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6 de Agosto del 2014
Historias
Lectura: 18 minutos
6 de Agosto del 2014
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

Marcelo Larrea: El proyecto del gobierno tiene una matriz fascista

Fotos: Luis Argüello

Marcelo Larrea en su pequeño departamento, en la zona bancaria de Quito, piensa que el periodismo en las actuales circunstancias debe luchar por las libertades.

 

El presidente nacional de la Federación de Periodistas del Ecuador, Fenape, Marcelo Larrea Cabrera alerta sobre lo que llama la matriz fascista del proyecto de enmiendas constitucionales, como convertir a la comunicación en un servicio bajo la rectoría del Estado o el pretender la reelección de por vida.

La Fenape ha sido recientemente afiliada a la Federación Internacional de Periodistas (FIP). ¿Qué significa esta afiliación?

La Federación Internacional de Periodistas es la primera organización de periodistas del mundo, establecida en defensa de los derechos de la libertad de expresión e información y con un papel fundamental en la defensa de los derechos de los periodistas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946 se reorganizó y reintegró y la defensa de los derechos de los periodistas los llevó a ser parte integral del proceso de la Declaración Universal de los Derechos de los Derechos Humanos, en cuyos considerandos  consta que el respeto de los derechos de expresión previenen la solución de conflictos por vías violentas y violaciones de los derechos como la vida de las personas.

Actualmente tiene representaciones en 135 países del mundo y agrupa a más de 600 mil periodistas de todo el planeta, y se caracteriza por la defensa de los derechos y se preocupa especialmente por la legislación sobre los derechos de la libertad de prensa y expresión,  sobre la vida de los periodistas, pues se trata de una profesión  maravillosa pero peligrosa. Tienen un Instituto de Seguridad de los periodistas, ahora está armando una misión a México que analizará la situación de los periodistas.

Este reconocimiento es, por una parte, un reconocimiento a los periodistas ecuatorianos, y por otra parte, un conjunto de posibilidades de ejercicio profesional para los periodistas afiliados a los colegios, que tendrán la posibilidad de tener el International  Press  Card, una credencial que nos permite ejercer el periodismo en todo el mundo bajo la protección de la FIP, que es una organización reconocida por las Naciones Unidas.  Esta es una conquista para los periodistas ecuatorianos que creo que va a contribuir al fortalecimiento de los colegios y las federaciones de periodistas.

Esta contrarrevolución jurídica afecta a la conquista más importante de la Revolución alfarista, que fue la declaración de la libertad de expresión y pensamiento como consustancial al ser humano.

¿Cómo encaja esto en las actuales circunstancias del Ecuador, cuando está en ciernes la declaración de la Constitución como un servicio público, cómo se ve desde el exterior y cómo lo ven ustedes?
Estamos preparando un informe para la FIP respecto a la involución jurídica que está teniendo lugar en el Ecuador.

¿Es una involución o es una contrarrevolución jurídica en el Ecuador?
Es una contrarrevolución que nos retrotrae a la legislación de los tiempos de la Inquisición, que se establece cuando el mundo empieza a sentir los efectos de la revolución de la imprenta. Estamos en la época de la revolución de las telecomunicaciones, que se caracteriza por el acceso masivo a volúmenes de información a los que antes era difícil acceder, y en consecuencia este tipo de legislación nos devuelve a los tiempos de Espejo, cuando este luchaba con el periódico “Primicias de la Cultura de Quito” contra el poder colonial y también afecta a la conquista más importante de la Revolución alfarista, que fue la declaración de la libertad de expresión y pensamiento como consustancial al ser humano. Los seres humanos tenemos un derecho consustancial, en la percepción alfarista, que es la libertad de pensamiento y expresión.

¿A qué momento histórico responde el alfarismo al tomar esa decisión?
La lucha contra el garcianismo, que tuvo como principales exponentes a Pedro Moncayo y Juan Montalvo, se caracterizó por la defensa de estos derechos fundamentales, y la victoria de 1895 se produjo como consecuencia de un trabajo periodístico: la investigación que desarrolló Luciano Coral sobre la Venta de la Bandera, que hizo el Gobierno ecuatoriano en el conflicto chino japonés, que era uno de los conflictos más importantes de la época.

Luciano Coral se enfrentó a los gobiernos chino, inglés y japonés,  en un momento de una enorme tensión mundial, pero al revelar la Venta de la Bandera creó las condiciones para el derrumbe del Gobierno y abrió la posibilidad del triunfo de la Revolución de Alfaro. En homenaje a estos dos elementos sustativos de la formación del proceso de la formación liberal radical, la orientación que tomó la sociedad ecuatoriana fue esa, y en 1948 las Naciones Unidas, en su Declaración, establecieron este derecho, que puede ser suprimido con la contrarrevolución jurídica que está adelantando el correísmo. Sus antecedentes son, por un lado, el pensamiento inquisitorial, que sostiene que solo quienes ejercen el poder tienen derecho a informar y la concepción del fascismo del siglo XX con Goebbles, Hitler, Mussollini y Franco.

