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10 de Enero del 2024
Historias
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10 de Enero del 2024
Fermín Vaca Santacruz
Luis Córdova: "el poder militar es el que está decidiendo para dónde va el país"
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Foto Militares custodiando Carondelet: EFE

 

Para el experto en seguridad y defensa, la declaratoria de conflicto interno armado es un error jurídico, pero es una estrategia política del Gobierno que busca responder a la crisis de inseguridad y, también, mejorar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía propalando que no están infiltradas por el enemigo que acaba de declarar. El poder civil también sale lesionado, al igual que la Policía, frente a la preponderancia de los militares.


El catedrático de la Universidad Central, Luis Córdova Alarcón, ha señalado en varias ocasiones el riesgo de la militarización y advertido sobre las consecuencias de los acuerdos de cooperación militar firmados por el gobierno de Guillermo Lasso con los Estados Unidos.

La declaratoria de conflicto interno armado (CIA) cambia el panorama de la grave situación de inseguridad y orden público en el Ecuador, advierte el catedrático, pues el enfoque, que si bien es incorrecto desde lo jurídico, tiene dos efectos políticos inmediatos: presentar una respuesta del Gobierno a los hechos de violencia, en especial, al asalto al canal TC en Guayaquil por pandilleros armados, y realizar un lavado de imagen de las Fuerzas Armadas y la Policía, que pretende obviar la penetración de las bandas criminales en esas instituciones. Córdova advierte también sobre las víctimas civiles que pueden producir este tipo de operaciones, una situación que se evidenció con la guerra al narco decretada en México durante el gobierno de Felipe Calderón.

La decisión del Gobierno significa que pasamos de tener un problema policial a un conflicto armado en el que grupos de delincuentes son considerados como beligerantes. ¿Qué cambia y qué queda igual tras este hecho inédito?

Es efectivamente una situación inédita que va a significar un giro en la respuesta desde el Estado. Al declarar el CIA, se abandona el derecho penal y se rigen por el derecho internacional humanitario.

Desde lo operacional, hay cambios muy importantes, pues según la Ley Orgánica de Defensa Nacional, al declararse un conflicto interno, la Policía pasa a considerarse una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas, y el Jefe del Comando Conjunto asume el control del plan militar para desempeñar las tareas y operaciones a nivel nacional y esto genera un modelo militarizado contraterrorista.

Ahí las tareas de inteligencia sirven para identificar y neutralizar objetivos militares, y no para sustentar procesos judiciales. Como son 22 organizaciones calificadas como grupos terroristas, entramos en un escenario delicado.

En mi opinión, esta decisión es una respuesta desesperada del Gobierno para salir al paso de los hechos que caotizaron el país ayer.

Detrás de esto hay la teoría de una "insurgencia criminal" que busca equiparar a las pandillas armadas con los grupos subversivos del pasado. ¿Qué puntos de conexión hay con las viejas teorías de seguridad nacional del siglo pasado?

Esto es interesante, un académico de la Flacso es quien ha postulado esta tesis, que facilita una conexión entre la realidad actual, es decir, de redes de crimen organizado muy preparadas y con contactos en el aparato estatal, y la doctrina de "guerra especial" desarrollada por Estados Unidos desde los años 50, que incluye la guerra antisubversiva, el contraterrorismo y la guerra irregular. El decreto de Noboa establece que se enfrente el problema de crimen organizado transnacional con una respuesta bélica.

Esto es gravísimo, porque los militares podrían enfrentar falsos negativos, y para evitarlo, podrían recurrir a tácticas violatorias de derechos humanos. Por otro lado, cuando no puedan mostrar a todas estas organizaciones, recurran a victimizar a gente inocente para hacerlos pasar por terroristas, lo que se conoce como los falsos positivos. Son dos problemas muy graves, como ha pasado en Centroamérica y en México, cuando Felipe Calderón militarizó la respuesta al narco. Hay una diferencia sustancial aquí que es que la guerra contra el narco en México y en Colombia fue en sectores rurales, mientras el fenómeno de aquí está localizado en sectores urbanos.

Expertos en derecho internacional humanitario señalaban ayer como un error elevar a los delincuentes comunes al estatus de combatientes y beligerantes según la Convención de Ginebra, ¿es un error político y jurídico?

Me parece que hay un error jurídico, pero no es un error político desde el punto de vista del Gobierno. Esta medida es aplaudida por la sociedad, que espera que con cualquier medida jurídica, algo que a la gente del común no le importa mucho, se resuelva el problema de inseguridad. El problema es que esta decisión parte de premisas falsas, como es asegurar que dentro de las Fuerzas de Seguridad del Estado no hay infiltración criminal.

Se da a las Fuerzas Armadas la potestad de perseguir a los terroristas y acabar con todos, como en las Fuerzas Armadas no hubiera nexos con el crimen organizado. Se omiten casos como el de Big Money, que acabó con el asesinato de Don Naza después de visitar a sus clientes en el Ministerio de Defensa, como si no se hubiera realizado el sabotaje al radar de Montecristi por parte de efectivos de la Fuerza Aérea, o como sino supiéramos de redes de marinos pasando información a los narcotraficantes en Esmeraldas. Se pretende que tenemos un Estado impoluto, en donde en las Fuerzas Armadas y la Policía no hay topos trabajando para los criminales.

Esta es una propuesta que solo caminará al abismo, porque pasará lo que acaba de ocurrir con la fuga de Fito: ni siquiera el presidente sabía que Fito había volado de la cárcel, mientras Pico también sale de la cárcel.

