Los nombres de 27 abogados han sido puestos en consideración de una Comisión Calificadora que, según lo prescrito en la Constitución y la ley respectiva, deberán nombrar a los nueve jueces y jueces de la Corte Constitucional. Ese tribunal, que fue declarado en "vacancia" por el Consejo de Participación Transitorio, tiene hasta el momento más de diez mil causas represadas y se pronuncia sobre la constitucionalidad de ciertas normas y acciones del poder público.

Es, también, el espacio natural de ciertas interpretaciones del derecho que sostienen que todo conflicto político, social o cultural puede ser resueltado por medio de sentencias, y, como casi toda la Función Judicial y buena parte de la Fiscalía durante el correato, fue acusado de alinearse política e ideológicamente con el régimen de Rafael Correa, impartiendo una justicia dudosa y politizada, casi siempre al servicio del Gobierno y sus agendas. 

La Comisión Calificadora, posesionada el 24 de octubre por el Consejo Transitorio, está integrada por Rafael Oyarte, Amanda Páez, Ramiro García Falconí, Alberto Wray, Ernesto Albán y Vanesa Aguirre.

Ahora, los nuevos jueces serán escogidos de entre estos 27 nombres: por el  Ejecutivo: Pablo Enrique Herrería Bonnet, Ida Magdalena Molina Riofrío, Gustavo Páez Romero y Cordero, Karla Elizabeth Andrade Quevedo, Javier Cristóbal Cordero López, Hilda Teresa Nuques Martínez, Marco Antonio Elizalde Jalil, Dunia Carmita Martínez Molina y Raúl Clemente Llaquiche Licta.

Por el Legislativo: Juan Carlos Rosero Paz, Jeaneth Catalina Carpio Peñafiel, César Stalin Raza Castañeda, Gladis Margot Proaño Reyes, Íder Valverde Farfán, María Dolores Miño Buitrón, Raúl Llasag Fernández, Sandra Catalina Cordero Gárate y Javier Aguirre Valdez.

Por la Función de Transparencia, que agrupa al propio Consejo Transitorio, la Defensoría del Pueblo y las superintendencias: Luis Hernán Salgado Pesantes, Daniela Salazar Marín, Ramiro Fernando Ávila Santamaría, Carmen Corral Ponce, Pablo Enrique Herrería Bonet, Ida Magdalena Molina Riofrío, Agustín Modesto Grijalva Jiménez, Ana Isabel Abril Olivo y Alí Lozada Prado.

En la lista aparecen profesores de universidades como la San Francisco o la Andina, abogados con conocidas militancias por ciertos activismos o simpatías por algunos partidos políticos. 

Conversamos con el catedrático de Derecho Constitucional, de la Universidad Católica, Salim Zaidán. sobre el proceso, los candidatos y las perspectivas de la nueva Corte.

¿Cómo ha visto el proceso en relación con las reglas del juego y qué perspectivas puede tener?

Con mucha preocupación, pues tiene vicios de origen. En primer lugar, la forma en la que se integró la Comisión Calificadora. Se debía conformar por dos delegados nombrados por la Función Ejecutiva, la Legislativa y la de Transparencia y Control Social. Lo que se hizo fue seleccionar dos personas de ternas, ni la Constitución ni la Ley Orgánica hablan de ese procedimiento. No se debió proponer nombres sino enviar delegados. Las ternas en este caso no aparecen en ninguna ley. La Comisión Calificadora, además, debía poder establecer los criterios de evaluación para nombrar a los jueces de la Corte Constitucional. Y ahí está el segundo vicio de origen, pues esos criterios de evaluación no los fijó la Comisión sino el Consejo Transitorio. 

Es decir, la Comisión Calificadora ni debió conformarse así ni debería trabajar con esas reglas del juego, pero se ha dicho que está conformado por "abogados de primer nivel", que serían una suerte de garantía. ¿Qué opina al respecto?

En la Comisión Calificadora destaco la presencia de Rafael Oyarte, pero él solo poco o nada podría hacer. Hay una estrategia de grupos políticos que están integrando en nuevos organismos a personas con gran capital ético, como Ernesto Albán. Pero no olvidemos que el doctor Albán es ante todo un destacado penalista, y no sé cómo lo ponemos a evaluar a constitucionalistas que aspiran a conformar la Corte Constitucional. El mensaje que se envía al designarlo coordinador, sin duda, es apelar a su pasado intachable, a su condición de persona honesta. Pero no se ha dicho nada sobre un hecho inobjetable: el doctor Albán es destacado penalista. Es como si a mi me ponen en un comisión para designar al fiscal general, mi especialidad es el derecho constitucional y creo que no podría evaluar el nivel de conocimientos que debe tener una persona en derecho penal. 

