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31 de Octubre del 2013
Historias
Lectura: 8 minutos
31 de Octubre del 2013
Jean Cano

Periodista de investigación.

La peor defensa de un Estado es no presentarse: Cantón

Foto: CIDH

Santiago Catón, argentino, fue secretario de la CIDH  hasta el 2012. Se retiró tras denunciar presiones de Venezuela. Actualmente es director en el programa de DD.HH. de la Fundación Robert F. Kennedy. 

 

Audiencia temática pedida por las organizaciones indígenas del Ecuador, a la cual tampoco asistió el Estado ecuatoriano.

 

El exsecretario de la CIDH critica duramente la ausencia del Estado ecuatoriano en dos audiencias ante la Comisión, y dice que acciones de Rafael Correa debilitan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Carta abierta de los peticionarios en la CIDH, en la cual denuncian amenazas de muerte en su contra

jean.cano@planv.com.ec

WASHINGTON

Santiago Cantón es uno de los especialistas más respetados del continente por su accionar y conocimiento sobre del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un sistema que incomoda a Rafael Correa, más ahora cuando varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Fundamedios, Inredh, Ecuarunari, Fundación Pachamama, y otras, han llevado denuncias de violaciones de derechos humanos en el Ecuador para ser expuestos en las audiencias de octubre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  El Presidente considera que este espacio es usado por políticos disfrazados de organizaciones civiles y critica que su sede sea en Estados Unidos, país que no ha ratificado la Convención Americana. Esta otorga a la Comisión la jurisdicción regional sobre estos temas.  

Cantón es una voz autorizada para analizar el comportamiento de Rafael Correa con respecto a la CIDH. Él es director del Centro Robert F. Kennedy y desde el 2001 fue Secretario Ejecutivo de la CIDH. En 1998 fue elegido como el primer Relator Especial para la Libertad de Expresión en el Sistema Interamericano. Y, en el 2005 fue galardonado con el Gran Premio Chapultepec por sus contribuciones a la promoción, desarrollo, fortalecimiento y la defensa de los principios de la libertad de expresión en América.

Plan V lo entrevistó este 30 de octubre en Washington. Luego de un conversatorio acerca de la protección del Yasuní ITT en Freedom House, en Washington DC, Estados Unidos, hizo una lectura acerca de la ausencia del gobierno de Ecuador en dos audiencias en la CIDH. Pero además, de los serios problemas de retraso en la resolución de denuncias y de falta de presupuesto.

El Gobierno ecuatoriano no llegó a las dos audiencias del día lunes en la CIDH. ¿Cuál es la lectura que hace de ese acto?

Cuando yo comencé como secretario ejecutivo, hace más de una década, no era común, pero sucedía mucho que los Estados no se hicieran presentes en las audiencias. Durante más de una década de trabajo se logró, no solo que los Estados lleguen a todas las audiencias, que respondan a todo, sino que ellos mismos pidan audiencias. Fue un paso muy significativo. Y eso verdaderamente ha fortalecido el Sistema. La peor defensa que puede hacer un Estado es no presentarse en procesos que son abiertos, transparentes y donde todas las partes tienen un espacio. La peor defensa es no presentarse. Y eso es lo que optó el Estado ecuatoriano: está en su derecho de hacerlo pero creo que es la peor defensa que puede hacer. Creo que tranquilamente podría venir a explicar qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y de qué manera… y optaron por no hacerlo, lo cual habla muy mal de eso.

De por medio hay el agravante de que el Gobierno de Rafael Correa ha mencionado la posibilidad de desconocer la Convención Americana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos… ¿Qué piensa de eso?

Yo espero que no. Eso implicaría la indefensión para millones de ecuatorianos. Espero que no se tome esa medida. Y por otro lado, es una medida, hasta cierto punto, sin las consecuencias que el Estado cree que va a tener. Porque la Convención Americana va a continuar ejerciendo su jurisdicción sobre Ecuador, salvo que Ecuador decida retirarse de la Organización de Estados Americanos. Esa sería la única posibilidad  para que la Comisión no actúe más. Lo único que logra retirándose, es retirarse de la Comisión y retirarse de la jurisdicción de la Corte. Si no se retira de la OEA, la Convención tendrá jurisdicción, tal como pasa con Venezuela.

Este es un momento crítico de la CIDH. A más de las críticas, hay lentitud en el despacho de casos. Recién están conociendo casos del 2008 y grupos indígenas del Ecuador han reclamado por las demoras. ¿Qué piensa usted?

Siempre ha habido una demora significativa, demora a la cual yo, como Secretario Ejecutivo, intente ponerle fin, habiendo sido responsable. Pero al mismo tiempo siempre plantee que esa demora era responsabilidad de los Estados, no de la Comisión. Era de los Estados porque son los encargados, según la carta de la OEA, según los instrumentos interamericanos de Derechos Humanos, los responsables en dotar a la Convención de los recursos necesarios para que esta funcione. Los Estados, muy cínicamente, al no otorgar esos recursos logran que existan menos casos en su contra. Y eso es inaceptable.

¿Cínicamente?

Los Estados saben que no dotar de recursos a la Comisión y la Corte, hace que no se pueda  tramitar los casos en contra de ellos. Son conscientes de eso y prefirieron no dar recursos. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque no estamos hablando de muchos recursos. Estamos hablando de, como mucho, 10 millones de dólares al año. Por 34 países. Entre los cuales se encuentran países multimillonarios. Por lo tanto, estamos hablando de nada… de nada. Y si no lo hacen es porque no quieren tener casos de derechos humanos en su contra. Esa es la única lectura que uno puede dar.

Audiencia  sobre libertad de asociación y libertad de expresión. En primer plano, a la izquierda, Carlos Pérez, de Ecuarunari.

Hay la afectación al CIDH, poco presupuesto. Y escenarios como el ecuatoriano, con las duras críticas, ¿Es una cadena que agrava el estado del Sistema?

Es una cadena. Si la Comisión y la Corte Interamericana tuvieran más recursos indudablemente serían más eficaces. Y eso permitiría que haya una mejor protección de los derechos humanos dentro de los países. Porque eso implicaría que haya más entrenamiento a los jueces, más entrenamientos a la sociedad civil y al Estado, para que sepan como hacer las cosas. Eso tendría más éxito. Pero, hoy por hoy, son de cinco millones por año a la Convención y a la Corte deben ser seis millones. Para tener la Comisión y la Corte ideal, con jueces permanentes, comisionados permanentes, espacios físicos ideales, presupuesto para viajar, para resolver los casos en un año y no en cinco, lograr todo es lo ideal son 30 millones de dólares al año. O sea es ridículo… Es una situación ridícula, esa cantidad de dinero es el margen de error del presupuesto de cualquiera de los países.

En esa línea, cómo ve usted la actuación del presidente Rafael Correa. ¿Es un enemigo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o es un crítico?

En cuanto al Sistema  Interamericano de Derechos Humanos, enemigo me parece una palabra muy fuerte. Pero es sumamente crítico. Con información errónea, claramente errónea. Y que está buscando descalificar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que es absolutamente reconocido por todos los verdaderos expertos en Derechos Humanos, por todos. Es posiblemente el mejor sistema regional de protección de derechos humanos del mundo. Y se está debilitando debido a acciones como las del presidente Correa.

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