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19 de Febrero del 2018
Historias
Lectura: 13 minutos
19 de Febrero del 2018
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
"La medicina de la palancocracia fue peor que la enfermedad": David Rosero

Fotos: Luis Argüello

Militante de Unidad Popular, David Rosero fue miembro principal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

 

El ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social destaca las posibles irregularidades cometidas en los concursos que llevaron a personas claramente alineadas con el correísmo a los principales cargos de los organismos de control y advierte sobre las dificultades de integrar un nuevo Consejo por votación popular. El presidente Lenin Moreno anunció, por medio de Twitter, los 21 postulantes para el Consejo transitorio.

La reglamentación de los resultados de la consulta popular está en marcha. Mientras la Asamblea Nacional conformó una comisión especial de legisladores para analizar la serie de reformas necesarias, el Ejecutivo remitió varios proyectos de ley que deberán permitir instrumentar los resultados de la consulta en la legislación. Uno de estos incluye modificaciones legales para que la conformación del Consejo de Participación Ciudadana definitivo sea electo por votación popular. Pero no cualquiera podrá ser candidato: el Gobierno propone un nuevo "concurso de méritos" para que los postulantes sean previamente calificados por el Consejo Nacional Electoral, que actualmente tiene una mayoría afín al Gobierno. 

La propuesta del presidente provocó críticas de varios sectores, en especial de oposición, que consideraron que en ningún momento el pueblo votó porque el Consejo definitivo sea electo de una lista de candidatos previamente calificada. Las reglas del juego para esas calificaciones, además de permitir una amplia discresionalidad del Consejo Nacional Electoral, incluyen elementos subjetivos como demostrar compromisos éticos y de transparencia. 

Mientras tanto, el presidente Lenin Moreno anunció, por medio de su cuenta de Twitter, los 21 nombres en siete ternas que envió a la Asamblea Nacional para la integración del Consejo transitorio. Los nombres son los siguientes: 

 Primera terna: 

Julio César Trujillo Vásquez
Marcelo Merlo Jaramillo
Marlene Clementina Montesinos

 Segunda terna: 

Luis Macas Ambuludi
Jacinta Preciado Angulo
Santos Villamar Alvarado

 Tercera terna: 

Manuela Gallegos
Luis Hernández Peñaherrera
María de Lourdes Arboleda

 Cuarta terna: 

Pablo Dávila Jaramillo
Lucía Calderón Aguilar
Katiuska Molina Soledispa

 Quinta terna: 

Xavier Zavala Egas
Edgar Samaniego Rojas
Efraín Duque Ruiz

 Sexta terna: 

Eduardo Mendoza Paladines
Marco Matamoros Pereira
Hoover Delgado Hurtado

 Séptima terna: 

Mariana Alcívar Alcívar
Myriam Félix López
Magdalena Chávez Sanipatín

Si en 20 días la Asamblea no vota las ternas, se entenderá que los siete integrantes del Consejo son los primeros de cada una.

Pero, ¿funcionó realmente el esquema de la "meritocracia" correísta, que propuso sentar en un pupitre a los candidatos a altos cargos del Estado en lugar de elegirlos en una votación legislativa como se hacía antes? ¿Cuál es el futuro de la participación ciudadana y la Función de Transparencia y Control Social, una de las instituciones más cuestionadas de las varias creadas por los constituyentes de Montecristi, la mayoría de los cuales fueron incondicionales de Rafael Correa y su proyecto político?

Conversamos al respecto con el ex consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, quien milita en la Unidad Popular (el antiguo MPD) y quien hace algunas propuestas para superar el esquema que define como una "palancocracia". 

¿Cuál es el futuro de la Función de Transparencia y Control Social? Se creó en Montecristi para supuestamente elevar  la calidad de las autoridades de control, para que no sean electas en votaciones legislativas y para que esos cargos los ocupen "los mejores". ¿Casi diez años después qué balance se puede hacer de esta institución?

