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14 de Febrero del 2022
Historias
Lectura: 26 minutos
14 de Febrero del 2022
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

Iván Saquicela: es complejo cuando se pretende que los conflictos de la política los resuelvan los jueces
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Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

El presidente de la Corte Nacional de Justicia plantea un nuevo diseño institucional, que permita fortalecer la Función Judicial y ponerla, dice, en el sitial que se merece. El alto magistrado, representante de la Función Judicial, habla en este entrevista del sistema disciplinario de jueces y fiscales, de la injerencia política y la presión de los políticos de intentar dirimir sus conflictos políticos en los tribunales.


"Durante años, la corrupción, la ineficiencia y la interferencia política han caracterizado al poder judicial de Ecuador. Las reformas llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno para reparar los daños infligidos por el gobierno de Correa a las instituciones democráticas lograron mejorar la independencia de instituciones clave, pero los señalamientos de demoras en los procesos judiciales y de presión indebida sobre los tribunales, así como de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción, continuaron". Este es el último informe anual de la organización de la sociedad civil más importante del continente en defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, HRW.

En agosto del 2020, la Corte Constitucional de Ecuador limitó significativamente las facultades del Consejo de la Judicatura para intervenir en el trabajo de los jueces, dijo el informe. Sin embargo, durante 2021, agregó, "continuaron los señalamientos de demoras injustificadas en los procesos judiciales, de presiones indebidas de funcionarios gubernamentales sobre jueces y de falta de garantías de debido proceso en casos de alto perfil por corrupción".

La justicia ecuatoriana sigue en entredicho, y el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela Rodas, al cumplir un año en sus funciones, responde en su despacho inquietudes de Plan V al respecto.

Nuevamente se está hablando de una reforma al sistema de justicia, dada la coyuntura con el Consejo Nacional de la Judicatura. El presidente Guillermo Lasso ha hablado también de una reforma al diseño de la justicia. ¿Qué piensa usted al respecto?

La Constitución establece que el Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administración y vigilancia y régimen disciplinario. Cabe preguntarnos cuál es el alcance de dos expresiones: gobierno y vigilancia, dan mucho qué pensar.  Estoy lejos de pensar que se trata de una reforma para "meter las manos en la juticia", no se trata de eso.  Pongámonos a pensar si la constitución del 2008 y las reformas posteriores del 2011, con la consulta popular, es un modelo adecuado para lo que se quiere en materia de justicia. Yo me preguntaría: la Constitución del 2008 y sus reformas ¿nos queda bien, nos ajusta, o nos apreta, nos queda muy flojo?

La del 2008 es una constitutución que en materia de derechos y garantías constitucionales es positiva, es de avanzada, y no hay que retroceder. Sin embargo, en materia de estructura y organización del poder político, hay aspectos que pueden ser discutidos, dialogados y mejorados.

¿Y qué se contestaría usted mismo?

Yo me contestaría que hay muchos aspectos que deben ser revisados, porque en mi opinión es una constitutución que en materia de derechos y garantías constitucionales es positiva, es de avanzada, y no hay que retroceder. Sin embargo, en materia de estructura y organización del poder político, hay aspectos que pueden ser discutidos, dialogados y mejorados. La preocupación del país, de muchos años, y penosamente es la realidad, ha sido la intervención del poder político en la justicia. Es es lo que hay que pensar: cómo establecer un diseño institucional.

También ha faltado mucho por parte de los propios jueces. Para nadie es un secreto que muchos se han prestado a la manipulación política. Hubo presidentes de la Corte Suprema que guardaron silencio absoluto, parecía que la Función Judicial no existía.  Tampoco la Corte debe ser un fantasma.

No puede ser un fantasma. Por eso los 21 jueces y juezas de esta Corte Nacional estamos claros de que, además de nuestro trabajo, tenemos una política judicial, que la hemos llamada Justicia Abierta. Y es verdad, es visible que hoy la Corte Nacional de Justicia es un poder del Estado y tenemos voz y presencia en nuestro ámbito de competencia, ni política ni partidista, pero es un poder del Estado. Uno de la clásica división republicana: ejecutivo, legislativo y judicial. 


Entrevista Completa con Iván Saquicela en PlanV en vivo.

Y agregaría que debe ser un poder ético.

