El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, está en el centro de la disputa política que enfrenta al poder Ejecutivo con el Legislativo. Esta crisis entre los dos poderes, que estuvo a punto de llevar al presidente Lasso a optar por la muerte cruzada, tomó un cariz más amenazante cuando se hizo evidente que la mayoría parlamentaria de oposición (UNES, PSC, PK y otros) intentó que el juicio político a los cuatro vocales del Consejo de Participación, encabezados por Ulloa, se anticipe al orden establecido en la Comisión de Fiscalización. La intención, se denunció desde el oficialismo, era tomarse el Consejo e imponer autoridades de control, fundamentales para la institucionalidad del país, como el contralor, procurador, vocales del Consejo Electoral, defensor del pueblo, defensor público, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura...

Ulloa dice no preocuparse de esos afanes de la mayoría antigobiernista. Considera que su primera tarea es estabilizar al Consejo y dotarle de las herramientas técnica necesarias para afrontar con solvencias los procesos de designación y los concursos. En la entrevista con Plan V, en su despacho, analiza la coyuntura y los temas de fondo que involucran el siempre imprevisible destino institucional del Ecuador. 

¿Terminó de consolidarse en su cargo? ¿Qué ha pasado luego de la disputa por la presidencia del Consejo con Sofía Almeida?

No hubo una disputa por la presidencia, lo que hubo fue una disputa porque el Consejo de Participación Ciudadana no continúe haciendo el ridículo a escala nacional,  y que esas decisiones arbitrarias o ridículas sigan afectando a otros consejeros que no hemos sido parte de esas decisiones. Hemos tenido muchos cuestionamientos a esas arbitrariedades, como el haber destituido a un vocal del Consejo de la Judicatura y eso ha llevado a una decisión en el Contencioso Administrativo para que se indemnice a este vocal. Esto era un escenario insostenible y la disputa era mas bien por recuperar ese prestigio con la ciudadanía.

¿Por qué era insostenible?

Hubo decisiones que generaron falta de transparencia en la designación de autoridades. Porque existía el bloqueo de la información a los consejeros. ¿Usted se imagina que en la designación de autoridades, que debe ser un acto público por la garantía de transparencia, la información de los postulantes a las comisiones ciudadanas de selección o de los veedores, no era entregada en el despacho de los consejeros? Simplemente se remitían los informes para ser aprobados en el Pleno, pero no teníamos el insumo documental para verificar si lo que pasó el equipo técnico era verdadero o falso. Había bloqueo de información, suspensión de las sesiones, apagaban micrófonos a los consejeros, había irrespeto. Y aún con todo este escenario, no se me pasó por la cabeza tomarme ocho días el edificio del Consejo de Participación Ciudadana como muestra de reclamo. Nosotros, durante ocho meses pasamos ante la Asamblea Nacional, que es la autoridad de control, tanto por la Comisión de Fiscalización como la de Participación Ciudadana, quejándonos en el escenario donde debe hacerlo un servidor público, de estas irregularidades. Entonces llegó el momento de tomar decisiones y los cuatro consejeros las tomamos. Según la ley, cualquier órgano colegiado está en la facultad de designar y remover a sus autoridades. Si una autoridad pierde apoyo del cuerpo colegiado o desprestigia a la institución, no se puede aferrar a ese puesto; debe dar paso para que una persona con mayor consenso, mejores ideas y mayor respeto hacia los consejeros, tome las riendas del Consejo y eso ha sido lo que nos motivó a tener una nueva administración, la cual, creo, ha recuperado la confianza y el prestigio.

Usted ha mencionado que se ha concentrado en reordenar la casa, ¿qué tan desordenada estaba y cómo se la ordenó?

Nuestra misión era recuperar la confianza de nuestros servidores de carrera. Si esto iba a empezar generando actos de hostilidad de los propios servidores, como había ocurrido antes, esta administración estaba condenada al fracaso. Teníamos que dar muestras de preocupación sobre aquellas consas que reclamaban los servidores y no se les había atendido. Por ejemplo: un año entero, los conductores, aquellos que pasan con los consejeros más allá del tiempo que les corresponde, estaban reclamando el pago de sus horas extras, porque aún en pandemia algunos consejeros usaban el vehículo y se quedaban hasta altas horas de la noche. Eso tenía que ser prioridad, porque se trata de dar dignidad al trabajador del Consejo,  y no se le dio paso. El primer mes que estuve se pagaron las horas extras adeudadas, de noviembre y diciembre. 

