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18 de Febrero del 2018
Historias
Lectura: 28 minutos
18 de Febrero del 2018
Redacción Plan V
Fiscal Baca: "haré lo que tenga que hacer dentro del marco de la ley, guste o disguste"

Fotos: Luis Argüello

El fiscal Carlos Baca Mancheno, en su despacho en la Fiscalía General, en el edificio donde funcionaba la antigua embajada de Estados Unidos.

 

El fiscal general Carlos Baca, en medio de la polémica por la abstención de una fiscal de instancia en uno de los caso contra Carlos Pareja Yannuzzelli, reflexiona sobre el cargo que ejerce y las presiones que existen sobre sus actuaciones en un país polarizado y poco dispuesto a permitir la impunidad sobre los actos de corrupción.

La abstención de una fiscal de instancia en uno de los casos que involucran al ex ministro Carlos Pareja ha generado una serie de críticas al fiscal general…

No es un expediente que estaba bajo conocimiento del Fiscal General. La investigación que se inicia en contra de Carlos Pareja y otros más, con relación a ese contrato en particular —que es uno de los múltiples contratos que están en investigación y que tienen que ver con la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas— se inicia cuando el señor Pareja ejercía las funciones de presidente de Petroecuador y por tanto no tenía fuero de corte.  Este es un expediente que se tramita en una fiscalía de instancia y tuvo una serie de contratiempos respecto de algunos procesados. Lo que corresponde —y así nos hemos pronunciado públicamente junto al gerente de Petroecuador— es que este dictamen de abstención que ha dictado la fiscal Elba Garzón suba a conocimiento de la Fiscal de Pichincha, para que esta fiscal superior haga una revisión objetiva del expediente y pueda ratificar o revocar. Lo que nos interesa es garantizar el derecho de defensa de Petroecuador, como acusador particular, y el de los procesados. Esta es una actividad judicial, no es una actividad política ni mediática. De modo que la Fiscalía tiene que actuar para garantizar los derechos del acusador, la defensa del interés público, los derechos de la víctima y de los procesados. Al no haber estado este expediente en mi despacho, lo que considero es que tiene que subir a consulta, mucho más si sobre este mismo expediente ya hubo antes dictamen acusatorio en contra de dos procesados, uno de ellos Carlos Pareja y Diego Tapia. La Corte declaró nulidad del proceso y este regresó al estado inicial de la audiencia preparatoria, y antes de la nueva audiencia preparatoria la fiscal se abstuvo de acusarlos. La Fiscal de Pichincha debe mirar todos los elementos, hay pericias, hay contratos, hay documentos y todo eso debe ser analizado, y si la fiscal considera que la actuación de la fiscal inferior tiene que ser revocada, el juicio continúa, y si considera que la actuación debe ser ratificada, tendrá que archivarse.

Este es uno de los casos contra Pareja, ¿cuántos son?

En el contexto de los casos de corrupción en Petroecuador, solo en lo que tiene que ver con Pareja Yanuzzelli hay 17 procesos en investigación. Es decir, siendo este caso importante, no es el único caso ni el único proceso por peculado que está en investigación en contra de Pareja y otros. No es el único proceso en el que han obtenido sentencias por delincuencia organizada, por cohecho; estamos a la espera de la audiencia por enriquecimiento ilícito, lo cual sí se lleva en mi despacho porque fue en la época cuando el señor Pareja era ministro de Estado. Es un conjunto investigativo, nuestro interés es que quede absolutamente claro que las actuaciones que tiene que realizar la Fiscalía deben ser técnicas y objetivas.

El que la fiscal haya dicho que no se encontraron indicios para acusar de peculado ¿qué quiere decir?

