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22 de Septiembre del 2020
Historias
Lectura: 15 minutos
22 de Septiembre del 2020
Redacción Plan V
"Fuimos los primeros en el país en denunciar la mora patronal en la Fiscalía": Andrés Campaña
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Andres Campaña Remache asegura que un tercer bloque de denuncias contra empleadores en mora quedaron pendientes tras su salida. Foto: Cortesía Andrés Campaña

 

Por lo menos 500 millones de dólares deben, solo en Pichincha, empresas públicas y privadas por concepto de mora patronal. Aunque descuentan los aportes a sus empleados, no lo pagan al IESS y eso afecta a los trabajadores, quienes se quedan sin acceso a varios servicios de la seguridad social. El ex director del IESS en Pichincha habla sobre la situación de la entidad en Quito y su provincia.

Aunque debía durar cuatro años en su cargo, el ex director provincial de Pichincha, Andrés Campaña Remache, fue separado de sus funciones el pasado 11 de septiembre. Como director provincial, había presentado dos bloques de denuncias en la Fiscalía contra varias empresas de Quito por la retención de aportes a sus trabajadores que no habían sido depositados oportunamente. Entre los denunciados estaban una universidad, un canal de televisión, empresas florícolas, agencias de publicidad, y varias otras empresas de distintos ámbitos de la actividad económica. 

En su cuenta de Twitter, Campaña sostuvo que era removido de su cargo "por las presiones de esos grandes intereses", e hizo un llamado a las autoridades del IESS a continuar con la obligación moral de continuar con el trámite de las denuncias ingresadas. 

El ex funcionario había publicado en sus redes sociales el listado de las empresas contra las cuales formuló una denuncia, el pasado 31 de agosto. Ahí explicó que se estaba perjudicando a más de 12 mil trabajadores y que se esperaba recaudar por lo menos 27 millones de dólares. 

Pero a estar de estas acciones, fue cesado en su cargo. Conversamos con el ex funcionario sobre sus acciones en la seguridad social en Pichincha, la situación de los hospitales y el impacto de la pandemia en la capital. 

¿Cuándo asumió el cargo cuál era la situación de la Seguridad Social en Pichincha y en Quito?

En la provincia de Pichincha el IESS tiene 17 unidades médicas, entre las que se encuentran un hospital de tercer nivel, que es el Carlos Andrade Marín, dos hospitales generales, que son el Quito Sur y el San Francisco, seis hospitales del día, centros de especialidad, centros de salud, 26 dispensarios del Seguro Social Campesino, 13 centros de atención al adulto mayor, nueve puntos de atención al ciudadano, un centro recreacional, y por lo menos 100 propiedades en la provincia. Hay 10 mil funcionarios del IESS en la provincia, es una estructura compleja. 

"Hay 10 mil funcionarios del IESS en la provincia de Pichincha, 17 unidades médicas, y por lo menos 100 propiedades, es una estructura compleja".

¿Qué problemas estructurales pudo identificar?

Hay dos por lo menos. Uno político-institucional, pues la institución está inspirada bajo el principio del tripartismo, por lo que cuenta con representantes del Gobierno, del sector empleador y de los asegurados. Pero pese a que la normativa establece que el Consejo Directivo debe tener representantes de los tres sectores, desde el 2018 no hay un representante de los asegurados. Los elección de los representantes al Consejo Directivo la debe organizar el Consejo Electoral y la última se realizó en 2012. La Corte Constitucional declaró inconstitucional la forma de elección del Consejo Directivo y la Asamblea debería aprobar una ley para elegir al nuevo Consejo Directivo, pero esto no se ha hecho. En 2015 fue destituida la representante de los asegurados, en 2018 se destituyó a su suplente, y también ha asumido el suplente del representante de los empleadores en lugar del titular.

