La Fundación Andina, Fundamedios, cumplió una década de vida institucional. Su director ejecutivo por todo es tiempo ha sido César Ricaurte, periodista y defensor de derechos humanos.

¿Cómo y por qué empieza Fundamedios?

Nace un poco de la reflexión que se hacía desde las columnas de crítica de medios que aparecían en los diarios. Nos juntamos con Roberto Aguilar, estaban Orlando Pérez, Ana Karina López, Ivonnne Guzmán, Galo Kalifé, que era el promotor de las reuniones. El motivo de reflexión era mirar lo que se podía poner en las columnas de los diarios acerca del estado del periodismo. Y se hizo un acto fundacional, que fue traer a Jorge Lanata para que lo entrevistaran Carlos Vera y Jorge Ortiz, que en ese momento eran las más destacadas figuras de la televisión. Luego el grupo entra en receso, las ocupaciones en los diarios ganan la pelea, pero yo fui trabajando en la consolidación de una organización formal.

¿Por qué crees que era necesaria esa organización?

Me parecía que iba a dar mayor impulso y estabilidad a este tipo de iniciativas.

¿Había ya organizaciones de este tipo en América Latina?

Efectivamente, de hecho nuestro primer acto es convocar a la gente del IPYS en Perú y la FNPI de Colombia, las dos organizaciones más fuertes de ese momento en América Latina, y les pedimos que nos aclaren el panorama de cómo trabajaban las organizaciones de este tipo en el continente. Y entonces nos damos cuenta de que ahí hay dos tendencias marcadas. La que sigue el IPYS y estaba enfocada en el monitoreo de la libertad de expresión y el impulso al periodismo de investigación y la de la FNPI que se enfoca en la promoción del periodismo narrativo y la capacitación de periodistas. Fundamedios se fue decantando hacia el monitoreo de la libertad de expresión. Porque es notorio que el Ecuador no se estaba monitoreando esos temas, lo cual hacía el IPYS desde Lima. Y ellos dicen que sería formidable contar con una organización aliada para eso. Toda la metodología parte de esos contactos. Fundamedios parte también con mucha vocación de internacionalizarse, porque creíamos que esa era una gran limitación en gremios y organizaciones, la de encerrarse en sí mismas. Se comienza el trabajo de monitoreo, en el 2008, con el primer financiamiento que nos da la NED, de veinte mil dólares. No abandonamos tampoco el área de capacitación y la reflexión sobre el oficio. Organizamos una jornada de reflexión periodística, volvemos a traer a Jorge Lanata para entrevistar a Correa, en una polémica entrevista. En esas jornadas hay mucho contacto con jóvenes, con periodistas, y esto en medio de la llamada a la Asamblea Constituyente. La idea era reflexionar acerca del papel del periodismo en esa Asamblea.

¿Y qué puedes decir de esa experiencia?

Que ahí nos dimos cuenta que el periodismo por sí solo no es efectivo. En la Constituyente empiezan a definirse artículos que ya son un limitante para la libertad de expresión. Pero no lo supimos detectar a tiempo, porque nos faltaban abogados. La primera entrada que uno hace es estrictamente periodística, pero es insuficiente.

¿Por qué? ¿Quizá se abandona el contexto político? ¿Esa no ha sido una de las principales críticas a Fundamedios, desde sectores que abogan por un periodismo en estado puro, casi en condiciones de laboratorio?

Lo cual es absurdo, porque en la reflexión de ese mismo periodismo, el periodista trabaja con un derecho humano fundamental. Entonces no te puedes aislar. Ese derecho, además, no es propiedad del periodista; lo estás tomando prestado porque pertenece a toda la población y tienes que convertirte en defensor de ese derecho. 

Creo que fuiste el primero en plantear en el Ecuador la tesis de que el periodista es un defensor de derechos humanos, algo que ahora también lo reivindica el propio presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero frente a eso aparecen las tesis manejadas desde el gobierno y su intelectualidad que hablan entonces del periodismo responsable, el periodismo como servicio público.

Exacto, nos metieron unos goles sin darnos cuenta, precisamente por esa deficiencia de pensar que nuestro trabajo era simplemente narrar los hechos, citar personajes y nada más. Es evidente que en la Constituyente comienzan a predominar estas versiones, creo que propiciadas por una serie de académicos sumamente sesgados, que ven los temas de la comunicación no desde los derechos sino desde los factores de poder. Que es una entrada interesante y no hay por qué rehuir como debate. De hecho, ese debate se lo ha dado. Pero al final del día predomina esa visión de que hay que limitar estos poderes fácticos, que eran los medios de comunicación y que la libertad de expresión es secundaria respecto a lo que ellos llaman el derecho a la comunicación, que en realidad es algo que no existe en ningún instrumento o convenio internacional; esto existe en los marcos teóricos de comunicólogos de América Latina, especialmente argentinos. No existe ese derecho en ningún tratado internacional. Lo que sí se reconoce es el derecho a la libertad de expresión, de pensamiento, de prensa.

