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19 de Diciembre del 2021
Historias
Lectura: 18 minutos
19 de Diciembre del 2021
Fermín Vaca Santacruz
"No se entiende que el Estado siempre se controla a sí mismo": Luis Verdesoto
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Luis Verdesoto tuvo su primer cargo en Palacio Nacional durante el gobierno del presidente Jaime Roldós. Fotos: Luis Argüello

 

El consejero del Gobierno para la lucha contra la corrupción pasa revista a los lineamientos que el Ejecutivo presentó para iniciar un debate que deberá concluir en abril de este 2022 sobre cómo se debe formular una política pública. Verdesoto responde a las críticas de sectores de la sociedad civil a la metodología y al nombre de la instancia planteada.


Es la mañana de un viernes, y el aire navideño se siente en los claustros de Palacio de Carondelet. La sede del Gobierno está silenciosa, pues ese día, el presidente Lasso y otros miembros del Ejecutivo han viajado a Cartagena, en Colombia, para un gabinete binacional con el presidente Iván Duque. 

Varios adornos navideños decoran Palacio: desde un árbol de cabuya y unas flores de navidad en la escalinata de honor, hasta un gran nacimiento en el vestíbulo del piso principal, ante la puerta del Salón de Gabinete. Otro árbol ha sido colocado en el pasillo de la planta baja, y en las palmeras del patio norte hay arreglos de luces. En una sala del piso principal nos recibe Luis Verdesoto. Tras su paso por el Consejo Nacional Electoral como consejero, Verdesoto aceptó ser consejero de Gobierno en Carondelet. No es la primera vez que Verdesoto es funcionario de Palacio. En los primeros años de la restauración democrática, con el presidente Jaime Roldós, tuvo el cargo de sociólogo de la Presidencia. Eran tiempos en los que en Carondelet habían solamente 40 funcionarios, los carros se estacionaban en la propia vereda de la Plaza de la Independencia y la planta baja completa estaba ocupada por militares, lo que le daba un aire más cuartelero que palaciego. 

En este diálogo, en el que participó también Juan Carlos Calderón, Luis Verdesoto habla de su nuevo desafío: una política pública para luchar contra la corrupción.

No es la primera vez que Verdesoto es funcionario de Palacio. En los primeros años de la restauración democrática, con el presidente Jaime Roldós, tuvo el cargo de sociólogo de la Presidencia.

Vuelve a los muchos años a Carondelet. ¿Qué ha cambiado desde entonces?

Yo llegué acá cuando tenía 25 años, con el cargo de sociólogo de la Presidencia, una especie de asesor en el área social. El Palacio y la democracia ecuatoriana estaban en transición y esa transición se veía diariamente, en el piso bajo todo estaba ocupado por las Fuerzas Armadas y solo en el segundo piso había oficinas presidenciales. Pero debemos entender que el Estado va cambiando de acuerdo con las dinámicas sociales. Era un Estado con seis millones de habitantes que ahora tiene 18 millones y las dimensiones y las problemáticas son totalmente distintas. El Palacio y la Presidencia han ido cambiado, ha habido tres constituciones que han ampliado las atribuciones presidenciales, aunque algunas como la designación de ministros se han mantenido. 

¿Y cuáles son sus actuales funciones?

Soy asesor en asuntos de corrupción y anticorrupción. 

¿Los lineamientos son de su autoría?

¿Cómo ha tomado la crítica de que el Estado se está controlando a sí mismo en su propuesta?

A veces la sociedad civil, de la que yo provengo, tiene dificultades para comprender al Estado, no solo que es independiente del Estado, sino que lo comprende. Creo que no se entiende que el Estado siempre se controla a sí mismo, pues la Fiscalía no es entidad privada sino estatal. El proceso de investigación la hace una función independiente del Ejecutivo, pero estatal como es la Fiscalía. Los jueces son Estado, pero forman parte de una función independiente. Las denuncias también pueden provenir de otras entidades del Estado, y el proceso legal se ejecuta por una función independiente. La información puede ser conseguida por otras instancias. La Fiscalía recibe denuncias de la sociedad civil o del Estado. La ex fiscal Mariana Yépez me decía que ella tuvo que desechar varias denuncias formuladas por la Comisión Anticorrupción porque estaban mal investigadas y porque las denuncias no sustituyen la investigación de la Fiscalía.

¿Ese argumento, llevado al extremo, significaría que los fiscales del Estado no deberían investigar entonces?

Creo que es no entender la diferencia entre Estado y Gobierno y la separación de las funciones del Estado. No hay justicia privada, porque eso es feudal. Veo dos ideas bastante pobres en esas críticas: la primera pensar que el poder es la Presidencia de la República, cuando el poder es social, y también es público. Y la otra es pensar que el Estado es el Ejecutivo. Es una visión dieciochesca.