El objetivo fundamental de elevar la participación ciudadana a la categoría de una institución era básicamente que la gente tenga el poder real de tomar decisiones. La gran demanda de la movilización popular, de los sectores sociales era que la gente fuera tomada en cuenta, para eso luchó el movimiento indígena, estudiantil, los trabajadores. Para eso se creó esta institución, pero entró en crisis cuando el correísmo decidió meterle la mano. No se respetó los derechos del pueblo, sino que el correísmo concedió derechos solo a los que pensaban como su gobierno autoritario. 

"La institución entró en crisis cuando el correísmo decidió meterle la mano. No se respetó los derechos del pueblo, sino que el correísmo concedió derechos solo a los que pensaban como su gobierno autoritario".

¿Para qué crear una entidad del Estado, que terminó controlada por el Ejecutivo, si esta no logró ampliar la participación de la sociedad civil en su conjunto?

La idea era que la facilitara, pero a la final la burocratizó. Se contradijo la propia Constitución, que en sus artículos 95 y 96 habla del derecho a la participación y a la organización, de los derechos a la fiscalización popular, al control social, a la resistencia. Esos eran los derechos que había que profundizar, pero se hizo lo contrario: se burocratizó, se dividió. La institución tenía tres objetivos: combatir la corrupción, designar autoridades por méritos para salir de la partidocracia, y promover los derechos de la participación. En las tres hay saldo rojo: se hizo todo lo contrario, se criminalizó la protesta, se disolvieron organizaciones, se crearon organizaciones paraestatales como la Red de Maestros, se archivó la mayoría de denuncias de corrupción, que no han sido conocidos. Se usó la institución para hacer concursos amañados para secuestrar las instituciones del Estado. Se retrocedió en lugar de avanzar. 

Se supone que en el sistema de partidos había un control recíproco de las distintas fuerzas políticas, y eso se quería evitar con la supuesta virtud de los concursos. ¿Pero usted dice que los concursos fueron amañados y arreglados para beneficiar a una sola fuerza política, la que estaba en el poder?

Así es, la medicina fue peor que la enfermedad. Antes había siete fuerzas principales en el Consejo Nacional Electoral, ahora está controlado por una sola fuerza, el correísmo. La concentración del poder ha resultado en un aumento de la corrupción. Se han dedicado al lleve.

¿Cómo le hacían para amañar los concursos si se supone que valoraban cada papel, que les tomaban a todos exámenes sentados en sendos pupitres?

Con cinco elementos. Calificaban las carpetas entre cuatro paredes, con una vara medían a los correístas, con otra a la gente independiente. No había seguridad del sistema informático, por lo que pudo haber filtraciones de las preguntas de las pruebas a los candidatos del correísmo. Las impugnaciones fueron difuminadas como etapa, lo que generó opacidad, y además las impugnaciones eran rápidamente desechadas. El correísmo nombraba la Comisión de Selección de diez personas, en donde estaban cinco personas del Estado y que calificaban sin ninguna transparencia. Finalmente, ni las veedurías ni la impugnación ciudadana funcionaron, porque eso también lo controlaba el correísmo. En estos procesos señalé esas irregularidades en su momento, pero no estuve solo en el intento, pues presentamos al interior del Consejo y ante la opinión pública los documentos de cómo se metía la mano en los concursos para fiscal, para superintendente de Comunicación, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de la Judicatura. 

"Calificaban las carpetas entre cuatro paredes, con una vara medían a los correístas, con otra a la gente independiente. No había seguridad del sistema informático, por lo que pudo haber filtraciones de las preguntas de las pruebas a los candidatos del correísmo. Las impugnaciones fueron difuminadas como etapa, lo que generó opacidad, y además las impugnaciones eran rápidamente desechadas".

¿Entonces daba lo mismo que los designaran con su mayoría en la Asamblea y ya?

Sí, hubiera dado lo mismo que los nombraran con la mayoría de 100 asambleístas que tenían en ese momento. Creo que todas las autoridades de control deberían ser electas por votación popular, que es más democrático que siete correístas hagan concursos amañados o que se impongan en la Asamblea. 