¿Es el mismo caso de Alberto Wray o Ramiro García?

Ramiro García tiene el mismo perfil de penalista, sin duda con conocimientos y formación en derecho penal. No sé si alcanza las credenciales para evaluar a expertos en derecho constitucional. Hay una falta de criterio al conformar la Comisión Calificadora con expertos en otras ramas del derecho.

¿Usted pone un reparo a que  los criterios los ha fijado el Consejo Transitorio y no la Comisión, cuál habría sido la diferencia si lo hacía la propia Comisión Calificadora?

Hay que respetar los procedimientos preestablecidos, en la Ley de Garantías Constitucionales están las atribuciones de la Comisión Calificadora. En lugar de eso, el Consejo Transitorio decidió expedir mandatos sobre los que no tiene competencia, pues no tiene poder constituyente. 

Pero no es la primera vez que el Consejo Transitorio hace cosas así y las han justificado apelando a la consulta popular y a los poderes que esta les habría conferido. ¿Esta vez también aplica ese argumento?

No, ese es un argumento erróneo. Una cosa es que el Consejo Transitorio haya sido creado por un mandato popular, pues el régimen de transición prevía el órgano transitorio, pero se trata de un órgano que tiene sus competencias preestablecidas por la Constitución y las leyes. Son un poder constituido que ejerce las mismas competencias que el órgano permanente. Debió respetar la constitucionalidad y la legalidad. Se está extralimitando al expedir un mandato sin tener competencia y al haber establecido las normas que debió fijar la Comisión Calificadora. Ya en la Asamblea Constituyente de Montecristi se debatió sobre la naturaleza jurídica de los mandatos constituyentes. Ahí también se extralimitaron formulando mandatos constituyentes que no aparecen en la Constitución. La Corte Constitucional les dio luego una jerarquía debajo de la Constitución y por encima de las leyes. El actual Consejo Transitorio solo tiene potestad reglamentaria, no puede emitir mandatos, son un poder constituido y no constituyente.

Se conocen ya los nombres de los candidatos. ¿Qué opina de los postulantes?

Debo reconocer la presencia de candidatos como Agustín Grijalva, Hernán Salgado y Raúl Llasag. Los tres tienen las mejores credenciales académicas, una adecuada formación en el derecho constitucional y las ciencias políticas. Eso va a nutrir los debates. Valiosas las experiencias de Grijalva y Salgado, creo que los tres son académicos muy respetables. Entre las mujeres debemos mencionar a Dunia Martínez y Karla Andrade, con buena formación y experiencia en  derecho constitucional.

Me preocupa que la formación que ellos acreditan no es en el área del derecho constitucional ni afines. El mismo mandato incluía una exigencia en formación en derecho constitucional, administrativo o derechos humanos. El derecho constitucional se relaciona con otros ámbitos del derecho, es verdad, pero eso no significa que podamos integrar la Corte Constitucional con penalistas, civilistas, expertos en derecho económico o bursátil. Debe haber especialistas en derecho constitucional, pero veo que hay candidatos en derecho económico, en telecomunicaciones, expertos en seguridad social y en otros ámbitos, pero que no han podido acreditar experticia constitucional. Eso me preocupa porque la Corte Constitucional debe conocer acciones extraordinarias de protección, que son impugnaciones de sentencias de la justicia ordinaria por haberse violado derechos constitucionales. No sé si quienes están de candidatos están concientes si deben comprender los métodos y las reglas de prueba en materia constitucional. Hay falta de experiencia profesional, veo muchos académicos pero con escasa experiencia de litigio. Hay académicos con experiencia en derechos humanos y no en temas constitucionales. 

¿Cuál sería el problema con los académicos de derechos humanos si hay quienes consideran que la Corte Constitucional es el escenario principal del activismo judicial?

Definitivamente los jueces de la Corte Constitucional son actores políticos, no olvidemos que una de sus funciones es ser el máximo intérprete de la Constitución. La Constitución es un código político, eso los convierte en actores políticos. Su trayectoria académica podría asegurar su capacidad para resolver controversias políticas, pero debe valorarse la experiencia de litigio. No hay litigantes que alternen su experiencia docente con el litigio. Eso les va a representar un dificultad al momento de resolver las causas. Sin esa experiencia les será difícil conducir adecuadamente una audiencia, en especial, sino conocen como valorar, practicar y presentar la prueba. En el mandato de designación se debió colocar un puntaje razonable a la experiencia en la judicatura. Se sobrevalora la formación en perjuicio de la experiencia. Para mi el perfil ideal es el del un docente con experiencia en el litigio. Hay catedráticos reconocidos, pero sin experiencia en el litigio. Debería haber académicos, litigantes, jueces con experiencia en la judicatura como jueces de otros ámbitos. Esperemos que la Corte no se llene de académicos que no están cercanos a las reglas procesales. 