"La ex fiscal Mariana Yépez me decía que ella tuvo que desechar varias denuncias formuladas por la Comisión Anticorrupción porque estaban mal investigadas y porque las denuncias no sustituyen la investigación de la Fiscalía".

¿No será que hay desconfianza sobre si realmente opera la división de poderes en el país, y que la sospecha de injerencias del Gobierno con jueces y fiscales siempre está latente?

Eso está muy bien,  pero se debe plantear como corresponde. Qué se hace para que la información que se consiga se utilice para combatir la corrupción, ese es el punto. 

¿Por qué una política nacional anticorrupción?

Porque tiene que ser política pública. No hay una política nacional anticorrupción, que es algo que debió formular según la Constitución la Función de Transparencia y Control Social con relación a su área. Una política que provenga del Ejecutivo será obligatoria en su ámbito e indicativa en los otros. Será una política nacional, que deberá ser aprobada por medio del consenso, pero tendrá perfiles específicos para cada nivel de gobierno.

Ha habido una enorme cantidad de intentos fallidos de comisiones nacionales, internacionales, secretarías. La desconfianza también proviene de ahí. ¿Los lineamientos permitirán que finalmente se concrete algo?

Toda política pública es eficiente en la medida en que acomete bien sus tiempos y objeto de su trabajo. El problema de la desconfianza es que todo el mundo ha sentido que le han pedido plata, que le han robado, han visto noticias de corrupción y hay una victimización muy alta. La lucha contra la corrupción no es un fenómeno de corto plazo ni tiene relación con lo que la gente ve de manera cotidiana. He pedido al procurador que en las primeras reuniones que tengamos se analicen los procesos que se están llevando a cabo para recuperar dinero. En el mundo, los estados más grandes apenas logran recuperar entre el cinco y el diez por ciento. Y hay estados chicos que no tienen esa capacidad. En el caso ecuatoriano, se ha caído sobre los bienes que se quedaron acá y la Procuraduría ha tomado rutas para buscar ese dinero. Pero hay que tener ponderación para esperar resultados al respecto en cuatro años. 

¿Y qué resultados esperan en este periodo de gobierno?

Instaurar elementos preventivos que no se pueden ponderar en números. Hay que mejorar la información para saber dónde está la corrupción y de qué se trata. Fortalecer a la Fiscalía y a los juzgados para que lleguen al final de los procesos. La Fiscalía está desbordada. Se debe trabajar en aspectos preventivos, en la integridad pública, en reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre el peculado, para que se logre cobrar la reparación económica. Es muy difícil saber dónde está la plata que Odebrecht les pagó, no se sabe dónde está la plata. Hay que tapar agujeros institucionales y activar un sistema de alerta temprana con base en algunas prioridades. 

¿Qué sectores serán prioritarios para esas alertas tempranas?

Están descritos en el documento sectores como petróleo, electricidad, salud, obra pública, presupuesto, entre otros. Son diez prioridades. 

"Se debe trabajar en aspectos preventivos, en la integridad pública, en reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre el peculado, para que se logre cobrar la reparación económica".

¿Qué pasa con el narcotráfico que fomenta un tipo de corrupción que consiste en que el Estado deje de controlar?

Ahí hay dos niveles: el de seguridad que debe ser manejado por el presidente y el Consejo de Seguridad. Y el otro es que no sabemos qué pasa con el movimiento económico del narcotráfico. Se estima que hay en la economía ecuatoriana por lo menos cinco mil millones de dólares en dinero ilícito, hace pocos años eran 500 millones. Es necesario saber cómo funciona esa economía del narcotráfico en el Ecuador. Pero lo mínimo que se debe hacer en anticorrupción es saber dónde está ese dinero, cuánto es y a qué segmentos de la población beneficia. La economía ecuatoriana no puede permitirse el lujo de funcionar sostenida en eso. 

La lucha anticorrupción tiene otro ingrediente que es la soberanía nacional, como se vio en el caso de Guatemala, con la comisión de abogados extranjeros que operó ahí. O en el reciente caso de un embajador de una potencia extranjera que hace afirmaciones sobre corrupción en el Ecuador. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre la colaboración en esa lucha y las tensiones e injerencias?

Lo más importante es que si un país extranjero colabora, debe aportar no solo la denuncia, sino también la información. Eso permite respetar la dos soberanías: la del país que se siente afectado y habla al respecto, y la del país en donde habría ocurrido el delito que debe tener información suficiente para juzgar a quienes habrían cometido el delito. El tema no está en la investigación o la información, sino en la completa soberanía judicial para poder tratar ese caso. Una cosa es denunciar que algo pasa en tu barrio y otra venir a hacer justicia en nuestro barrio. La información es totalmente bienvenida. 

¿En esa medida, la participación de las Naciones Unidas en la instancia que se propone respetará la soberanía nacional?

