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10 de Mayo del 2022
Historias
Lectura: 30 minutos
10 de Mayo del 2022
Redacción Plan V
María Sara Jijón: "tenemos que recuperar la confianza para que los proveedores participen"
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Fotos: Luis Argüello. PlanV

 

La directora del Servicio de Contratación de Obra Pública, Sercop, María Sara Jijón, evalúa los principales problemas en la contratación de un Estado que compra USD 5.320 millones cada año, e identifica las principales omisiones, trampas y soluciones en la contratación.


La subasta inversa corporativa de este año, a cargo del Sercop, no estuvo exenta de problemás, pero para la directora del organismo, María Sara Jijón, se ha dado un avance en calidad, cantidad de contratación y en ahorro para el Estado. Sin embargo, persiste un problema: hay una deuda de USD 135 millones con varios proveedores. Este tema, así como las trampas en la contratación pública, las omisiones y las soluciones se analizan en una charla con Plan V en su despacho.

¿Cuál es la diferencia en la subasta inversa de medicamentos de este gobierno, frente a las dos ocasiones anteriores?

Esta subasta inversa corporativa de medicamentos se diferencia de la del 2012 y de la del 2016, en que en esta ocasión estamos trabajando para catalogar, es decir para que sean parte de esta subasta inversa el 81% de los medicamentos del cuadro nacional básico. Estamos hablando de 750 y más medicamentos. La señora ministra de Salud, Ximena Garzón, nos envió un oficio el año pasado solicitando que procesadamos a la subasta inversa de 781 medicamentos; probablemente no se logre con todos, porque se hay una serie de requisitos para formar parte de la subasta. Por ejemplo, tiene que haber suficiente compentencia, un número importante de oferentes por cada medicamento. Tenemos ya precios referenciales unitarios, terminados  y aprobados de 684 medicamentos. Pero seguimos obteniendo las fuentes de información para tener los precios referenciales unitarios del resto hasta superar los 750. Así que esta subasta se diferencia de las otras, para empezar, en el número. Entiendo que en el 2016 se llegaron a catalogar más de 400 medicamentos, pero fue por una serie de circunstancias, una de ellas que no se han mantenido catalogados los medicamentos. Esto se debe hacer cada dos años porque cambian las condiciones de los mercados, de los precios, hay nuevos y mejores medicamentos, nuevos proveedores... Eso no se ha hecho desde el 2016.  Cuando llegamos al Sercop encontramos que había solo 127 medicamentos en el catálogo. Hay una enorme cantidad de proveedores que se salieron de este repertorio.

¿Por qué ocurrió todo esto?

Por varias cosas. Una no mentener al día el catálogo. Pero la segunda cosa,  y eso sí dramático, por falta de pago.

¿Por qué no se actualizó el catálogo?

No lo sé. El tema es que se quizo cambiar de modelo y el entonces presidente Lenín Moreno emitió un Decreto Ejecutivo, el 1033, que exigía que hubiera un operador logístico único, que sea el que entregue todos los medicamentos subastados a todos los hospitales del país. Eso creaba un monopolio, del mismo Estado y el gobierno nunca llegó a escoger al operador logístico único y luego llegó la pandemia, y todos los esfueros y recursos se fueron a atenderla y los otros temas de la salud fueron dejados de lado. Cuando llegó el presidente Lasso nos encontramos con graves problemas en el sector. El gran problema es el desabastecimiento de fármacos, insumos y dispositivos médicos en los hospitales.  Entre junio y julio acompañé al señor vicepresidente de la República a varios hospitales, en las provincias de Manabí, Guayas, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo... y encontramos algo muy complicado. Se habían identificado los hopitales centinelas para Covid, pero eso implicó que en ese entonces había más de 12 mil cirugías represadas. Los primeros meses del gobierno fueron enfocados a la vacunación, que fue una cosa extraordinaria, se lograron más resultados de lo esperado. En enero del 2022 el presidente Lasso emite el decreto 337, pero antes, en diciembre del 2021 derogó el 1033 y el nuevo decreto establece un mecanismo similar al enteriro, pero reforzado, para la compra y con eso el Sercop saca la resolución que operativiza este tema. Cuando la ministra de Salud nos envía el listado de 781 medicamentos pusimos a trabajar a delegados de la red integral de salud, que está compuesta por el MSP, el IESS, ISFFA e ISSPOL. Sus delegados, junto a funcionarios del Sercop empezaron a trabajar de inmediato en estudios de mercado de todos los medicamentos. Se pidió información y en el Sercop teníamos información histórica de si esos medicamentos ya fueron comprados y datos de esas compras. Además, abrimos una convocatoria para que se nos hagan llegar proformas actuales y solicitamos, a través de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, que es parte de la OEA, los datos de los precios de los fármacos de diez países. Con toda esa información hemos obtenido 684 precios referenciales, que nos sirven para la subasta. 