¿Qué pasó con los otros mecanismos de participación popular como veedurías y observatorios? ¿Funcionaron o fracasaron?

En los concursos la palancocracia venció a la meritocracia. La participación fue anulada por el ejercicio autoritario del correísmo. Se persiguió a veedores no solo a nivel nacional sino provincial y local. El Estado de propaganda generó miedo. Hay contados municipios con la silla vacía operando, casi no se aplica. Los observatorios fueron muy limitados. Se entendió la rendición de cuentas como una versión pequeña de las sabatinas, en donde no se dio a los ciudadanos la opción de cuestionar la obra pública. Las sabatinas se replicaron en los gobiernos autónomos. 

¿Qué políticas debe tomar un nuevo Consejo de Participación, asumiendo que no son malos los principios legales sino su deficiente aplicación?

Hay que tener voluntad política y cumplir la Constitución y la ley. No ha habido voluntad política de los correístas para ello. La Constitución faculta a fiscalizar, a ser parte de la toma de decisiones, a ser parte de la obra pública. No hay que criminizar eso, las autoridades deben ceder poder al pueblo y no lo quieren hacer. No se puede construir poder popular sin participación. La gente no quiere que las instituciones pasen de un dueño a otro, el Consejo transitorio debería solo evaluar a las autoridades correístas, pero el nuevo Consejo es el que debería elegir autoridades. Por eso creo que la sociedad civil debería nombrar las ternas, como los trabajadores, los indígenas, la academia, los colegios profesionales, los empresarios, los periodistas, entre otros. 

La elección popular del Consejo de Participación plantea dificultades. ¿No se problematiza todavía más a la Función de Transparencia?

Me parece más legítima la votación popular antes que un CNE correísta o una Asamblea. Pero creo que las organizaciones deben postular a los candidatos, se debe reformar el decreto sucesor del Decreto 16, se deben abrir franjas publicitarias igualitarias a todos los candidatos, y debe haber prohibiciones para evitar que haya vinculados al pasado de corrupción, así como criterios de probidad notoria. Se debe evitar una enorme papeleta de candidatos sino con grandes sectores que puedan postular candidaturas. 

¿Se debe poner restricciones a gente que fue simpatizante, ministro, secretario de Correa aunque luego se haya separado?

Un buen porcentaje de la población es militante, adherente a partidos y movimientos. Estos estarían excluidos, debería haber restricciones a quienes fueron parte del Gobierno anterior en el nivel jerárquico superior. Hubo gente que salió del correísmo como Jalhk, que fue secretario de Correa, o Carlos Ochoa, periodista de los canales incautados que luego terminó siendo electa. 

¿Pero también se podría decir lo mismo de Alberto Acosta, quien fue ministro de Rafael Correa?

En el caso de Alberto Acosta, si se separó con cinco años antes, creo que no sería el caso, aunque fue ministro. En todo caso, es más democrática una elección popular que volver a la Asamblea que a los concursos que fueron prostituidos. 

El presidente Moreno podría tener un amplio margen de maniobra para conformar un Consejo transitorio afín. ¿Cree que eso pase?

El presidente ha dicho que no, y creo que no le conviene políticamente intervenir de frente en nombrar un Consejo. Creo que el hecho de que pidan nombres a la gente crea una espectativa de un Consejo independiente en un año y que debería dejar la designación a los definitivos. 

Hay varios candidatos que ya han sido presentados, ¿cuál debería ser el perfil ideal?

Hay nombres ya mencionados muy importantes, que han resistido el autoritarismo. Podría haber un perfil social, gente que provenga de las ONGs, personas que quieran combatir la corrupción y que tengan conocimiento en los mecanismos de participación. Pero es clave reformar los reglamentos que están usando, deben ser cambiados y tomar en cuenta las fallas que he señalado en los concursos. La trampa está en los actuales reglamentos y se debe prohibir que correístas vinculados al pasado de corrupción puedan llegar a esos cargos. 

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