¿Cómo encontró el tema económico?

Nosotros hemos dispuesto una auditoría en lo jurídico, de todos los reglamentos para quitar normas que provoquen injerencia; luego, reordenar y auditar la parte financiera. Hemos detectado una serie de irregularidades, que será pertinente decirlas con los documentos en la mano. Pero hemos podido canalizar los presupuestos para que sean debidamente llevados a los sectores sensibles y requieran más atención, como los problemas de los servidores, de la institución y de los concursos. Se requiere un mayor presupuesto para los concursos, pero estamos ordenando la casa. Hemos tenido acercamiento con los funcionarios, que ya no reciben maltrato alguno ni hostilidades. No hay ningún gallo-bello en las oficinas de las funcionarias acosando en su trabajo y faltándoles al respeto. Ha sido una directriz de esta presidencia respetar a todos.

¿La minoría del Pleno del Consejo ya está sesionando normalmente?

Cuando se tomó la desacertada decisión de tomarse el Consejo, yo dije que no iba a caer en una geurra de pandilleros que se disputan el territorio. No iba a caer en las provocaciones, especialmente cuando se ingresó deliberadamente al Consejo de mujeres de la tercera edad, a niños y adolescentes para buscar un enfrentamiento con nosotros. Lo que dije es que el despacho del presidente es donde yo me encuentre. 

Uno de los argumentos de la anterior presidenta es que ustedes se tomaron la presidencia para manipular los concursos, especialmente el de contralor. Mencionaron los cambios en el reglamento para esa elección ¿cuáles son los cambios al reglamento que han desatado esta situación?

Le voy a dar un ejemplo de tantos que hemos reformado: la Comisión Ciudadana de Selección está conformada por representantes de los cinco poderes del Estado y por ciudadanos que deben tener los mismos requisitos que un consejero de Participación. Es decir, debe ser una comisión que actue de modo independiente y esté blindada para poder llevar a cabo un concurso y designar a la mejor autoridad. Qué estaba previsto en todos los reglamentos que la anterior administración aprobó: que el secretario de esa Comisión Ciudadana sea puesto por el presidente del Consejo de Parcipación Ciudadana. En toda institución el secretario es una de las personas más importantes, porque por él pasan todos los documentos, tiene acercamiento con todos los funcionarios y esa persona, delegada del presidente, iba a hacer un cabildeo político con los comisionados; y peor aún, quiza por las manos suyas iban a pasar las preguntas para los postulantes. No podíamos permitir que esas preguntas fueran a ser negociadas con personas que no tengan las aptitudes profesionales ni morales para ejercer unn cargo como el de Contralor, Defensor del Pueblo... Era el literal f) del artículo 10 del reglamento: el presidente del Consejo de Participación enviará una terna de la cual se eligirá al secretario de la Comisión de Selección. Son actos de injerencia que no podíamos permitir. Ahora, la buena noticia: que siendo presidente hubiera sido cómodo decir que ahora yo voy a poner secretario, pero voy a demostrar que esto no es un quita-montón sino un acto de responsabilidad con la ciudadanía. Por eso, en mi presidencia, hemos reformado todos esos artículos para que el secretario sea seleccionado por los mismos comisionados. El presidente ni ninguno de los consejeros tendrán que ver con el desarrollo del concurso, no se hará cabildeo político, las preguntas estarán protegidas. 

Hace pocos días se lanzó el concurso para jueces anticorrupción y contra el crimen organizado. Le corresponde al Consejo de Participación la veeduría de este proceso ¿cómo se conformará esta?

Las veedurías son entidades de control social que están creadas para un proceso específico que tiene una temporalidad. La veeduría es sumamente importante para que la ciudadanía esté pendiente del desarrollo de este concurso y de otros; para que esto sea transparente y la ciudadanía advierta si se están llevando mal las cosas. Con la ciudadanía interviniendo, el proceso va a tener mayor legitimidad. Una vez que el Consejo de la Judicatura ha pedido al Consejo de Participación Ciudadana que hagamos un llamado a la conformación de esta veeduría, la resolución del Pleno ha sido conformarla. Ya está publicado el enlace para que todo ciudadano que tenga interés de ser parte de este proceso, aplique. 

¿Quiénes no podrían acceder?