¿Y cuál es la diferencia?

Es que el derecho a la comunicación —se supone— engloba este derecho social y económico que es el derecho de las personas a gestionar medios de comunicación, según la lectura de los factores de poder.

Y aparece el periodismo y sus libertades como una pieza más del uso de este derecho.

Exactamente, como una pieza más y funcional a los poderes. Mientras que la libertad de expresión es un derecho individual. Un derecho que tiene una dimensión colectiva pero pertenece al individuo. En el derecho a la comunicación está ese factor de que es un derecho colectivo y que el Estado tiene que entrar en él, intervenir y ser actor. Y esa entrada teórica, que es polémica, es el que predomina en la nueva Constitución.

¿Esa teoría plantea que las relaciones entre el emisor y el receptor son en condiciones de igualdad y el papel del Estado es borrar esas diferencias?

Es una idea interesante desde lo teórico. Evidentemente habría una enorme desigualdad, una tendencia a la conformación de monopolios y oligopólicos en el continente. De acuerdo, pero el plantear eso a nivel jurídico —en una constitución como marco rector de un derecho— es sumamente complicado. Lo estamos viviendo, Ecuador es el mejor ejemplo de lo que ha pasado. Ni siquiera en la ley de medios de Argentina se llegó tan lejos, tampoco en Venezuela. Ecuador es el laboratorio perfecto para ver lo que pasa el momento en que predominan estas visiones por las cuales el Estado tiene que intervenir en la regulación y en convertirse en actor de primer nivel, que termina imponiendo ideas, conceptos y hechos.

Este debate, creo que termina frustrándose porque el gobierno impone esta visión, y luego viene el proceso de la Ley de Comunicación, que fue la instrumentalización de esta visión.

En la Constitución ha predominado eso, pero donde se cierra el debate es con la aprobación de la Ley de Comunicación. Esos años, entre el 2009 y 2013 son de un intenso debate, pero eso se cierra de golpe con el gobierno imponiendo su mayoría absoluta. Aquí predomina la ley de comunicación, dijo el gobierno, y decide intervenir en contenidos y yendo mucho más allá de lo que ocurría en los demás países de la región y mucho más allá de lo que fue el debate previo.

¿A qué te refieres?

Acuérdate que sesenta artículos de la Ley de Comunicación, los más polémicos —como la creación de la Superintendencia, el linchamiento mediático— entran de la noche a la mañana. No son debatidos por el Congreso para ser votados, se mete sesenta artículos sin debate. Luego, esos artículos, que se hicieron en la presidencia de la República, clausuran el debate como se clausura todo en la revolución ciudadana, con un golpe en la mesa del Presidente. Posteriormente, lo que viene es la aplicación de esa visión.

En ese contexto, que implica un endurecimiento, cómo avanza Fundamedios como organización. Obviamente la realidad les cambió la agenda. Empiezan las acusaciones, se endurece la relación con el gobierno. 

Creo que se van profundizando líneas de trabajo y esto porque la situación lo va ameritando. Lo primero es tomar postura en el debate frente a la Ley de Comunicación y ahí la organización asume una posición de defender el derecho a la libertad de expresión, el trabajo periodístico y de oponerse a una ley en la cual el Estado impone contenidos, incluso que imponga la forma de hacer periodismo y que nos diga qué es buen periodismo y qué no. Pero esto tampoco se da en el vacío, hay un contexto, y este es que hay un incremento sistemático de las agresiones contra  periodistas. La primera alerta que emitimos es la incautación o confiscación —depende de cómo lo llamen— de los medios a los Isaías. Y vamos viendo luego cómo el gobierno acumula un enorme aparato mediático, los medios privados son atacados, pero al mismo tiempo son los periodistas los que quedan en medio de la batalla. El momento que incautan los medios a los Isaías son los periodistas los que son afectados. Comienzan a salir de los medios, porque son controlados de forma directa por una entidad de la Presidencia de la República. Todo esto es una escalada, y a raíz del 30 de septiembre del 2010, el gobierno endurece su línea y es el momento en que entabla las demandas contra los autores de El Gran Hermano y el diario El Universo y sus directivos. El Presidente declara la guerra formal a la prensa. 

