Usted presentó un pedido de juicio político contra el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que fue negado en el Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL). El pedido fue negado, pero ¿cree usted que esos elementos siguen vigentes?

Presentamos un pedido motivados en varios elementos y anuncios de prueba, que llegaron a ser 26 documentos y expedientes, en los cuales se determinó que el doctor Gustavo Jalkh y el Consejo de la Judicatura habían incumplido con el artículo 181 de la Constitución de la República, pues se ha vulnerado la independencia de la justicia. Entre estos documentos estuvieron evidencias de la aplicación ilegal del error inexcusable, a por lo menos 16 ex jueces. Se precauteló el nivel de persistencia de las pruebas, se revisaron detenidamente los expedientes, para presentar los que de manera más flagrante violaban la independencia de la justicia. No es el Consejo de la Judicatura el que debe determinar el "error inexcusable", sino los propios jueces quienes se autorregulan. Cuando el juez de apelación determina que hubo error inexcusable, el CNJ debe aplicar una destitución. Pero se toman una atribución que no les compete, que es la de determinar si ha habido o no el error inexcusable.

A eso sumamos seis declaraciones juramentadas de jueces y ex jueces que testimonian la injerencia en la justicia del doctor Jalkh, con fechas, nombres y horas de esas presiones. Si a alguien no le agrada el fallo judicial debe apelar a las siguientes instancias, pero no se puede recurrir a una instancia administrativa y política para que revise el fallo. También incluimos una carta en la que Alexis Mera envío amenazas contra jueces, en donde inclusive puso una copia al doctor Jalkh, quien no ha velado por la independencia de la justicia. Si un abogado cercano, digamos, a Guillermo Lasso, hubiera mandado una carta en ese tono, es seguro que Jalkh habría tomado alguna acción, pero en este caso no hace nada. Esas interferencias en la justicia son abusivas. Como prueba presentamos también un caso en la ciudad de Cuenca, en donde se demandó al doctor Jalkh en su calidad de ministro del Interior por parte de un ciudadano. Cuando los jueces sentenciaron a favor de ese ciudadano y mandaron a pagar al Estado 365 mil dólares, algo que por repetición se le podía eventualmente cobrar a él, el doctor Jalkh destituyó a esos jueces. Mayor injerencia no puede haber. 

Una de las justificaciones que se dieron a la llamada "metida de mano" en la justicia fue que había corrupción en el Poder Judicial, que había jueces que recibían sobornos, que se dictaban sentencias dudosas, que ganaban los procesos quienes tenían más dinero o posibilidad de recurrir al tráfico de influencias. ¿Cree usted que este problema persiste en la justicia nacional?

Persiste y es por lo menos el triple. Yo soy economista, no abogado, pero estoy convencido de que necesitamos una justicia independiente. Creer que porque hay un CNJ político que controla a los jueces y que con ello ha mejorado la justicia es un error. Estamos en una situación peor que antes, el remedio fue peor que la enfermedad. El doctor Jalkh no es independiente cuando ha ocupado varios cargos en el Gobierno de Rafael Correa. Al presentar el juicio político he presentado este anuncio de pruebas, y me limité a narrar el reportaje de la periodista venezolana Patricia Poleo, quien dio a conocer una serie de correos electrónicos que no fueron negados por Jalkh o Correa. En esa narración le conté al CAL que puede haber habido una injerencia en la justicia en el caso de Alvaro Noboa, porque una ex jueza declaró ante notario que eso fue verdad. Pero en su resolución, el CAL dice que aparentemente la prueba ha sido ilegal, por lo que no aceptan el juicio político. Y esos correos ni siquiera están en el pedido, no tomaron en cuenta nada, se ha determinado la impunidad y la corrupción en las decisiones del CAL. 

En una reciente entrevista, el abogado peruano Luis Pásara, dijo a PLANV que los ex jueces debieron denunciar en su momento de manera pública y no ahora. ¿Le quita eso fuerza a su pedido?

No lo creo. Comparto mucho las declaraciones del doctor Pásara, he asistido a varios foros con él, pero creo que el comportamiento individual de cada ex juez no puede ser equiparada a la vulneración de la institucionalidad que hemos denunciado. El CAL solo debe verificar requisitos, no evaluar la prueba. Eso le corresponde al Pleno y a la Comisión de Fiscalización. El CAL, que es una instancia oficialista, se ha dedicado a parar este proceso. 

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Si en la consulta popular se aprueba el cambio del CNJ, ¿qué perspectivas tiene la justicia?

En muchos aspectos me siento decepcionado del presidente Moreno, en especial, por el respaldo a Richard Espinosa y al doctor Gustavo Jalkh. Espinosa tiene una destitución de la Contraloría, el señor Jorge Glas que también recibió respaldo hoy está preso. El doctor Jalkh también tendrá que responderle al país, estoy totalmente convencido. Si un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tiene un mínimo matiz ciudadano, deberá analizar el expediente que yo he preparado.

