Usted se ha manifestado en el sentido de que la Ley de Comunicación debe ser reformada y no derogada, ¿qué significa eso?

Debe haber una reforma total, pero antes debemos debatir si debe o no haber una Ley de Comunicación, porque cuándo se dice "hay que derogarla" se debe preguntar: "y en su lugar qué" y si la respuesta es "nada" se estaría hablando de que no se quiere una regulación.

¿Usted cree que es una necesaria una regulación específica para los medios de comunicación?

Por supuesto, si hay algo en lo que estamos claros a estas alturas de la historia es que los aspectos de índole público deben tener una regulación aun cuando sean prestados por entes privados. Para la existencia de un Estado democrático es un fundamental la libertad de prensa. Estamos claros de que la norma no debe reprimir el debate democrático en la sociedad, pero también debemos estar claros en que hay aspectos de la comunicación que deben regularse. Por ejemplo, que se pueda o no pasar contenidos con violencia o sexo a las diez de la mañana, es algo que debe estar regulado. También aspectos como cuál es el límite de la propaganda en la comunicación. Esto debe estar regulado, pero sin inhibir el debate democrático. 

LEA: "No se puede ser tibios frente a la censura", dice Carlos Andrés Vera 

Pero en los países donde hay ese tipo de regulaciones de contenidos a los que usted hace referencia, están en las leyes de radio y televisión, y, además, eran aspectos que ya estaban contemplados en nuestra legislación sin necesidad de Ley de Comunicación...

Estaban en normas totalmente dispersas. Tiene que haber una normatividad mínima, que cuide sobre todo de proteger la acción de los medios. Se debe cambiar la concepción: es para proteger a los medios y los periodistas, no para reprimirlos. Se debe someter al debate hasta dónde y dentro de qué márgenes se puede imponer la producción nacional. Lo peor que podemos hacer en un post correísmo es partir de las mismas falacias de Correa, que apela al "estado de naturaleza" hobbesiano, de que la historia ha comenzado con él y se debe desechar todo lo anterior. Se parte de una perspectiva muy autoritaria desde el Gobierno y desde sectores de oposición, se quiere desconocer avances que han existido y echarlos abajo. Es lo mismo que ha hecho el Gobierno en el caso Yachay: habiendo universidades y politécnicas centenarias en nuestro país decidieron partir de cero con otra universidad. No podemos hacer lo mismo en la comunicación. Que este ha sido un proceso bellaco y delincuencial, sin lugar a dudas que sí, hemos denunciado por uso doloso de documento falso al superintendente de Comunicación e Información. La Ley de Comunicación no solamente que es una ley represora, sino que se la ha usado delictualmente para reprimir. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero otra cosa totalmente diferente es proponer tirar abajo la Ley, pero eso es lo mismo que tener una Ley represora, pues la autoridad podría decir qué es una infracción y cómo la sanciona.

Uno de los puntos más polémicos es el funcionamiento mismo de la Supercom, ¿debe mantenerse un esquema institucional que no existe en ningún país de la región?

Sin duda no. La Supercom como está concebida no, pero todo instrumento legal requiere de una autoridad que lo aplique, que no debe ser una autoridad que reprima. La Superintendencia no tiene base constitucional, sin duda debe ser eliminada.

Pero al desaparecer la Superintendencia, ¿debe anularse también el esquema sancionador?

Tendríamos que determinar cuál es la estructura encargada de hacer efectiva la aplicación de una Ley de Comunicación democrática. Es algo que hay que debatir, yo creo que debe ser en el marco de organismos colegiados en la que participen los diferentes actores. No debe ser un esquema represivo, yo, como columnista de El Universo estoy pendiente de no ocasionar daño al medio y de no ser sancionado por la Supercom. Tener una estructura tan represiva como la que existe actualmente es impresentable.

El pretexto de esta norma es garantizar el derecho a la réplica y el buen nombre de las personas, pero estas cosas ya constaban en la legislación anterior al correísmo, como las leyes civiles y penales. ¿Qué necesidad hay de una ley específica contra los medios?