Los mismos indicios del expediente ya significaron que un fiscal, antes, haya emitido un dictamen acusatorio. Es decir, se tiene que descartar, a través de un examen que hace la fiscal superior, si efectivamente esos indicios corresponden a la sospecha fundada para llevar a juicio, de que existe peculado o que no existen esos elementos. Puede ser también una apreciación de la fiscal; es parte de la libertad, tanto probatoria, como de la libertad de análisis del expediente. Por eso es muy importante que el expediente suba en consulta. El expediente tiene un trámite reglado, un trámite en la ley que determina de un modo específico cómo tiene que someterse a un examen del superior. Quien tiene que pronunciarse sobre este tema es la doctora (Thania) Moreno. En este tema, con esos mismos elementos con que la fiscal se abstuvo de acusar, un fiscal ya los acusó de peculado. Uno de los dos fiscales tuvo un criterio que es discordante; esta diferencia de criterio tiene que ser solventada por un fiscal superior.

El indicio de responsabilidad que emite la Contraloría es una orientación muy importante. Pero es un indicio que, al describir hechos, tiene que ser contrastado con el rigor jurídico y con el rigor del derecho a la defensa.

¿Qué tan difícil es probar un peculado petrolero?

El peculado tiene un muy importante cantidad de verbos rectores en el tipo penal. El núcleo de una conducta penal, el núcleo de cualquier delito, es un verbo. Hay delitos de peculado que, con los informes de indicios de responsabilidad penal que emite la Contraloría, pueden ser probados de una manera más directa. Hay otros que tienen más complicaciones porque se sustentan en elementos de naturaleza técnica. Hay pericias financieras y contables, pericias específicas del tema petrolero que es muy complejo por toda la cadena que hay en la investigación y todos los factores que intervienen en esa cadena y por el hecho de que la actividad petrolera tiene unas características volátiles. Hay cosas mucho más complejas, técnicas y difíciles; muchos peritos y expertos tienen que pasar por un filtro de no contaminación frente al interés de alguno de los sujetos investigados. El indicio de responsabilidad que emite la Contraloría es una orientación muy importante. Pero es un indicio que, al describir hechos, tiene que ser contrastado con el rigor jurídico y con el rigor del derecho a la defensa. En el ámbito administrativo, en el del control, la Contraloría tiene equipos humanos que son expertos en sus materias, de manera que partimos siempre del principio de que un indicio de responsabilidad penal tiene un sustento. Pero no necesariamente ese sustento puede ser, finalmente, un delito. Hay que hacer una investigación profunda de todos los hechos.

Las presiones que se dan en redes y en la opinión publica terminan inculpando al Fiscal General de estar fomentando la impunidad. ¿Cómo lo toma usted?

Recuerdo una expresión que dice que la última hoja del último árbol del último rincón del mundo se mueve por la voluntad de Dios. Creo que hay una incomprensión de cómo se mueve una institución como la Fiscalía. Hay niveles de fiscales, hay fiscales especializados en ciertas áreas, hay fiscales de un segundo nivel que tienen una tarea de un fuero distinto pero también hacen la fiscalización de los fiscales inferiores,  y hay un solo Fiscal General. La Fiscalía como institución de la administración de justicia tiene dos niveles de independencia: la externa, que garantiza que ningún poder público o actor social, político o de opinión influya sobre ella, y la independencia interna, la cual señala que en cada uno de esos niveles los fiscales tienen libertad probatoria y de actuación. Esta no es una institución jerarquizada al nivel militar o policial en la cual el jefe o el general ordena lo que haya que decir y el fiscal inferior obedece. Esto hace, además,  parte de un tema muy sensible: la materia sobre la que trabaja la Fiscalía es extremadamente delicada para cualquier sociedad y cualquier ciudadano, que es el verse procesado penalmente, el enfrentar al poder punitivo del Estado, el derecho que tiene la víctima de exigir justicia ante la agresión a sus derechos, el derecho que tiene la sociedad de vivir libre de delito e impunidad; hace que todos estos factores se constituyan en factores de presión. Porque una actividad como la que realizamos los casi 900 fiscales en todo el país es, sin duda, una actividad sobre la que se ejerce presión: mediática, política, personal... Nuestra garantía está en hacer lo correcto y en obrar dentro de la ley. Esa presión la entendemos porque hay muchas cosas de interés público y político, y es imposible pensar que ellos van respetar estrictamente la independencia externa y no opinar o no decir ni plantear sus puntos de vista. 