Para no tener malos proveedores —porque esa ha sido una de las grandes críticas— en los pliegos se exige que los proveedores tengan un mínimo de tres años de vida jurídica.

Mencionó entre los problemas de la crisis de escasez de medicamentos, la falta de pago ¿cómo y por qué se daba esto?

Probablemente las unidades de salud hacían las compras directamente y no de manera centralizada, muchas veces, por mala gestión o porque no les llegaban los recursos, no se pagaban a los proveedores. Hay muchos proveedores impagos, hasta ahora, y los grandes deudores son los hospitales del IESS.

Una de las críticas a este tipo de compras es que los proveedores ponen los precios unitarios súper altos, se ponen de acuerdo para presentar un precio alto. Una aspirina que cuesta un centavo la ponen en diez.

Aquí no sucede eso. Estos precios referenciales unitarios son determinados por una comisión técnica, la cual tiene servidores del Sercop y delegados del sistema de red pública de salud. Estas personas, más toda la información que recabamos: compras anteriores, precios en otros países, proformas actualizadas, sirve para tener precios referenciales por cada medicamente, y estos son la base de la subasta.

¿Y qué pasa en la subasta?

El 23 de marzo publicamos el primer lote de medicamentos: 168 medicamentos, cada uno con su precio referencial unitario y el mismo pliego tipo. Para no tener malos proveedores —porque esa ha sido una de las grandes críticas— en los pliegos se exige que los proveedores tengan un mínimo de tres años de vida jurídica; que tengan actividad, que hayan pagado impuestos, que entreguen garantías bancarias y financieras; que tengan autorizaciones y certificaciones de la autoridad sanitaria; si son productores locales deben presentar certificados de buenas prácticas de manufactura y, adicionalmente, cada uno de los medicamentos ofertados de tener el registro sanitario. Este lo emite el ARCSA (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria). Todo eso para firmar el convenio marco. Entonces un proveedor del Estado, registrado en el Registro Único de Proveedores, que tiene un RUC, una empresa registrada en el Ecuador, puede participar, porque de qué sirve que gane si no tiene todo en orden, porque si es así no va a poder firmar el convenio marco.

¿Pero no es exigible, al menos ahora, que los proveedores del Estado tengan el registro sanitario?

Ese es un tema complejo. La Corte Constitucional en alguna sentencia anterior determinó que no se podía exigir a los proveedores que tengan el registro sanitario al momento de participar en la subasta. Y está bien, pero nosotros exigimos ese registro para firmar el convenio marco. Porque no se puede tener fármacos sin registro en el mercado, y peor en el mercado público.

las entidades contratantes armaban una ficha donde ponían varios productos por comprar. Le llamaban compra por parrilla. En la misma parrilla ponían pael higiénico, curitas, algunos tipos de medicamento y alguna otra cosa.

¿Esa resolución de la CC está vigente?

Sí y no podemos exigir el registro al momento de participar en la subasta, pero ni no lo muestran luego no pueden firmar el convenio marco ni estar en el catálogo de los hospitales.

Les van a caer recursos constitucionales...

No pueden, porque la ley lo dice, simplemente no firmaremos el convenio marco. 

¿A qué se refiere cuando habla de malos proveedores?

Yo no sé si es leyenda urbana o verdad pero se dice que han habido cebicherías, hamburgueserías...vendiendo.

Hay evidencias de eso.

