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24 de Octubre del 2016
Historias
Lectura: 18 minutos
24 de Octubre del 2016
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
"No estoy de acuerdo con el linchamiento mediático": Hernán Reyes

Fotos: Luis Argüello

Para Hernán Reyes, el manejo de la Supercom no ha sido el más adecuado, a pesar de que sus competencias están claramente definidas en la Ley de Comunicación. 

 

El catedrático universitario y ex vocal del Cordicom defiende la Ley de Comunicación, aunque plantea algunas reformas que estima necesarias en el funcionamiento y manejo de la Supercom. Asegura que las sanciones de la Supercom han mejorado la calidad de los contenidos de los medios, pero que aún falta cambiar la cultura periodística en el país.

Hernán Reyes

Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Central del Ecuador, Quito; MA en Desarrollo y Género, University of East Anglia, Norwich; Diplomado en Planificación Social, Comisión Económica para América Latina, Santiago; candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito. Ex vocal del Cordicom. 

¿Es usted partidario de derogar o de reformar la Ley de Comunicación? 

Esta idea de derogar la Ley no hace sino reavivar estas posturas de sectores políticos y mediáticos de la prensa privada que ya se expresaron entre 2009 y 2013 en el sentido de que no hacía falta una Ley de Comunicación. Expresan posiciones liberales reaccionarias, pues defienden a ultranza una libertad de expresión carente de todo tipo de regulación. Sin embargo, pienso que la Ley puede necesitar una reforma, pues se la boicoteó durante cuatro años en la Asamblea Nacional y eso hizo que haya algunos elementos que, luego de tras años de aplicación, deben ser remozados. Pienso que la Ley amerita reformas en una serie de partes, y algunos ajustes significativos en la tarea de la Superintendencia de Información y Comunicación. La polémica sobre la Supercom se ha ido incrementando, por la aplicación de sanciones y de declaraciones y actuaciones de su titular. Es necesario que haya ajustes normativos.

¿Cuáles son los ajustes que usted propone?

El espíritu de la Ley es buscar un mejoramiento en la calidad de los contenidos de los medios y aumentar la prevalencia de contenidos formativos, educativos, culturales e informativos. Sin embargo, debido a la resistencia concertada entre medios y sectores políticos, de sectores como Fundamedios o la Asociación de Editores de Periódicos, creo que, más allá de eso, se debe revisar algunos aspectos de la Ley. En primer lugar, hay una serie de sanciones que la Supercom ha hecho sobre el artículo 10 de la Ley, que se refiere a principios deontológicos, que son una obligación de todos los medios. Pero un estudio reciente muestra que los medios del Ecuador, como por ejemplo Ecuavisa, solamente copiaron de manera textual el artículo 10 de la Ley, así como el 13 y el 15. Muchos de estos medios ya tenían códigos que no pusieron en práctica, no los conocían ni siquiera sus propios periodistas, y no los difundían públicamente. En el artículo 10 creo que debe haber precisiones, por ejemplo, en temas como el "tratamiento morboso", que no están bien definidos y podrían ser no pertinentes para esa Ley. Hay una confusión sobre qué es el tratamiento morboso, si es el estilo sensacionalista en sí, o si desemboca automáticamente en el tratamiento morboso de tragedias. En el resto de literales del artículo 10 hay bastante claridad, y eso me parece muy bien. Pero ahí aparece también el linchamiento mediático, que es algo con lo que no estoy de acuerdo, pues ha causado una gran suspicacia por el uso arbitrario que se le pueda dar. El linchamiento mediático que también aparece en el artículo 26 es inaplicable, pues es imposible de probar y no tiene sentido en mi opinión. Hay una enumeración sobre malas prácticas, que podrían servir para sancionar, en otras partes de la Ley. También creo que el artículo 22 de la Ley incluye indebidamente ciertos parámetros que tienen que ver con el carácter profesional del periodismo, y puede llevar a pensar a que la Supercom le diga al medio cómo hacer la noticia para que la información sea veraz. La autoridad debe juzgar sobre cosas hechas, no pretender ser editor. La censura previa por omisión implicación una discusión comunicacional, no solo jurídica, y en artículos como el 54 y siguientes, que habla del Cordicom, debería haber un periodo para los consejeros. Tampoco se ha constituido un consejo ciudadano, que debe conformarse para que se haga una política pública en comunicación. Las atribuciones de la Supercom están claras, pero creo que se incumplen.

"El linchamiento mediático que también aparece en el artículo 26 es inaplicable, pues es imposible de probar y no tiene sentido en mi opinión".

Usted menciona el tema del morbo, en el país hay prensa sensacionalista, y a las críticas, ésta ha respondido que lo que se quiere imponer es corrección política desde el Gobierno. ¿Es legítimo ésto?

