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29 de Julio del 2019
Historias
Lectura: 17 minutos
29 de Julio del 2019
Fermín Vaca Santacruz
“No hay crisis en la Comisión Anticorrupción”: Germán Rodas
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Foto: CGE

El coordinador de la Comisión Anticorrupción, Germán Rodas, (Izq). firmó con el contralor Pablo Celi un convenio para promover la ética en la administración pública. 

 

La renuncia de Jorge Rodríguez, que luego fue retirada, evidenció un cierto cansancio entre los comisionados, que cuestionan la falta de cooperación de varios de los poderes del Estado en la lucha contra la corrupción.

La Comisión Nacional Anticorrupción ha tenido cinco hitos durante sus cuatro años. Conformada el 30 de mayo de 2015 en Riobamba, como un ente nacido de la sociedad civil, aglutinó a figuras de la academia y los sectores sociales, como Julio César Trujillo, Isabel Robalino, Simón Espinosa, Jorge Rodríguez, Germán Rodas, entre otros.

La Comisión fue conformada por pedido de los sectores sociales. Organizaciones sindicales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) han tenido importante presencia en su funcionamiento, así como Ceosl, Cedoc, CTE, UGTE, UNE, Conaie, Pachakutik, entre otros. Pero, como entidad ciudadana, la Comisión no cuenta con institucionalidad propia. Carece de oficinas, financiamiento y personal. Surgió en medio de los tiempos más duros del correato, cuando el régimen autoritario se encontraba en la cúspide su apogeo y cuando muchos temblaban y otros callaban. Es en ese marco que la Comisión tuvo su primer hito. Demostró que la sociedad civil podía organizarse y enfrentarse al poder omnímodo del Estado y el partido único que había creado la “revolución ciudadana”.

La segunda etapa fue la de las grandes denuncias. Mientras el correísmo se empeñaba en realizar obras públicas costosas, las dudas sobre los procesos contractuales, los posibles sobreprecios,  las gimnasias legales y contables se hicieron cada vez más grandes. En ese escenario, se hizo también evidente la sospecha actitud de organismos de control, como la Contraloría General del Estado, que en esa época dirigía Carlos Pólit, un antiguo militante de la Sociedad Patriótica que se convirtió en uno de los pilares del manejo estatal correísta. La Comisión presentó por lo menos 17 grandes denuncias.

La Comisión Nacional Anticorrupción demostró que la sociedad civil podía organizarse y enfrentarse al poder omnímodo del Estado y el partido único que había creado la “revolución ciudadana”.

La tercera etapa fue la de reacción de los involucrados. Carlos Pólit, en particular, salió por los fueros de su “honor” y demandó por injurias a los integrantes de la Comisión. Una jueza de Pichincha le dio la razón y los condenó al pago de una indemnización millonaria. Pólit desistió de cobrar y hacer cumplir la sentencia, pero los comisionados fueron condenados. Otros funcionarios del Gobierno, como el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, también se querellaron contra la Comisión, aunque esa demanda no prosperó. Los comisionados empezaron a sentir el largo brazo de la persecución judicial, una práctica común en el correato, que tenía ciertos jueces y fiscales a las órdenes.

Una cuarta se inaugura con el advenimiento de Lenin Moreno. El nuevo presidente creó primero un Frente Anticorrupción que, si se cree en las filtraciones de los audios de Eduardo Mangas, tuvo la intención de neutralizar a los comisionados de la sociedad civil. Luego, el régimen creó una Secretaría Anticorrupción, a cargo de Iván Granda, para fines de coodinación del combate a la corrupción. Al mismo tiempo, el Consejo de Participación Transitorio nombró a otras autoridades de control, como Pablo Celi, confirmado como contralor del Estado, y Diana Salazar, nueva fiscal general del Estado.

