Back to top
11 de Agosto del 2020
Historias
Lectura: 23 minutos
11 de Agosto del 2020
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

María Paula Romo: este es el momento para decirle al delito que hay un límite que no puede cruzar
0

La ministra de Gobierno María Paula Romo, durante una ceremonia de ascensos en la Policía Nacional del Ecuador. Fotos: Flickr Ministerio de Gobierno

 

La ministra de Gobierno examina la gravedad de los asesinatos y amenazas de la llamada mafia hospitalaria. Dice que el Ecuador se halla en un momento grave pero a tiempo de parar al crimen organizado en todos sus aspectos y con todos sus cómplices. Cuestiona a los jueces y cree que hay que persistir en la vía de la democracia, la institucionalidad y la ética, para afrontar la reconstrucción postcoronavirus.


Es necesario que se explique cómo es que un ciudadano, cuyo testimonio es clave para dilucidar la trama de las mafias hospitalarias, es asesinado en una cárcel bajo protección del Estado. ¿Cómo se puede explicar esto?

Esto no tiene explicación. Hay que investigar y sancionar a los responsables y si bien es cierto que el Estado tiene una obligación respecto a las personas que permanecen en su custodia, también es cierto que las dificultades del sistema penitenciario no son nuevas y no dejan de ser temas complejos y de solución profunda. Pero usted comentó algo en la pregunta: que estos señores estaban investigados a estas investigaciones, apenas van a vincularse, pero estos señores estaban procesados en Santa Elena por uso doloso de documento público porque presumieron o falsificaron o fingieron ser parte de la DEA, y en Quito estaban procesados por estafa. Esto es parte importante del desenlace fatal que ha tenido esta trama delictiva el pasado fin de semana: que son personas que estaban en  otros procesos, en otras investigaciones, pero que los indicios apuntan a que también podrían esclarecer investigaciones en las que aún no se encontraban vinculados. Podría creer que las declaraciones de sus abogados en estos últimos días, y lo gravísimo que ha sucedido este fin de semana va a convertirse en el vínculo que ya incluya a estas personas en las investigaciones relacionadas a la contratación pública, a la venta de insumos médicos, a la venta de fundas de cadáveres...

Uno de ellos es quien declara que había vendido 300 mil dólares de insumos médicos y que estos se los habría pagado en efectivo Jacobo Bucaram.

Esa es una de las declaraciones, aunque este ciudadano no estaba en ese proceso. Él lo afirmó al preguntársele por la cantidad de dinero en efectivo que encontraron en su residencia. Seguramente la Fiscalía nos dirá si se lo ha vinculado a ese proceso, pero esta declaración pretende explicar la cantidad de efectivo que tenía. Pero el proceso en que estaba siendo investigado en Santa Elena era uso doloso de documento público, y en Quito era por estafa.

¿Qué es lo que falló en torno a procurar la seguridad de este ciudadano israelí asesinado y su compañero, en la cárcel de Santa Elena?

El sistema penitenciario en el Ecuador tiene muchísimos problemas. Hemos tenido una semana muy compleja en el sistema penitenciario. Hemos tenido ciclos. Tuvimos hace varios meses temas graves, violencia, luego estuvo bajo control, luego ha vuelto a tener otros incidentes. Pero el problema penitenciario se remonta más atrás. En el gobierno anterior, cuando hubo recursos y se tramitó el Código Integral Penal, COIP, se optó por un modelo de mega cárcel, donde hay diez mil, quince mil personas privadas de libertad; y un Código Penal que se ha debatido en el país sobre lo que significa en términos del hacinamiento de la población carcelaria y efectividad del sistema. Hoy, lamentablemente, sin recursos, sin una reforma penal, probablemente no vamos a abordar la profundidad del problema carcelario, pero es importante señalarlo: en el COIP, pero ejemplo, se crea un directorio llamado Organismo Técnico de Rehabilitación Social, diseñado en el COIP, conformado por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación, Inclusión Económica, Deporte y Cultura; por el defensor del Pueblo, la secretaría de Derechos Humanos y lo preside un delegado del Presidente de la República. Ahí hay un enfoque, yo diría, hacia la rehabilitación. En ese organismo no está el ministerio de Gobierno. La Policía no está. Y hoy podríamos decir que el tema cárceles debe estar más vinculado a la seguridad. 