No creo que es correcto utilizar ese término, pero me parece que cuando no hay un conocimiento de la autoridad sobre qué es el trabajo periodístico, podría haber sanciones que no debieron darse. He revisado algunos procesos y creo que hay argumentaciones deficientes en sanciones sobre el morbo. Creo que la autoridad no tiene atribuciones para imponer un estilo. El amarillismo existe en varios lugares del mundo, puede gustar a determinados lectores, pero los contenidos sí pueden afectar derechos y ahí tiene la autoridad competencia para intervenir. Pero se cruzan cuestionamientos al estilo con el contenido, y eso le quita solidez a la sanción. Cuando no hay legitimidad en la actuación de una autoridad, pasa lo que ha ocurrido con esos periodistas de Radio La Redonda y con el enorme show del señor Bonil cuando fue juzgado. Se pierde piso la posibilidad de mejorar la cultura periodística si los periodistas le pierden el respeto a la autoridad, y hacen lo que han hecho estos señores de esa radio. Algo está funcionando mal, no sé si en la norma o en la actuación de la autoridad para que pasen esas cosas.

Pero, ¿prohibir hablar de sexo o de violencia no es abrirle la puerta al moralismo?

Depende de cómo se hable. No se trata de moralismo como la única alternativa. Pero si hay que regular contenido sexualmente explícito en horarios inadecuados, aquí, en Estados Unidos, se protege con restricciones de uso de lenguaje, por ejemplo. Allá se censura con un pito las malas palabras, por ejemplo. En horarios de carácter familiar debe haber regulaciones y eso se debe seguir manteniendo, en especial, cuando hay niños y adolescentes. 

Veamos el caso del futbolista Antonio Valencia y el periódico británico The Sun. Le acaba de publicar una supuesta historia de infidelidad, que incluye elementos sexuales por necesidad. ¿Es ese el "morbo" que hay que combatir?

Me refiero a la televisión y la radio. Pero no olvidemos que ese tipo de tabloides como The Sun tienen restricciones en su venta, o vienen con coberturas especiales para que solo los vean los adultos. No podemos deslegitimar todo tipo de regulación. En el caso de radio y televisión se han fijado franjas horarias por medio del Cordicom, con un horario de protección reforzada para niños y adolescentes en época de vacaciones.

Pero esas regulaciones de horario ya existían, había resoluciones del antiguo Conartel al respecto...

Esas regulaciones no se cumplían y nadie las conocía. Había una desobedencia olímpica. Esa entidad se dedicaba a cosas no tan santas, como la distribución de frecuencias entre amigos y allegados. No había una Ley que regule contenidos y por eso no había una autoridad sancionadora, estoy casi seguro que Conartel no sancionó a nadie nunca.

"No había una Ley que regule contenidos y por eso no había una autoridad sancionadora, estoy casi seguro que Conartel no sancionó a nadie nunca".

¿Usted cree que antes había contenidos inadecuados para los niños en la televisión ecuatoriana?

Seguramente, no tengo un estudio a mano, pero con toda seguridad fluían libremente con ese criterio de que la mejor ley es la que no existe. Los medios privados estaban congratulados con que no haya normativas. 

Vamos al caso del linchamiento mediático. Se aplicó una sanción contra la periodista Janneth Hinostroza y su canal por haber transmitido de manera reiterada una noticia. Pero, linchar por definición es un acto tumultuario, y ahí hubo un solo medio de comunicación... ¿Los medios ya no pueden tener una agenda editorial independiente?

Le vuelvo a insistir en que no estoy de acuerdo con esa figura. Pero las prácticas de acoso, de hostigamiento, de informar con sesgo y mala fe no son infrecuentes en ciertos medios. Los medios tienen posiciones políticas, y el caso de Ecuavisa y Vistazo en el caso de la mochila escolar de la ex ministra Sandra Correa, expresó un antecedente que luego permitió incluir el linchamiento mediático en la Ley. Se incumplen parámetros básicos y elementales que conoce un estudiante de periodismo. Que hay prácticas que deben ser sancionadas, sí existen. En el caso de la señora Hinostroza se denunciaron los intereses que había detrás. Hay dos caminos para corregir eso: la autorregulación que no se va a dar, y la regulación externa, que podría evitar episodios como este. 

Han ocurrido críticas al funcionamiento de la Supercom, que parece haberse convertido en un tribunal de cuño inquisitorial, y hay quienes piensan que, si bien no hay censura previa, parece haber todo un aparataje para la retaliación posterior. ¿Cuál es su lectura sobre esto?