¿Dónde se puede identificar estas concepciones fascistas con la actual situación?
Básicamente, quien establece el poder político cree que puede determinar qué debe conocer la sociedad. Esto está contenido en la Ley  Orgánica de Comunicación, cuando se plantea el tema de la comunicación como servicio público. Los regímenes fascistas siempre consideraron que la información era un servicio público y que la ciudadanía debía estar informada solo de lo que quienes ejercen el poder creen pertinente. Por ello instituyeron esa figura, así como los censores en los medios, para impedir a las personas ver, hablar y pensar. Esto persiste tanto en la Ley de Comunicación como en la pretensión de hacer una enmienda de la Constitución y en la reciente resolución de la Corte Constitucional, que obliga a pedir autorización a las autoridades indígenas cuando quieran informar sobre los casos de justicia indígena. Esto es inconstitucional y habría que esperar que la Corte medite sobre el absurdo de su resolución.

¿Si viola la Constitución entonces no es  válida?
Evidentemente no tendría ninguna validez.  Es el mismo criterio que mantenemos con relación a la Supercom: no tiene ningún valor jurídico porque la Supercom está ilegalmente creada. Nunca se dieron los dos debates que la Constitución y las leyes establecen para la creación de una figura jurídica, en consecuencia, hay una arrogación de funciones y todas sus acciones son inconstitucionales. Sus resoluciones son inconstituciones: desde la designación del superintendente hasta darles presupuesto. Tarde o temprano se volverá a un periodo de justicia en el país y tendrán que responder por sus actos.

¿Volviendo al fascismo, que planteaban tanto Hitler cuanto Mussolini con relación a la prensa?
Fundamentalmente un régimen de censura absoluta. Naturalmente la Ley de Franco, de 1938, durante la Guerra Civil, establecía que la libertad de prensa solo podía ejercerse por medio de lo que el Gran Caudillo quería que se informe. De otra manera no hay libertad de prensa ni “periodismo responsable”. Esto significó la mutilación de la sociedad y la cultura española hasta la muerte del caudillo, lo que afectó todas las posibilidades de desarrollo de España. Este es el principio que se recupera hoy, la “rectoría” del Gobierno sobre la comunicación es un proyecto fascista. En el fascismo se cree que la sociedad debe existir para el cumplimiento de los fines del Estado  y no al revés, como se plantea en la gran batalla de la humanidad por la libertad. El Estado es solo una visión jurídica, que debe ejercer su poder en beneficio de la sociedad y no de quien temporalmente ejerce el poder.  Por esto ha luchado la humanidad desde los tiempos de Platón. Cuando se destinan millones de dólares para la promoción de la figura de una persona en un país extranjero se pone en evidencia esta matriz de corte fascistoide.

Más allá de la necesidad de actualizar el derecho penal ecuatoriano, acá ocurre todo lo contrario. En nombre de la libertad se suprime la libertad. En nombre de la verdad se realizan todo tipo de atracos.

¿Se están planteando eufemismos para ocultar estas acciones, por eso se habla de bien común de justicia social, de derechos ciudadanos, para quitar utilidades, para ejercer el poder del Estado con motivos supuestamente nobles?
Se usan como los mascarones de proa en tiempos de los piratas. Eso es lo que vemos: hay una cercanía con el pensamiento fascista, Hitler decía que era el conservador más revolucionario del mundo. El fascismo es contradictorio consigo mismo: vemos que en la Ley de Comunicación, por un lado, se proclama la reserva de la fuente y el secreto profesional y en la misma Ley se suprimen estos derechos al obligar a revelar los originales de los textos de los periódicos que se convierten en pruebas siguiendo las normas del derecho penal. Los jueces deberían autorizar estas acciones si razonablemente se pudiera haber cometido un delito. Se están olvidando de estos criterios establecidos hace 200 años, está es la contrarrevolución jurídica del Gobierno de Correa. Es ese carácter bifásico, del que tenemos otros ejemplos en el Código Penal, como el “pánico financiero” penado con cárcel. ¿A quién benefician estas cosa? Por ejemplo a los ex dueños del Banco del Progreso, quienes alegaron que su banco se derrumbó porque alguien reveló que sus cuentas no eran claras y podrían perjudicar a las víctimas de ese Banco. No se pretende proteger los derechos de las personas, sino de quienes meten las manos en los bolsillos de los ciudadanos. Se quiere proteger, por ejemplo, un atraco de esta naturaleza. Más allá de la necesidad de actualizar el derecho penal ecuatoriano, acá ocurre todo lo contrario. En nombre de la libertad se suprime la libertad. En nombre de la onestidad se realizan todo tipo de atracos.

Usted participa en el Parlamento de los Pueblos, ¿cómo está ese proceso?
Es un proceso muy importante. Se constituyó en 1999 con ocasión  de la dolarización, que fue una violación de la Constitución de esa época. Fue la destrucción de la soberanía de la nación, algo que debió ser consultado al pueblo. El Parlamento de los Pueblos se constituyó en ese momento, cuando hubo una gran violación de las normas. Fue un ejercicio de soberanía directa del pueblo y produjo las jornadas que terminaron con la deposición del presidente Mahuad.

