¿En ciertos momentos usted ha sentido en su gestión un cerco estatal para que ciertas organizaciones que puedan tener voz a través de usted  puedan ser escuchadas?
Si ha habido obstáculos, básicamente porque el tema de la concentración de poderes va generando toda una maquinaria que acalla cualquier voz que no comulgue con un pensamiento autoritario oficial. Esto lo pudimos ver con más fuerza cuando Baltasar Garzón visitó el país para hacer su informe final de la veeduría internacional. Quisimos exponerle casos de que en la justicia -en el proceso de reestructuración de la justicia- evidentemente se generaban una violación al debido proceso y los derechos humanos, y restricciones al acceso a la justicia. Los casos de los  10 de Luluncoto, los siete del Cotopaxi, de varios sectores indígenas. Prácticamente tuvimos que secuestrar a Baltasar Garzón para que escuche a otros sectores. Ahí se delimitó en el informe de que se utilizaba un Código Penal y penas desproporcionadas para calificar delitos de sabotaje y terrorismo. Y no sólo en esta acción, sino en la propia designación de  autoridades ha existido una presión directa sobre el Consejo de Participación, una metida de mano. Cuando el Presidente de la República anunció ganador por los ocho costados al actual Fiscal, y cuando esa no es potestad del Presidente, y más en medio de un proceso que no terminaba. El Presidente se atrevió a nombrar ganador a un postulante, cuando el proceso no terminaba y cuando él no tiene potestad de designación.

Usted habla de una metida de mano en el Consejo de Participación. ¿Qué otros casos hay en esa metida de mano? Básicamente en la elección de los consejeros y consejeras del CNE, fueron dejados de lado los méritos, capacidades. Y exempleados del gobierno hoy dirigen la función electoral. En ese caso se retrocedió de lo que ante se criticaba: antes siete fuerzas dirigían el anterior Tribunal Supremo Electoral; ahora una sola fuerza, de una forma vertical y autoritaria, dirige ese organismo. También en cómo fueron nombrados los miembros de las juntas provinciales electorales, que acabamos de vivir en cada provincia: Se eligieron a dedo y no por concurso de méritos y oposición. Hay una contradicción en lo que pasa en la justicia: los vocales del Consejo de la Judicatura -el triunvirato transitorio- no fueron nombrados por un concurso de méritos y oposición; pero ellos si exigían a jueces, fiscales, notarios, a toda la base de la función judicial, someterse a esos principios. Asimismo, en la última designación del Superintendente de Información, no se calificaron capacidades, méritos, hojas de vida, no hubo pruebas de oposición. Simplemente se promovió una terna donde ni siquiera se tomaron en cuenta impugnaciones con documentos fundamentadas desde diversos sectores de la sociedad. Simplemente se impuso una mayoría de votos en la designación de esa autoridad estratégica.

Hay denuncias de que los Consejos Sectoriales de los ministerios pueden reunirse, por ejemplo, en el ministerio de Defensa… es caótico. ¿Esa metida de mano, Consejero, hace que los consejos sectoriales no funcionen?
No sólo pasa ahí, pasa en Salud, pasa en Educación, Obras Públicas, en absolutamente todos los ministerios que tienen por mandato de la Ley de Participación la potestad de crear Consejos Sectoriales. Estos se crean con un componente de participación de la sociedad civil. Pero prácticamente estos mecanismos de participación van siendo burocratizados o funcionalizados en cada ministerio. Por eso en la última Asamblea para el lanzamiento del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, lo que menos existía ahí es sociedad civil. La participación ha venido burocratizando el discurso autoritario: si piensas como yo puedes participar si no estás excluido de participar.

¿La participación, entonces, está en crisis?
El tema de la participación entra en crisis cuando el Gobierno entiende que sólo pueden participar quienes están con el pensamiento oficial y eso no es participación. Participación implica respeto a las diferencias pero también la toma de decisiones en todos los asuntos de interés público. Creo en el tema de la participación histórica, que ha existido desde antes de la Constitución, de las movilizaciones sociales, de sectores comunitarios, indígenas, en asambleas, cabildos populares… pero se la ha pretendido burocratizar y funcionalizar hacia un pensamiento autoritario coyuntural. Y la participación se va restringiendo a través del código penal, que es una oda a la criminalización de la protesta social. Creando un disciplinamiento de la sociedad. La Constitución nos da el derecho a la participación en el artículo 95, a la resistencia en el 98, el derecho a la fiscalización popular en el 204, el derecho a la libertad de asociación en el artículo 96. Pero esa Constitución está siendo atropellada por quienes hoy ejercen el Poder Ejecutivo y diferentes instituciones estratégicas del Estado. Hay una acción de control autoritaria y ya hay problemas.

El Consejo recibió de la extinta Comisión Anticorrupción más de 4000 denuncias de posibles casos de corrupción. Pero han seguido llegando y supuestamente las estaban tramitando. ¿Usted cree que esa metida de mano ha llegado al punto de bloquear investigaciones de casos de corrupción que llegan al Consejo?
Una de las funciones fundamentales del Consejo es el combate a la corrupción en dos áreas: irregularidades en cualquier función del Estado o afectación a los derechos de participación que puedan generar actos de corrupción. De cada 100 denuncias que llegan al Consejo de Participación, 80 son archivadas. Únicamente alrededor del 5% se investiga y el restante se patrocina. Hay un problema estructural, el incremento de la corrupción en el Ecuador es directamente proporcional a la concentración de  poder. Porque en un proceso autoritario ninguna autoridad controla o ejerce una acción de fiscalización a las diferentes funciones del Estado. Mire lo que ha pasado con el poder de fiscalización de la Asamblea. Mire lo que ha pasado con los informes de veedurías… en lugar de investigar sus pronunciamientos se envía a judicializar a esos veedores. Hay algunos casos con indicios de responsabilidad penal que el Consejo ha enviado a la Justicia, pero hay inacción. Vivimos el proceso de decir tenemos nuevos edificios pero la misma justicia o un cambio de dueño de un antiguo cacique a un actual cacique.