De acuerdo, esto ocurre, pero todo esto que me dice, ¿qué tiene que ver con el asesinato de este ciudadano israelí el cual, de todas maneras, estaba en manos del Estado ecuatoriano, tenga o no que ver el ministerio de Gobierno? Esto tiene que ver con las condiciones de seguridad que debía tener este ciudadano por su connotación. ¿De quién dependía su seguridad, de la Fiscalía, del sistema de cárceles, de los jueces?

La seguridad de todos los privados de libertad depende del sistema penitenciario, del Estado. 

Pero en este caso en particular, este señor es detenido, está vinculado a estas compras de insumos médicos y lo matan.

Es gravísimo. 

¿Y cómo lo matan?

No puedo dar detalles de cómo lo matan, porque la investigación está en un proceso de reserva. En el momento en que se formulen cargos podemos discutirlo públicamente, pero se han levantado todos los indicios, hay que dar con los responsables. Este es un tema muy grave.

Me parece que en el Ecuador, más allá de la frustración que muchos de estos casos nos provocan, hay una respuesta institucional, no hay impunidad. 

¿Se pudo haber evitado la muerte de este señor?

Siempre es más fácil hablar en pasado. ¿Se pudo haber evitado la corrupción? ¿Se pudo haber evitado que se roben (los fondos del) el terremoto? Lamentablemente hoy no tiene sentido mirar hacia atrás, lo que tenemos que hacer es encontrar a los culpables, proteger al superviviente y distribuir las responsabilidades como tienen que distribuirse. Después del asesinato de uno de los detenidos y luego de que sobrevive el otro, la Fiscalía pide a un juez que reciba el testimonio anticipado del sobreviviente. Esto significa que declara inmediatamente, más allá de que se haga el juicio o se formulen cargos. El juez Ramos Aguilera dice que no ve la urgencia de tomar el testimonio del sobreviviente y que por lo tanto hay que esperar los tiempos normales de cualquier proceso. Y niega la posibilidad, el mismo día del asesinato del otro ciudadano, la posibilidad de tomar el testimonio anticipado. 

¿Pero no estaba mal herido el que debía testimoniar?

Tenía heridas muy leves y estaba en condiciones para rendir su testimonio. Y creería que con la preocupación de lo que pudiera pasarle, también quería hacerlo. Al final se hizo el testimonio, con otro juez y firmé una queja contra el juez Ramos Aguilera. Porque sino seguimos buscando la responsabilidad en la Policía, y esta solo puede actuar cuando tiene la orden de un juez. ¿Por qué no se lo vinculó a la investigación? La Fiscalía conduce la investigación. Cada uno de los elementos tiene que funcionar, porque si no, cada uno de los esfuerzos —que estoy segura se están haciendo— de la Policía, que está haciendo un gran esfuerzo para darse abasto con la cantidad de problemas que tenemos; la Fiscalía está haciendo un esfuerzo y quiero creer que la mayoría de jueces lo están haciendo.  Me parece que en el Ecuador, más allá de la frustración que muchos de estos casos nos provocan hay una respuesta institucional, no hay impunidad.  Las personas que se sentían protegidas durante décadas —no estamos hablando de una estructura que se organizó los últimos meses con la pandemia, sino a través de los años— han sido procesados por la Justicia; tenemos instituciones democráticas funcionando, pero nada va a ser suficiente, si es que en estos casos que son tan graves y escandalosos, no somos capaces de dar un mensaje de objetividad.

Usted ha dicho que esta llamada mafia de los medicamentos se han consolidado en décadas. Me preguntaría entonces, cómo es que en este país se consolidó una mafia de esta naturaleza, ¿qué tipo de protecciones tuvo, es un asunto de crimen organizados, lavado de activos? ¿Cuál es su teoría?