El segundo gran problema es económico, el IESS necesita un flujo constante de recursos que proviene de los afiliados y de la recaudación de los aportes patronales. En 2019 se hizo público un informe actuarial con corte a diciembre de 2018. Ahí se analizan las dificultades a futuro y las proyecciones sobre la sostenibilidad institucional. En esa fecha había en el Fondo de Pensiones cerca de USD 6500 millones, y una recomendación fue que es fundamental que el Gobierno nacional pague el 40% de las pensiones que le corresponde pagar. En 2015 se eliminó ese pago y eso repercutió en los recursos de la institución. Otra conclusión de ese informe sobre el manejo del BIESS, que cuenta con un patrimonio importante que puede inyectar liquidez a la economía ecuatoriana, como por ejemplo con préstamos. Pero se constató que el BIESS, desde 2016, estaba sufriendo desinversiones. En 2016 se desinvirtió USD 1679 millones, en 2017 USD 1755 millones, en 2018 USD 1632 millones. Para 2019 se había presupuestado 1708 millones de dólares. En ese año se logró un ahorro de USD 600 millones, lo que permitió capitalizar el fondo de pensiones. 

"Los elección de los representantes al Consejo Directivo la debe organizar el Consejo Electoral y la última se realizó en 2012. En 2015 fue destituida la representante de los asegurados, en 2018 se destituyó a su suplente, y también ha asumido el suplente del representante de los empleadores en lugar del titular".

¿Cuál es la relación entre el manejo económico y la atención médica?

Una de las grandes carencias del IESS era la falta de un modelo de atención en salud. Las autoridades se acostumbraron a construir grandes hospitales, pero a partir de 2019 se decidió fortalecer la atención primaria en salud, para descongestionar las grandes atenciones médicas y fomentar el primer nivel de salud. Se debe trabajar también en promoción y prevención en salud. 

¿Cómo es el manejo de las compras de los hospitales en Quito y en qué se diferencia de lo ocurrido en los hospitales de Guayaquil? 

Hay dos factores que analizar en ese caso. Parte de la ausencia de este modelo de salud del que hablo se refleja en que cada unidad de salud puede comprar sus medicamentos, insumos y dispositivos médicos. Cada una de las 17 unidades de Pichincha realiza sus procesos, al igual que las 101 unidades en todo el país. Se propuso en su momento que se haga una compra centralizada de medicinas, para que no ocurra que un hospital como el Teodoro Maldonado Carbo no tenga medicamentos mientras el Carlos Andrade Marín sí los tiene. Por suerte en Pichincha, durante la emergencia no tuvimos ningún caso donde se haya denunciado actos de corrupción, como sí ocurrió en la provincia del Guayas. Las unidades de tercer nivel tienen un gerente, un director médico y un director administrativo. Las unidades más pequeñas tienen un director técnico médico. 

Parte de la raíz de los escándalos pasaba porque en Guayas terminaron de funcionarios del IESS personas recomendadas por grupos políticos. ¿En su paso por el IESS de Pichincha pudo identificar casos similares?

No pudimos encontrar problemas de esos. Como director provincial ya no participaba de ese tipo de designaciones. 

Usted denunció varios casos de mora patronal en Pichincha. ¿Cuál es la magnitud de la mora patronal y qué puede hacer la Seguridad Social para recuperar esos recursos?

Había mencionado que uno de los grandes problemas es el tema de la sostenibilidad del IESS. El IESS tiene dos fuentes pendientes de pago: la una es la deuda del Estado que supera los siete mil millones de dólares y la otra la mora patronal.

Pero ¿este Gobierno no anunció que iba a pagar esa deuda?

Entiendo que el año pasado se pagó del 40% cerca del 30% del monto de pensiones, cuando la Corte Constitucional dispuso que se realice nuevamente ese pago. Las obligaciones fueron pagadas pero no en su monto total. Hubo la intención de pagar pero dada la realidad del país no se ha concretado ese tema. Las autoridades están trabajando en consolidar la deuda entre el Estado y el IESS y acordar pagos. Por lo menos USD 500 de los recientes préstamos de organismos internacionales irían al IESS. 

¿En Pichincha, cuál es el monto de la mora patronal? 

A nivel nacional, la mora patronal supera los USD 1600 millones de dólares. En caso de la provincia de Pichincha, supera los USD 500 millones, es un deuda histórica del sector privado que tiene varias décadas de antigüedad. Analizamos los procesos de cobro y son bastante largos. Por ejemplo, primero se declara la planilla en mora, luego se le declara glosa, finalmente título de crédito. Es importante notificar a los empleadores y cuando no se les encuentra, se les debe notificar por medios de comunicación. Todos estos pasos van dilatando los procesos de cobro. Pero cuando ya tenemos los títulos de crédito, los directores se constituyen en juez de coactivas. Para eso es necesario investigar en qué bancos tienen recursos, así como qué bienes. 

