La película recrea la investigación penal sobre el último viaje del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, que tras el colapso de la Gran Colombia, retornaba por tierra de Bogotá a Quito para establecerse en Ecuador en junio de 1830, cuando un grupo de asesinos lo abatió en las selvas de Berruecos, al sur de Colombia.

La cinta se estrenó en Venezuela en el 2018 y ha ganado premios en Venezuela, en Guayaquil, en Estados Unidos y para 2019 se estrenaba en Quito, según contaron en la época a PLANV el productor ecuatoriano Gonzalo Ponce Leiva y el director venezolano Caupolicán Ovalles. El personaje principal del fiscal del caso lo interpretó Luis Gerónimo Abreu, quien también representó a Simón Bolívar en la serie de Netflix que recuerda las gestas del Libertador. 

Ovalles relató que la película se centra en el proceso abierto por la justicia de Nueva Granada en 1840: "conseguí los documentos de cuando se abre el juicio en Bogotá, diez años después del asesinato de Sucre. Hay un fiscal que se encarga de hacer la investigación, y me pareció muy atractivo cinematográficamente. Entonces decidí que nos centraríamos en el proceso del juicio para saber quién lo asesinó.  Así, se plantearon los distintos puntos de vista de los testigos y los acusados y cada uno de ellos empieza a dar una información, y nosotros creamos un thriller policial, tratando de estructurar toda esta información con los testigos y los acusados, generando incógnitas".

Una recreación de una casa del siglo XIX para la película. Foto: GPL Producciones

Sucre volvía desde Bogotá a Quito por tierra cuando fue asesinado. Foto: Cortesía GPL Producciones

El director Caupolicán Ovalles en el set de filmación. Foto: GPL Producciones

Según contó Ovalles, la película se financió con varios fondos: "ganamos el concurso con el Cenac, de Venezuela, y ganamos también con Ibermedia. Posteriormente filmamos la película y concursamos en el Ecuador en la convocatoria de fondos para exhibición".

Pero no todo fue bien para la producción, que fue transmitida por Gamavisión en diciembre de 2020, modificada como una miniserie y, según sostiene Gonzalo Ponce, sin su autorización como titular de los derechos de la película en Ecuador.

Ante el reclamo de Ponce por la transmisión en Gamavisión, el entonces liquidador de la empresa, Juan Manuel Gutiérrez, explicó que la copia que tenían de Muerte en Berruecos les fue vendida en septiembre de 2020 por una empresa llamada Cies International Films en un paquete con otras producciones. Según explicó Gamavisión, el gerente de la distribuidora, José Miguel Peláez, les aseguró que tenía los derechos sobre Muerte en Berruecos para Ecuador. En su carta, Gamavisión dijo lamentar lo ocurrido y estar esperando una respuesta de Peláez sobre el caso.

Pero hasta la fecha, el canal de propiedad estatal no ha compensado a los productores de la película, quienes han presentado un reclamo por propiedad intelectual y una compensación de por lo menos $450 mil, pues sostienen que Gamavisión violó sus derechos de autor y les impidió explotar el mercado nacional de televisión y cable.

Conversamos al respecto con Gonzalo Ponce.

¿Qué ocurrió con Gamavisión y Muerte en Berruecos?

Es una coproducción entre personas de Ecuador, Venezuela, Panamá y Estados Unidos, dirigida por Caupolicán Ovalle. El proyecto nos tomó más de seis años y fue estrenado en salas en noviembre de 2019. En 2020 con la pandemia se interrumpieron todos los festivales y se cerraron los circuitos comerciales, pero a pesar de ello, en diciembre de 2020 la película fue seleccionada para representar al Ecuador con una candidatura a mejor película iberoamericana en los Premios Goya de España. Pero en ese mismo mes, nos enteramos con sorpresa que Gamavisión emitió y fragmentó la película sin tener los derechos ni de emisión ni de fragmentarla. Yo soy el titular de la obra y tengo los derechos en Ecuador y se han violado por lo menos dos de nuestros derechos: los morales al fragmentarla y también derechos patrimoniales al emitirla sin tener los derechos de comercialización en Ecuador. 