Como usted dice, constaban en el área penal, pero al área penal se llega en última instancia. Digamos que haya una imprecisión en una nota que usted ha sacado sobre mi, no tiene sentido que yo vaya a presentar una querella por injurias por eso, pero sí tiene sentido que haya una instancia administrativa que le diga que hay una imprecisión, que le notifique y le inste a corregir. 

Eso ya se hacía antes: usted mandaba una carta al medio, el medio publicaba una rectificación, usted quedaba rectificado, ¿es necesaria una entidad gubernamental para eso?

No, con eso no queda rectificado. Una cosa es que usted tenga la posibilidad de contestar y otra que el medio haga la rectificación. Es como que alguien me dice que yo tengo un juicio por estafa, le mando una carta, pero con eso no hay rectificación. El medio tiene que hacerla de forma expresa. Es necesaria una estructura deontológica mínima en los medios y el periodismo que nos garantice un adecuado manejo de la comunicación. Esto no solo lo aplican a la comunicación: hay un candidato que dice que, como en su criterio, se está llevando mal la educación superior, hay que eliminar la Senescyt. No se trata de desregular y que las universidades hagan lo que quieran. Se trata de que la Senescyt actúe de manera adecuada. Creo que el Código Integral Penal tiene avances y una cantidad de barbaridades. No vamos a derogar el Código, sino a quitarle esas barbaridades. Esa perspectiva autoritaria de que querer refundarlo todo, de "descorreizar" el país es exactamente lo mismo que ha hecho el correísmo.

Vamos al Reino Unido. Allá hay medios sensacionalistas que puede ser que saquen noticias falsas, descontextualizadas, infladas. Pero ahí no hay Ley para que les obliguen a rectificar: el afectado se querella contra el medio y, en ocasiones, le gana demandas millonarias. ¿Qué impide que las cosas funcionen así en el Ecuador?

Debemos ponernos en nuestra situación. La estructura del Reino Unido es totalmente diferente. Hay estructuras jurisprudenciales distintas. Allá hay 800 años de tradiciones. Nosotros tenemos una tradición romano-germánica basada en la ley, y en Francia y Alemania hay cuerpos legales, aunque obviamente no está barbaridad que tenemos acá. Si usted me pregunta qué es preferible entre tener la actual Ley y no tener nada, yo le diría que mejor no tener nada. Debemos hacer un debate serio y coherente, hay ciertos temas que se deben discutir: qué pasa con respecto a la persona que ha sido objeto de una información errónea. Hay cosas como la opinión que no se pueden rectificar. Si yo digo que usted como periodista es un impresentable es una opinión, que no es susceptible de rectificación, pero ahora se ha aplicado la Ley hasta para rectificar las caricaturas de Bonil.

¿Qué más cree usted que se debe reformar en la Ley de Comunicación?

Hay que trazar la cancha, se debe determinar qué se puede regular y qué no. Hay mínimos como por ejemplo, que la opinión no puede ser regulada. Eso es impresentable. Hay que quitarle todo el veneno a la Ley de Comunicación, para que garantice a los medios y los periodistas y no los agreda. Esas garantías no pueden quedar a criterio del dueño del medio, y no vamos a decir que eso ya consta en el Código del Trabajo. Los productores nacionales necesitan una mínima protección, pero no la imposición de un altísimo porcentaje que afecta la calidad de la programación.

¿La Ley de Comunicación del Ecuador es una forma de garantizar la opacidad y la impunidad de los políticos por medio del control de los contenidos y hasta de los titulares?

Más que la impunidad, garantiza una aplicación arbitraria de las sanciones para proteger a quienes atacan a los opositores y se ataca a todos aquellos quienes osan criticar al Gobierno.

Parece el sueño dorado de un político: una aduana ideológica para controlar lo que se dice o se piensa...

No lo creo. Pienso que es más bien el sueño dorado de un tirano. Un político sano y coherente, cuando llega al poder, sabe que la oposición es necesaria, que debe ser respetada y escuchada, y que se le debe hacer caso. Para un tirano, hay que exterminar a la oposición, y a quienes critican desde espacios de prensa también hay que darles. Es una perspectiva tiránica. Es la diferencia entre un político y un tirano.