Rechazo la idea de inquisición. Ese es otra muletilla que se manejaron desde el principio. No hay mejor manera para atacar una Ley que descalificarla, y los puristas que defienden la libertad de expresión en su enfoque ultra neoliberal hablan de una inquisición. La comparación es inadecuada y barroca. Pero creo que hay que revisar las tareas y funciones de la Supercom. Creo que debió difundir los informes de monitoreo de las prácticas y contenidos de los medios. Solo han hecho estudios muy puntuales, con metodologías sin robustez, que son deficientes. Otra deficiencia es que no ha transparentado su tarea al realizar el juzgamiento, eso se pudo visibilizar mejor ante la ciudadanía, comunicando la razón de ser de sus acciones. Se dejó la impresión de que hubo procesos políticos y no técnicos y jurídicos. También ha invertido recursos en cosas como concursos de conocimiento sobre la Ley, o en publicitar los derechos de la comunicación, que no están entre sus competencias. Eso le correspondía al Cordicom. Hay una superposición de funciones, que se deben corregir a nivel de funcionamiento institucional. 

 

"Rechazo la idea de inquisición. Ese es otra muletilla que se manejaron desde el principio. No hay mejor manera para atacar una Ley que descalificarla, y los puristas que defienden la libertad de expresión en su enfoque ultra neoliberal hablan de una inquisición".

¿Cómo ve usted la gestión del superintendente Carlos Ochoa? Se le reprocha que no asiste nunca a las audiencias, ¿debería aparecer de manera más evidente?

No quisiera comentar en términos personales sobre el señor Ochoa. Puede haber distintos estilos de encabezar una institución, pero está claro que a nivel de la institución hay falencias que he señalado, y que no tienen qué ver con quién la dirija, sino de saber si la institución cumple o no con sus funciones.

¿Los medios privados han mejorado con la aplicación de ésta Ley? ¿Los medios públicos han elevado el nivel y la calidad del periodismo como se ofreció?

Creo que la Ley de Comunicación por sí sola no puede mejorar o empeorar el periodismo. Se le acusa de todo, incluyendo la mala práctica de los periodistas. Una cosa es la cultura periodística y otra la aplicación de la Ley. Se ha avanzado bastante poco en la cultura periodística, a pesar de una Ley detallista. Cabría esperar que los medios se tomen en serio su función, de manejar información que es un bien público, pero se maltrata la información como a bien tienen. Las agendas que se arman son lamentables en algunos casos y eso no tiene qué ver con la Ley de Comunicación, sino con cómo los medios se toman su tarea. Tampoco se entiende que la comunicación es un servicio público, no se piensa en el público sino en sostener el negocio, no les interesa dar mejor información. En el caso de diario Extra, es obvio que se defiendan con sangre y uñas para seguir siendo el medio más rentable de la prensa escrita. Sería ingenuo pensar que van a cambiar sus temáticas y contenidos, y aunque haya morigerado algunos temas, seguirá con una agenda que es ante todo empresarial. 

¿Y los medios públicos? ¿Cómo entender su dinámica actual?

Los medios públicos son nuevos en un escenario dominado por los medios privados. La Ley diferencia medios estatales, medios privados, medios públicos y comunitarios. Tienen una tarea pero se les vuelve cuesta arriba: deben competir con los medios privados, manejar temas de coyuntura, dar su versión sobre temas de interés público, pues están en un mercado forjado por los medios privados. Hay medios privados que aspiran a ofrecer servicios de buena calidad y otros no. A este dilema y por la polarización del país ha hecho que haya una odiosa distinción entre medios públicos y privados. En el país se ha llegado a la absurda conclusión de que los medios públicos deben servir a unos amos, y los privados a otros amos. En ninguno de los dos casos esos amos son el ciudadano. En un caso es el dueño del medio, en el otro el funcionario público, no hay una discusión de fondo sobre las fortalezas de los medios públicos y privados. Pienso que en términos globales la programación de los medios públicos, que es educativa, cultural, y de otro tipo, es mejor que en los privados. 

"En el país se ha llegado a la absurda conclusión de que los medios públicos deben servir a unos amos, y los privados a otros amos. En ninguno de los dos casos esos amos son el ciudadano".

Los medios públicos, dice usted, no se han sustraído de ciertos amos. ¿Tampoco se han podido desligar de la agenda política del Gobierno?

Creo que han estado peleando con aquello. Se han logrado sustraer en algunos casos pero no en otros. A mi no me asombra que eso pase, esa presión sobre los medios públicos que proviene de quiénes los financian, ocurre en otros países, como la televisión pública alemana, que ha sido presionada por políticos. Esa es una pelea que se sigue dando, que les obliga a hacer un servicio público y no competir con lo peor de los medios privados. 

¿Cuál es la línea que divide esos medios estatales de meros aparatos de propaganda?

Creo que no se puede discernir esa línea en términos genéricos. Es más fácil de distinguir en momentos en concreto. yo formé varios años del consejo editorial de EcuadorTV y pude ver que había tensiones. En los momentos electorales o en los cambios de funcionarios la cosa se pone más peliaguda y hay más presiones. Pero los medios públicos no se han convertido en propagandistas a tiempo completo de un político o un gobernante. Se mete en el mismo saco a medios públicos, estatales e incautados, y se desconoce las lógicas propias. Pasa lo mismo cuando se cree que en medios privados solo se obedece al dueño y tampoco es así. 

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