La quinta etapa es la actual, marcada por la renuncia de Jorge Rodríguez, que, aunque fue retirada luego de un diálogo con el FUT y los comisionados, evidencia el malestar en la Comisión por la falta de voluntad política del Gobierno en la lucha contra la corrupción.

La quinta etapa es la actual, marcada por la renuncia de Jorge Rodríguez, que, aunque fue retirada luego de un diálogo con el FUT y los comisionados, evidencia el malestar en la Comisión por la falta de voluntad política del Gobierno en la lucha contra la corrupción. “La cirugía mayor ha sido un chiste de mal gusto”, llegó a decir Jorge Rodríguez.

La dura renuncia de Jorge Rodríguez

En su carta de renuncia, firmada el 19 de julio y dirigida a Mesías Taramuez, Rodríguez estableció su dimisión irrevocable. En la misiva, Rodríguez explicó que la Comisión presentó 17 grandes denuncias, durante cuatro años, sin que ninguna haya pasado de la indagación previa en la Fiscalía, lo que para Rodríguez ha creado “una percepción ciudadana de que la arbitrariedad tiene más fuerza que nuestro trabajo, en donde hemos puesto plata y persona, sin aceptar que grupos económicos o políticos, toquen nuestras puertas en el afán de obtener su impunidad”.


Foto: PlanV
Jorge Rodríguez (centro) dijo que la cirugía mayor de Lenin Moreno es "un chiste de mal gusto". 

Rodríguez se mostró escéptico sobre los cambios en los organismos de control y acusó al Gobierno de negociar con grupos vinculados a la corrupción: “Lastimosamente constatamos que, cambiadas la mayor parte de cabezas en los organismos de control, los cuerpos siguen exactamente igual. Nadie hace nada para evitar la contaminación, cuyo desvío se agudiza, cuando el actual Gobierno, para conseguir estabilidad, negocia con los mismos grupos una parte del poder”.

Así mismo, Rodríguez fue crítico con el presidente Lenin Moreno y su gestión política, pues sostuvo que “la cirugía mayor a la corrupción, planteada por el presidente de la República, resultó un chiste de mal gusto que nos repiten para ocultar una inacción manifiesta y se oculta en las caretas que se han puesto para disimular el reparto de la cosa pública, asignando puestos y hasta contratos, a todos quienes aceptan el cambio de bando o el mudo y cómplice apoyo a su estabilidad”.

Para Jorge Rodríguez, “la cirugía mayor a la corrupción, planteada por el presidente de la República, resultó un chiste de mal gusto que nos repiten para ocultar una inacción manifiesta y se oculta en las caretas que se han puesto para disimular el reparto de la cosa pública, asignando puestos y hasta contratos, a todos quienes aceptan el cambio de bando o el mudo y cómplice apoyo a su estabilidad”.

“Avergüenza la comodidad o la indolencia de la mayor parte de los ecuatorianos y me obliga a retirarme”, finalizó Rodríguez.

Este portal contactó al comisionado para conocer detalles de su renuncia, pero tras aceptar el diálogo luego lo canceló. No asistió tampoco a la  reunión de la Comisión la semana pasada, y solamente se comunicó con sus colegas por medio de Whatsapp. Ahí explicó que no concurriría aunque, verbalmente, habría retirado su dimisión.

El futuro de la Comisión Anticorrupción


Captura de video
Germán Rodas, historiador y académico, sucedió a Rodríguez en la coordinación. 

Mientras esto ocurre, Germán Rodas, historiador y catedrático, asumió el liderazgo de la Comisión. Aunque él ya había sido nombrado coordinador, ahora su liderago será clave. Rodas conversó con este portal sobre los cinco hitos de la Comisión y las perspectivas a futuro.

-¿Cómo evalúa esta crisis en la Comisión, evidenciada por la dura renuncia de Jorge Rodríguez?

