y ya es una región
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Vista aérea de el norte de Quito desde el Parque Itchimbía. Fotos: Luis Argüello / PlanV

 

A un mes de la socialización del borrador del estatuto autonómico de Quito, Fernando Carrión, el experto en temas de ciudad y seguridad y asesor externo del alcalde de Quito, reflexiona sobre la trascendencia de este instrumento legal que dará a la ciudad capital las herramientas para ser una ciudad más enfocada en su propio desarrollo y para afrontar los desafíos de una gran metrópoli, que por su impacto y territorialidad puede ya ser considerada la Región de Quito.

¿Cómo evalúa el avance del proceso del estatuto autonómico de Quito?

No es un proceso fácil, porque no es una demanda de la ciudadanía de Quito. Esto surgió en el 2008 básicamente por la Constitución que se discutió y hubo una influencia clara de España para plantear un régimen especial. Uno de estos elementos eran los distritos metropolitanos, que podían tener un estatuto autonómico. Esto hace que no sea una demanda de la sociedad, pero se ha logrado que en el proceso de redacción del estatuto, que tuvimos nuevo borradores con una alta participación, hayamos estimulado a ciertos sectores.


El arquitecto Fernando Carrión es consultor externo del Municipio de Quito y, entre otros, dirige el proceso de la discusión y aprobación del estatuto autonómico de la capital del Ecuador. 

¿Cuál es la influencia española? ¿Por qué se aceptó esa propuesta?

Creo que lo ocurrido en esa coyuntura del 2008, fue justamente la reivindicación de ciertos territorios por autonomía. Teníamos el caso de Guayaquil, con mucha fuerza; estaba el caso de los pueblos y nacionalidades indígenas que incluso construyeron un parlamento indígena; estaban los municipios que estaban buscando procesos autonómicos, y estaban los consejos provinciales. Entonces hubo un contexto en el cual efectivamente se reclamaba el tema de la autonomía, y eso de alguna manera está reflejado en la Constitución del 2008 con lo que los constituyentes denominaron régimen especial.

¿Y Quito necesita eso?

Me parece que sí. Cuando uno ve lo que pasa en América Latina, casi todas las capitales hemos seguido lo mismo en este último tiempo. En la década de los años 90 se constituyen Bogotá, el Distrito Metropolitano de Quito, Caracas, el Distrito Federal en México. Y en estos últimos diez años todas esas ciudades están planteando el tema de la autonomía. Por ejemplo, Ciudad de México acaba de aprobar su constitución, el 2014 Lima hizo lo mismo, Bogotá también y nosotros estamos en ese proceso.

¿Qué significa tener un estatuto autonómico frente al Estado nacional?

Creo que el principal problema que nosotros tenemos es la necesidad de una autonomía muy especial. A diferencia de lo que pueda reclamar Guayaquil, Cuenca o Manta,  nosotros tenemos un problema y es que el Estado está en Quito y eso la convierte en la capital. Esta palabra viene de capitis, que es cabecera, cabeza, entonces es la cabeza del gobierno nacional. En Quito no tenemos clara la diferenciación entre lo que es el Estado y lo que es la ciudad. Si se va a Guayaquil, en la radio o el periódico se discuten noticias de Guayaquil. En Cuenca pasa igual. En el caso de Quito lo que se tiene es una visión muy estadocentrista. Y me da la impresión de que en esta coyuntura es mucho más fuerte, principalmente por el manejo que se hace de la economía: aquí nadie discute de economía urbana. Los medios de comunicación en Quito son nacionales, las universidades son nacionales. Eso me parece que ha producido es que Quito no se piensa a sí mismo. Entonces el estatuto de autonomía lo que va a hacer, básicamente, es entender cómo se puede construir una autonomía cuando se tienen los aparados del Estado en esta ciudad.


Ciplopaseo sobre la avenida Amazonas. Una de las actividades deportivas masivas que aprovechan los habitantes de la ciudad. 

Los medios de comunicación en Quito son nacionales, las universidades son nacionales. me parece que eso ha producido es que Quito se una ciudad que no se piensa a sí misma.

¿Y cómo se puede construir autonomía así?

Son varias las líneas. Una, y es la definición de autonomía, es la posibilidad de generar un autogobierno y esto no es otra cosa más que tener unas normas que determinen elección popular de autoridades, definición de las competencias que estas pueden tener y los recursos para que eso ocurra. Por ejemplo, en el  periodo 2007 al 2017 tuvimos un momento en que hubo una correspondencia entre el gobierno nacional y el gobierno local que fueron manejados por la misma tienda política, Alianza PAIS; en la presidencia estaba Rafael Correa y en la Alcaldía, Augusto Barrera. Ocurrió que desde el gobierno nacional surgió un proyecto de ciudad alrededor de las plataformas, eran cinco plataformas que iban a concentrar la actividad del Estado en la ciudad. Y eso no tiene correspondencia, por ejemplo, con la propuesta del Metro. Se planteó una propuesta muy fuerte de manejo del Centro Histórico. Por ejemplo, tumbar algunos edificios y convertir ese espacio en plazas. El tema del traslado de las misiones diplomáticas hacia el Centro, el caso del ex penal García Moreno. Y se llegó a que el alcalde de Quito había hecho una consulta para definir el nombre del aeropuerto y en una sabatina el presidente de la República dijo que el nombre del aeropuerto es Mariscal Sucre.  Entonces, se quiere que el Distrito Metropolitano tenga una autonomía capaz de negociar con el gobierno nacional y para responder a las necesidades de la ciudad, ya no a las del Gobierno, y eso necesita Quito este momento.