¿Por qué pasó esto? Porque las entidades contratantes armaban una ficha donde ponían varios productos por comprar. Le llamaban compra por parrilla. En la misma parrilla ponían pael higiénico, curitas, algunos tipos de medicamento y alguna otra cosa. La mezclar insumos médicos con medicamentos no había un solo proveedor que pudiera entregar todo. Entonces entraban los distribuidores, que compraban a los distintos proveedores y ellos vendían la hospital. Las entidades contratantes cometían esos errores, pero eso ya no se puede hacer. La compra centralizada significa que ahora, una vez que todos estos fármacos suban al repertorio de fármacos o medicamentos, es decir una especie de Amazon de los medicamentos, el Ministerio de Salud hace la compra. Entra a este catálogo, hace click y dice: quiero diez millones de pastillas de omeprazol. Y el MSP compra para las 2000 unidades de saludo, y el IESS y los demás entran y compran. Eso asegura que solo proveedores que puedan entregar ese volúmen van a participar. Cuando el ministerio recibe estos fármacos, el proveedor deberá entregar en uno de los 130 depósitos que el ministerio defina y luego el MSP se encarga que eso llegue a las unidades de salud. Asumamos que hay demasiado medicamento en un hospital, pero a otro le falta, el MSP puede llevar de uno a otro. 

Pero lo que tenemos con pedidos centralizados, ¿cómo sabe el Sercop que se está pidiendo demasiado de un medicamento, que luego se caduca o se roba?

Eso es muy importante. Lo que importa es una adecuada planificación. No se puede comprar más de la cuenta. Otra cosa que hemos incluido en los pliegos es la posibilidad de las entregas parciales. Digamos que como MSP compro diez millones de pastillas de paracetamol, pero no los necesito de golpe. Entonces pido que se entregue de manera parcial, así recibo medicamentos vigentes y el número que se necesita en ese momento. Eso requiere buena planeación y ejecución de las entidades contratantes. Y una buena relación con el Ministerio de Finanzas para que el dinero llegue a tiempo.

Pasando a otra cosa ¿cómo encontró el Sercop y que ha ido cambiando?

Encontré una institución debilitada, que había sido recortado el presupuesto hasta el 25%, lo cual tuvo impacto en el talento humano. El 90% del presupuesto se va en personal, porque somos un servicio. Servimos a las más de 3600 entidades contratantes y a las más de 381 mil proveedores del Estado, es un mundo que forma parte del sistema nacional de contratación pública, del cual somos el ente rector. Cuando entré en plena pandemia casi todos estaban en teletrabajo y puse a trabajar al 50% y además un adecuado seguimiento del nivel jerárquico superior, para que la gente sepa que tenemos que trabajar.  Había que fortalecer tres pilares y tres ejes de gestión. 

Encontré una institución debilitada, que había sido recortado el presupuesto hasta el 25%, lo cual tuvo impacto en el talento humano. El 90% del presupuesto se va en personal, porque somos un servicio.

¿Cuantas personas trabajan en el Sercop?

Unas trescientas cincuenta personas, más o menos, entre el personal propiamente dicho y el de un proyecto de inversión. Tenemos falta de personal, pero como no se puede pedir más, hay que ser más eficientes. Por ejemplo, en el área de riesgos estamos automatizando lo más posible los procedimientos de gestión de riesgos, como del área de supervición. Tenemos inteligencia artificial y algoritmos, estamos pensando en mejorar el sistema informático, el Sistema Oficial de Contrataciones del Estado, SOCE. Fue hecho en el 2009, y en el 2022 ya no da más, es lento, para cualquier cambio se debe parar todo el sistema, se lo hace en la noche, no es modular, es vulnerable y por tanto, muy probablemnte, ha sido vulnerado. Nosotros recibimos entre 40 y 50 ataques informáticos todos los días, pero para eso tenemos seguridad perimetral. 

¿Cómo sabe que ha sido vulnerado?

Porque han habido denuncias, y nosotros hemos presentado denuncias en Fiscalía, una en particular a una posible vulneración de nuestro sistema. En enero último presentamos 14 denuncias relacionadas con cohecho, estafa, fraude, vulneración del sistema, falsificaciónde documentos y uso doloso de documentos falsos. Hace tres semanas presentamos siete denuncias más, todas relacionadas con falsificación de documentos y uso doloso de documento falso.

¿Qué significan estas denuncias?