Declara que los medios son conspiradores y lo quieren tumbar. Hubo intentos, luego del 30S, por vincular a los medios privados y a los periodistas a su teoría del golpe de Estado. 

Me acuerdo claramente de un informe, emitido un día después del 30S por los intelectuales orgánicos del régimen. Alexei Páez plantea que era un golpe de Estado y los autores eran los medios, la banca y me imagino que el imperialismo americano. Y el gobierno comienza a actuar en consonancia, a atacar hasta cuando llega ese momento en que el Presidente, de forma personal plantea las demandas, y se abren otros juicios que se empiezan a multiplicar. Es el momento también en que Fernando Alvarado llega a la Secom y esta se convierte en un organismo de persecución y de campañas contra la prensa. En ese momento no hay vuelta atrás. Lo que hasta entonces se podía considerar un debate, con posiciones distintas con las cuales podías estar de acuerdo o no, se termina. Me acuerdo que intercambiábamos cartas públicas, con gente de la Presidencia como Galo Mora, que era secretario del Presidente, y era ese debate sobre el día mundial de la libertad de expresión. Había una suerte de intercambio, pero eso se acaba. Y el siguiente momento clave de esta historia es la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en octubre del 2011, en la cual el gobierno lleva 42 altos funcionarios, la audiencia es trasmitida en vivo por Telesur, por NTN24 y se convierte en algo gigantesco, donde le fue mal al gobierno. Y desde el día siguiente comienza una campaña de propaganda contra los peticionarios donde se les intenta desprestigiar diciendo que eran agentes de la CIA y todo eso. 

Y además arrancan los ataques a la Comisión Interamericana.

Exactamente. Después de la audiencia el gobierno monta en cólera, porque les fue muy mal y se va contra los peticionarios y la CIDH. Lo cual fue terrible para la Comisión y su Relatoría para la Libertad de Expresión. Fue un año muy desgastante para la Comisión durante el cual el gobierno empujó las reformas, intentando debilitar sistemáticamente la Relatoría. 

Pero se enfrenta con Catalina Botero, una relatora que se les paró duro.

Catalina Botero fue formidable, un valuarte. Probablemente si no hubiera existido ese nivel de relatora, —porque además de valiente tenía una solvencia técnica incontrastable, sus informes eran impecables— el gobierno se hubiera salido con la suya. Fue una situación de doble vía, porque también la sociedad civil del continente tuvo que pararse muy fuerte por defender la labor de la Relatoría y la CIDH. Su papel fue clave, como también el de los medios de comunicación del continente y por eso al final del día se paran los intentos del gobierno ecuatoriano, que tenían el respaldo de Brasil, una potencia regional, y de otros gobiernos que estaban disgustados con la Comisión por otros motivos.

¿La audiencia en la CIDH fue la internacionalización del caso ecuatoriano en materia de libertad de expresión? Porque antes Ecuador no era nada en el contexto de la región en este tema.

Este retrato de la situación muestra cómo fue la primera incursión de Fundamedios en el exterior. El primer viaje que hice a Washington fue gracioso porque no tenía presupuesto, compré los pasajes con mi dinero y dormí en un colchón de aire en el piso de un amigo. Habíamos editado un pequeño libro sobre las jornadas de reflexión en la Constituyente, y este librito lo iba entregando por donde me recibían. Ecuador —me dijo una de esas personas— es un agujero negro. No sabemos nada de lo que pasa ahí. Eso va cambiando poco a poco, y a partir de esa audiencia cambia definitivamente. El gobierno generalmente autoalaba su política de comunicación. Dice de sí mismo que es brillante, que los Alvarado son estrategas geniales. Y en realidad han sido bastante torpes y lo que ellos hicieron con esa audiencia de octubre del 2011 fue la máxima expresión de su torpeza. Elevaron al máximo el perfil de esa audiencia, que era una más del continente, y cuando les va mal elevan aún más el perfil poniéndose en guerra contra la CIDH. Van sumando una serie de torpezas desde los juicios que puso el Presidente y luego el manejo del tema ha sido de un alto costo político en lo internacional. Y si sigue habiendo un problema que le salta al gobierno en todo lado es el de la libertad de expresión. Aunque ahora acumula temas de mujeres, de justicia, de los pueblos indígenas. Incluso con el último comunicado de los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH se vuelve a poner el tema en el tapete. Y hablo de costos también en términos económicos, porque para contrarrestar las informaciones que salían del Ecuador tiene que contratar oficinas de relaciones públicas, tiene que movilizar a sus embajadores a quienes tienen enviando cartas a los diarios. Y al final, le sigue saltando el tema, porque sigue existiendo. El último comunicado de los Relatores habla claramente contra el mal uso de la Ley de Comunicación, el concurso de frecuencias, las amenazas a los medios digitales... Es una situación inadmisible para la conciencia regional, una de las peores situaciones del continente. 