El otro gran frente que asume la Fiscalía es el bombazo de San Lorenzo. En una reportería que hizo Plan V en la zona mostramos que el tal alias Guacho no era ni ecuatoriano y no había pruebas aún de que él hubiese sido el autor del atentado. El Ecuador tomó como verídica la versión de la Fiscalía colombiana de que se trataba del tal Guacho, sin hacer una investigación propia. 

Desde nuestra perspectiva, nuestra preocupación es que este es un sector deprimido económicamente, cercano a la frontera, en el que las actividades económicas giran alrededor de factores de riesgo.

Es en realidad una investigación muy delicada e importante para la seguridad pública. Nuestra postura frente al tema fue que esto no debía enfrentarse de manera aislada. No es un tema únicamente de la administración de justicia ni de la investigación fiscal. Es un tema que debe ser enfrentado como de seguridad pública. La investigación, por lo delicado de la información, es reservada. A la protección de la indagación previa, que es reservada, se le ha agregado un segundo nivel de protección, que es la reserva judicial. La investigación judicial la lidera la Fiscalía, pero estamos trabajando con el Ministerio del Interior, de Defensa, las instancias del poder ejecutivo, Policía y Fuerzas Armadas. En la perspectiva de que muchos de los indicios que hemos logrado recabar nos plantean una situación delicada en esa zona, pero lo es no necesariamente por lo que pasa también al otro lado de la frontera. El nombre que se mencionó, Guacho, es una de las hipótesis investigativas y la conocimos antes del anuncio que hizo el fiscal de Colombia. Desde nuestra perspectiva, nuestra preocupación es que este es un sector deprimido económicamente, cercano a la frontera, en el que las actividades económicas giran alrededor de factores de riesgo: crimen organizado, contrabando, narcotráfico, terrorismo... Nos obliga esto a que este problema lo abordemos desde la visión del Estado más allá del expediente judicial. Podemos mencionar que hay una férrea voluntad pública de abordar este problema de una manera compleja, binacional y consensuada. Más allá de las condiciones estructurales del la zona, la presencia del Estado y de la Fiscalía liderando la investigación, es algo que lo hemos tomado con responsabilidad. Hay fiscales de extraordinario nivel, gente honesta y firme, que está encabezando la investigación; se han conformado equipos al más alto nivel de Policía y Fuerzas Armadas. El nivel de violencia que se ha dado nos da una alerta, que no es nueva, de cómo debemos reaccionar como Estado. La reacción del Estado es la correcta, porque mirar esto con 360 grados es vital.  Esta contaminación violenta debe ser detenida, por una parte, debe ser corregida y debe ser prevenida. 

¿Es una contaminación estructural en la zona?

Me atrevería a decir que sí, por una serie de factores de riesgo que se dan en el entorno. No podemos ser deterministas y atribuir esta situación a la pobreza, exclusivamente. Eso restringiría el análisis a una de las condiciones. Hay otros factores, geográficos, económicos, la precariedad estatal en el sector... Estos factores son estructurales, pero además hay que ver al Norte. Nosotros estamos haciendo esfuerzos como Estado pero hay que mirar a Colombia. Saludo el gabinete binacional, hay que invertir en la zona no solo en seguridad. No podemos permitir que la zona sea de permanentes sobresaltos. 

¿Hay el temor de que las fuerzas de seguridad y del Estado estén también contaminadas?

Hay riesgos en todo el sector. Incluidas fuerzas del orden y del sector justicia. Creo que uno de los elementos más importantes frente al bombazo terrorista es haber desactivado ese riesgo.