Quiero decirle que no hay crisis. La coordinación ya me fue encargada por Rodríguez hace tres meses, él ya había sufrido algunas contigencias y tuvo varios viajes. Ahora ha vuelto pública una renuncia, pero el 24 de julio tuvimos una reunión con él y le indicamos que no debía ausentarse de la Comisión y que debía retirar su renuncia. Él ha señalado que la va a retirar y nuestra postura es mantenerle que se mantenga en la Comisión. También se me ratificó como coordinador y la Comisión seguirá en sus tareas, esta es una Comisión que tiene un sentido histórico, es un contrapoder que representa a la sociedad civil, que busca a nombre de ella la contraloría social.

No creo que haya un momento de crisis, sino la contigencia de uno de sus miembros y esperamos que eso no ocurra. No se trata del primer caso, ha habido otras personas que se han alejado por otras circunstancias, cada comisionado tiene un alterno y va ayudando en el trabajo. Jorge Rodríguez ha estado a tiempo completo y lo que ha pedido es un pequeño respiro.

-Jorge Rodríguez ha dicho sobre la “cirugía mayor” del Gobierno de Lenin Moreno que ha sido “un chiste de mal gusto”. ¿Está usted de acuerdo con ese criterio?

Todos los gobiernos siempre van a estar en una situación que no favorece la ética. El problema no es el Gobierno, es el sistema. La crítica puede ser a un problema estructural. Sino se modifica el país la lucha contra la corrupción siempre será un elemento en la cotidianidad. Es necesario que el pueblo organizado ponga orden en ese tema.

-El Gobierno actual creó un Frente Anticorrupción y luego una Secretaría Anticorrupción. ¿El Estado se quiere controlar a sí mismo? ¿Se pretende deslegitimar a la sociedad social?

Creo que son dos cosas absolutamente distintas. El Estado tiene derecho a buscar mecanismos de autocontrol, es adecuado. Pero la sociedad civil tiene que controlar al Estado y al Gobierno. Por eso siempre hemos señalado que el Consejo de Participación Ciudadana no puede estatizar a la sociedad civil, el Gobierno sin embargo, puede tener su autocontrol. La Fiscalía y la Contraloría pueden tener acciones de control importantes, en especial, la Contraloría, que firmó un convenio con nosotros para trabajar de manera conjunta. Sobre la Fiscalía, espero que las 17 denuncias que hemos hecho empiecen a moverse, muchas de ellas fueron escondidas, archivadas, engavetadas, y más bien sirvieron para perseguirnos de manera infame. Las hemos vuelto a presentar para que el tema de investigación siga adelante. Tenemos un fiscal que tiene problemas para lograr su gestión, pero debemos seguir en la línea de la investigación. Cuando la justicia sea evaluada, deben salir los rezagos del correísmo que entorpecen a la justicia. En la Asamblea Nacional no se tramita la Ley Anticorrrupción y no hace la ley para la muerte cívica de los corruptos. El Estado en su conjunto no está respondiendo a la demanda ciudadana.

-Usted dice que hay 17 denuncias que son ignoradas. ¿Hay deuda del sistema judicial en este tema?

Hay una deuda del Estado hacia la sociedad que es estructural. El propio Estado no tiene facilidades para actuar. Hay comportamientos dudosos en la Contraloría y la Fiscalía anteriores, que estaban en la corruptela, y hay que diferenciarlos de un accionar poco eficiente.

-El Consejo de Participación pretendió estatizar la lucha anticorrupción. ¿No está haciendo lo mismo la actual Secretaría Anticorrupción?

La Secretaría tiene una agenda desde el lado del Gobierno, supongo que hace contraloría casa adentro. Pero esos esfuerzos también pueden ser insubsistentes y no impiden que la sociedad civil se convierta en un motor fundamental en la lucha contra la corrupción. La sociedad civil debe observar a las instituciones del Estado y de los gobiernos. El tema de la corrupción tiene que ver con ética, con credibilidad de la palabra, con los mensajes. El régimen anterior hablaba de honestidad pero se robó hasta las doctrinas y los discursos de otras corrientes. No solamente es meterle la mano en los bolsillos a los ecuatorianos, sino engañar a la ciudadanía.