Entonces, ¿es una ley antidemocrática?

Totalmente, y además es inconstitucional. Tiene un montón de inconstitucionalidades que sin lugar a dudas hay que eliminar, pero de ahí a negarse a una estructura normativa que proteja a los medios hay gran distancia. 

En los países vecinos hay normas que regulan los temas que usted menciona, pero la Supercom es una estructura totalmente sui géneris, ¿hay algo similar en otros países?

En Argentina hay una Ley, pero realmente la Supercom es un Frankestein perverso y delictivo, se utilizó para la comisión de delitos. Creo que estos temas se debe poner en el debate es necesario, yo he sido un detractor de la Ley de Comunicación y he defendido a quienes han sido atacados, pero como abogado y presidente del Colegio, propongo un debate serio, que no puede partir del simplismo de "deroguemos todo".

Desde los gremios periodísticos se ha dicho que la mejor ley de prensa es la que no existe, ¿usted no comparte ese criterio?

En absoluto. Esa es una perspectiva errada, que se originó en la primera mitad del siglo XX. Se decía lo mismo de los bancos en un momento, se traslada la fe ciega en el mercado hacia la comunicación. Un neoliberal radical le dirá que el mercado se regula solo, pero eso no es cierto. La comunicación tampoco se regula sola y se debe regular normativamente, pero no olvidemos que no puede haber un Estado democrático sin un debate de medios libre, serio e independiente.

También, nuevamente desde los gremios de prensa, se argumenta contra lo que usted dice que es el público, el lector, el que escoge qué canal ve, qué periódico o portal web lee, porque un activo de los medios es su credibilidad y la gente decide si les cree o no les cree. ¿Tiene que entrar el Estado en eso?

Estoy parcialmente de acuerdo con eso. Es verdad que la final el arma del televidente es el control remoto. Pero la comunicación se refiere a personas, y esas personas que son aludidas con afirmaciones falsas nos dan el derecho de que se publique una rectificación.

Eso ya pasaba en el Ecuador, le insisto, ha habido medios que han sacado las rectificaciones del caso...

Y ha habido otros que no. No podemos dejar a la discrecionalidad del medio. A que si les da la gana rectifican y sino no. No podemos extrapolar esto a opinión y caricaturas porque ahí se está afectando la libertad de expresión y se produce censura previa.

Los defensores de este esquema dicen que no hay censura previa, pero hay la impresión en los medios de Ecuador, de Venezuela, de otros países, de que lo que se ha impuesto en la región es la retaliación posterior contra los periodistas...

La censura previa también es obligar a los medios a que se autocensuren para no ser sometidos a una sanción posterior. Cuando un caricaturista piensa dos veces antes de dibujar hay censura previa. Otra tontería es el "linchamiento mediático" que es la cobertura profusa de los medios de un tema de interés. Pero de ahí a decir deroguemos todo y no debatamos hay una gran distancia.

El candidato Guillermo Lasso habla de derogatoria, mientras que Paco Moncayo habla de reforma. ¿Con cual concuerda usted?

No sé exactamente qué propone Moncayo, yo creo en una reforma integral a la Ley, de manera que garantice los derechos de los medios, de los lectores, de la comunicación en general. Eso tiene que ser una Ley de Comunicación, no un instrumento represivo. Debemos pensar en tener algo mucho mejor que lo que tenemos. 

La opinión de nuestros lectores

Usando la herramienta disponible en la red social Twitter, consultamos a los lectores de PLANV sobre este tema. Una amplia mayoría se mostró partidaria de la derogatoria de la Ley de Comunicación, mientras que un porcentaje menor apoyó las opciones de reformarla o dejarla como está. 

A continuación, los resultados:

Entérate,los resultados de la encuesta semanal de @revistaPlanV
▪︎ El 68% de los 439 votos sugieren que la #LeyDeComunicacion debe DEROGARSE pic.twitter.com/98pyxi6D1M

— Plan V (@revistaPlanV) 13 de octubre de 2016