Quienes tengan un conflicto de interés directo. Por ejemplo, personas que han criticado la convocatoria a este concurso. Ahí habría un conflicto, porque sabemos a qué van esas personas. No van a revisar documentalmente nada sino con un criterio parcial. Existe un reglamento para las veedurías, los veedores tienen que ajustarse a reglas, como no trasladar información falsa que pueda afectar el buen desarrollo del concurso y si se da el caso tomaremos decisiones. Si hay aguien que quiera mancillar el desarrollo de un proceso con falsas afirmaciones, puede ser expulsado de la veeduría. 

Es preocupante es que se empiece un concurso para los jueces anticorrupción con un presidente del Consejo de la Judicatura encargado. Ustedes ya recibieron la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional desde hace más de seis semanas y no han electo al titular del Consejo. ¿Esto no afectará el proceso de selección de los jueces?

No lo hemos electo porque en este mes nos hemos preocupado de tener, primero, el control de la administración. Hemos salido de un mes difícil, de un caos, de la toma de la institución. Un mes en que los consejeros no se han presentado a sesionar como forma de protesta. Hemos tenido que resolver los problemas internos. Al mismo tiempo hemos hecho las auditorías de los concursos y reglamentos. Por eso hemos dado prioridad a una cosa versus otra. Lo siguiente, es que existen procedimientos en los cuales hay la necesidad de cerrar capítulos: hay un defensor público encargado por dos años, no se ha reemplazado al tercio del Consejo Electoral, que debió hacérselo en noviembre del 2021; el contralor debió ser reemplazado el 15 de marzo del 2022 y no se lo hizo. Son concursos que no pueden quedar relegados por designar una terna para un organismo que está funcionando. La figura del "encargo" no existe dentro de la aplicación de la norma en el cuerpo colegiado del CNJ, pero el colegiado ha tomado una decisión, en virtud del artículo 262, del Código Orgánico de la Función Judicial, de designar a quien preside el Consejo de la Judicatura. No es una institución en crisis, o que se encuentre con un encargado y tampoco es la intención del Consejo de Participación afectar la institucionalidad, ni tampoco dejar de considerar elegir a alguien de la terna enviada por el señor presidente de la Corte Nacional. 

¿Entonces ese proceso demorará?

Existe la obligación de respetar lo que manda la Constitución, donde se indica que un miembro de la terna enviada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia debe presidir el CNJ. Pero por otro lado existe un dictamen interpretativo de la Corte Constitucional, el 02-19 donde se señala que el Consejo de Participación definitivo no tiene la facultad de autotutelar decisiones del Consejo de Participación Transitorio, porque de ellos emanaban mandatos constitucionales y de nosotros emanan actos administrativos. Lo administrativo no puede remover lo constitucional. Y esas acciones del Trnasitorio tienen lo que se llama el "blindaje". Este determinó que el doctor Álvaro Román sea designado suplente en el Consejo de la Judicatura. Nosotros tenemos que respetar la designación de la suplencia y no podemos impedirle que actúe en el Pleno. Si él ha decidido no actuar es una decisión suya, pero en el CPCCS no existe línea alguna para impedir que actúe o se principalice. Lo que no podemos avalar, y menos cuando esto se encuentra en un proceso judicial, es que él pueda ejercer el cargo de presidente del Consejo de la Judicatura, porque ese cargo corresponde a alguien que esté en la terna enviada. 

¿Cuánto demoraría tener un presidente del Consejo de la Judicatura electo por el Consejo de Participación?

Sobre la temporalidad le he dicho mi posición, pero no creo que sea la posición de todos los consejeros. Cada quien tiene un punto de vista, y tratamos de llegar a un acuerdo. El primer paso es que Coordinación Jurídica nos emita un informe con líneas claras sobre las cuales debatir. Y luego hay que generar un reglamento para entrar a la designación. Y el proceso de designación tomará de entre dos y tres meses. Lo que queremos evitar es que del Consejo de Participación Ciudadana salgan resoluciones polémicas, queden signos de interrogación, dudas sobre la juridicidad o celeridad. Los consejeros nos hemos propuesto no tomar decisiones que sean la vergüenza del escenario nacional. Por eso preferimos tomarnos un tiempo, pero hacer bien las cosas. 

Tiempo es lo que menos tiene. El ambiente político es poco propicio para la continuidad del Consejo de Participación. La mayoría de la Asamblea tiene una espada de Damocles sobre los consejeros. Otros sectores quieren de plano su desaparición o al menos la pérdida de sus atribuciones nominadoras.