Tampoco es que hay un solo caso, hay varios grupos; algunos tienen que ver con insumos, otros con obra pública. Creo que muchos se enfocaron en el tema de la salud porque era el único sector donde quedaban recursos; porque este gobierno ha tenido que enfrentar una situación de la caja fiscal en la cual realmente los recursos que antes habían, hoy no los tenemos. Y hay muy pocos lugares, como la salud, en la que los recursos estaban disponibles. Eso explica en parte porqué muchas de estas personas, que hace ocho años estaban vendiendo a la Gobernación del Guayas conciertos de piano, hoy estaban vendiendo insumos a un hospital. Es que estaba acostumbrados a hacer negocios con el Estado, a contratos en el sector público, y hoy sería inconcebible que alguien ponga un millón y medio de dólares para conciertos de piano para la prevención de las drogas. Y me refiero al concierto que Daniel Salcedo contrató con Rolando Panchana y no estoy especulando: este concierto costó un millón y medio de dólares. Esto no sucedería ahora porque no es el tipo de gasto que se hace y porque no hay recursos. Había recursos en la salud, y, aparentemente, usaron sus conexiones, sus prácticas, las empresas que habían creado para poner los ojos donde había recursos y procurar ahí sus negocios. Es una parte de la explicación, pero habrá que encontrar otras con los directivos vinculados. Hay personas que han sido parte de la administración pública por muchos años; uno de los administradores temporales había trabajado durante ocho años en el IESS; hay que establecer las relaciones societarias, laborales y familiares previas de estas personas, y todo esto tiene que ser parte de una investigación. ¿Qué tiene que ver esto con dos señores que se fugaron de una cárcel en Panamá? Posiblemente su incorporación es más reciente, pero las otras actividades ilícitas de personajes como Daniel Salcedo y sus contratos vienen desde hace muchos años en el sector público. Ojalá que este caso nos ayude a desenrollar una trama que parece una situación mucho más compleja y antigua que la actual crisis sanitaria. 

Creo que muchos se enfocaron en el tema de la salud porque era el único sector donde quedaban recursos; porque este gobierno ha tenido que enfrentar una situación de la caja fiscal en la cual realmente los recursos que antes habían hoy no los tenemos.

¿Cómo llegar a esto? Los esfuerzos investigativos terminan en el escritorio de un juez, lo cual es un riesgo. Hay casos de decisiones de jueces no solo en la mafia hospitalaria, sino también en casos como el de Rasquiña o frente al narcotráfico. Finalmente usted presenta una queja y el juez puede ser sancionado, pero su decisión queda en firme. 

Pongo un ejemplo. El juez Manzur, ex presidente de la Corte de Justicia del Guayas. Tiene una boleta de captura por lavado de activos y está dictando sentencias por zoom. Porque la suspensión del Consejo de la Judicatura solo puede durar seis meses y como en seis meses no ha recibido sentencia se presume su inocencia; perfecto como principio, pero cómo un juez que está procesado por lavado de activos dicta sentencias por zoom. Está prófugo de la justicia.

En el caso Rasquiña. El juez Tamayo hace una rebaja de pena sin tener jurisdicción, una jueza acoge esa rebaja de y este sale de la cárcel.

En una interpretación ajena a la ley; creo que esa es la discusión...

Pero la sentencia del juez Tamayo y de la juez quedaron en firme. Se puede meter preso al juez, pero el criminal ya se benefició de su decisión.