Por supuesto, y creo que por sobre todas las cosas. Y no quiero soslayar la pregunta sobre qué había pasado en un momento de la historia reciente, y no tiene solo que ver con la conducta de un juez o jueza en particular. Si usted tenía un Consejo de la Judicatura que entre otras atribuciones tenía la de declarar el error inexcusable —que ya es inconstitucional—, el dolo y la negligencia; si usted tenía cientos de fiscales y jueces destituidos, unos por pedir prisión preventiva y otros por no pedir, unos por condenar, otros por absolver, ¿qué teníamos? una justicia minimizada, aplastada. Mi tarea principal y mi reto, desde lo institucional y como presidente de la Corte Nacional, es poner a la Función Judicial en su verdadero sitial, para que ello dote de seguridad jurídica a la gente, que el fortalecimiento de lo jurisdiccional dé serenidad a los ciudadanos. No es tarea sencilla, pero lo estamos consiguiendo paulatinamente. 

Cuando habla del verdadero sitial para la Función Judicial, ¿cuál es este?

La Constitución del Ecuador establece que el Presidente de la Corte Nacional de Justicia es el representante de la Función Judicial del Ecuador. Pero algunas veces no se ha considerado así o se ha confundido con el ámbito del órgano administrativo de la Función Judicial. Es importante señalar quién representa a la Función, para poder tratar con los otros poderes del Estado en el ámbito de sus competencias. Algo más, y lo más relevante. La Corte Nacional de Justicia tramita todos los días casación penal, casación en todas la materias y revisión penal. Pero además la Corte tiene la atribución de hacer jurisprudencia y resoluciones de carácter general con fuerza de ley en caso de oscuridad de la ley. ¿Qué efecto produce una Corte fortalecida? Que lo que resuelve es un mensaje a todos los jueces del país de que hay una sola línea de criterio jurídico. Si eso no existe o hay temor de los jueces o la imposición de órganos ajenos a la función jurisdiccional, se afecta a la seguridad jurídica. Y creería que la Corte Nacional que en un momento fue Suprema, tenía más fuerza. Habría que preguntarse porqué se quiso minimizar a la Corte, que en ese momento era el órgano supremo de la justicia del país y, desde luego, del poder judicial. 

Mi tarea principal y mi reto, desde lo institucional, es poner a la Función Judicial en su verdadero sitial, para que ello dote de seguridad jurídica a la gente, que el fortalecimiento de lo jurisdiccional dé serenidad a los ciudadanos. No es tarea sencilla, pero lo estamos consiguiendo paulatinamente.

¿Usted cree que la actual estructura garantiza eso, si su delegado es el presidente nato del Consejo de la Judicatura?

Creo que hay que respetar las atribuciones del Consejo de la Judicatura y el actual modelo. Somos hombres de Derecho. El doctor Fausto Murillo está transitoriamente y yo, por mi parte, enviaré la terna. Creo que hay que tener un pluralismo, que implica lo siguiente. En el sistema de justicia hay tres vertientes: gente de libre ejercicio profesional, los abogados; gente de la academia, que a veces coinciden en su condición de jueces, y los jueces. Pensaría que estos sectores deben ser considerados. La norma constitucional establece que el Consejo de la Judicatura debe estar conformado por ternas de distintos poderes del Estado. Hay que cumplir la norma, pero pensaría que no se puede dejar de lado la visión académica, del litigante y del juez. Tanto es así que por primera vez tuvimos en la Corte Nacional de Justicia una reunión con todos los presidentes de los colegios de abogados del Ecuador, escuchando sus preocupaciones para mejorar al sistema de justicia. 

¿No resulta contraproducente que la Función Ejecutiva y la Legisltiva tengan representamtes en el Consejo de la Judicatura? Es como decir que en el Consejo Administrativo de la Legislatura, CAL, hubiera un representante de la Corte Nacional de Justicia. ¿El Consejo de la Judicatura debiera estar conformado exclusivamente por gente de la Función Judicial?

Esa es precisamente una de las ideas que se debe discutir. Hoy el Consejo de la Judicatura está conformado por un representante del poder Ejecutivo, uno del poder Legislativo y uno por la Corte Nacional, la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Estos tres últimos de la Función Judicial. 

¿Qué hacen ahí los delegados del Ejecutivo y el Legislativo? Que la Función Judicial pida ser parte del gabinete del Presidente de la República, entonces.