Nosotros estamos curados de espanto. Nuestras actividades han sido muy difíciles porque hemos querido garantizar transparencia. Y por ello nos hemos ganado enemigos muy serios. A tal punto que no es coherente que seamos enjuiciados porque nos hemos quejado de la falta de información, de que nos apaguen los micrófonos y queramos hacer una reforma coherente al reglamento de designación de autoridades, para evitar la injerencia. Entonces, ¿con quiénes están las personas que nos quieren procesar políticamente? ¿Quieren ellos permitir injerencias en el proceso? ¿Están de acuerdo con que se bloquee la información a la ciudadanía? ¿Están de acuerdo con que los procesos se den con falta de transparencia? Pienso que aquí existe un criterio mal intencionado por parte de una ínfima porción de un sector político, o hay un escenario en que se está intentando confundir a los legisladores. Pero ya el poder político tiene sus propios problemas, nosotros estamos enfocados en recuperar el tiempo perdido y ser más dinámicos en la designación de autoridades. Porque sabemos que en lugar de tener una seguridad, de defender la institucionalidad por parte del poder político, existe toda una cola de autoridades que están en procesos de juicio político. Se está afectando la institucionalidad de todo el país, y los invito a reflexionar en que esto no le hace bien a nadie y va en perjuicio del Ecuador. Por eso lo responsable es no desconcentrarnos de nuestras actividades y ser muy respetuosos de lo que otros decidan. 

En caso de que la Asamblea destituya a los consejeros, ¿cómo afectaría esto a los procesos y concursos de designación de autoridades?

Lo que he procurado fortalecer Coordinación Jurídica, y tenemos asesores brillantes que puedan responder a todos los pedidos de información que se hagan desde la Asamblea Nacional. Una vez que tengamos, en concreto, que acudir a un juicio político respondería a su pregunta. Ahora, si sacan a los consejeros, empieza todo desde cero. Porque los nuevos consejeros tendrán que hacer, otra vez, las reformas que crean pertinentes, hacer otros equipos técnicos, reestructurar el personal, hacer normas a criterio de la nueva administración, que es algo legítimo pero va a quitar tiempo.

A propósito de los concursos ¿qué debe garantizar la buena elección de un contralor? Que es algo que, en el fetichismo de que el contralor es una pieza clave para los políticos, es un tema muy delicado para el Consejo de Participación.

Si yo fuera líder político, lo primero que haría es agrupar a los líderes de los movimientos políticos, para preguntarles, a todos, qué es lo que nos conviene: ¿ser dueños de un contralor o tener la garantía de que el contralor va a ser una persona honesta, que no va a actuar en contra de nadie, construyendo o fabricando glosas o desvaneciendolas a quien se la merece? Eso es todo. El problema va por un interés nacional, no por interés personal. Sería desatinado que alguien quiera el contralor para sí. Sería abominable e inhumano para toda la ciudadanía si alguien quiere el contralor para sí. Si alguien quiere para sí al contralor es para extorsionar o para limpiarle a la gente que actúa mal en la administración pública, y eso no lo vamos a permitir, a nadie.

¿Y cómo no lo van a permitir?

Dándo garantías de transparencia, procurando que las veedurías ciudadanas sean fuertes en cada momento del concurso, quitando las cosas que van a generar injerencia... Estamos dando muestras de que no queremos ninguna injerencia y no lo vamos a permitir.

¿Cuáles son las designaciones que considera prioritarias?

Estamos enfocándonos en los procesos que son rápidos. Qué es lo rápido, la designación de autoridades: superintendentes de bancos, de compañías, autoridad de datos, o posiblemente presidente del Consejo de la Judicatura. De ahí, los concursos son los que toman más tiempo, porque hay que hay que hacer la comisión ciudadana de selección. Entonces vienen: contralor, Consejo Nacional Electoral, defensor público, tercio del Tribunal Contencioso Electoral, defensor del pueblo, Copisa, fronterizos...

¿Entonces, el contralor?

Los que menciono son los procesos en los cuales estamos trabajando, en paralelo. De nada me sirve enfocarme en el concurso del contralor si hay espacios que puedo ocuparlos en otros procesos.  La idea es trabajar de manera paralela, dar nuestro mejor contingente para lograr el objetivo.