Hay riesgos en todo el sector. Incluidas fuerzas del orden y del sector justicia. Creo que uno de los elementos más importantes frente al bombazo terrorista es haber desactivado ese riesgo. Los fiscales que investigan el atentado son de fuera de la zona, que no tienen el riesgo de una amenaza, de una presión o corrupción. No digo que eso pudiera haber ocurrido sino que en un mapa de riesgos debemos minimizar los más inmediatos. Una de las decisiones fue, por eso, asumir operativamente el liderazgo de esa investigación.

Dentro de los casos emblemáticos de la Fiscalía hay temas de sobre todo de crimen organizado, ¿estamos siendo rebasados como sociedad?

Sería muy apresurado decir que estamos siendo rebasados. Creo que hay una visión de nueva delincuencia, en la cual las organizaciones criminales funcionan como empresas de lucro. Funcionan también con estructuras empresariales: cuerpos directivos cada vez más aislados de la parte operativa, cuerpos directivos estratégicos, operadores... No me atrevería a pensar que estemos a punto de colapsar frente al crimen organizado. Creo que hay esfuerzos importantes desde distintos sectores. Nosotros construimos una Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado, como una unidad especial. Vamos a tener, a fines de este mes la visita de uno de los fiscales más importantes a nivel mundial en la lucha contra el crimen organizado. Viene al Ecuador a una serie de reuniones con el sector justicia y en particular tiene una agenda con la Fiscalía General. Es el fiscal Pier Luigi Dell'Oso, de Italia, que es uno de los creadores de la unidad de lucha contra el crimen organizado. Tiene una de las más altas calificaciones a escala mundial. Es una gestión que estamos realizando. Además, tenemos la constante desarticulación de bandas dedicadas a la venta de droga, a la trata de personas... Lo grave es que esas bandas puedan llegar a contaminar voluntades políticas, eso sería lo más grave. Porque ahí nos podríamos enfrentar a categorías como narcoestado o Estado fallido o Estado corrupto. Es un elemento que no podemos perder de vista.

¿Y en qué aspecto estas bandas de crimen organizado captan voluntades políticas, si no es para garantizar protección?

Lo grave, lo que realmente nos puede llegar a afirmar que estamos contaminados como sociedad, es identificar que existan actores políticos en esas bandas criminales. No se ha llegado a determinar; pero sobre todo el riesgo de una contaminación política puede significar impunidad, información, protección y eso sería gravísimo. Eso es algo que no debemos permitir como país. Esa lucha que se hace contra el crimen organizado tiene que comenzar, además de nivelar las armas.

¿En qué sentido?

El crimen organizado no tiene restricción presupuestaria, no tiene que pasar los filtros administrativos, no tiene límites para contratar abogados, personal a cualquier precio. No tiene limitación para mejoras tecnológicas. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo para igualar las armas del Estado. Hay varias formas. El núcleo esencial de una organización de crimen organizado, además de su estructura, es la comunicación. Es la identificación de su núcleo de actividad criminal. Hay actividades licitas que pueden ser más vulnerables a la actividad criminal. Todos los grandes tráficos, que incluyen tráfico de drogas, de oro, de personas, que son actividades ilícitas, pueden tener un espejo en actividades aparentemente lícitas.  Lo otro que también es un tema sobre el que estamos trabajando es que las capacidades tecnológicas de equipamiento del crimen puede ser ilimitadas. Necesitamos dar pasos hacia adelante. La comunicación es esencial para el crimen  organizado. No es que los criminales se juntan en una sala a planificar, no, se comunican. Esa comunicación, transporte y logística son parte de la cadena del crimen organizado. 

A mi no me abstrae el discurso político, el de las quejas o el de los insultos que son parte de las redes sociales —a las cuales gracias a Dios no tengo acceso— pero estoy seguro que cualquier decisión que tome no va a tener la unanimidad de sector alguno, y creo que si eso sucede, si no voy a tener unanimidad, tengo que escoger hacer lo correcto.