¿Cómo perjudica a los empleados la mora patronal? ¿A cuántas personas se afecta con esta práctica?

La mora patronal provoca dos afectaciones. La primera a la sostenibilidad institucional, por falta de ingresos para el IESS, y la otra que los trabajadores no pueden acceder al seguro de desempleo, al fondo de cesantía, a los fondos de reserva, a los préstamos quirografarios e hipotecarios. Esto provoca dramas sociales como los casos de afiliados con préstamos hipotecarios cuyos empleadores no pagaron los aportes y dejaron en mora a los empleados. Eso obliga a rematar la vivienda que es la garantía del préstamo. 

Sobre cuántas personas han sido perjudicadas, preparamos cuatro informes que fueron elaborados durante varios meses. El primero es del cartera y coactiva, el segundo informe identifica a los trabajadores afectados. Un tercer informe entrega la información de los trabajadores y finalmente hay un informe jurídico.

"La mora patronal significa que los trabajadores no pueden acceder al seguro de desempleo, al fondo de cesantía, a los fondos de reserva, a los préstamos quirografarios e hipotecarios".

¿Con esos informes, cuántas denuncias en la Fiscalía presentó contra estos empleadores?

Nosotros presentamos dos grandes bloques de denuncias. La primera fue en junio, contra la Universidad Tecnológica Equinoccial y el Canal Uno, que entre ambos debían más de ocho millones de dólares y perjudicaron a más de mil trabajadores. En un segundo bloque, el 30 de agosto presentamos otra denuncia contra 17 grandes empresas, lo que sumó 27 millones de dólares. Ahí fueron afectados más de 12 mil trabajadores. Y estábamos trabajando en un tercer bloque antes de nuestra salida de la institución. 

¿Las denuncias alcanzan entonces a USD 35 millones de los USD 500 que se deben en Pichincha?

Sí, quiero destacar que la figura de la retención ilegal de aportes fue aprobada en la consulta popular de 2011, en el COIP se incorporaron los delitos contra la seguridad social. Pero nosotros fuimos los primeros en el país en presentar este tipo de medidas. Es una cuestión también de voluntad política.

¿Qué ocurrió en la Fiscalía con esas denuncias?

La Fiscalía nos pidió la versión sobre el primer bloque de denuncias. Pero además hubo buenos resultados, por ejemplo, la Universidad Tecnológica Equinoccial, que debía más de siete millones, pagó por lo menos dos, lo que es una cifra muy considerable. También se firmó un convenio de purga de mora, con el que esa universidad respaldó con garantías hipotecarias los dineros que adeuda.Con la firma de esos convenios los trabajadores recuperan sus derechos y el acceso a los servicios. En el caso de Canal Uno anunciaron que están vendiendo bienes para cancelar, pero no se ha recibido ningún pago de esa empresa.  

En el segundo bloque de denuncias hay empresas de distintos sectores ¿pudo identificar algún patrón sobre en qué tipo de empresas se concentra la mora en Pichincha?

Ocurre en todos los sectores. Por ejemplo, entre las 17 empresas hay florícolas, empresas de seguridad, inmobilarias, una empresa petrolera, una de publicidad, una siderúrgica. 

¿Desde cuándo vienen estas deudas?

Hay moras desde 2003, no se puede alegar que sea el impacto de la pandemia. Inclusive se dieron facilidades de pago en el marco de la emergencia sanitaria. Hay que diferenciar entre los deudores de buena fe y los de otro tipo.

Usted dijo en redes sociales que uno de las razones de su salida son estas acciones de cobro. ¿Quién estaría detrás de evitar que el IESS cobre estas deudas pendientes?

Cuando se da mi cese de funciones no hubo una causal legal para ello. La Constitución garantiza la motivación de los actos y resoluciones y en este caso no se dio. Además, hubo un contexto político y social y había presentado esas denuncias. También íbamos a cumplir con algunas acciones que nos había solicitado la Fiscalía. Salí a pocos días de las primeras diligencias en la Fiscalía. Se debería verificar si se dan continuidad a esos procesos. Las nuevas autoridades probablemente están en un proceso de transición. Hay que ver si se presentan las denuncias del tercer bloque, ahí hay 12 empresas con un monto de por lo menos diez millones de dólares. Pero aún estábamos trabajando en esos informes cuando fui removido. 

 

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