"La Secretaría tiene una agenda desde el lado del Gobierno, supongo que hace contraloría casa adentro. Pero esos esfuerzos también pueden ser insubsistentes y no impiden que la sociedad civil se convierta en un motor fundamental en la lucha contra la corrupción".

-¿Cómo fortalecer la contraloría social? El legado correísta parece ser que nada puede funcionar fuera del Estado y fuera del partido, ¿cómo reconstruir el tejido social?

La sociedad debe volver suyo su rol histórico. Debe ejercer control social, y lo debe hacer de manera cotidiana. Debemos impedir que ocurran circunstancias de corrupción, y la sociedad civil debe empujar su rol con energía. Hay personas en la lucha permanente por sus derechos y está llamada a actuar. En el Gobierno anterior se quiso pulverizar a la sociedad, a los gremios, a los movimientos sindicales, se pretendía evitar que la sociedad tenga su propia dinámica.

Ustedes fueron perseguidos con el uso del sistema judicial en el Gobierno anterior, y la justicia le dio la razón a Carlos Pólit. ¿Cómo van esos procesos en su contra presentados por funcionarios o ex funcionarios?

El punto más evidente fue la sentencia de un año de prisión y el pago de una indemnización. Me queda la duda si el proceso se cerró solo con el supuesto perdón de un abogado. Muchos acusadores han desistido, como el ex ministro Esteban Albornoz, otros abandonaron la causa como el ex prefecto de Pichincha, otros pusieron demandas pero están escondidos por corrupción. En este momento ya no hay demandas ni acusaciones del periodo anterior. La mayoría de los acusadores o están presos o están fugados. La sociedad se volcó a apoyar a la Comisión y a darnos legitimidad.

Yo destaco la presencia en la Comisión de Simón Espinosa e Isabel Robalino, así como de Jorge Rodríguez. No tenemos empleados, ni infraestructura, ni un solo centavo de ninguna donación local o internacional. Funcionamos con nuestros recursos personales. Cuando damos una rueda de prensa pagamos la cuota para pagar el local.

"No tenemos empleados, ni infraestructura, ni un solo centavo de ninguna donación local o internacional. Funcionamos con nuestros recursos personales. Cuando damos una rueda de prensa pagamos la cuota para pagar el local".

¿Cuál es la perspectiva de la Comisión a partir de ahora? ¿Cuál es su futuro?

Creo que la Comisión tendrá largo aliento, aunque nosotros ya no estemos. Hemos hecho acercamientos a la Contraloría General del Estado y al Consejo de la Judicatura, así como con el Municipio de Quito. El Consejo de la Judicatura aceptó una sugerencia para evaluadores de la Corte Nacional de Justicia, como es el caso de Víctor Granda. Con la Contraloría vamos a organizar los núcleos provinciales, vamos a poner mucho interés en las comisiones provinciales y en el interior del país. Seguiremos reclutando gente buena, sana y preocupada de su terruño. Con el Municipio de Quito vamos a revisar temas como las contrataciones del Metro y de la Ruta Viva. También vamos a investigar el caso del Hotel Quito y las adquisiciones de medicamentos en el sistema social. La administración actual del Municipio también va a ser fiscalizada. En el caso de Odebrecht debemos vigilar el acuerdo entre el Estado y Odebrecht, que es una empresa que le ha mentido al país.

Debemos hacer tareas de formación sobre ética y valores y buscamos la colaboración del Ministerio de Educación. También seguiremos recibiendo denuncias de los sectores sociales. Esta Comisión no tiene agenda política, nadie va a ser candidato a nada, no buscamos protagonismo. Ahora la lucha contra la corrupción parece haberse vuelto una especie de moda.

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