¿Qué pasa con los jueces y fiscales abiertamente partidarios del correísmo? Porque en los últimos años nos acostumbramos a ver cómo querella que presentaba el Gobierno contra opositores, disidentes o periodistas querella que ganaban sin problemas. ¿Hay que investigar eso también?

En la nominación hubo muchos jueces correístas, tanto los que quedan cuanto los que van a entrar. En Cuenca hay correístas con vinculaciones demostrables que vamos a denunciarlos. He presentado una enmienda constitucional para evita que el indulto presidencial se conceda sin restricciones. Hay restricciones para la amnistía legislativa, pero no para el Ejecutivo. Por eso se produjo el indulto a Antonio Buñay, a pesar de que era un caso de peculado. También vamos a proponer que ningún funcionario que haya tenido rango ministerial en el Ejecutivo pueda presentarse a concursos de organismos de control, como la Fiscalía y la Contraloría. Veamos el caso de Galo Chiriboga, que de ministro de Correa pasó a ser fiscal general, se investigaba a sí mismo. Eso es inconcebible. Hay que estar vigilantes, hay que denunciarles y evitar que los correístas vuelvan a abusar como lo hicieron durante diez años. Se debe restringir también la participación  en concursos judiciales de quienes hayan tenido vínculos directos y demostrables con el correísmo, esto en España se llama leyes de las puertas giratorias, y evitan la posibilidad de girar en la coyuntura. Que no ocurra que alguien salga de ser ministro y pase a ser gerente de una empresa del mismo sector. Hay que buscar el mecanismo para que quienes sean jueces  no tengan vínculos políticos de ningún tipo. 

¿No le parece un poco difícil aplicar eso en el país, cuando tenemos abogados que un tiempo son políticos, otro académicos, otra temporada se dedican al libre ejercicio o son asesores en el Estado? ¿Cómo se les impide a los ciudadanos abogados que quieran ser jueces?

Yo he sido crítico de que impongamos comportamientos por medio de leyes o de política pública, no es esa mi intención. Desde el Estado no podemos limitar el desarrollo profesional. Pero eso es distinto de que haya normas mínimas para que quienes aspiran a cumplir ciertas acciones públicas tengan requisitos. Si un ciudadano que es abogado aspira a ser juez o fiscal, debe saber claramente que su involucramiento político debe ser restringuido. Todos podemos tener un corazoncito ideológico, pero no se puede burlar la institucionalidad del país. He rechazado, por ejemplo, que Patricio Rivera no se haya posesionado durante siete meses de una Superintendencia, y que quiera pasearse en la Asamblea para que se posesione, cuando el plazo era de quince días. Debemos defender la institucionalidad del país. Si viene un abogado que fue militante declarado de un partido o movimiento y ahora quiere ser ministro fiscal, no le debemos dejar. Es una cuestión de ética en el país. 

¿Cómo ve usted la correlacción de fuerzas en la Asamblea Nacional? El Gobierno no ha logrado una ruptura en el bloque de PAÍS. ¿Cambia o no cambia la mayoría en la Asamblea?

Creo que eso es una cuestión de tiempo. La delgada cuerda que sostiene la votación de esos 74 legisladores se romperá, porque solo se mantiene por el temor reverencial a Rafael Correa y porque todavía se cuidan las espaldas porque fueron parte del sistema correísta. La reconfiguración de la Asamblea se va a dar, es solo cuestión de tiempo. Esperamos que se pueda legislar y fiscalizar por medio de juicios políticos. Eso se va a dar, cuándo, pues aún hay ciertas dificultades. Ha habido recientes abstenciones del bloque de PAÍS, pero no es un tema de una ruptura inmediata, hay rezagos del temor reverencial por Correa. 

¿Cómo evalúa la gestión de José Serrano al frente de la Asamblea Nacional?

A pesar de venir de una familia de juristas de Cuenca, ha trapeado la Constitución y la ley como se ha venido en gana. Su gestión queda debiendo mucho al país. En el caso de Jorge Glas dijo que no había pruebas de responsabilidad penal. No es necesario ir a tomar clases en Lovaina para leer la Constitución, que dice claramente que la Asamblea, luego del juicio político y si hay tales indicios, los debe mandar a la Fiscalía. Todas sus actitutudes han sido negativas. La Asamblea resuelve cosas como declaratorias para las ciudades y no hay fiscalización, no hay normativas, vamos seis meses y no se trata el tema de las pensiones alimenticias. Hay leyes que deben plantearse para temas como empleo y mejorar la calidad de vida. Esos los temas que debemos discutir y no resoluciones que no son de fondo.