La primera publicación al respecto de esta supuesta trama la realizó el portal colega Periodismo de Investigación, que dirige Fernando Villavicencio, el pasado 16 de abril. En el reportaje Llurimagua, la fiebre del cobre, se informaba sobre el estado de la concesión minera que abarca la zona de Íntag, en Imbabura, en donde activistas intentan desde hace décadas evitar que se ejecute un gran proyecto minero. 

Según la nota del portal colega, "Es una paradoja que organismos públicos de Ecuador y Chile formen una sociedad anónima y luego de constituirse como privados impongan una cláusula para despojarle a una de las partes su paquete accionario; es la historia de Llurimagua, el yacimiento de cobre que puede valorarse en 3 mil 500 millones de dólares como proyecto, aunque información alterna advierte que esa cifra podría ser mayor. Funcionarios de alto rango como Juan Sebastián Roldán junto a su tío, el abogado representante de los intereses de Chile, Francisco Roldán, se han puesto la camiseta de CODELCO y se han pintado el rostro con sus colores para evitar ser vistos, para expoliar al triste Ecuador".

Periodismo de Investigación sostuvo también que "en 2009, luego de la aprobación de la nueva Ley de Minería el gobierno de Rafael Correa contrató al abogado chileno Jerónimo Carcelén Pacheco, para que lo asesore al Ministerio de Minería. Carcelén es un abogado de prestigio en el área minera y por tanto es cercano a CODELCO; además por su condición profesional mantenía contractos profesionales con socios del bufete ecuatoriano Pérez Bustamante y Ponce.

Fue con ellos, junto al ex embajador del Ecuador en Chile, Homero Arellano, con quienes se apalancó una relación en la que, en este mismo momento, Francisco Roldán, tío del secretario general de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, y socio de Pérez, Bustamante y Ponce manejan a su antojo Llurimagua y los miles de millones de dólares que representa. Este estudio jurídico es el que tensiona a favor de CODELCO".

Juan Sebastián Roldán, jefe del Gabinete y su tío, el abogado Francisco Roldán.

El portal relató que antes de la publicación del reportaje, Villavicencio recibió una llamada del propio presidente Lenin Moreno al respecto. "Minutos antes del cierre de esta edición recibimos una llamada de la Presidencia de la República y en diálogo con el presidente Lenín Moreno anunció su decisión de suspender la entrega del proyecto Llurimagua a CODELCO de Chile, en los términos definidos por el subsecretario Fernando Benalcázar. El presidente aseguró que existe un informe negativo a este proyecto por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y que desconocía el llamado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables a la reunión de esta tarde 16 de abril, para sellar el acuerdo con la estatal chilena. Periodismo de Investigación le informó al presidente que los negociadores a favor de CODELCO son Juan Sebastián Roldán y su tío Francisco Roldán Cobo".

La respuesta de Roldán

Juan Sebastián Roldán respondió al día siguiente por medio de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter. 

Si bien confirmó que Francisco Roldán es su tío,  afirmó que otros abogados del estudio en donde trabaja llevan la cuenta de Codelco. Negó que haya hecho alguna gestión a favor de los intereses chilenos. "No conozco a ese querido pais. La única camiseta que me pongo para recorrer día a día las calles y trabajar, es la del Ecuador". "El Gobierno para el que me enorgullezco de trabajar, nunca permitiría que el Ecuador vea perjudicados sus legítimos intereses respecto a la explotación de este o cualquier otro campo minero", sostuvo Roldán en su respuesta.

"Este es otro intento de Villavicencio de empeñar mi trabajo", agregó. 

Estoy trabajando sin parar para atender una emergencia, pero no puedo dejar de referirme a unas declaraciones, cuyo único propósito es desacreditarme y generar dudas sobre mi compromiso con mi país. pic.twitter.com/OmpIEtNqHQ

— Juan Sebastián Roldán (@juanseroldan) April 17, 2020

El pasado 27 de julio, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, publicó en su cuenta de Twitter varias fotos de algunas armas que habían sido incautadas por la Policía en un operativo. Con la etiqueta #CombateAlDelito informaba que se estaba desarrollando una audiencia contra el sospechoso detenido. 

 Tras un operativo en #Tumbaco, la Unidad de Delitos con Armas, de la @PoliciaEcuador, detuvo a Carlos Miguel D.M. con 2 pistolas, 1 fusil, alimentadoras y más de 9 500 municiones.

En este momento, se desarrolla la audiencia de flagrancia.#CombateAlDelito pic.twitter.com/SBiatsXTiX

— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 27, 2020

A las pocas horas, tras conocerse la decisión de la jueza de flagrancia que llevó el caso, Romo se pronunció nuevamente al respecto en su cuenta de Twitter:

A pesar de este arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva...
La investigación seguirá adelante.#CombateAlDelito https://t.co/QfdVEqcy48

— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 27, 2020

¿Guerra de empresas mineras?