Significa que hay proveedores del Estado que se han acostumbrado a mentir, a falsear documentación para, por ejemplo, justificar experiencia. Como no la tienen, consiguen certificados o facturas falsas. Un segundo problema es que también las entidades contratantes tienen poca acuciosidad en la revisión de la documentación de los proveedores. Al año pueden haber entre 40 mil a 50 mil procesos, es imposible que monitoreemos todo, aunque lo hacemos en el área de riesgos. Tenemos una matriz de riesgo con 33 factores, que si salta alguno tenemos alertas. Hacemos una supervisión de oficio a los procesos, a veces por monto, a veces por sector, por tipo. Pero también nos llegan alertas ciudadanas, reclamaciones y entramos a supervisar el procedimiento. Todos los días recibimos alertas, por procedimientos desde juntas parroquiales, municipios, prefecturas hasta grandes empresas públicas y gobierno central.

hay proveedores del Estado que se han acostumbrado a mentir, a falsear documentación para, por ejemplo, justificar experiencia. Como no la tienen, consiguen certificados o facturas falsas.

¿Qué pasa cuando empiezan a monitorear?

El momento en que empezamos a monitorear y cuando identificamos hallazgos enviamos un oficio a la entidad contratatante, le decimos lo que encontramos y pedimos suspender y subsanar los problemas. Si no lo hace emitimos un oficio recomendando que se declare desierto y que empiece de nuevo. O puede ser que haya un tema penal y va al área de denuncias, y podemos suspender los procesos y sancionar a los proveedores. No podemos sancionar a los contratantes, solo la Contraloría lo puede hacer. 

¿Dentro de la ley y las normas hay muchos hoyos negros? ¿Cuáles son?

Más que hoyos negros, los llamará vacíos, intersticios donde unos u otros pueden hacer horrores. 

Menciono específicamente a las contrataciones por régimen especial ¿estas se registran en el Sercop?

Sí se registran, pero puede estar refiriéndose a ciertas instituciones que, por el sector en la que están tienen su reglamentación propia. Por ejemplo, sectores estratégicos, y estos sí deberían al menos informar al Sercop, pero eso no está en la ley. Así que ya hay que cambiar la ley.

¿De qué sectores hablamos?

De petróleo, eléctricas...

Donde está la plata.

Sí, yo creo que hay que reformar la ley, trabajando con la Asamblea Nacional, para obligar a los sectores estratégicos a informar, a que todo sea transparente. El 15 de diciembre del año pasado abrimos los datos de contratación pública. Toda la contratación pública desde el 2015 hasta ayer está ne nuestra plataforma que se llama Contrataciones Abiertas Ecuador, todo está ahí, regimen común, regimen especial, falta y lo vamos poner emergencias y mínima cuantía. Los sectores estratégicos también, porque hacen compra pública; solo ciertos sectores muy estratégicos tienen implementación especial.

¿Qué tipo de contrataciones son especiales en los sectores estratégicos?

Por ejemplo, en el sector petrolero ciertos equipos e implementos que se deben adquirir de modo urgente. Estamos hablando de mucho dinero. Pero todos los sectores debemos trabajar en reformas a la Ley de Contratación. Nosotros, en junio, llegamos con una propuesta de reforma a la Asamblea, y nos topamos con que la Asamblea Nacional ya tenía un proyecto de reforma listo para segundo debate en el Pleno. Comparecimos a la Asamblea y dimos una opinión sobre ese proyecto, que no es nuestro. este nació en la Comisión de Régimen Económico, pero no se ha tratado. Llegó a estar en el calendario del Pleno. 

¿Cómo vio ese proyecto de ley?

Tiene cosas buenas y otras no, pero además estaríamos perdiendo la oportunidad de cambios más profundos.

¿Y qué han hecho ustedes al respecto?

El año pasado presentamos a la Presidencia de la República un nuevo reglamento general para el Sercop. Porque hoy la normativa es muy compleja y tiene muchos huecos. Ya consta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Se ha hecho un trabajo de retroelimentación con expertos, academia, cooperación internacional. 

El año pasado presentamos a la Presidencia de la República un nuevo reglamento general para el Sercop. Porque hoy la normativa es muy compleja y tiene muchos huecos. Ya consta en la Secretaría Jurídica de la Presidencia.

¿Hay algo sobre el Régimen Especial?