Y por eso tan importante el trabajo del Consejo Nacional de la Judicatura. Por eso es tan importante el trabajo de los jueces. Porque imagínese la frustración, no solamente de la población; de la Policía, de quienes estamos enfrentando día a día estos problemas; la frustración cuando uno ve este tipo de actuaciones es realmente grave. Pero, a pesar de que estoy trayendo a discusión los casos que más preocupan, creo que hay que tener al tiempo una mirada equilibrada; hay que poner atención en estos casos, pero no podemos desconocer el trabajo que estamos haciendo contra la impunidad, los personajes que están siendo procesados: es la señal más clara de que hay una respuesta institucional frente a esta crisis. No es una crisis donde no hay respuestas, donde no hay valor para enfrentarla, pero nos estamos quedando cortos. Tenemos señales claras: pronto van a cumplirse las sentencias en los casos donde inicialmente se destaparon los temas de corrupción. Penas que son pequeñas, que se ven además alteradas por estos beneficios carcelarios y creo que es muy importante como sociedad comprender estos procesos, saber quién tiene la responsabilidad, qué pasa si se apela o no, cuáles son las capacidades del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, de la Policía que no puede detener a nadie si no tiene una boleta de captura. En las últimas semanas hemos visto que hay una detención, en un proceso legal, con orden de allanamiento, con acto urgente pedido por una fiscal, concedido por un juez, hay un allanamiento y el resultado es que la ministra es demandada, es demandado el juez, los agentes fiscales, por un allanamiento en el cual se encontraron diez mil municiones. Es realmente el momento en que el Estado tiene que decirle al delito que hay un límite que no puede cruzar.

El punto de esto es que la gente no discrimina entre las responsabilidades de la Policía o del juez o de la Fiscalía. Finalmente lo que queda es un Estado ineficaz frente a la corrupción y el crimen organizado. Para la gente común es el Estado en conjunto el que no funciona.

No solamente se trata de hablar entre instituciones y tampoco de lavarse las manos. Lo que tenemos que hacer es activar los mecanismos legales. Es decir, si un juez no cumple con su trabajo existen los mecanismos legales para que ese juez lo cumpla. Y el Estado tiene que responder. Si se dice que el ciudadano común no comprende la diferencia, tenemos que comprenderla, porque si no lo hacemos no sabemos dónde atribuimos la responsabilidad y dónde ponemos la exigencia. El ciudadano común no distingue cuando le ponen una noticia si es que eso es verdad o no, pero tenemos que dudar y consultar, porque de lo contrario somos piezas de una manipulación que solo contribuye a la impunidad. Tenemos que asumir una responsabilidad, el Estado por supuesto tiene la suya y es más grande que la de todos. Pero también, como medios de comunicación y ciudadanos tenemos que decidir si somos o no amplificadores de la estrategia de defensa de los delincuentes o si ponemos las cosas en contexto, si ayudamos a los delincuentes a desviar la atención, si es que tratamos de distraer el conflicto cuando difundimos una balacera y ha sido un caso de Brasil en el 2014, eso lo hizo el ex presidente Correa el fin de semana.

honestamente, como ciudadana, política y exministra en cualquier momento, yo jamás pensé íbamos a tener procesados a exgerentes de petroleras; yo pensé que iba a ser muy duro ver procesados a quienes dejaron lista su salida.

Usted dejará de ser ministra en unos meses, y le hablo a la abogada que ha obtenido un PhD en experiencia. ¿Cuál cree que debe ser la solución? ¿Por cuáles caminos debe andar la sociedad ecuatoriana frente a este tema de la impunidad en la justicia?

