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15 de Febrero del 2022
Historias
Lectura: 19 minutos
15 de Febrero del 2022
Redacción Plan V
¿Quién es Alí Lozada, el presidente de consenso de la Corte Constitucional?
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Fotos: Cortesía Corte Constitucional

 

El abogado y catedrático llevaba varios años en España y Chile como profesor universitario antes de integrar la actual Corte Constitucional. Sucede a Hernán Salgado Pesantes. Tiene 48 años de edad y estudió en la Universidad Católica de Quito. Su nombre motivó el apoyo unánime de los actuales jueces constitucionales para ocupar la presidencia del alto tribunal.


Alí Lozada es el nuevo presidente de la Corte Constitucional, en donde sucede a Hernán Salgado Pesántez, uno de los tres jueces que debieron dejar el tribunal en el marco de una renovación parcial. Su designación se produjo por consenso. Según contaron fuentes de la Corte, Lozada fue el nombre en que todos estuvieron de acuerdo debido a su postura independiente y, sobre todo, para mandar un mensaje de autonomía de la Corte.

Se especuló antes de la elección sobre qué criterio terminaría imponiéndose entre los magistrados a la hora de designar al presidente. Para algunos, dada la tendencia conservadora del actual Gobierno, no se podía descartar que uno de los magistrados de esa postura, como Carmen Corral, pudiera ejercer la presidencia, sobre todo porque se considera que los tres nuevos jueces provienen, dada su cercanía a Alexandra Vela, quien fue su decana en la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, de una línea de pensamiento más afín al Gobierno de Lasso.

Se pensaba también que podrían primar ejes como el género, con la posible postulación de Daniela Salazar, considerada una de las figuras del ala progresista, quien ejercía la vicepresidencia. Sonaba su nombre debido a que la Corte tiene una mayoría femenina actualmente. Pero aquello no ocurrió. Al final, se posesionó a Lozada como presidente y a Corral como vicepresidenta. 

Con una presencia más bien discreta, Alí Lozada ha sido un juez que se ha identificado con algunas de las causas progresistas, como el matrimonio igualitario, por lo que algunos sectores lo consideran como progresista. 

Con una presencia más bien discreta, Alí Lozada ha sido un juez que se ha identificado con algunas de las causas progresistas, como el matrimonio igualitario, por lo que algunos sectores lo consideran como progresista.

Académico y ex funcionario de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción

Lozada, quien tiene 48 años, ingresó en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 1992. En 1999 obtuvo su doctorado en Jurisprudencia y su título de abogado. Durante su paso por la Universidad, fue miembro del Consejo Universitario como representante de los estudiantes. Quienes lo conocieron en esa época lo recuerdan como un hombre de personalidad equilibrada, dedicado profundamente a sus estudios.  

Para 2002, había obtenido un diploma superior en Derecho Constitucional en la Universidad Andina.

Inició su carrera profesional en 1997, la antigua Comisión de Control Cívico de la Corrupción, una institución pública que fue el germen de otras instancias oficiales de combate a la corrupción en el Ecuador. Ahí llegó a ser director jurídico. De esa época, Lozada recuerda las figuras de colegas suyos como Ramiro Larrea Santos, Ramiro Borja y Borja, Xavier Zavala Egas, o de personajes de la sociedad civil como Jorge Rodríguez y Simón Espinosa, quienes se comprometieron en la lucha contra la corrupción. "Esa fue para mí una experiencia de aprendizaje", dice Lozada al recordar a los comisionados de la época. "Fue una institución sólida, que cumplía sus roles y era independiente del poder, que podía plantarse frente al poder. Creo que ese aprendizaje me sirvió de mucho en mi actual paso por la Corte Constitucional", destaca el jurista. 

La carrera de Lozada en la Comisión inició en el cargo de asistente jurídico, para luego ser investigador de casos. Para 1998, era jefe de la Unidad de Recepción y Calificación de las denuncias que llegaban a la Comisión. Entre 2000 y 2004 ocuparía la Dirección Jurídica, cargo que dejó para iniciar su periplo académico fuera del Ecuador. 