Exactamente. Y algo más. No es un tema personal, con los vocales del CNJ me llevo muy bien, nos han apoyado, este es un tema institucional. Como bien dice no existe un represente de la Función Judicial en el CAL ni en el gabinete de ministros de Estado. Pero tampoco existe, verbigracia, en el Ejecutivo un organo administrativo encargado de la parte administrativa-financiera de la Presidencia de la República y de vigilar al Presidente, castigar a los ministros y superponerse sobre el Ejecutivo. Aún así no quisiera ser determinante porque hay que dialogar, debatir, pero que quede con absoluta claridad de que hay ideas que tienen que ver con el diseño constitucional para impulsar una adecuada estructura del Estado.

¿Y qué piensa de eso el presidente de la Corte Nacional? 

Creería que la Constitución del 2008 es muy interesante en materia de derechos y garantías constitucionales. Es mi opinión. Enseño siempre a mis alumnos lo importante de esto, con esas figuras muy interesentes, las garantías de protección, el habeas data, el habeas corpus, el concepto de un modelo constitucional de Estado de Derechos que privilegia los derechos a la legalidad. Hay un jurista que dice que antes los derechos fundamentales valían sólo en el ámbito de la ley, ahora la ley vale sólo en el ámbito de los derechos fundamentales. Es decir un giro radical en donde prima la constitucionalidad a la legalidad. Interesante. Pero la parte de la estructura del Estado hay que pensarla y repensarla, porque además tiene que haber una congruencia entre la estructura del Estado que permite hacer realidad la vigencia de los derechos. No se trata, entonces, de un modelo constitucional de mera proclama sino de la praxis. Ferrajoli dice que las garantías y los derechos no se miden por lo que prescriben las leyes y las normas sino por la eficacia de sus disposiciones. Me parece que es necesario hacer notar la importancia que tiene el concepto constitucional, jurídico; qué concepto se tiene de la democracia y de la estructura del Estado, para saber qué buscamos como sociedad. 

no existe un represente de la Función Judicial en el CAL ni en el gabinete de ministros de Estado. Pero tampoco existe, verbigracia, en el Ejecutivo un organo administrativo encargado de la parte administrativa-financiera de la Presidencia de la República y de vigilar al Presidente.

La ex presidenta del Consejo de la Judicatura renunció con el argumento de que decisiones de la Corte Constitucional había limitado las atribuciones del Consejo para sancionar jueces y fiscales y sobre todo las de la presidencia del CNJ. Pero lo que vivimos es un estado de desconfianza en las decisiones de los jueces, sobre todo de primera instancia que son también constitucionales, por decisiones que se han tomado frente a varios casos. Se ha generado una campaña en contra de la credibilidad de los jueces. Entonces muchos esperarían un CNJ sancionador.

Creo que hay razón y hay que tener una respuesta equilibrada. A veces hemos compartido estas ideas con jueces de la Corte, con jueces en general, incluso con los vocales del CNJ, y hay el criterio siguiente: se puede dar un momento extremo en que un Consejo de la Judicatura no vaya a respetar la independencia de las decisiones jurisdiccionales y el juez, el funcionario se ve amenazado por un organo externo a la Función jurisdiccional, que le puede destituir por su criterio jurisdiccional. Eso, en mi opinión, no es correcto. Pero en el otro extremo, no podemos negar que pueden haber irregularidades, y que el CNJ u otro órgano pueda intervenir en el régimen disciplinario. Hay que estar claros. Los jueces somos y debemos ser independientes e imparciales, pero tenemos la responsabilidad ética con el país de una actuación transparente. Porque no se puede, a título de independencia, cometer irregularidades. El tema está claro, lo que hay que buscar la mejor fórmula para no permitir impunidad en caso de irregularidades, pero tampoco que un órgano extraño a los jueces, que incluso sea aplastante, imponga el temor y se rompa la independencia porque se empieza a actuar, imagínese, por el temor al poder político, por la imposición del poder político. No es mi rol tener controversias políticas, pero en estas oficinas de la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia andaban por los pasillos altos funcionarios del Estado en otros gobiernos. ¿Eso es correcto? Eso no se puede permitir.

¿Cuál cree que sería la fómula ideal?