Vista aérea del centro y sur de Quito. Foto: Luis Argüello / PlanV

Un estatuto que permita a Quito la posibilidad de pensarse a sí mismo y caminar por un sendero independiente ¿qué debiera darle a la ciudad?

Son básicamente ocho puntos los que están dentro del estatuto. Primero están las cuestiones generales del Distrito Metropolitano, donde se define el nombre, la indivisibilidad del territorio, se define la capitalidad. Aquí, por ejemplo estamos planteando que Quito debe ser capital de tres niveles: uno, la capital del Ecuador, otro la capital de la provincia y otro la capital del Distrito Metropolitano. Segundo está el tema de los derechos, y es bastante amplio: el derecho a la ciudad, el derecho de la naturaleza, todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, las preferencias sexuales... Una tercera cuestión está en las competencias; luego está el gobierno de la ciudad propiamente dicho, y aquí estamos planteando tres niveles: un primer nivel con el gobierno del Distrito Metropolitano, con su alcalde y el Concejo Metropolitano; un segundo nivel, con un alcalde zonal, que eso ya está desde 1993 con la Ley del Distrito Metropolitano, pero aquí tendría mayores competencias para una real desconcentración; y luego está el nivel de las parroquias y las comunas, que también está reconocido por la Constitución. Después viene la parte de patrimonio, recursos, ingresos. Tenemos toda la cuestión sobre el ordenamiento territorial y finalmente capítulos sobre transitorias, la posibilidad de que los cantones puedan unirse bajo formas de mancomunidad y estarían las maneras de reformar el estatuto hacia el futuro.

El borrador ha sido enviado a muchos sectores ¿cuál ha sido la respuesta y cuáles son las más destacadas?

Lo que se ha hecho es un proceso de redacción del estatuto, que llegó a tener nueve borradores. En el noveno borrador se resolvió hacer una discusión mucho más abierta para que quepan tres versiones más, es decir 12 borradores. El alcalde lo envió a los medios de comunicación, al Consejo Consultivo, a ciertas personalidades y lo puso en la página del Municipio e inmediatamente luego de eso se puso en conocimiento del Concejo Metropolitano. ¿Qué ha ocurrido desde el 18 de febrero en que ocurrió esto? Se han recibido aportes por plataformas virtuales, formas electrónicas, recomendaciones de los concejales, de los ciudadanos particulares, de organizaciones, y el siguiente paso es poner el segundo borrador a consideración de los ciudadanos.  Creo que hay dos tipos de observaciones: unas que provienen de los ciudadanos, positivas en el sentido de mejorar el estatuto; y las otras del sector político, del cual, algunos están en la línea del aporte y otros, me temo, a los cuales ya les contaminó la coyuntura electoral porque han dicho que el estatuto es inconstitucional y que no sirve. De las observaciones recibidas, prevalece el sentido positivo.


En el Barrio San Marcos, centro de la ciudad, un caminante madrugador sale a sus actividades.  

No hay que olvidarse que esta administración recibió un presupuesto "metrodependiente". Pero también heredó un presupuesto en el cual los gastos corrientes son muy fuertes, con 22.000 personas.

¿Hay observaciones que podrían generar cambios sustanciales en la propuesta original?

Sí, por supuesto. Por ejemplo, nosotros habíamos planteado inicialmente que las alcaldías zonales tengan sus concejos zonales, eran cinco concejales electos popularmente. Y hemos sido muy sensibles frente a los comentarios que nos ha hecho gente de la sociedad civil y lo hemos eliminado. Están los temas vinculados al ambiente, vemos que es importante. En el caso de las parroquias lo mismo porque hemos recibido bastantes recomendaciones de las juntas parroquiales. Ahí estamos planteando mancomunidad de parroquias, porque ya existe de hecho en algunos lugares del Distrito Metropolitano y creemos que se puede normar para que haya una mayor profundización en los procesos.

¿Por qué se ha retirado el tema de los concejos zonales?

Porque da mucha autonomía a las zonas y eso pudiera generar la conformación de caciques locales. Lima es totalmente distinto y eso debe quedar claro: en Lima hay un alcalde provincial. En el municipio de Quito el alcalde es de un cantón, no de una provincia. Al ser el de Lima un alcalde provincial, los 43 alcaldes distritales son autónomos. En nuestro caso es desconcentración, no descentralización.

