A las manifestaciones que acompañaron las marchas y plantones contra el régimen, se sumó la de los estudiantes del Colegio Mejía, que protestaban por la supuesta suspensión de la jornada nocturna de la institución.

El 19 de junio de 2015 se produjeron incidentes en las inmediaciones del centenario colegio, que terminaron en la quema de una motocicleta de la Policía Nacional. Ahora tres jóvenes mayores de edad (de entre 18 y 19 años) son procesados por este caso, bajo el delito de sabotaje.

El delito de sabotaje está contemplado en el artículo 345 del Código Orgánico Integral Penal que tipifica que “la persona que con el fin de trastornar el entorno económico del país o el orden público, destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos o cualquier otro medio de transporte, bienes esenciales para la prestación de servicios públicos o privados, depósitos de mercancías, de explosivos, de lubricantes, combustibles, materias primas destinadas a producción o al consumo nacional, vías u obras destinadas a la comunicación o interrumpa u obstaculice la labor de los equipos de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La pena será privativa de libertad de siete a diez años si se destruye infraestructura de los sectores estratégicos”.

Según el parte policial, que sirve como una prueba contra los sindicados, dos policías se acercaron a detener a dos jóvenes que estaban libando cuando fueron atacados con pedradas y abandonaron la motocicleta que sería finalmente incinerada por desconocidos. Otra de las pruebas que se ha presentado durante la instrucción fiscal es una filmación de la incineración de la motocicleta, cuyos fotogramas ha colgado el ministro Serrano en su cuenta de twitter. 

Tenemos a 8 personas aprehendidas, la pregunta es que hace estos tipos dirigiendo las acciones vandálicas y violentas pic.twitter.com/RgJg8Ho3ki

— José Serrano Salgado (@ppsesa) junio 20, 2015

Tras la detención de varios jóvenes la noche del 19 de junio, los tres acusados de sabotaje, Julián I., Joel C. y Christian R. quedaron a orden de las autoridades.

El martes 24 de junio, el abogado de los detenidos, Gonzalo Realpe,  presentó un recurso de hábeas corpus que fue negado por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. PLAN V conversó con el jurista sobre este caso. 

¿Hay una resolución al pedido de hábeas corpus?

El día de ayer (martes 24 de junio) a las 10:30 de la mañana, en la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha se llevó a cabo la audiencia de la acción constitucional de hábeas corpus que presenté como abogado defensor de los tres estudiantes que estuvieron en las manifestaciones del colegio Mejía. Lamentablemente, los jueces no valoraron la argumentación que hice, en la que demostré claramente que hay una violación a las garantías constitucionales y terminaron negándome la acción de hábeas corpus. Esto quiere decir que al haberme negado la acción, los jóvenes estudiantes tendrán que seguir detenidos hasta que termine la instrucción fiscal por el delito de sabotaje. Es decir hasta treinta días más o hasta que termine la instrucción fiscal.

¿Quién es la parte acusadora en este caso?

La parte acusadora es la Fiscalía General del Estado porque es un delito de acción pública, un delito contra el Estado, contra la seguridad nacional, entonces el acusador es el fiscal,  Ivan Ron con la intervención, lógicamente, del Procurador General del Estado (Diego García) en calidad de representante legal del Estado.

¿Con qué pruebas se detuvo a los tres jóvenes?

Sin ninguna prueba, solamente por el hecho de estar en los alrededores del Colegio Mejía durante una manifestación

¿Es decir que hay violaciones al debido proceso?

Al debido proceso, a la garantía constitucional de inocencia, a la garantía constitucional de libre tránsito; hay violaciones a que ninguna persona puede ser privada de libertad de manera arbitraria, injusta e ilegal; hay violaciones a todos los derechos constitucionales. Los muchachos estuvieron caminando cerca del Colegio Mejía. Estas tres personas no participaron en la quema de la motocicleta que es por lo que se inició el juicio penal.

¿Y cuales son las pruebas que presenta la Fiscalía?

Ninguna prueba, solamente el parte policial donde consta que los muchachos fueron detenidos en las manifestaciones del Colegio Mejía.

Dado el caso de que ocurriera el delito de una quema de motocicletas de la policía, ¿cuál es el delito?

El delito, estrictamente, es el sancionado y tipificado en el artículo 204 del Código Orgánico Integral Penal, esto es, daño al bien ajeno. Ese delito acarrea una pena de 1 a 3 años. Pero la Fiscalía no se va por este delito, la Fiscalia se va por el delito de sabotaje, que son actos que realiza una persona con el fin de dar un golpe de Estado, con el fin de crear caos en la sociedad, de crear caos en contra y levantarse en armas contra el Estado constitucional de derecho, es decir contra el Gobierno nacional.

¿Qué recursos legales les resta a sus defendidos?

Primero, dentro de la instrucción fiscal, voy a solicitar una cantidad de peritajes, de experticias y, luego, en el caso de que haya un auto de llamamiento a juicio por parte del fiscal y de la jueza penal que conoce la causa, me quedarían recursos de nulidad; en caso de sentencia condenatoria, recursos de apelación, de casación… todavía hay varias acciones a favor de estos jóvenes que se puede presentar dentro de un proceso penal. Están injustamente detenidos estos jóvenes. Si viviéramos en una democracia, en una Estado de derecho donde se respetan las garantías constitucionales de los ciudadanos, este juicio no debiera existir porque en este juicio se están violando todas las garantías constitucionales y los jueces están actuando solamente en base a un informe policial y no en base a pruebas ni a elementos de convicción.

Familiares de los detenidos se niegan a hablar con la prensa por los tintes políticos del caso, aunque todos aseguran que los jóvenes son inocentes.