Al parecer, los dos hechos no tienen relación. Salvo porque el detenido, y luego liberado por pedido de la Fiscalía, que no pudo calificar la flagrancia, es Carlos De Miguel, gerente de una empresa minera, Hanrine, que, según admite, tiene intereses en Llurimagua que podrían chocar con los de Codelco. 

El pasado 3 de agosto, Periodismo de Investigación sostuvo que tras la detención  De Miguel estaba en el medio de una "guerra por Llurimagua". 

"El conflicto se desató el pasado 27 de julio con el anuncio de la detención de Carlos de Miguel, gerente de Hanrine, por una denuncia anónima que acusó al empresario de tenencia ilegal de armas y municiones.

Fue llevado a la fiscalía para ser juzgado por flagrancia pero la jueza Geovanna Palacios determinó su libertad. La ministra de gobierno María Paula Romo fue quien informó de su detención en su cuenta de twitter bajo la etiqueta #CombateAlDelito.

Para la ministra Romo y para el secretario Juan Sebastián Roldán no era desconocido que Haancock, junto a De Miguel buscaban revertir desde 2017 la concesión de Codelco en el yacimiento Llurimagua y pagar al Estado $400 millones de dólares por esa área. De hecho Codelco pagó $0 dólares por la riqueza bajo el suelo de Intag: un regalo de Rafael Correa a la estatal chilena, con apoyo de operadores como el entonces ministro de minas, Javier Córdova".

Según Periodismo de Investigación, los intereses de la minera representada por De Miguel en la zona son muy significativos: "Tampoco era secreto que Hanrine se había adjudicado importantes áreas mineras en el noroccidente de Imbabura, una de ellas, Imba 02 en la zona de Buenos Aires, donde se desarrolló un enorme engranaje de minería ilegal en cantón Pimampiro. También posee otras áreas como IMBA 01, IMBA 03, 05, 06 y Amadores. Conseguir Llurimagua, al sur de las concesiones que posee, la convertiría en poseedora de los yacimientos de cobre mas grandes de la región".

Además de la supuesta pugna, Periodismo de Investigación aseguró que "De Miguel fue denunciado por un ex colaborador de Hanrine, Ricardo L. que ocupó la subgerencia de seguridad, que además es presidente de un club de tiro al que asisten policías y aficionados".

Carlos de Miguel y Xema Guijarro, un político español vinculado a Podemos, en la residencia de la ex embajadora del Ecuador en Londres, Ana Albán. Foto del Portal Periodismo de Investigación

¿Abuso de poder?

Emiliano Donoso, un abogado de Quito, ha asumido la defensa de De Miguel y aseguró que la empresa Kroll, especializada en investigaciones internacionales, ha sido contratada para analizar las supuestas relaciones entre Romo, Roldán y Codelco. Conversamos con él al respecto de esta denuncia. 

Su cliente ha anunciado que ha pedido a Kroll, una empresa dedicada a investigaciones especializadas, que investigue a dos funcionarios del Gobierno, un estudio jurídico de Quito y un medio de comunicación sobre acciones al parecer indebidas. ¿De qué se trata?

Después de la detención ilegal del señor De Miguel y de que tenemos evidencia de que la ministra, cuando estaba tuiteando en plena audiencia del señor De Miguel, y reveló su nombre, cosa que no ha hecho antes, hemos determinado que la ministra no está combatiendo al delito, como pone en Twitter, sino para desprestigiar a Carlos De Miguel no solo como persona, sino como representante legal de la empresa minera ecuatoriana Hanrine, que es subsidiaria de la empresa australiana Haancock. 

¿Y qué motivo tendría la ministra Romo para ello según usted?

Al parecer Romo y el señor Juan Sebastián Roldán piensan que De Miguel estuvo de alguna forma detrás de una publicación de Fernando Villavicencio titulada "Llurimagua, la fiebre del cobre", en donde hablaba de los intereses de Roldán y de su tío, quien trabajaba en el estudio Pérez, Bustamante y Ponce, respecto al campo de Llurimagua. 

¿Qué tienen ustedes que ver con ese reportaje?

No tenemos nada que ver. El señor Villavicencio es un periodista independiente que ha hecho bastantes y buenas investigaciones. Es un absurdo que el señor De Miguel haya tenido que ver con esa publicación y eso no justifica usar el poder como medio de venganza, que es lo que entendemos hizo la señora Romo.

La ministra de Gobierno publicó que su cliente tenía armas de grueso calibre y por eso se realizó el allanamiento, ¿qué relación hay entre  el "arsenal" del que habla el Gobierno y lo que usted afirma?

