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11 de Marzo del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
11 de Marzo del 2019
Juan Carlos Calderón Vivanco
Hernán Salgado: el Ecuador no puede más con la justicia que tiene
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Fotos: Luis Argüello

Dr. Hernán Salgado, presidente de la Corte Constitucional, denuncia que en la anterior Corte se han dado venta de sentencias y se cobraba por poner los casos en el Orden del Día.

El presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado Pesantez, traza los derroteros de la acción de la Corte. Quiere una justicia constitucional íntegra, honesta, que actúe con celeridad y sea independiente. Empieza denunciando a Plan V que en el periodo anterior se dio una venta de sentencias. Cree que a esta Corte le irá bien, pero dice un "que Dios nos ampare", por si acaso...

¿Cual es su evaluación de estas semanas de trabajo, lo que le ha llamado la atención sobre la Corte Constitucional?

Lo que puedo decir es que constantemente nos estamos informando sobre asuntos donde campea la irresponsabilidad total. He insistido en el hecho de que al tener cerca de 14.000 casos represados, se ve que los jueces anteriores no trabajaban. Cómo es posible que haya casos de antes de 2008, para los cuales rige la Constitución de 1998. A partir del 2008 se han ido acumulando los casos, tenemos muchos del 2010, 2011, 2012. Todos los compañeros jueces reclaman que es inaudito que no hayan despachado estos casos. Esto significa que se preferían determinados casos. ¿Por qué había la preferencia? Lo primero que uno deduce es por política, por el sometimiento que tuvo la Corte anterior al Ejecutivo. ¿Y por qué pasa lo mismo con otros casos, que son trámites generales de ciudadanos que reclaman? Ahí podemos pensar, con criterios que se han venido confirmando, de que hay corrupción.

¿Corrupción en cuál sentido?

No es un secreto, o es un secreto a voces, que se han vendido sentencias. Que se ha vendido que se suba al Orden del Día, para que traten el caso; que de pronto aparecían unos cambios curiosos desde que salía del Pleno y encontraban en Secretaría, que ya no era el mismo texto que había aprobado el Pleno. Bueno, todo eso está examinándose. Felizmente tuvimos el acierto de pedir que la Contraloría actúe con decisión en todos los aspectos. Y no solo contra los jueces anteriores, sino contra los directores de oficina, contra los asesores, todos los funcionarios de esta Corte deben ser transparentados a través de la acción de la Contraloría. Tenemos una cosa insólita. Hay un edificio frente al Girón, donde está la Dirección Jurídica de la Corte. No es posible que esa dirección esté por allá. Yo también quiero instruir a la Dirección Jurídica sobre qué hacer y qué no. O la Dirección Administrativa, que es todo un monstruo; hay muchísimos funcionarios que no son abogados, que son cualquier otra cosa y son funcionarios respetables, pero tenemos que hay un 70% de personal administrativo contra un 30% de personas técnicas jurídicas.

¿Sobre la corrupción que usted refiere, qué tipo de auditoría se hace en cuando a lo jurídico?

Naturalmente vamos coordinando con la Secretaría General. Este es un órgano sensible, delicado, donde pueden darse muchas cosas. El señor secretario anterior parece que ha actuado con irresponsabilidad, no quiero adelantar criterios y decir que es negligencia. Porque hay algunos casos perdidos, algunos cambios que han hecho, arreglando el lenguaje jurídico dizqué. Eso no se puede tocar, lo que sale del Pleno tiene que quedar así, aunque salga errado. Nadie tiene que venir a decir que por un lapsus calamiti se cambien tres párrafos. Por Dios... Eso hemos constatado en la Secretaría General de esta institución, que ahora está cargo de la señora Ida García, y estamos ahora con tranquilidad y confianza. Hemos insistido ante el público en general en que todo es gratuito, en que no tienen que pagar nada. Hay un grave peligro en que a vaces también son los mandos medios los que caen en la corrupción. A nombre del juez, el mando medio va a pedir dinero y a lo mejor el juez ni sabe, pero también el juez debe estar atento.

"Hay muchísimos funcionarios que no son abogados, que son cualquier otra cosa y son funcionarios respetables, pero tenemos que hay un 70% de personal administrativo contra un 30% de personas técnicas jurídicas".

¿Se han detectado la existencia de oficinas paralelas, de abogados que obtiene casos de la Corte y los "resuelven" afuera?

Sí, de eso me he ido enterando. Yo sabía por los años 2008, 2010, 2013, que estuve en Quito, que habían oficinas paralelas, cercanas, donde "arreglaban" el caso por una suma de dinero. Vaya usted a saber entre quiénes se repartían el dinero.  Cosas realmente vergonzosas.

¿Cuál ha sido el impacto de todo esto en los derechos de las personas?

La opinión pública, a través de los medios de comunicación, ha tenido mucho apoyo. Hemos recibido felicitaciones, y los abogados dicen que al fin la Corte Constitucional será el órgano de control constitucional que debe haber en el Ecuador, como en cualquier país del mundo. Es decir, hemos sido bien recibidos. Pero naturalmente, tenemos que avisar a la opinión pública que no va a ser fácil el asunto. Toda persona espera que se tramite su caso, y no vamos a poder tramitarlo mientras nos llegue el orden cronológico; porque la mejor solución que dimos es que se respete el orden cronológico de llegada de los casos. Si hay casos tan rezagados, bueno, el ciudadano tendrá que esperar. 

¿Y los casos emblemáticos?