Gonzalo Ponce tiene los derechos de la película para Ecuador.  Fotos: Luis Argüello / PlanV

¿Nunca emitieron ustedes una autorización a Gamavisión?

No y de hecho ni sabíamos que lo iban a hacer, una persona de nuestro equipo vio el trailer en Gamavisión que la presentaba como una serie, cuando realmente es un largometraje. Ellos lo convirtieron en una miniserie. Entonces le escribimos al liquidador en ese entonces, Juan Manuel Gutiérrez que no nos contestó, así que también le escribimos a la secretaria de Comunicación, Caridad Vela. Ante esto recibimos la única comunicación que hemos recibido en dos años, en donde nos decía que ellos compraron la película a un distribuidor chileno y no asumían ninguna responsabilidad. Pero lo que compraron fue material robado, pues nosotros no le conocíamos a ese señor. Ellos compraron mercadería robada y la comercializaron.

¿La industria de la televisión transmite algo sin haber pagado previamente por él?

Yo he trabajado por muchos años en televisión y sé que el primer paso para cualquier departamento de programación es comprobar quién es el titular de los derechos, que es lo primero que te preguntan en mercados internacionales. Seguramente no somos las nicas víctimas en este caso pero también evidencia la falta de profesionalismo con que se manejó este tema. Que un departamento de programación de un canal nacional cometa este error sorprende mucho. 

¿Qué recursos legales han presentado?

Esto ocurrió en el gobierno de Lenin Moreno que se mantuvo en silencio, así que hemos presentado una tutela administrativa ante el organismo de propiedad intelectual, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), y lo hemos denunciado a instancias internacionales, siempre con copia a Gamavisión y a las empresas que auspiciaron el estreno. Cualquier persona con un mínimo de decoro hubiera ya respondido. Así que hemos presentado una tutela administrativa de acuerdo con el Código Ingenios, en enero de 2021. Tuvimos ya una audiencia y Gamavisión no ha podido presentar una carta del titular de los derechos que soy yo. Nos tiene perplejos que hasta ahora no se pronuncia Senadi y Gamavisión ha contratado abogados externos, se ve que para eso sí tienen recursos. Creemos que deben pedir disculpas y resarcir el daño. 

¿Están pidiendo una indemnización? ¿De cuánto?

La tutela administrativa tiene una cuantía que tiene relación con la inversión en la película. Pero es importante que se emita ya la resolución. Pero Gamavisión está en el limbo jurídico de que es una empresa privada, aunque el Estado sea el dueño de las acciones. Aspiramos a recuperar una inversión muy alta con miras también al año del Bicentenario de Pichincha. Al haber emitido una copia de muy mala calidad nos quemaron un mercado muy importante que era la exhibición tanto en señal abierta como en cable para el Ecuador. Gamavisión debe reconocer el error y en lugar de estarse ganando la plata en abogados reparar el daño económicamente. La tutela tiene una cuantía de $450 mil. Pero lo de fondo es que el tema de propiedad intelectual es fundamental en tratados de libre comercio como los que negocia el Ecuador. En esto se están vulnerando derechos de inversionistas extranjeros. La película trata de un crimen, como el de Sucre, que queda en la impunidad y 200 años después seguimos en indefensión e impunidad. No tenemos recursos para demandar en Chile al supuesto comercializador. 

¿Qué respuestas han tenido de los gobiernos de Moreno y Lasso?

Tuvimos una carta patética de Caridad Vela, que incluyó la respuesta de Gamavisión.  Pero Sucre no es relevante para ninguna autoridad del país, pues no hemos recibido ni un centavo del Estado. Ni del Ejército, ni del Ministerio de Defensa, no hubo ningún interés. La película la filmamos en Quito y en Venezuela. Esperamos que llegue el nuevo Gobierno, porque no se podía esperar nada de Lenin Moreno,  y enviamos cartas a varios funcionarios de este Gobierno, pero en la práctica sigue habiendo silencio oficial. Siendo Gamavisión un canal del Estado alguna responsabilidad debería tener el actual Gobierno.