¿Cómo evalúa la cuestión del pluralismo ideológico entre los candidatos a la Corte Constitucional? ¿Cuán importantes son las ideologías a la hora de resolver los casos?

La Corte debe resolver, por ejemplo, temas relacionados con la justicia indígena. Es importante que la Corte esté integrada por un abogado indígena como Raúl Llasag Fernández.

El pluralismo ideológico, sin embargo, puede trabar a la Corte Constitucional y dificultar el trabajo del Pleno. Esperemos que los principios de tolerancia y respeto de la academia lleguen a la Corte Constitucional. La Corte, en todo caso, debe ser plural, aunque no debemos caer en la lógica corporativista que inspiraba al Tribunal Constitucional, donde había representantes de gremios y de políticos. También debemos evitar mirar solo a los entornos cercanos de quienes están llevando este proceso. Hay vocales del Consejo de Participación Transitorio que están proponiendo solo nombres de su círculo cercano, de cierta universidad de posgrado que tiene un gran incidencia. Esperemos que no se sustituyan los actores del reparto: de actores políticos a ciertos actores académicos que se están repartiendo las instituciones y eso es impresentable. No podemos cuestionar los diez años de abusos correístas y sus candidatos cuando vayamos a hacer lo mismo al presentar candidatos sin más méritos que su cercanía al poder. Hubiera sido bueno mirar hacia el interior del país y hacia otras provincias. 

Si bien la Corte no es un órgano de representación, el criterio de distribución geográfica exigía considerar a juristas de todo el país y no se lo hizo, especialmente la Función de Transparencia.  Los candidatos no deben llegar a la Corte a defender los intereses de la funciones Ejecutiva, Legislativa o de Transparencia, deben contribuir desde su diversa experiencia y formación a debates en el pleno guiados por el pluralismo ideológico, sin prejuicios, estereotipos, sin agendas partidistas. Debe primar una lógica pluralista antes que representativa.

¿Hemos vuelto a los tiempos previos al correato en donde primaban las pujas corporativistas? ¿Hay amiguismo en las postulaciones?

Se debe apuntar al equilibrio en la distribución del poder público, no en cuotas de poder en procesos donde debe haber transparencia. Este concurso es una mala decisión de la Constituyente de Montecristi, pues es el único concurso cerrado, que presupone la cercanía de los candidatos con las tres funciones del Estado. Hay académicos que se han acercado a actores políticos, cuando se pudo hacer un requerimiento a abogados con experiencia en el tema constitucional. Veo un dirigente gremial y un ex rector que tienen una gran incidencia en la designación de autoridades. Se ha cometido un error al no abrir los espacios del poder a otros actores. No se ha tomado en cuenta a gente valiosa de las ciudades pequeñas, la mayoría provienen de Quito y algunos de Guayaquil, sobre todo en la lista de la Función de Transparencia. Hay una visión más nacional y geográfica en la lista de la Asamblea Nacional. 

En la sesión en la que se aprueba la lista de la Función de Transparencia,  el propio Julio César Trujillo dice que "esta lista me ha costado mucho esfuerzo", cuando la Función de Transparencia es la que debió proponer los nombres en su conjunto. Trujillo admite que la lista la elaboró una sola persona, y se basó en la formación y no en la experiencia. En la misma sesión se presumió de los puntajes del primer de la lista. Trujillo puso a consideración su lista y eso produjo que Gina Benavidez y Édison Toro se abstuvieran porque ni siquiera un nombre que propusieron les tomaron en cuenta. 

¿Cómo deberá actuar la Comisión Calificadora para conformar la Corte?

En esta etapa solo hay nombres propuestos, por lo que no se puede hablar de puntajes, como mal hace una persona cercana a un candidato presumiendo que alcanzó el puntaje más alto. Ahora viene la revisión de los méritos, de las hojas de vida, de los documentos adjuntos y luego una comparecencia oral, cuyo puntaje no ha sido previsto, hay que cuidar que eso no derive en subjetividad. Para mi esa es la parte más importante, pues sirve para demostrar el buen criterio que pueden haber adquirido en su formación y experiencia profesional. Esperemos que haya objetividad en la evaluación. Me preocupa ver a dos candidatos de la Función de Transparencia muy cercanos a uno de los integrantes de la Comisión Calificadora. En cuanto a la Corte el reto es enorme, hay más de 12 mil causas represadas y para ponerse al día deberán poner en práctica su experiencia y tener buenos equipos de apoyo. Deberán ser más exigentes con su personal y motivar sus sentencias de manera más coherente, precisa y  suscinta. Deberán resolver los problemas jurídicos con criterio, no con recopilaciones doctrinarias.