¿Ese 5% llega a instancias judiciales?
De todas las denuncias que han ingresado al Consejo y de las pocas que se han logrado determinar indicios de responsabilidad, las  hemos enviado a Fiscalía, Contraloría, a los organismos pertinentes. Estimo que alrededor de este porcentaje, de este cinco por ciento, va a estas instancias… pero no tenemos un indicador de las sanciones que han sido efectivas.

¿Entonces no hay resultados judiciales?
El Consejo tiene la facultad de ser parte procesal de investigar, a la justicia le corresponde elaborar una sentencia. Pero los hechos de que durante un año el Consejo de Participación no haya contado con la persona encargada en la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción; que el Consejo tenga solo 10 investigadores para toda la avalancha de denuncias que hay en esta institución; de que se sigue burocratizando la investigación no asistiendo a diligencias de campo, sino que todo es simplemente a través de oficios. Así com el hecho de que no se entregue información por parte de instituciones…  todo ello va generando un problema en el combate a la corrupción. Hay una deuda del organismo, pero también hay una mayoría en el Pleno que archiva ágilmente casos -de gran, mediana y pequeña envergadura- que afecten intereses estratégicos de altas autoridades del Estado. Muchas veces se archivan sin los sustentos legales o constitucionales como la designación de autoridades, por ejemplo.

¿La persona que mete la mano en el Consejo, así como han denunciado que pasó en la justica, es Rafael Correa?
Creo que el Gobierno, a través de sus operadores políticos, tiene sus tentáculos metidos en diferentes instituciones del Estado. Y en ese sentido esta gente observa si un asambleísta, un consejero, un juez, quien sea en las entidades de control, vota de acuerdo a los designios del autoritarismo. Lo contrario sería caer en desgracia… ahí están los casos en la Asamblea Nacional. De qué participación se habla si ni siquiera en las filas del propio movimiento oficialista hay un proceso para debatir de forma participativa.

¿Quiénes son esos operadores que meten la mano en el Consejo de Participación?
Nosotros hemos tenido la visita de algunos… y algunos emblemáticos. Iniciamos los concursos para el Fiscal y para el Consejo de la Judicatura. Y quien visitaba asiduamente el Consejo de Participación Ciudadana era el actual vicepresidente del Consejo Nacional Electoral para una serie de acciones o gestiones en función de cómo debían dirigirse esos procesos. Otro más, cuando designamos la Superintendencia de Compañías existió una impugnación contra Soad Manssur, los consejeros votamos en Guayaquil y paso algo rarísimo: tres consejeros votamos en contra otros tres a favor de que no se la descalifique, y la Presidenta del Consejo votó abstención. Pero luego recibió una llamada telefónica. Y cambió su voto para salvar a la postulante. Y eso es como que la meritocracia va siendo sólo de quienes fueron exempleados del gobierno. En las diferentes instituciones del Estado. Más que los méritos es la cercanía o la obediencia ciega a los postulados del autoritarismo más no el tema académico…

¿Es decir, usted ha visto durante su permanencia en el Consejo cómo se ha tejido una red de control estatal que está ligada al Gobierno, al presidente Rafael Correa?
Hay un cordón umbilical. En la mayoría de designaciones hay un modus operandi de igual forma. Porque no se entiende que los únicos ungidos o los más inteligentes, resulten siendo al final del día exempleados del gobierno. Hemos demostrado con documentos todo eso, en el caso del Fiscal el ganador o los ganadores fueron Juan Vizueta y Antonio Gagliardo y otros concursantes estaban por sobre el actual fiscal general. En el caso del CNE se llegó al colmo de designar a una persona cuyo mérito era haber barrido una calle de una playa de la costa ecuatoriana. En el caso de la elección del Tribunal Contencioso Electoral, así como en el caso del Defensor del Pueblo, los propios miembros de la comisión de selección denunciaron manipulación de calificaciones con pruebas contundentes en la violación del sistema de asignación de calificaciones. Hemos retratado todos y cada uno de estos eventos y los hemos presentado con pruebas… pero al final del día la decisión de la mayoría ha sido imponer por la ventana una serie de autoridades.

Si este escenario es en contra de su gestión ¿para qué seguir en el Consejo de Participación?
Mientras haya espacio para poder generar un proceso de fiscalización, de denuncia documentada y decirle al mundo lo que está pasando. El poder no es eterno, tarde o temprano tendrá que llegar un proceso de auditoría, fiscalización y sanción  a la violación a los derechos de participación, derechos humanos y de cómo se realizaron todas estas designaciones. Los archivos de los casos de corrupción, las afectaciones a los derechos de participación. Todo hemos venido documentando para que se genere un proceso, en el tiempo, de fiscalización a todos y cada uno de estos actos que han sido poco transparentes.