El domingo 26 de julio, a las 07:00, llegan más de diez policías a la casa del señor De Miguel con una orden de allanamiento por supuestamente haber recibido información de un denunciante anónimo, aunque en nuestra legislación no hay ese tipo de denunciantes. La Policía dijo que recibió una llamada el día anterior sobre que De Miguel tenía armas que llegaron al país de manera irregular y que estarían siendo usadas para fines delictivos. Si eso fuera verdad, aunque estamos seguros que el denunciante anónimo no existió la Policía tendría que corroborrar la información. Me pregunto cómo así realizaron un acto urgente tan agresivo. La jueza dispuso que se realice el allanamiento para ver si había armas.

Efectivamente había dos pistolas, dos rifles, una pistola láser y un fusil de aire. Se le mostró a la Policía las armas y los permisos, solo uno está vigente, los otros están caducados en 2017 y 2018. El hecho de que los permisos estén caducados no significa que no las pueda tener, de la misma manera que si usted tiene la licencia caducada no tiene que vender el carro, sino solo no conducir. El COIP castiga la tenencia y la posesión ilegal, de quien no puede justificar el origen del arma. El señor De Miguel tiene todos los papeles de las armas, aunque se había caducado el permiso para usar. Inclusive mostró una factura de las municiones. Entonces los policías decidieron detenerle en flagrancia, por un supuesto delito flagrante. Esto es absurdo porque al tener los permisos no comete delito y menos flagrante. Luego fue trasladado a la Unidad de Delitos Flagrantes donde estuvo detenido 26 horas, desde que la Policía llegó a su domicilio hasta cuando se dio la audiencia. Los policías pusieron en el parte que no había delito flagrante y pusieron la hora de detención a las 09:30. Ya en la audiencia, a pesar de los tuits de la ministra y de la presencia de diez policías afuera, la Fiscalía retiró la petición de flagrancia y el caso quedó en investigación previa. Por eso la jueza decidió liberar al señor De Miguel. Lo extraño es que la ministra empezó a tuitear sobre una detención y "arsenal" y luego insistió en que la jueza le ha dejado en libertad, tratando de presentar el caso como un error judicial. No es que tenemos una ministra de Gobierno preocupada por el crimen, sino que tuitea contra el gerente de una empresa interesada en Llurimagua.

¿Y qué prueba tienen de esta supuesta represalia?

Tenemos algunas pruebas, pero Kroll y otras dos empresas de investigación también tendrán que sacar sus propias conclusiones. Estas son empresas muy serias que sacarán su informe. El periodista Anderson Boscán de La Posta dijo al aire en una entrevista que me hizo que sus fuente le dijeron que Roldán y Romo han actuado así por represalia. Si es así deberán responder, porque no pueden usar el poder público para sus venganzas particulares. 

Según publicó Fernando Villavicencio, la concesión de Llurimagua a Codelco se iba a suspender, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la situación actual de Llurimagua?

El presidente Lenin Moreno le llama a Villavicencio y le dice que la reunión que se iba a dar para entregarle la concesión a Codelco no se realizará. La reunión no se dio, pero ahí se iba a formalizar el regalo de este campo a la empresa chilena. Hace tres semanas más o menos, el presidente Moreno dijo que el 51%  que le correspondería a la Empresa Estatal Minera (Enami) de ese proyecto la van a sacar a licitación internacional para que se oferte, pero no quieren tocar la parte restante, del 49%, que le correspondería a Codelco. Esto nace de un acuerdo bilateral entre Correa y Bachelet, cuando Correa regaló el 49% a Chile para que supuestamente lo desarrollen en conjunto con la Empresa Pública Minera. Pero hasta el momento Codelco no ha puesto un dólar, ellos dicen que han investigado las reservas por diez millones de dólares, mientras Enami no ha puesto un centavo porque no tiene recursos. Es un acuerdo lesivo para los intereses del Ecuador por donde quiera mirarse. Hace 30 días Haancock recibió una carta con amenazas de Codelco, pero es curioso que al poco tiempo se desprestigie al señor De Miguel. Él no tiene antecedentes, no es funcionario público, mientras ella (Romo) se dedicó tres días a hablar de De Miguel en Twitter. Solo hay interés de perjudicar al señor De Miguel.

¿Hanrine tiene interés en el 51% de Llurimagua?

La empresa Hanrine ha mandado varias cartas al presidente, al contralor, al procurador, ofreciendo USD 420 millones por el proyecto, asumiendo inclusive las pérdidas si es que las hubiera. Pero en lugar de seguir pidiendo dinero a los chinos no han aceptado. Hanrine no tiene problema en desarrollar un proyecto con cualquier otra empresa, pero pensamos que todo el proyecto debería salir a licitación internacional y el Ecuador devolver la plata que supuestamente ha gastado Codelco. No hay ninguna irregularidad en las concesiones que actualmente tiene Hanrine en el Ecuador. 