Los graves problemas de infiltración criminal en el Estado no están resueltos y cuando se declara un conflicto interno se les da una blindaje jurídico y mediático a las Fuerzas Armadas y la Policía, con lo que pasan de ser observados por sus negligencias y omisiones a ser aplaudidos por perseguir terroristas descamisados.

El presidente Daniel Noboa anunció su confianza en las Fuerzas Armadas y en la cooperación militar.  Fotografía: Isaac Castillo/Presidencia de la República.

¿Es un lavado de cara para el Ejército y la Policía?

Es la estrategia político-mediática en la que está jugando el Gobierno, para cambiar de un momento a otro las coordenadas del debate. Ya dejamos de debatir la huída de Fito y de Pico, de los narcogenerales, del radar de Montecristi, y de lo que comenzaremos a hablar es sí lograron los objetivos de neutralizar a los terroristas. El presidente Noboa también ha dicho que jueces y fiscales también podrían ser considerados objetivo militar, lo que implica que el día de mañana, activistas, periodistas o analistas sociales que puedan disentir podrían ser señalados por el Gobierno como vinculados al terrorismo. Esto es enormemente peligroso y podría ser una deriva bukelista de Noboa.

¿Qué implicaciones tendrán éstas medidas en términos de posibles violaciones de derechos humanos?

Todo es posible en un escenario de guerra y conflicto, con uso de armas letales. Se puede hacer un debate sobre lo absurdo que resulta declarar a estos grupos beligerantes frente al Estado, pues en primer lugar deben tener unidad de mando, para que puedan respetar el derecho de la guerra frente al Ejército. Eso no existe en organizaciones como Los Choneros o Los Lobos, y lo que se hace es sobredimensionar a estos grupos para justificar un acto de economía política de la violencia en el país.

¿Hay tensión en este escenario entre las Fuerzas Armadas y la Policía?

En esta ocasión, las Fuerzas Armadas logran supremacía frente a la Policía, algo que no pudieron lograr en abril del año anterior, cuando el ex presidente Guillermo Lasso ya declaró como amenaza nacional al terrorismo. Entonces hubo fricciones entre las Fuerzas Armadas y la Policía, porque los militares exigían la subordinación de los servicios de inteligencia de la Policía para las operaciones militares, y la Policía no quería ceder.

Ahora parece que se logró que las Fuerzas Armadas subordinen a la Policía, pero tenemos un Estado penetrado por esas mismas organizaciones criminales y dudas sobre los mandos por sus vínculos con el narcotráfico, y con un presidente con posturas inmaduras, pueden ocurrir cosas como las ocurridas en El Salvador, cuando ya antes de Bukele se hablaba de "enfrentamientos armados" que fueron ejecuciones extrajudiciales y falsos positivos para justificar el contraterrorismo. En este tipo de conflictos, no se sabe cómo van a terminar. Los datos que en su momento difundió PLANV destacan que habría entre 32 y 35 mil personas vinculadas a las bandas, entonces, ¿la guerra va a terminar cuando las eliminen a todas? ¿Quién decide cuánto está controlado el terrorismo en Ecuador? Cuando actores sociales demanden atención pueden ser relacionados con estructuras pandillerriles para acusarlos de terrorismo.

Con blindados, las Fuerzas Armadas custodian los exteriores de los penales en el país. Foto: FF.AA

¿En qué nivel queda ahora el poder civil frente a los militares? Ahora no apareció el presidente pero sí el jefe del Comando Conjunto desde Carondelet. ¿Quedó el Gobierno condicionado por la agenda de las Fuerzas Armadas?

No solo estamos frente a la militarización de la seguridad pública, sino también del militarismo, de la preeminencia de los militares frente al poder civil, algo que ya vimos con Guillermo Lasso. El mensaje es clarísimo: quiénes están diciendo por dónde irá el país no será el poder civil electo, sino el poder militar.

Esto empata con el acuerdo con Estados Unidos firmado por Lasso, que permitiría que tropas y asesores norteamericanos lleguen al país directamente. Si esto se aprueba, no solo vamos a tener militarismo local, sino a fuerzas del Pentágono en el país hablando de cómo enfrentar a esta supuesta amenaza terrorista.

El presidente Noboa habló hoy de su confianza en las Fuerzas Armadas y en la cooperación internacional, ¿se refiere a este acuerdo de cooperación?

Pienso que sí, el ex ministro de Defensa de Lasso habló de un paquete de 3.200 millones solo para las Fuerzas Armadas, pero luego aclararon que no era en plata sino en capacitación. Las Fuerzas Armadas pretenden reconstituir su preeminencia y el régimen democrático puede ser asfixiado por una tenaza, conformada por el crimen organizado por un lado, y por los militares por otro, que podrían ir desplazando a las instituciones civiles.

¿Podría ser posible que organizaciones sociales como la Conaie o activistas de varios tipos, puedan ser declarados terroristas con estos criterios?

Creo que ese no sería el peligro, pero en la pregunta de la consulta que propone el uso de armas incautadas de manera inmediata, puede significar que haya muertos sobre los que la Policía y las Fuerzas Armadas desconozcan el armamento y la responsabilidad, lo que nos llevaría una zona gris en la que ya no se puede distinguir quiénes han sido víctimas de los criminales y quiénes de las fuerza pública. Ya en México hubo 62 mil desaparecidos porque cuando se cometen estos atropellos lo que hacen es desaparecer los cadáveres.

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