Creo que la solución siempre es democracia y más democracia. Las instituciones democráticas deben responder. Vuelvo a enfatizar: si hay un periodo donde no ha campeado la impunidad es en este. Se ha podido procesar a una cantidad de personas que se creían intocables. Honestamente, como ciudadana, política y exministra en cualquier momento, yo jamás pensé íbamos a tener procesados a ex gerentes de petroleras; yo pensé que iba a ser muy duro ver procesados a quienes dejaron lista su salida. El gobierno anterior dejó lista su salida, la dejó preparada, dejó nombrados jueces, fiscales, Corte Constitucional, todo eso lo dejaron listo para que la impunidad dura una década más. Y el país consiguió desenredar eso, no sin dificultades. Con la decisión del presidente Moreno, que convocó a la consulta popular, que ha tenido una voluntad férrea para encontrar este camino. Pero no solamente el gobierno o el presidente. Es el país el que decisió apartarse de ese sendero. Yo confío en que seremos capaces de escoger la institucionalidad, la convivencia pacífica, la ética; aunque haya días en que parece que estamos sobrepasados, abrumados, en los que uno regresa a ver y hay un escándalo; la verdad es que también hay buenos funcionarios y hay un país que tuvo la voluntad de cambiar de rumbo; también es cierto que tenemos un presidente que decidió cambiar de rumbo, pagando todos los costos políticos y corriendo todos los riesgos al dejar de tener las instituciones bajo su control, abandonado la mayoría en la Asamblea, y hemos enfrentado un momento muy difícil, pero acá hay un país, hay una prensa valiente que denuncia. Nos enfrenamos a la Ley de Comunicación y ya no existe la Supercom. En este periodo usted no tiene un funcionario que haya demandado a un periodista. Creo que hemos escogido la vía democrática, el país la ha escogido.

La democracia es difícil. Es más fácil tener un gobierno autoritario que tenga todos los poderes y mucha gente al parecer extraña eso. Lo mas difícil es optar por camino de la democracia, porque hay que ponerse de acuerdo, aceptar las contradicciones, porque hay que respetar las instituciones. Sin embargo hay una sensación de caos, de descontrol. Se culpa al gobierno, al presidente es demasiado pasivo, esperando que venga otra vez una mano dura, un correazo, un presidente gritón y omnipresente.

Ojalá no sea ese el tipo de liderazgo que busquemos como país, porque hoy estamos viviendo las consecuencias de haberlo tenido. No es que vivíamos en paz y no había problemas. Es que los problemas se estaban barriendo debajo de la alfombra, la verdadera situación económica, se escondían los casos de corrupción, se silenciaba a los periodistas y lo que estamos viviendo es el costo de mirarse al espejo. Y espero que todos nosotros y el país hayamos aprendido el altísimo costo de un régimen autoritario, de un régimen de simulación, de manipulación. Hoy estamos, en buena parte, la consecuencia de esto. Y por supuesto, cuando lo comparamos con un gobierno que lo controlaba todo, que lo escondía todo, hoy vivimos en medio de tensiones y escándalos. Pero hoy se puede hablar de los escándalos, el gobierno no tapa o manda a decir lo que tiene que decir, no interrumpe el programa para poner la programación. Esta es la única vía posible, desde mi punto de vista, para la reconstrucción del país: la vía democrática. ¿Queremos ver más ejemplos de a dónde llevan estos regímenes? Solo veamos a Venezuela. Es que no tenemos que irnos muy lejos para poner un ejemplo. Y cada vez que pensamos que Venezuela está a punto de tocar fondo, no toca fondo. Simplemente la población sigue pagando las consecuencias. Y a este ambiente ya difícil, de la grave situación económica y política, a esta grave situación, se le agrega un asunto sin precedentes en nuestra historia, que es la pandemia. 

GALERÍA
María Paula Romo: este es el momento para decirle al delito que hay un límite que no puede cruzar
 


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

María Del Carmen Maldonado, propuesta en lugar de Alexis Mera para organismo judicial de la OEA
Redacción Plan V
59 niñas y mujeres acuden al día a hospitales por emergencias obstétricas en Ecuador
Susana Morán
420 toneladas de vegetación y suelo fueron afectadas por el derrame de crudo
Susana Morán
La pandemia condenó a La Mariscal al silencio nocturno
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Más de 100 mil estudiantes no volvieron al sistema educativo
Andrés Quishpe
Protección a cambio de silencio: los acuerdos entre Assange y el gobierno ecuatoriano
Redacción Plan V
Tribunal ratifica sentencia contra Correa y lo señala como el instigador del cohecho
Redacción Plan V
El dramático impacto de la pandemia en el Centro Histórico de Quito
Redacción Plan V