En la Constitución de Montecristi se amplió este proceso, pero los derechos fundamentales están siendo constantemente  agredidos.
En los más recientes procesos se está luchando por el agua y por la vida, pues un mecanismo de opresión de los pueblos coloniales fue el control único del agua. La Ley de Agua que aprobó la Asamblea sigue ese proceso colonialista. Esta fue la motivación para que el Parlamento de los Pueblos se vuelva a convocar. Los periodistas hemos sido víctimas de la Ley de Comunicación y debemos proponer la abolición de este tipo de normas.

Hay una corriente de periodistas que creen que el periodista no debe comprometer una visión política porque podría afectar su credibilidad, ¿qué opinas sobre eso?
Hay que observar la evolución de la historia del periodismo ecuatoriano. Eugenio Espejo fundó el periodismo ecuatoriano y también abrió el camino de la libertad de la nación. La verdad tiene un carácter político, y en el sentido aristotélico la política es la ética de la sociedad. Es inconcebible que haya periodistas que creen que su trabajo no tiene un sentido político.

¿Cuál es el papel del periodismo actualmente?
El periodismo siempre ha jugado un papel , desde los tiempos de Juan Montalvo, Pedro Moncayo y Luciano Coral, que fueron los fundadores del periodismo ecuatoriano. Debemos defender las conquistas históricas de quienes nos precedieron en el periodismo. La función del periodista es transformar el conocimiento de una persona en el patrimonio cultural de una sociedad. Es por eso que Gabriel García Márquez lo calificó como el oficio más bello del mundo. Estamos en un oficio que nos permite procesar la información y que la sociedad se convierta en lo que se pretendió en Montecristi:  en una sociedad en la que todos conozcamos todo. Las leyes actuales lesionan estos derechos, el derecho a un escrutinio permanente de la vida de la sociedad. Hasta el Código Financiero establece normas de reserva pueden impedir que los ciudadanos conozcan qué pasa con su dinero.

Debemos defender las conquistas históricas de quienes nos precedieron en el periodismo. La función del periodista es transformar el conocimiento de una persona en el patrimonio cultural de una sociedad.

El periodista tiene una situación compleja: hay imposiciones desde el poder, desde los dueños de medios, ¿qué debe hacer el periodista como ciudadano?
El periodista debe mirar hacia el ejercicio ético de la profesión. El periodista ha sido un gran luchador por la verdad. Ese es el elemento fascinante del ejercicio periodístico, su gran inspiración. Ese es el tema de fondo de nuestro compromiso ético, que todos debemos tener en todos los medios en los que trabajemos, esa pasión por la verdad.  Todos los periodistas ecuatorianos debemos luchar porque los medios sean públicos, no gubernamentales, no voceros de la versión oficial de los hechos. Todos los periodistas deberíamos cerrar filas para que los medios públicos permitan a la sociedad debatir sus propios problemas al margen de la subordinación de los medios a grupos oligárquicos.

Se debe propender hacia la democratización del espectro radioeléctrico, pero evitando también que se conviertan en espacios propagandísticos. Todo esto se desdibuja con el criterio de la comunicación como un servicio público. Se debe rechazar el régimen de vigilancia y castigo que establece la Ley de Comunicación, que como en las novelas de Orwell establece un Ministerio de la Verdad capaz de imponer sanciones económicas. Debemos unirnos para construir la libertad cultural, para que todos tengamos el derecho de informar lo que públicamente deba ser informado.

¿Cuál es la posición de la Fenape frente a las enmiendas constitucionales?
En primer lugar, en derecho, las cosas se deshacen como se hacen. La Constitución actual fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente y luego fue aprobada por una consulta popular. En consecuencia, el mismo procedimiento se debería seguir para hacer una enmienda constitucional que tiene fundamentalmente  el carácter de una reforma constitucional. En segundo lugar, la misma Constitución vigente establece que no se puede enmendar ni reformar la Constitución para restringir derechos y garantías establecidos en el texto constitucional. En consecuencia, es inconstitucional la propuesta de declarar a la comunicación como servicio público, porque está en flagrante contradicción con las libertades de expresión y comunicación, así como con la reserva de la fuente, derechos que estarían subordinados a la rectoría, para usar el lenguaje oficial, de quienes ejercen el poder, en consecuencia, esa enmienda es de carácter inconstitucional.

Por lo expuesto, la posición que asumió el Comité Ejecutivo de la Fenape es pronunciarse por la necesidad de una convocatoria a una consulta popular, para que sea el pueblo ecuatoriano el  que decida o no la pertinencia de esas enmiendas constitucionales. Además, naturalmente  se estableció que está enmienda  fue introducida como un elemento accesorio al propósito fundamental de las enmiendas que fue el establecimiento de la reelección para siempre, que también atenta contra los principios constitucionales y la evolución histórica de la nación, que ha establecido claramente que el pueblo ecuatoriano no acepta el ejercicio perpetuo del poder.

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