¿Cómo se lucha de modo integral desde el Estado si lo que tenemos es una florida y dispersa comunidad de inteligencia, con entidades que a veces se dan la espalda?

Los servicios de inteligencia deben coordinarse y acompasarse en contra de las actividades que, como lo dice la Ley de Seguridad Pública, signifiquen riesgos a la seguridad interna y externa del país. Ese acompasamiento no es sencillo, por lógicas razones. Pero a propósito de lo que pasó en San Lorenzo, la reacción ha sido muy importante, ha sido la de acompasar toda la actividad de recopilación de información. También hay que entender que hay niveles. La producción de información de inteligencia tiene unos objetivos, la recopilación de información para efectos judiciales tiene otros objetivos; la información de inteligencia tiene efectos preventivos y disuasivos; en el caso de las investigaciones penales no, tienen efectos sancionatorios y probatorios. Esa es una disputa tan vieja como el Derecho Penal: qué tan útil es la información de inteligencia trasladada a la información judicial. Creo que uno de los puntos neurálgicos del trabajo judicial, de la probática, es la información que se produce en el sector de inteligencia, y creo que en ese sentido la primera decisión que se toma, en San Lorenzo, es la de acompasar estas agencias que han estado respondiendo a distintos objetivos y lógicas. 

En este proceso de transición institucional después de la Consulta, la labor el Fiscal General será evaluada por el Consejo de Participación transitorio: ¿cómo ve este proceso?

Hay una voluntad de la gente que se expresó en las urnas. Hay un punto de inflexión muy importante y es que hay un pronunciamiento popular. Nosotros llevamos más de nueve meses al frente de la Fiscalía. El periodos constitucional de funciones es de seis años. Las actividades de la Fiscalía son en distintos niveles: un nivel de reestructuración integral; de fortalecimiento de las misiones constitucionales de la Fiscalía; en transformar la estructura institucional acorde a los nuevos tiempos, tener un plan estratégico, buscar los apoyos de coordinación para que se llamen a nuevos fiscales, crear unidades en temas sensibles como lucha contra la corrupción, crimen organizado, delitos sexuales contra niños, niñas, y adolescentes o defraudación fiscal... Creo que todo ese volumen nos permite tener absoluta tranquilidad en relación a que hemos cumplido con nuestro deber, como la constitución exige que lo cumplamos. Sobre la evaluación, cuando el Consejo sea electo por la Asamblea, creo que lo único que debo señalar de forma clara es que, como parte del proceso de evaluación, no se debe perder de vista la independencia de la Función Judicial como la función responsable de procesar, investigar y de llevar a juicio a los responsables de actos de corrupción. Esa para mi es una duda, porque si la evaluación se va a centrar a pedir explicaciones al Fiscal sobre cómo ha actuado en un caso o en otro, creo que el sentido de la evaluación va a estar muy a contrapié de la propuesta votada por la gente. Tiene que ser una evaluación integral y la Fiscalía está preparada para explicar todo lo que ha hecho, está lista para mostrar todo lo ejecutado en estos nueve meses. Hemos sido absolutamente respetuosos de los derechos de los procesados y de las personas que intervienen en el proceso penal. No hemos convertido los expedientes en moneda de la política, actuamos dentro del marco de la ley. Debemos esperar a saber cuáles son las reglas de la evaluación, los parámetros, y cuando esté eso listo estamos preparados para responder. 

¿Una fiscalía independiente en el Ecuador es misión imposible? Pregunto esto porque los detractores de la Fiscalía esperan que el fiscal tome un cuchillo y salga a degollar a los enemigos políticos; y los defensores esperan o creen que el fiscal es un héroe o un prócer. 