Hay diferentes propuestas. Solo pensando en voz alta, por ejemplo, el hecho de que en la Corte Nacional exista una sala especializada que pueda conocer el ámbito del régimen disciplinario. Y además que estén encargados de unificar criterios y hacer jurisprudencia en esa materia. De modo tal que en todo el país se sepa cuándo sí se sanciona, cuándo no y dotando de seguridad jurídica a los propios funcionarios. Modelos hay distintos en el mundo, hay que ver cuál sirve mejor al país.

Siendo la justicia un tercero confiable en los conflictos que se presentan en la sociedad, desde la política hay enormes presiones a la justicia. Se expresan cuando los conflictos políticos se pretenden resolver en las cortes o en las fiscalías. Los conflictos por la Alcaldía de Quito o en el Consejo de Participación Ciudadana se han resuelto con recursos de amparo, acciones constitucionales, medidas cautelares... Decida lo que decida, el juez termina siendo el responsable de lo que suceda en una Alcaldía o en una institución. ¿Cómo ve usted esta relación justicia versus poder político?

Usted pone en el tapete del diálogo un tema de demasiada importancia y, penosamente, soslayado por muchos. Voy ajemplificar: yo leo lo que se pone en redes sociales, no me pongo a polemizar porque cumplo mi función. Pero leo a gente que me dice: usted, juez, es lo máximo porque condenó al señor Correa. Y otros me etiquetan, adjetivan y calumnian por lo mismo. Qué sucede, que en Derecho cada uno puede tener un criterio respecto de una sentencia en la cual fui uno de los jueces, pero el problema es que no se analiza en Derecho, sino que es una posición política de quienes están a favor y quienes están en contra. Es una división política de meros criterios no jurídicos, con los cuales se cuestiona a la justicia. En el caso del Municipio de Quito, soy muy cuidadoso porque no conocí ese caso y no hago juicios de valor, pero dentro del tema de este diálogo digo lo siguiente: gente que quería que esté el alcalde (Yunda. Ndlr.) y gente que no quería que estuviera. ¿Qué se pretendía? ¿Que la justicia de razones políticas, a quienes quieren y a quienes no quieren? Ese es el problema. Si queremos de verdad mejorar la justicia, sí, tienen que mejorar la Judicatura, la Corte Nacional, los jueces... Pero hay algo más, y eso es lo que se deja de lado: la conducta del ciudadano y de la parte política. Digo con absoluta certeza: nunca cambiará la justicia del país si es que el sector político y ciudadano no respeta la norma jurídica, a la institucionalidad y a las decisiones de los jueces. Mañana hay un resolución, no me gusta a mi, entonces jueces corruptos, fuera todos, esto no vale. ¿Porque perdí el caso? No puede ser. Comprendo que se haya perdido el caso y que hubo una irregularidad. Muy bien, hay canales para eso. 

Digo con absoluta certeza: nunca cambiará la justicia del país si es que el sector político y ciudadano no respetan la norma jurídica, a la institucionalidad y a las decisiones de los jueces. ¿Qué se pretende? ¿Que la justicia de razones políticas, a quienes quieren y a quienes no quieren?

Pasó con la disputa por la Alcaldía de Quito donde se demostró que al parecer hubo irregularidades, que hubo trampa en el sorteo para que la causa caiga en determinada jueza.

Soy cuidadoso porque eso puede estar en un proceso y no condeno ni absuelvo a nadie, pero si eso es así tenemos dos cosas: primero, hay políticos interviniendo; segundo, hay vulnerabilidad en la parte administrativa del Consejo de la Judicatura, que hace posible que se llegue a una irregularidad. Y probablemente funcionarios judiciales que entren en esa lógica. Entonces volvemos a lo que estoy expresando: no es solo cuestión de los jueces. Lo que necesitamos es un modelo adecuado que minimice, si no evite, estas irregularidades que atentan a la seguridad jurídica del país. Pero también necesitamos que la parte política y los ciudadanos contribuyan, de lo contrario es tan facil deslegitimar a la justicia. Me preocupa el país, imagínese un sistema de justicia donde se venda la idea de que nadie vale, ¿qué garantía de derechos hay en el Ecuador?