Y a pesar del costo el gobierno insiste en esa política, ¿por qué?

Me parece que hay una guerra personal de Correa. Pero es aupada por esta serie de intelectuales y funcionarios que sienten que es su momento de tomar revanchas, incluso personales, contra los malvados medios de comunicación. Porque alguna vez le negaron una nota o alguna vez lo entrevistaron y no recogieron exactamente lo brillante que era este intelectual. Es tomarse el desquite y hay gente que ha creado todo un discurso sobre el tema. Esta última intervención de Correa que habla de los derechos humanos concretos y de los abstractos, es fantástica. Correa no tiene ni idea de derechos humanos. ¿Qué clase de gente lo está asesorando? Esta última visión incluso atenta contra el principio que ellos aireaban y era que no había derechos humanos superiores a otros, que son integrales e interdependientes. Ahora resulta que hay derechos humanos que son superiores y son los que la revolución ciudadana ha impulsado. 

¿Cómo evalúas toda esta década, cómo caracterizarías la libertad de expresión en el Ecuador en este momento?

Hemos sufrido un retroceso muy grande y grave. Va a costar mucho retomar. No se trata solo de la Ley de Comunicación, porque esto salta mucho en la campaña, derogar o reformar la Ley de Comunicación. Pero creo que el daño más grave que se ha causado a la libertad de expresión es el temor de la población a hablar con libertad. Realmente hay un enorme nivel de autocensura, es como que el censor ya se metió dentro de cada uno y va a costar mucho tiempo sacarlo. Y lo otro es que pese al discurso del gobierno de la democratización y demás, en realidad asistimos a una enorme concentración del medios. Todo este discurso que tenían los teóricos del gobierno, y que justificó la Ley y otras medidas, era porque había unos oligopolios y monopolios mediáticos en Ecuador, que imponían sus intereses. En realidad esto se ha cumplido. Creo que en Ecuador habían grandes medios pero no se podía hablar de concentración y peor de monopolio. Porque en realidad el sistema de medios en el Ecuador ha sido muy fragmentado. Y han sido microempresas y pequeñas empresas en su mayoría. Ahora hay una concentración enorme de medios, por parte del gobierno. Hay un enorme sistema que controla el gobierno.

¿Cuántos controla directamente?

Tenemos 42 medios controlados de forma directa. 

¿Y medios indirectos, cómo se los controla?

La propia Secom hablaba de la red de medios de comunicación, conformada por 300 medios de comunicación a escala nacional, que reproducían las cadenas de la Secom y los mensajes del Presidente. Hemos llegado a tener acceso a contratos de las radios comunitarias en los cuales se obliga, por contrato, que a cambio de la pauta se debe leer El Telégrafo o todos los productos de la Secom. Medios que se convierten en gobiernistas y dependientes, sujetos al gobierno. Hay provincias enteras del Ecuador en los cuales no tienes un solo espacio crítico. Hay un silenciamiento de la crítica. Si se enjuicia al comentarista tal, que era un crítico, eso sirve de escarmiento. Además, el gobierno tiene un ejército de periodistas a su servicio en ministerios, secretarías y en los propios medios llamados públicos. Y tienes el otro daño colateral: tenemos diez años en los cuales el gobierno ha ido machacando su discurso, y tenemos al menos dos generaciones de periodistas formados bajo este modelo, que naturaliza que los contenidos de los medios deben ser controlados y hasta impuestos por el Estado; que sea un abogado el que decide lo que se publica o no. Esa cierta autonomía que adquirieron las redacciones y que se luchó mucho por los periodistas, me temo que ya no existe.

Y hay otra categoría de periodista, que sirve al Estado y que no tiene problema en hacer de agente de inteligencia y pasar información de movimientos sociales y de los propios colegas. 

Hemos visto reporteros que no tienen empacho en espiar a sus colegas. En ir a ruedas de prensa para ver quién está y pasar esos videos, y convertirse en agentes de propaganda y de inteligencia. Se ha borrado cualquier límite y se obliga a los periodistas a ser agentes. Y quizá el mejor símbolo de esto fue Orlando Pérez, exdirector de El Telégrafo. Una persona que ha sido un agente de propaganda y un operador político del gobierno. No puede reivindicar ser periodista. 