¿Ustedes han presentando una denuncia contra la ministra de Gobierno y varios policías?

Sí, hemos presentado una denuncia contra algunas personas que pensamos han actuado delictivamente, que no es contra el Gobierno, la Policía o el Estado. Es contra María Paula Romo como persona natural, siete policías, un fiscal y  una jueza. Hemos denunciado detención ilegal, fraude procesal, se engañó a la jueza, se elaboró un parte falso, la investigación previa ha sido abierta en la Fiscalía y estamos en una etapa reservada.

La ministra dice que se quiere "amedrentar a la Policía" ¿es esa su intención?

No veo cómo un ciudadano y su abogado puedan amedrentar a 52 mil policías y quien parece que ejerce realmente la presidencia de la República en este momento que es ella. Si ellos no han cometido ningún delito deberán defenderse. No hemos denunciado para "empatar el partido", sino por las violaciones de derechos del señor De Miguel. Quienes amedrentan son ellos: mandaron un drone a mi casa, me vigilan con tres carros sospechosos fuera de mi urbanización. Ellos son el poder el estatal yo no tengo ningún poder. 

En el portal de Fernando Villavicencio se publicó que el señor De Miguel era el principal de Blue Cell, una empresa que brindó seguridad a la Embajada del Ecuador en Londres. ¿Cuál es la relación de su cliente en ese caso?

A eso se le ha dado un matiz indebido. Es verdad que el señor De Miguel era representante de Blue Cell, una empresa con un récord limpio y algunos años de servicio importante. La empresa sí fue contratada para dar seguridad a la Embajada del Ecuador en Londres y a la Embajada en Madrid. Debían dar seguridad a todos en la Embajada desde el conserje hasta el embajador, incluyendo al señor Julian Assange. Lo menos que el Ecuador como estado debía hacer es brindar protección a los miembros de su embajada en Londres. Fue un contrato de 50 mil dólares mensuales, de los que 45 mil se gastaban en pagos al personal de seguridad. Hubo una disputa del señor De Miguel con el embajador Juan Falconí Puig y se terminó el contrato. Entonces el Estado contrató a UC Global, una empresa española que no tiene nada que ver con Blue Cell a la que se le contrató por 100 mil dólares mensuales. Blue Cell y UC Global no tienen nada que ver la una con la otra; Julian Assange demandó por espionaje en España a UC Global, no a Blue Cell. 

¿Desde cuándo De Miguel tiene una relación con Hanrine?

Desde hace más de quince años con la matriz Haancock, que debe ser de las empresas mineras más importantes del mundo. Él trabajó con ellos desde antes de Blue Cell, mientras que en Ecuador se constituyó Hanrine hace unos cinco años que ha participado en concesiones. Pero se quiere hacer creer que este contratista de Correa, que le dio seguridad a Assange ahora es un zar minero y eso es totalmente falso. De Miguel ha brindado servicios al Gobierno del Ecuador no al presidente Correa ni al presidente Moreno. Lo que hizo fue proteger a las personas que vivían y trabajaban por 18 meses en la Embajada del Ecuador en Londres. Solo en gastos se iban 45 mil dólares. Pero se quiere construir el perfil de que es un mafioso que tiene armas, que le brindo seguridad a Assange y ahora tiene una minera con concesiones raras. Todo esto es porque De Miguel está ofreciendo una cantidad importante sobre Llurimagua. 

El señor Roldán dijo que su tío es abogado, que tiene derecho a trabajar y que no tiene ninguna injerencia en ese tema...

Es verdad que los abogados podemos trabajar independientemente de quién sea nuestro pariente, pero el señor Villavicencio ha publicado algo que hace pensar que sí tenían algún interés. Lo mismo ha dicho públicamente el señor Boscán. Roldán y Romo son quienes mandan en el país.

En el caso de Ola Bini se dijo lo mismo, que hubo una denuncia anónima, ¿se está volviendo algo recurrente en el actual Gobierno?

Creo que en el caso de Ola Bini se quiso satanizar a esa persona por ser amigo de Assange. En el caso de Abdalá Bucaram no sé si habría denuncias anónimas. Esta forma de actuar se perfeccionó en el gobierno de Correa, se desacredita a quien les enfrenta, llegaron al absurdo de sacar una comunicado firmado por los generales de la Policía. La Policía se debe a los ciudadanos no al ministro de Gobierno, pero esto ya se viene dando por 13 años. Por lo menos con Correa era de frente en las sabatinas, ahora se hacen las víctimas y mienten. Romo está manchada de abusos en el ejercicio de su cargo. Tengo el más absoluto repudio por el señor Bucaram pero no tiene sentido entrar a su casa con policías armados y con una cámara de televisión. Es hacer un show y querer callar y amedrentar.