Es necesario que sea más claro cuándo se puede usar el Régimen Especial. Ahora depende de la entidad contratante y si estas no se lo toman en serio, no verifican... Una idea. Creo que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas necesita estudios previos para sus obras. Estaría bien que contrate a las empresas de las universidades y politécnicas públicas. Todas tienen ese servicio, estas pueden hacer los estudios a un precio muy conveniente. Debemos tener mucho cuidado con que no se use el Régimen Especial para evitar la competencia que debe existir en la obra pública. En este reglamento hemos incluido temas tan importantes como las compras públicas sostenibles. El Estado no debe ser solo el mayor comprador sino el mejor. El año pasado, las compras públicas significaron USD 5.320 millones. Eso equivale al 5% del PIB y casi el 16% del Presupuesto General del Estado. Compramos mucho y tenemos que comprar bien. No podemos comprar, por ejemplo, muebles hechos con madera producto de la deforestación, tiene que ser madera certificada, sostenible. Hay certificaciones Punto Verde Forestal y hay muchas empresas forestales que están haciendo bien las cosas, premiémosles, e impidamos que se hagan mal. También más del 50% de la población somos mujeres, las que más hemos sufrido en la pandemia. Las mujeres han sido las que más han perdido empleo, las que han tenido que ocuparse de los niños, las víctimas de la violencia, y es importante que desde la política pública podamos incentivar el empleo femenino, por ejemplo. O las asociaciones o empresas u organizaciones de propiedad de mujeres. Estamos trabajando con la GIZ y los gremios empresariales para generar un sello de empresa segura. Así como nosotros tenemos ese sello, trabajamos con temas de igualdad de género, contra el acoso, debemos trabajar hacia afuera. 

Con esta discriminación positiva, pero también pueden haber reclamos por discriminación en otro sentido ¿no es ponerle condicionamiento a ciertas compras?

No ponemos condicionamiento a nadie ni discriminamos a nadie, pero a aquellos que tienen, por ejemplo, una mirada más cuidadosa hacia el ambiente y a los temas sociales, serán premiados, pero no de una manera que haya discriminación, sino para incentivar nuevas prácticas. 

Hay muchos que pueden hacer trampas y obtener certificados...

No vamos a permitir eso, porque todos tienen que cumplir con exigencias básicas para ser proveedor del Estado. Este tema del enfoque de género y de sustentabilidad es una necesidad. Y es un tema que avanza en casi todos los países. Tenemos que cuidar a nuestros mejores proveedores, y premiarlos, y eso significa calidad, oportunidad, precio, pero también cuidar el ambiente. No podemos tener como Estado proveedores que lancen químicos a los ríos. Tenemos que incentivar que nuestros proveedores sean mejores ciudadanos corporativos. Estamos incentivando, no obligando, a tener buenas prácticas ambientales y sociales y de esa manera se premia a los mejores proveedores.

Dentro de los resquicios están las compras a régimen común que se adjudican a una sola oferta a un solo proveedor. 

Ese sí es un drama. Y en algún momento llegó al 43% de los procesos que tienen altos niveles de concentración. Es decir, tienen uno, dos o máximo tres proveedores. A escala mundial está comprobado que cuando tienes tres o más proveedores mejora la relación calidad-precio. 

¿Dónde está la trampa en eso?

Hay varias cosas que pueden pasar: pueden haber acuerdos colusorios, pero creo que el mayor problema es la complejidad de la normativa. Como es tan compleja, solo pocos y los más grandes participan. Tenemos que simplicar. Por ejemplo, en obras. ¿Cómo puede ser que los pliegos para obras tengan 43 páginas? Estamos simplificando, y este es un trabajo que se ha hecho con los gremios: con las cámaras de la construcción, los colegios de ingenieros, de arquitectos. Espero que en pocas semanas saquemos los nuevos pliegos de obras, para asegurar que haya más gente participando. Pero un segundo problema ha sido la falta de confianza. La gente, al perder confianza en la institucionalidad, ha dejado de participar. Si con la transparencia, con contrataciones abiertas se puede recuperar la confianza. Entrar al SOCE es dificilísimo. En Contrataciones Abiertas es amigable.

El año pasado, las compras públicas significaron USD 5.320 millones. Eso equivale al 5% del PIB y casi el 16% del Presupuesto General del Estado. Compramos mucho y tenemos que comprar bien.

Si soy contratante y quiero favorecer a un amigo, busco que sea el único oferente.