¿El periodismo, tal como lo entendíamos, ya murió?

Muchas veces, incluso internamente nos cuestionamos, qué tan importante o valioso o impactante ha sido el trabajo de Fundamedios en estos diez años, si es que finalmente estamos como estamos, de mal en peor. Y al final hay un trabajo intangible, porque es un trabajo de contención. Cabe preguntarse qué hubiese pasado si es que no había una organización como Fundamedios, qué tan peor fuera esta situación o cuánto hubieran avanzado. Estamos claros que con estos diez años acaba un ciclo y Fundamedios tiene que reinventarse.  

¿Qué acaba  y qué empieza?

Lo que acaba ese trabajo de contención. No van a acabar los problemas, pero cuando se aprobó la Ley de Comunicación sacamos un pronunciamiento que decía es el momento de la resistencia. Para el 2017 ya no creo que sea el momento solo de resistir sino de avanzar en una agenda positiva; ya no más de estar contra las cuerdas, atrincherados, resistiendo los embates del poder. Hay que avanzar propositivamente. 

¿Y qué planteas para eso?

Finalmente, sea lo que sea, incluso si vuelve a ganar Alianza PAIS, tenemos que visualizar el mundo post Correa. Vemos tres frentes: uno, que es todo el desmontaje de los cercos legales, que no solamente es Ley de Comunicación, sino otras diez leyes y la propia Constitución que son marcos que limitan el ejercicio de derechos. Hay que avanzar en una hoja de ruta sobre estos temas legales. Tomando en cuenta, además, en esta hoja de ruta, que el próximo gobierno, sea del signo que sea no la va a tener fácil. Ideal sería derogar la Ley de Comunicación y hacer un nuevo cuerpo legal. Pero con una Asamblea fraccionada eso va a ser muy complicado. Entonces creo que se debe impulsar políticas de gobierno. Un gobierno sí puede desmontar la Secom como aparato de propaganda, sí puede dejar de enviar cadenas nacionales de censura e imposición de contenidos; sí puede dejar de usar mecanismos de rectificación y réplica como forma de censura. Hay una serie de medidas que se pueden tomar. La Superintendencia puede tener al frente a alguien con una agenda positiva.

El otro frente es un proceso profundo de reconstrucción del periodismo. Esto podría tomar generaciones, pero lo que en realidad se ha  perdido y lo que el gobierno ha hecho durante estos años es matar a todo referente del buen periodismo. Por qué las nuevas generaciones se someten y no tienen empacho en ser agentes de inteligencia, porque el gobierno se ha encargado de decir que todos los periodistas no alineados son corruptos y que no hay referentes. Que todo lo pasado es terrible, que eran todos corruptos y mediocres y hay que reconstruir esos referentes para que se conviertan en los ejes, para un periodismo autónomo, ético y con una independencia sin concesiones. Luego, vemos que —como tercer frente— evidentemente, en esto diez años el mundo del periodismo ha cambiado radicalmente. Mientras seguimos bajo la égida de un censor y tenemos un 1x1, que era válido en los años 70 (porque la Ley de Comunicación es para los años 70) el periodismo ha cambiado radicalmente. Los medios están en transición y los temas de libertad de expresión pasan al mundo de los derechos digitales; y entrar en un escenario donde, de nuevo, Ecuador es un agujero negro. Y hay que impulsar una agenda positiva para jugar en esas grandes ligas, incluso para no ser atrapados en el debate post Correa, que va a ser terrible. No vamos a asistir a una pacificación del país, seguirá un debate feroz en muchos foros, y no podemos estar atrapados en una oposición rabiosa y un gobierno que no sabemos de qué signo será. Tenemos que reivindicar una agenda propia.

Que consiste en...

Es una agenda para el periodismo, ya no entendido de forma ingenua, como lo hicimos al  inicio. Ahora debe tener una dimensión de derecho humano y un constante diálogo con la sociedad. Si algo caracteriza al periodismo digital es lo cooperativo. El mundo de los medios tradicionales era de competitividad. El mundo del periodismo digital es de cooperación, no solo entre periodistas, sino con otros oficios y conocimientos que se integren. Lo otro es reconstruir referentes y construir nuevos referentes. Eso hará que esos periodistas, que están perdidos, puedan recuperar el sentido del periodismo y diferenciarlo de la propaganda. Y entrar, finalmente a los escenarios internacionales con una agenda nueva y propia, sin estar atrapados en un juego político que no nos pertenece.