Alí Lozada recuerda las figuras de colegas suyos como Ramiro Larrea Santos, Ramiro Borja y Borja, Xavier Zavala Egas, o de personajes de la sociedad civil como Jorge Rodríguez y Simón Espinosa, quienes se comprometieron en la lucha contra la corrupción. "Esa fue para mí una experiencia de aprendizaje", dice.

Al igual que con el funcionariado público, Alí Lozada se comprometió con sus estudios. En 2004 dejó el país y la Comisión de Control Cívico de la Corrupción para instalarse en Alicante, España. Su propósito fue hacer un doctorado en el Departamento de Filosofía del Derecho. Pero su estancia en Europa se prolongó más de lo previsto. Continuó estudiando varios masterados en derecho tanto en la propia Universidad de Alicante, cuanto en la de Palermo, en Italia, y de vuelta en la Península, en la Universidad Internacional de Andalucía.

Para 2016, había obtenido un doctorado en Derecho Público (equivalente a PhD) y  recibido dos becas, una de ellas del Congreso de los Diputados español y otra de la Universidad de Alicante. Lozada destaca de su paso por España la figura de Manuel Atienza, un abogado español que considera uno de los más importantes filósofos del Derecho. 

Profesor universitario en Ecuador, España, Chile y Nicaragua, estuvo viviendo en  Chile el año antes de asumir la magistratura constitucional, como catedrático de la Universidad O´Higgins de Rancagua, mientras continuaba dictando materias en la propia Universidad de Alicante. Entre las cátedras que dictó estuvieron Filosofía del Derecho, Ética y Derechos Humanos, Teoría y práctica de la argumentación jurídica, Teoría del sistema jurídico, entre otras.

Los años de Lozada en el exterior y en varias instituciones universitarias se han visto reflejados en una abundante producción  académica. Sus principales ejes han sido el constitucionalismo, los derechos humanos y la argumentación jurídica, que los ha tratado en seis artículos científicos indexados, y ha publicado dos libros en coautoría con Manuel Atienza y Catherine Ricaurte. Entre 2012 y 2013 fue asesor científico de la Corte Constitucional ecuatoriana, en el marco de un proyecto de investigación. 

Además de en las universidades católicas de Quito y Guayaquil, Lozada ha dictado cátedra en la Universidad Centroamericana de Nicaragua, también regentada por la Compañía de Jesús. 

Los años de Lozada en el exterior y en varias instituciones universitarias se han visto reflejados en una abundante producción  académica. Sus principales ejes han sido el constitucionalismo, los derechos humanos y la argumentación jurídica.

El nuevo presidente de la Corte Constitucional mantuvo un diálogo con Juan Carlos Calderón y Fermín Vaca de PLANV sobre sus perspectivas y desafíos en el cargo.

¿Cuáles son los principales desafíos que la Corte Constitucional tiene en este momento?

El desafío que tiene la Corte es llevar adelante una renovación exitosa que garantice la continuidad institucional. Los últimos tres años han sido muy productos para establecer las bases de una Corte Constitucional independiente comprometida con la Constitución y los derechos fundamentales. Sin embargo, el diseño constitucional establece que la Corte debe renovarse cada tres años, y el desafío es mantener la institucionalidad con las innovaciones que sean del caso. Queremos construir la Corte Constitucional que Ecuador merece. 

¿A qué se refiere con los cambios que sean necesarios?

Tres de los integrantes han salido y la nueva conformación debe seguir con el proyecto institucional, y pueden haber cambios en el proceso.

¿Los nuevos magistrados van a salas determinadas?

El pleno de la Corte concentra las potestades y no tenemos salas fijas, sino que se crean para determinados fines por un tiempo, como la admisión por un mes y de la revisión por seis. 

¿Cuál es su reflexión sobre la vida institucional de la Corte? Hubo períodos anteriores en donde su desempeño fue poco satisfactorio hasta la presidencia de Hernán Salgado. ¿Qué demostró la Corte actual en comparación con las anteriores?