Es un acompañamiento externo. No se puede permitir que una comisión externa transgreda límites y rompa el proceso institucional ecuatoriano. Lo que el país debe tener es madurez institucional. Tanto el PNUD cuanto la Oficina para la Prevención del Delito de la ONU nos han aconsejado metodológicamente y parte de esas sugerencias están en el documento. Se trata de lineamientos, y vamos a abrir la consulta hacia el país. 

¿Cuál va a ser la metodología de esa consulta?

La consulta va a tener cinco sedes: Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Puyo. Vamos a presentar los documentos sobre los que va a consultar a la población, los lineamientos, un manual de lucha contra los delitos. Se va a discutir la impresión que se tiene sobre la corrupción y se va a consultar a cinco sectores en cada una de las sedes. Se consultará a la administración pública local, a los medios de comunicación, a las universidades y personalidades locales, a trabajadores y empresarios, y a la sociedad civil. En las cinco ciudades se van a concentrar los diálogos. También vamos a consultar a la administración pública central, que tiene más de 100 entidades, en donde vamos a plantear otras preguntas enfocadas a los agentes públicos y las respectivas entidades. Queremos que haya capacidad de denuncia desde la administración pública. El proceso durará tres meses y el cuarto será para la formulación de la política pública. 

¿Cuál será la figura legal para la implementación?

Será un decreto ejecutivo obligatorio para la Función Ejecutiva e indicativo para el resto de funciones. No se contrapondrá con las actividades de la Función de Transparencia. 

Según la Constitución de Montecristi, el canal institucional contra la corrupción era precisamente la Función de Transparencia. ¿Fracasó ese modelo?

Yo he leído el plan anticorrupción que ha formulado la Función de Transparencia. Creo que tiene buenos conceptos y está bien hecho. Pero cuando enfrentan la parte operativa se han limitado a poner los informes de actividades de las instituciones y eso no es una política pública. La Constitución les dio la posibilidad de hacer una política anticorrupción que esto no es excluyente y el Gobierno también puede formular una política. 

El Gobierno de Lenin Moreno fracasó en el intento de una comisión internacional anticorrupción para lo cual dio un millón de dólares a un organismo internacional. ¿Qué pasó con ese dinero?

Están terminando las cuentas de cuánto se consumió con esa comisión y el resto se devolverá al Estado ecuatoriano que tiene otras prioridades. 

Los comisionados fueron duros con Lenin Moreno e Iván Granda y hablaron hasta de una "estafa" en esa comisión...

Lo que hubo es un adelanto de dinero a los comisionados y luego se les pidió que pongan de su dinero para viajes para hacerles luego un reembolso. En medio de eso se produjo la terminación de esa secretaría y no se hicieron los pagos. Pero se ha hecho una mediación para reembolsar a los comisionados lo gastado, de lo que se restará los gastos de administración en los que incurrió Naciones Unidas y ese remanente lo van a devolver al país.

¿Entonces sí va a haber vuelto del millón de dólares?

Espero que sea más que un vuelto.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción de los movimientos sociales, ha cuestionado que se plantee el mismo nombre que han posicionado ellos para la instancia que usted propone. ¿Qué le responde?

Yo debí recurrir a mi afición de sicólogo de barrio y darme cuenta de que esto era tan urticante para esa tan importante comisión. Lo que hice fue tomar nota de que en América Latina hay 18 comisiones anticorrupción en los países. He planteado  una comisión nacional por consejo de los abogados, porque eso permite que no hay que pasar por otras instancias, y se remite al tipo de funciones que estamos proponiendo. Pero si esto es tan urticante y el país pide que se llame comité contra la corrupción o tenga otro nombre es algo que me tiene sin cuidado. Si la quieren llamar "Pedrito" lo pueden hacer. La Comisión Anticorrupción me ha dicho que no he citado un documento suyo, que no es un documento de política pública. Hemos citado los principales documentos al respecto que hay en el país.  Lo que queremos es que quienes tengan algo que decir sobre política pública lo digan y los que no tienen nada que decir se callen. 

¿El Gobierno está dispuesto a hacer los ajustes que recomienden las personas consultadas en el proceso?

Claro que sí, contamos con dos instancias de Naciones Unidas, con la colaboración alemana, entre otros. Esperamos que el mayot número de personas pueda participar e incorporar sus visiones. La forma que se debe adoptar para la política permitirá crear un grupo de tarea que emitirá un informe para la Comisión y la Comisión tomará las medidas legales y administrativas. Se espera que estos grupos de tarea estén conformados por un experto extranjero, para que no haya conflictos de intereses, un abogado  y otros, y no volverá a ser convocado nuevamente para evitar esos conflictos de intereses. Esperamos una política que pueda pararse en sus propios pies. Se está investigando cómo se estructurará la corrupción post pandemia y qué agenda pública se debe fijar. 

 

 

 

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