Puede que parezca eso. Lo que pasa es que en la misma matriz de riesgo nos falta eso, o si alguien nos alerta, nosotros podemos verificar si el comité de calificación a descalificado de manera ilegal o arbitraria a todos excepto uno, para que este sea el adjudicatario, si identificamos que ha habido direccionamento, mala fe, etcétera, recomendamos la declaratoria de desierto y tiene que empezar de nuevo. Las entidades contratantes tienen que estar más atentas, tienen que hacer las cosas bien. Pero también, todos juntos, debemos evitar esos términos de referencia direccionados para que solo uno pueda presentar una oferta. 

¿Cómo se está procediendo en estos casos para prevenir?

Estamos trabando con la Asociación de Municipalidades, AME, con el Congope, (Consorcio de Consejos Provinciales), con las empresas públicas, para que mejoren sus procedimientos, y nosotros con mejora de pliegos. Con eso hemos bajado al 40% en procesos de una sola oferta, y nuestra idea es bajar al 25% al 2025. Simplificando procesos y haciendo la vida más fácil a los oferentes.

¿Y esto se hace porque lo permite la ley?

La ley y, lastimosamente, porque hay malos actores. Antes de la Ley Orgánica de Contratación Pública cada contratante hacía lo que le daba la gana. El hecho de tener una entidad como el Sercop, que hace un control ex ante, hace que podamos mirar las cosas e intervenir de alguna manera. La Contraloría interviene en fase contractual, en la ejecución del contrato; está la fiscalía que en asuntos penales puede intervenir en cualquier momento. Tenemos un área de denuncias, donde la gente puede venir y denunciar extrañas; la gente puede presentar reclamaciones y nosotros intervenimos, a través de superviciones solicitadas por actores que se sienten afectados. Pero la máxima responsabilidad es de las autoridades de las entidades contratantes.

¿Cuál es la queja más común?

Hay de todo, también que pueden haber malas decisiones del comité de selección, ofertas mal presentadas, trampas en las ofertas, esos son los mayores problemas. 

Además de las dificultades, las empresas dicen que las condiciones cambian en medio del proceso y se nota claramente cuando quieren favorecer a una empresa.

Mi invitación a los contratantes y a sus máximas autoridades es que ellas se apersonen del tema. Creo hay mucha ingnoracia de las autoridades sobre la contratación pública —léase alcaldes, prefectos, ministros, gerentes de las empresas públicas— muchas veces los mandos medios son los que toman las decisiones y la máxima autoridad ni se entera. En el Sercop teníamos la obligación de certificar todos los servidores públicos que trabajan en las entidades contratantes tenían que tener la certificación de competencias. No tenían, llegamos nosotros, hicimos el curso de certificación en contratación pública y 60 mil se inscribieron en el curso. Y 46.600 personas lo terminaron, y entre agosto y diciembre del año pasado unas 110 mil personas lograron certificarse en todo el país. Se ha logrado que se esté hablando de contratación pública en todo el país. Desde la junta parroquial más lejana, pasando por municipios, prefecturas, ministerios... hasta las más grandes, siendo Petroecuador la más grande. 

Creo hay mucha ingnoracia de las autoridades sobre la contratación pública. muchas veces los mandos medios son los que toman las decisiones y la máxima autoridad ni si quiera entera.

¿Cómo se identifica el sector que tiene más problemas en contratación pública?

Los GAD (Gobiernos Autónomos Descentralizados o municipios), definitivamente, el sector eléctrico y el sector salud, porque ha estado en la mira.

¿Cuál es el problema más recurrente con los municipios?

Cuando se trata de obras, hay muchos problemas con los comités de calificación. Creo que tiene que haber transparencia. Algunos municipos han hecho algo interesante: hacen públicas la revisión y la calificación de los proveedores y las ofertas. Algo importante en Quito es la presencia de Quito Honesto.  Si los municipios más grandes tuvieran algo similar sería fantástico, porque hay alguien independiente que puede mirar las cosas. 

¿Cómo se maneja la contratación de crédito público, por ejemplo con el BEDE, cuidando de que no haya favoritismos a los mismos proveedores en temas de servicios básicos?

Estamos trabajando con el BEDE, cuando hay denuncias informamos, cuando hay cosas raras en un proceso que se hace con recursos del banco, informamos, pero creo que debemos trabajar de la mano el Sercop, el BEDE y Finanzas, con una visión más estratégica para los GAD. La mitad de la compra pública, de esos más de USD 5300 millones de dólares son para los GAD y de esa mitad, el peso más grande son los municipios. 

 

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