Esta es una ciudad que se desparrama por sus valles y lo que tenemos ahora ya no son pequeñas parroquias rurales, sino verdaderos centros urbanos, con sus propias centralidades. Y esta pregunta tiene una coyuntura porque es reciente el lanzamiento de la idea de que en el valle de Tumbaco, esas parroquias creen un cantón y se independicen de Quito.

Es algo que se está posicionando, en algunos casos por la crisis que viven la ciudad y el país. La violencia, el desempleo, la falta de servicios. No hay que olvidarse que esta administración recibió un presupuesto "metrodependiente", y eso lo hace complicado. Pero también heredó un presupuesto en el cual los gastos corrientes son muy fuertes, con 22.000 personas. Yo creo que la salida a estas demandas es, justamente, el estatuto de autonomía. El concepto que está atrás del estatuto es que ya no hay el crecimiento de la ciudad como antes, sobre la base del crecimiento de la mancha urbana. Ahora ya no se urbanizan ciudades sino que se urbanizan regiones. Y el caso de Quito es el de la urbanización de una región, que además se caracteriza por tener una ciudad de ciudades. El sur no se parece en nada al centro histórico, este no se parece en nada a la Mitad del Mundo, esta no se parece en nada al Valle de Los Chillos, y así sucesivamente. La idea que tenemos, con estos tres niveles de gobierno, es la capacidad de reconocer esta realidad para que este conjunto de ciudades tengan su expresión en el Concejo Municipal y este no esa otra cosa que el lugar de los pactos territoriales.

Ahora ya no se urbanizan ciudades sino que se urbanizan regiones. Y el caso de Quito es el de la urbanización de una región, que además se caracteriza por tener una ciudad de ciudades.


Crecimiento vertical de la ciudad al norte de Quito.

¿Qué significa un pacto territorial?

Que si de la alcaldía zonal X se hace el plan de inversión, eso se suma con todos los planes de todas las zonas metropolitanas y el Concejo es el que aprueba. Y ahí está representado este conjunto de ciudades y ahí se aprueba el presupuesto y el plan.

¿Debiéramos llamarla la Región de Quito?

Creo que es eso. El caso de México es el de una región, como lo es el de Lima y Bogotá.

Y esta Región de Quito, ¿cómo interactúa con el Consejo Provincial de Pichincha?

En el caso de las competencias con el Consejo Provincial, hemos decidido que este se quede como está este momento. Lo que se abre es la posibilidad de que en el futuro puedan haber mancomunidades. Entonces, por ejemplo, puede haber una mancomunidad con Cayambe, Mejía o Rumiñahui. Esto porque Quito tiene un peso muy grande. Si la zona de Cumbayá y Tumbaco se vuelve cantón, la responsabilidad de la integración quedaría del lado de ellos, ya no de Quito, con lo cual saldrían perdiendo Quito y Tumbaco-Cumbayá. Pero, por qué Quito va a hacer la inversión de un túnel o de un ruta de ella cuando eso ya no es su competencia. La mancomunidad, en el caso de Rumiñahui, podría dar esa posibilidad, pero si se forma un nuevo cantón en esa zona sería un despropósito para todos.

El argumento para la cantonización es que esa zona ha estado prácticamente abandonada.

Si nos ponemos haber en los últimos seis o siete años, la mayor inversión de Quito ha sido en esa zona. Está el aeropuerto con 900 millones de dólares, la Ruta Viva con 250 millones, la Ruta Collas con 130 millones, más la E35 y la mejora de la Vía Interoceánica. Es una inversión impresionante; si es que eso se independiza, obviamente tendrá que ser administrado por ellos pues ya no será una inversión del municipio. Entonces, a mí no me parece que eso se justifica y lo que habría que hacer es trabajar en la línea de las mancomunidades.

¿Cómo sigue la hoja de ruta?

El 18 de marzo de marzo entregamos la segunda versión (suspendido por la emergencia del coronavirus. Ndlr.), el 18 de abril entregamos la tercera versión.  Y a partir de eso se cierra esto. Esto lo tiene que resolver al Corte Constitucional, pero la propuesta del alcalde Jorge Yunda es que pase por el Consejo Metropolitano y me parece que es saludable. Luego, la Corte Constitucional tiene 45 días para pronunciarse y nos dirá si es o no constitucional; si no lo es habrá que corregir lo que se dice, para que vuelva a entrar. El rato que la Corte lo aprueba, el estatuto pasa al Consejo Nacional Electoral y ellos tienen 45 días para convocar al plebiscito. Hay un debate sobre la fecha del mismo: una opción es que sea de manera conjunta con las elecciones nacionales, el 7 de febrero. La ventaja que habría es que se bajan costos y la desventaja es la contaminación política. Mi impresión es que la contaminación política va a existir si es que se hace antes del 7 de febrero del 2021. Eso está por discutirse.

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