Para aquellos que piensan que la Fiscalía debería levantar una tesis de punitivismo salvaje, la pregunta es: ¿qué ocurriría si ellos estarían en algún momento como procesados?

Es complicado. Lamentablemente nuestra historia democrática nos ha demostrado que, como era en su tiempo deleznable la politización de la justicia, es deleznable la judicialización de la política. En un Estado democrático, estos dos extremos son deleznables. Nuestra posición ha sido de equidistancia, de respetar todas las opiniones, pero de tomar decisiones. Si miramos qué está detrás de un acto penal, está una persona. Aquí no hay juzgamientos institucionales, se trata de seres humanos: víctimas de delitos o procesados y sospechosos de delitos. Para aquellos que piensan que la Fiscalía debería levantar una tesis de punitivismo salvaje, la pregunta es: ¿qué ocurriría si ellos estarían en algún momento como procesados? ¿Si esas garantías procesales que suelen decirse que son garantías para los delincuentes no son efectivamente garantías para todo ciudadano? Porque cualquier ciudadano, en cualquier momento, puede encontrarse bajo la hipótesis de haber cometido un delito. El otro extremo, el de una Fiscalía que deja hacer y deja pasar, también sería deleznable. Nuestro principal propósito es actuar sobre la base de los expedientes, del Derecho, conceder a las víctimas el derecho a presentar sus cargos, conceder a los procesados el derecho a presentar sus descargos, y al final analizar el expediente sin que quepa duda alguna sobre lo que se hace; porque el momento en que hay una sola duda, el derecho liberal desde hace 300 años dice que siempre deberá beneficiar al reo. Nuestro trabajo no es presentar un amasijo de expedientes para que la opinión pública esté satisfecha. Nuestro trabajo es presentar al juez elementos de convicción suficientemente claros que demuestren que las personas a las que se lleva a juicio han cometido un delito. No se trata de amasar dudas; se trata de buscar certezas. Es difícil, porque, además nunca, ninguna decisión que tome una autoridad de justicia y peor la Fiscalía General, va a ser unánimemente aceptada o aplaudida. Siempre habrá alguien que estará insatisfecho, porque espera que en lugar de una sanción se le debe haber dado cincuenta latigazos en la calle, pena de muerte, pena infamante, el doble de años, o simplemente que no haya sanción porque es inocente. Nunca habrá unanimidad y lamentablemente no podemos permitirnos judicializar la política ni politizar la justicia; eso no lo voy a permitir porque es lo que ofrecí el momento en que me posesioné en el cargo.

Venimos de un proceso en el cual Febres Cordero controlaba la justicia, la Fiscalía y luego Correa y ahora se ve como natural que un sector político controle la justicia. ¿Cree que el país no aprendió nada?

No soy el actor más calificado para juzgar si el país aprendió o no. Sí puedo decir que yo no voy a usar el esfero de la Fiscalía General por razones políticas. Si eso implica tomar decisiones que pueden significar costos, sí, las tomaremos. Prefiero salir de la Fiscalía, cuando me corresponda hacerlo, como entré: con la frente en alto y sabiendo que lo que hago y haré es lo correcto. A mi no me abstrae el discurso político, el de las quejas, o el de los insultos que son parte de las redes sociales —a las cuales gracias a Dios no tengo acceso— pero estoy seguro que cualquier decisión que tome no va a tener la unanimidad de sector alguno, y creo que si eso sucede, si no voy a tener unanimidad tengo que escoger hacer lo correcto. Y desde el primer día que puse un pie en la Fiscalía, mi compromiso fue hacer lo correcto. Lo demás no está bajo mi control. No está en mi control cambiar la mentalidad, el corazón ni el espíritu de políticos, activistas, abogados, jueces. Haremos lo que tenemos que hacer dentro del marco de la ley, guste o disguste, es un albur permanente, pero lo que sí tengo claro es que lo que voy a hacer es lo que le dé paz a mi conciencia.

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