Efectivamente, la misma Constitución lo determina, si un juez consulta a la Corte, esta tiene que responder en 45 días, caso contrario el juez puede actuar por su cuenta. Hay casos que tienen plazos sensibles, por ejemplo la anterior consulta popular tenía un plazo de 20 días. Aquí se dio un reglamento que contravino la ley al cambiar el plazo a un tiempo mayor. Hay casos de estado de excepción, no podemos esperar. La Ley y la Constitución señalan plazos y términos; al igual que cuando hay grave violación a derechos humanos, no se puede someter a la cronología. En una situación irremediable no podemos decirle que espere. Muchos casos se han acumulado en la acción extraordinaria de protección.  Ahí hay un cuello de botella, porque cualquier abogado presenta este recurso, sea lo que sea. Que ha habido violación a los derechos, al debido proceso. No,  no, no. Estamos examinando esos casos: hay que precisar qué derechos se han violado, fundamentar; no me hable de seguridad jurídica, de lo que todo el mundo habla. 

"Yo sabía por los años 2008, 2010, 2013, que estuve en Quito, que habían oficinas paralelas, cercanas, donde "arreglaban" el caso por una suma de dinero. Vaya usted a saber entre quiénes se repartían el dinero.  Cosas realmente vergonzosas".

Se va a elegir un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. Algunos candidatos han declarado que están dispuestos a hacer tabla rasa de lo que ha hecho el actual Consejo de Transición. Esto implicaría a la actual Corte Constitucional. Usted dijo que defendería esta Corte, tanto en su origen como en su conformación ¿Con qué argumentos jurídicos?

Nos amenazan de que esto no es constitucional, que no está en el ordenamiento jurídico y hay que hacer tabla rasa de todas las designaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Eso no es posible. Cierto que pueden haber discordancias, y recuerdo cuando se hizo la consulta popular en las semanas posteriores, que unos decían que no pueden una cosa, que no pueden tal otra. Felizmente, el doctor (Julio César) Trujillo con mucha sabiduría jurídica y tranquilidad señaló que estaban actuando de acuerdo a lo determinado por la consulta popular del 4 de febrero. Y por lo tanto, todo estaba en el ordenamiento jurídico. También, como constitucionalista que soy, empecé a examinar, y vi que no están destituyendo a nadie, estaban cesando; se toma al funcionario y se lo evalua, y si es deficiente se lo cesa del cargo. En el caso de la Corte Constitucional se decía que no interviene el Consejo de Participación Transitorio, que la designación de la CC viene por otras vías. Yo examiné la Constitución ¿Cómo que no va a nombrar el Consejo a la Corte? Lo que pasa es que hay un quinto poder del Estado, el de la Función de Transparencia y Control Social que interviene a través del Consejo de Participación Ciudadana. Y prueba fehaciente era que algunos antiguos jueces fueron nombrados del Consejo de Participación. Sí hay fundamento constitucional, hay fundamento de prácticas que así se han realizado, y el Consejo Transitorio hizo un debido proceso con cada uno de los jueces y demostró todas las deficiencias de estos jueces cesados. 

¿El nuevo Consejo de Participación tiene la potestad de rever lo que hizo el Consejo Transitorio?

No creería yo, no creo que jurídicamente podría hacer eso. Lo que ellos pueden es seguir en sus funciones, que se sintentizan en lo que es la participación ciudadana, en controlar la corrupción y en el caso de buscar nuevos funcionarios cuando por renuncia o terminación del cargo, haya que nombrar. Pero los cargos que ya están nombrados, no. Ellos no tienen atribución constitucional. Lo que podrían llamarnos es a evaluarnos, pero la evaluación que hizo el Transitorio vino del texto de la consulta popular y así se aprobó: evaluar y cesar. 

¿Cual es la misión de esta Corte Constitucional respecto de la transición?

Recuerdo el primer día después unas reflexiones que tuve y dije: la justicia debe muchísimo al Ecuador. El Ecuador está cansado, no puede más con esta justicia, con la ordinaria, la constitucional. Nosotros hemos sido elegidos a la justicia constitucional, pues rehagámosla, volvamos a darle integridad, honestidad, celeridad, independencia. No tenemos por qué someternos a los otros poderes del Estado. Eso es lo que nos sustenta. Queremos dar sentencias de calidad. Si ustedes leyeran las sentencias de la anterior Corte, qué enredadas, empezaban diciendo una cosa y terminaban diciendo todo lo contrario. Eso se puede dar cuenta enseguida, cómo fabricaban esas cosas absurdas. Nosotros queremos sentencias breves, precisas. Estamos llenos de ese espíritu. Yo estaba jubilado, en el 2013, de la Católica, y me fui a Guayaquil. Les di 35 años de docencia y bueno, llegó el momento de irme, dije. Y estaba tranquilo en Guayaquil, con mi mujer lo mismo. No hubiera hecho este esfuerzo, por el sueldo menos, son sueldos bajos y ese es otro problema. Más vale la tranquilidad. 

"Queremos dar sentencias de calidad. Si ustedes leyeran las sentencias de la anterior Corte, qué enredadas, empezaban diciendo una cosa y terminaban diciendo todo lo contrario. Eso se puede dar cuenta enseguida, cómo fabricaban esas cosas absurdas".

¿Y entonces qué lo llamó a postularse?

Este anhelo de mejorar. Me indigna ver que no puedan haber jueces independientes e imparciales, ¿cómo que no pueden haber? Tantos años de cátedra mía, creo que estos jóvenes que fueron mis alumnos, y ahora son abogados, sí habrán captado la independencia que hay que tener, la honestidad que debe acompañar siempre. ¿Cómo va a ser todo objeto de comercio, de negocio? No puede ser. Y el conocimiento que tanto hemos adquirido en las universidades, ahora creo que sí hay constitucionalistas. Por eso me lleno de entusiasmo y lo único que digo es: que Dios nos ampare.

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