La Corte que se inauguró en 2019 tenía un reto básico para todo tribunal, que no siempre es enfrentado de manera solvente en Ecuador. Me refiero al reto de la independencia, y construirla en el Ecuador es muy complicado, pero ha sido nuestra postura en estos años. A pesar de que somos jueces muy diversos, nos hemos unido por la convicción de que debemos asegurarle al Ecuador una verdadera Corte, una institución independiente. 

"La Corte que se inauguró en 2019 tenía un reto básico para todo tribunal, que no siempre es enfrentado de manera solvente en Ecuador. Me refiero al reto de la independencia, y construirla en el Ecuador es muy complicado, pero ha sido nuestra postura en estos años".

¿Cómo enfrentar presiones y cabildeos por debajo de la mesa que ocurren con frecuencia en el Ecuador, pero sobre los que no hay transparencia? ¿Cómo parar las presiones sobre los tribunales y en particular sobre la Corte Constitucional?

Yo diría que la clave está en entender que no hay alternativa a la independencia. Algunas decisiones que toma la Corte en pro de su independencia no necesariamente son populares, pero debe perseverar en su actitud frente a la institucionalidad. No hay otra alternativa, porque el momento en que transamos por un poco de popularidad, renunciamos a la independencia, ahí estaríamos traicionando el sentido mismo de la Corte. En toda sociedad hay fuerzas que buscan presionar el actuar de la Corte, pero hemos procurado ser intransigentes con eso.

¿Los tres nuevos magistrados permitirán la continuidad de ese proceso?

Confío en ellos y creo que sí. Esto se verá en el tiempo, pero confío en los nueve jueces y juezas que conforman la Corte y en su compromiso por la independencia.

Algunas decisiones de la Corte no gustaron en el Gobierno de Guillermo Lasso, quien inclusive realizó algunas declaraciones que fueron motivo de un comunicado de respuesta de la Corte. ¿Cómo toma estas afirmaciones del presidente? ¿Opiniones o injerencias?

Las opiniones que el presidente de la República pueda tener sobre la Corte no siempre son injerencias. Hay un margen legítimo de opinión, manifestar una inconformidad con lo que resuelve la Corte no es socavar su institucionalidad. Pero es importante el absoluto respeto y total acatamiento de sus decisiones. En algún momento la Presidencia de la República ha tenido una opinión  crítica sobre la Corte pero no es una agresión a su institucionalidad. Esperemos que el futuro siga ese respeto institucional. 

Sobre el estricto cumplimiento, la Asamblea parece tener una lectura sobre el tema del aborto por violación que ha tenido que ser aclarada permanentemente. Igual ocurre en la explotación petrolera en las zonas donde hay pueblos no contactados. ¿Las decisiones de la Corte se ponen en duda? 

La deliberación sobre el aborto ya concluyó y no me puedo pronunciar sobre ella porque podría tratarse en la Corte en el futuro. La promoción de los derechos debe estar presente en todos los andariveles institucionales. En el caso del aborto por causa de violación la Corte ha fijado el marco de la constitucionalidad, y dentro de ese marco la institucionalidad y el proceso político democráticos deben decidir. Lo que la Corte ha dicho es que no se puede admitir una sanción penal para una mujer que aborte habiendo sido violada, pero los aspectos de regulación, de manera respetuosa, se determinó que debe discutirse en la Función Legislativa. La Corte no puede expropiar la deliberación democrática y reducirla a nueve jueces. Lo que ocurre en la Asamblea es una consecuencia del margen que la Corte ha determinado. Es posible que algo de este asunto se vuelva a someter a la Corte para su decisión. Pero hay que pensar que la Corte no puede decir todo sobre la Constitución y los derechos, pero sí es el máximo intérprete y árbitro constitucional. 

"Las opiniones que el presidente de la República pueda tener sobre la Corte no siempre son injerencias. Hay un margen legítimo de opinión, manifestar una inconformidad con lo que resuelve la Corte no es socavar su institucionalidad. Pero es importante el absoluto respeto y total acatamiento de sus decisiones".