Todas estas intervenciones del poder político en las decisiones judiciales desprestigia los recursos constitucionales y pone a los jueces a dirimir cuestiones políticas, que finalmente no les compete. ¿Qué pasa con los jueces en este tipo de acciones constitucionales?  ¿Están preparados para esto? Estos derechos existen, pero hay la injerencia de la política, ¿qué decir sobre los jueces que reciben este tipo de acciones constitucionales para dirimir temas políticos?

He de reiterar la frase que ya dije: ni la judicialización de la política ni la politización de la justicia. Es complejo para un juez. El juez no busca el caso, que lo sortean y él lo llega a conocer. Si son temas de Derecho, el juez sin temor resolverá en Derecho, pero qué complejo cuando se pretende que los conflictos de la política los resuelvan los jueces. Varias cosas puntuales: una, hay que pensar y repensar en los alcances de la acción de protección. Tiene que haber una acción de protección, es la garantía de los derechos de los ciudadanos, pero hay que estar muy claro en sus alcances. No se puede pensar que todo en el sistema de justicia se deba resolver vía acción de protección. Hay otras vías y los alcances y los límites tienen que estar claros. Estos los pone la Constitución, la ley y el tema se ha trabajado en la Corte Constitucional. Pero aún así se debe seguir pensando en ello. Depende mucho de la concepción normativa que exista y esa concepción normativa no es de un laboratorio; tiene que mirarse en la realidad, en la praxis, en los efectos prácticos que puede tener esta. En segundo lugar, yo soy de quienes creen, y me inscribo en la idea, que debe haber jueces especializados en materia de garantías jurisdiccionales. No creería que deben ser todos los jueces del país, y aún esto es debatible. Hay quienes dicen que la idea de un Estado Constitucional de Derechos debe incluir a todos los jueces, yo creo que todos los jueces deben aplicar de manera directa e inmediata la constitución, y son jueces constitucionales, desde el punto de vista de que tienen que garantizar los derechos. Pero, sin perjuicio de aquello, pienso que la materia constitucional es especializada y debieran ser jueces especializados; por un tema de capacitación, especialización y dedicación exclusiva.  

Es complejo para un juez. El juez no busca el caso, que  lo llega a conocer por derecho. Si son temas de Derecho, el juez sin temor resolverá en Derecho, pero qué complejo cuando se pretende que los conflictos de la política los resuelvan los jueces.

Hay también la concepción social de que todo debe ir a los tribunales...

Mire, usted es un juez penal, de Quito, tiene centenares de causas y le plantean una acción de protección; entonces, en la práctica no hay las mejores condiciones para trabajar con los instrumentos que le permitan a usted, juez, trabajar con tranquilidad y dar una respuesta. En general no hay problema en la función cuando se trabaja con tranquilidad, en el día a día, cuando se adquiere experiencia, como en cualquier otra profesión, pero como en toda profesión también hay casos difíciles.  Estos temas nos hacen pensar que pueden haber problemas en los ámbitos judicial y jurisdiccional, pero no es el único problema y, como se ha señalado, pueden ser la parte política y la conducta del propio ciudadano. Hay un error, no se puede incrementar la carga: uno, no todo tiene que ser judicializado; ahora los conceptos son distintos y así se debe formar en las universidades. Hay muchos mecanismos, no todo debe ir a las cortes, hay temas en que se puede dialogar, construir una cultura de paz y solucionar conflictos, con la mediación, por ejemplo. Esta debiera ser una prioridad del sistema de justicia.  Dos, si algo es judicializado, sigue habiendo la oportunidad de llegar a una transacción. Tres, no todo lo judicial es penal. Lo penal es la última respuesta, la última ratio. Y me parece que es necesario cambiar la conducta ciudadana de que debo ir a los juzgados por cualquier cosa. Porque ningun sistema de justicia del mundo puede dar las respuestas si existe mucha litigiosidad. Pero no solo eso. Qué queremos ¿una cultura de paz y de derechos o una cultura de conflicto y litigio?

Y por su experiencia, ¿en el Ecuador hay mucho litigio?

En efecto. ¿Qué sucede con nosotros los abogados? Tengo una causa, voy hasta las últimas consecuencias. Primera instancia, corte provincial, Corte Nacional, casación, revisión, acción extraordinaria de protección. No negamos el derecho a acceder al sistema de justicia, pero hay que diseñar un sistema donde no todo sea el litigio.

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Iván Saquicela: es complejo cuando se pretende que los conflictos de la política los resuelvan los jueces
 


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