El presidente Lasso ha anunciado un veto total en este tema. ¿En qué queda la decisión de la Corte?

La resolución del presidente no se ha tomado aún y no podemos saber cuál es el alcance de esa decisión. No necesariamente sería transgresora de lo que ha dicho la Corte. La regulación se ha dejado en manos del presidente y la Asamblea y en el proceso político. No sabemos aún si se transgrede o no el núcleo de lo resuelto en la Corte.

¿Es la Corte el campo de una guerra cultural, de una batalla ideológica entre jueces conservadores y jueces progresistas?

En todas las cortes del mundo, es inevitable que ante la opinión pública se vea una Corte plural y heterogénea, como vemos en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde hay jueces más conservadores y otros más liberales. El derecho tiene una dimensión interpretativa ineliminable. La interpretación no siempre es pacífica, se juegan aspectos valorativos, concepciones acerca de los derechos. La Corte no garantiza homogeneidad, sino un compromiso frente a la Constitución y los derechos, pero hay varias formas razonables de interpretarlos, pero es dable que haya diferencias y matices. Eso no significa que haya afinidades a un sector de poder. Un juez independiente significa que no representa a nadie, su concepción personal puede ser progresista o conservadora, pero no puede ser representante de un sector político o de una tendencia política. 

¿Cuáles son los grandes hitos en la defensa de derechos democráticos que se han resuelto en esta Corte Constitucional?

No quisiera hablar de fallos en particular, porque muchos de ellos han tenido votación dividida y yo como presidente no quiero llevar el agua a mi molino. Quisiera hablar de líneas de jurisprudencia sobre derechos, como los de las personas en situación de movilidad. La Corte tiene cinco sentencias en ese tema que han concursado en el exterior con buenos resultados. Esto da una idea de cómo se aprecia la jurisprudencia ecuatoriana. Otra línea ha sido la libertad de expresión, en donde se han ratificado los estándares del Sistema Interamericano sobre la libertad de expresión. Muy importante ha sido nuestro trabajo en el debido proceso, en donde se juega la racionalidad de las decisiones sobre la responsabilidad de las personas. En el Ecuador tenemos problemas de corrupción e impunidad, pero erradicarlos se logrará con un sistema institucionalizado para el juzgamiento, que respete el debido proceso. 

¿Cómo ve el uso de los recursos constitucionales para solucionar conflictos políticos? Lo vimos en el caso del Municipio de Quito y ahora en el Consejo de Participación. ¿Debe la Corte Constitucional solucionar los problemas que derivan de una pobre gestión política?

La Corte Constitucional debe decir que no es competente en ciertos casos. No se puede evitar que actores sociales y políticos busquen pronunciamientos sobre determinados asuntos, pero no todos deben ir a la Corte. La Corte debe marcar sus propios límites y señalar cuando no tiene competencia. No podemos caer en la tentación de volvernos el decisor de todo, porque eso puede diluir la institucionalidad de la Corte. No debemos renunciar a resolver lo que debemos con valentía y decisión. Pero debemos saber cuándo sí y cuándo no. 

Hay miles de causas represadas. ¿Cómo se puede acelerar su despacho?

Hemos enfrentado el rezago de una manera muy intensa. Los hemos reducido y esperamos que este año podamos despachar todo lo que quedó pendiente de la Corte anterior. Despachamos todo en orden cronológico y luego podremos enfrentar las causas que hemos admitido. Se busca evitar que la Corte sea una cuarta instancia, a donde van a parar los casos que se pierden en la justicia ordinaria. Veo a la Corte como una en construcción, con varios arquitectos y los frutos se verán con el tiempo. 

¿Cómo una catedral que se levanta?

Carlos Nino, argentino y uno de los mejores filósofos del derecho, acuñó la imagen de una catedral en construcción. La práctica constitucional es como una catedral que inicia un arquitecto pero luego vienen otros. El nuevo arquitecto debe seguir lo que se hizo antes, pero puede reorientar el proyecto arquitectónico. Eso es una Corte Constitucional, esperamos cumplir con nuestro papel en este periodo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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