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25 de Agosto del 2019
Historias
Lectura: 13 minutos
25 de Agosto del 2019
Fermín Vaca Santacruz
Las razones por las que Fabricio Villamar dejó de creer en CREO
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Fotos: Luis Argüello / PlanV

Asambleísta por Pichincha y ex concejal de Quito, Fabricio Villamar es abogado. 

 

El asambleísta por Pichincha cuestiona los intentos de controlar las aplicaciones tanto de renta de casas y departamentos cuanto de vehículos. También repasa la agenda legislativa en los próximos meses. Actualmente es independiente y se alejó del CREO de Guillermo Lasso.

Fabricio Villamar, asambleísta por Pichincha, dejó de creer en CREO cuando el movimiento de Guillermo Lasso pactó con el actual Gobierno un acuerdo legislativo de amplio espectro. Su postura, que se manifestó en la abstención en una votación, motivó que lo sacaran de las últimas designaciones en las comisiones legislativas. Lo alejó de CREO, el movimiento con el que llegó a la Asamblea Nacional, y también, de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuyo pedido de juicio político apoyó con su firma.

Pero a pesar de ello, Villamar capitaneó la exitosa interpelación contra el cura católico José Carlos Tuárez y sus tres acólitos, que concluyó con su censura y destitución y con la conformación de una mayoría gobiernista en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para Villamar, no hay que mezclar las cosas: si bien sostiene que Lasso se equivocó al pactar con Romo, cree que la salida de Tuárez era necesaria. Ahora el asambleísta, quien es muy activo en redes sociales, trata temas cotidianos, como el funcionamiento de las aplicaciones en internet que promueven la economía colaborativa, como Uber o Airbnb, quienes están en la mira de los gremios tanto del taxismo cuanto de la hotelería, pues los acusan de afectar sus ganancias. 

¿Cuál es su opinión sobre los intentos de control de las plataformas en internet de la economía colaborativa?

El Gobierno no aprende. Están insistiendo en una política pública cuyo eje es el control de todas la actividades de los privados. Apenas hay nuevas ideas, ya te cae el Estado con el control. Cuando era concejal de Quito pude ver lo mismo: antes de poder abrir las puertas de un local ya debes tener todos los permisos. Eso ahoga los emprendimientos. Una cosa es tener una política de registro, que es necesaria, y otra es el control por medio de implementar una licencia anual de funcionamiento. La licencia se entregará cuando se cumplan ciertos requisitos. Deberían, por una vez, aprender qué pasa cuando no sobrerregulas. Hay una costumbre no solo en el Ecuador sino en muchas otras partes de invertir en un inmueble para poder vivir del alquiler. En el Centro Histórico tenemos casas muy grandes convertidas en almacenes en la primera planta y en bodegas en las plantas altas, cuando la lógica debería ser que se las use para las personas, lo que sería más rentable para el dueño de casa en lugar de tener un Centro deshabitado. Mi madre, por ejemplo, podría alquilar dormitorios que ya no usa y ahora se quiere prohibir ese tipo de alquiler. No todos los turistas tienen las mismas capacidades económicas y el turismo en el Ecuador no se va desarrollar con cadenas de lujo. Para los ecuatorianos hacer turismo es caro, un hotel en Montañita te termina costando lo mismo que en la capital de Panamá, y no hay punto de comparación. Deberíamos dejar que esto se desarrolle bien, que la gente produzca dinero.

La presión es gremial, y hay el argumento de que este tipo de negocios deberían regularizarse y formar parte de la economía formal. ¿Es válido eso?

Los dueños de los hostales y hoteles se quejan de los controles y costos de operación. Los dueños de los hoteles, en lugar de pedir que les quiten las presiones fiscales, piden que se perjudique también a los demás. En el caso de las aplicaciones de taxis, se pide prebendas al Estado. El taxismo es un transporte comercial cuyo gremio quiere prebendas. Es como si mañana los tenderos se organizan y dicen que porque ayudan a alimentar a la población no les cobremos la luz y los impuestos prediales. Eso no es así. Me parece correcto que el que te transporta en Uber facture, pero los taxis y las cooperativas deberían facturar también. Hablan de competencia desleal: entonces que nadie tenga combustible subsidiado o beneficios al importar nuevas unidades. Establezcamos que un número fijo de taxis, que haya control sobre las características de los vehículos, caso contrario, esto es invivible. 

¿Se debe discutir un poco más estas iniciativas?

¿Qué pasaría si el Ecuador se convierte en un país de Airbnb y tu política nacional está encaminada a bajar los costos de visitar el Ecuador? ¿Cómo bajar los costos de los hoteleros? El Gobierno no aprende.

¿Qué balance sacas de la interpelación de Tuárez? ¿Se alinea el Consejo de Participación con el Ejecutivo?

La sola salida de Tuárez no hubiera alterado la mayoría en el Consejo, sino que debía salir con los otros tres. No no es equivoquemos: no es que el Consejo de Participación es malo en manos de los correístas y va a ser bueno en manos del Gobierno. La institución es perversa y eso lo que hay que eliminar. Pero el problema es que el Gobierno y sus aliados tienen miedo de ir a un proceso de consulta popular para eliminar el Consejo, porque suponen que esa consulta se podría convertir en una consulta sobre la popularidad del presidente. La consulta se podría realizar en la segunda vuelta del próximo proceso electoral, y el gran tema no es el cambio de mayoría, sino las posturas distintas entre quienes queremos eliminar el Consejo y quienes solo quieren cogerse las competencias pero dejar ahí la institución. 

"No no es equivoquemos: no es que el Consejo de Participación es malo en manos de los correístas y va a ser bueno en manos del Gobierno. La institución es perversa y eso lo que hay que eliminar".

¿Estamos frente a un Consejo que, como en tiempos del correísmo "clásico", simplemente sigue la línea del Gobierno?

Lo principal es que es un Consejo que ya se comprometió a respetar el dictamen de la Corte Constitucional para no revisar lo actuado por el Transitorio. No van a jugar una agenda de desestabilización y eso es importante. El Consejo también debe investigar casos de corrupcción, pero se puede entender también que esa institución puesta al servicio de un Gobierno o de una mayoría, pueda desdibujar los casos de corrupción, pues lo haría una institución que solo sigue órdenes de Carondelet. Eso es algo que puede pasar. Es un riesgo que hay, esperamos que mantengan la independencia, porque las consultas populares sobre el tema van a tomar tiempo al igual que la presentación de firmas.

¿Cuál debe ser el mecanismo para suprimir el Consejo de Participación?

Me inclino por la reforma de la Constitución en la propia Asamblea, mediante dos debates, mediando 90 días y luego ir a la consulta popular. Eso es lo que se debería hacer. 

Los vocales cesados anunciaron una demanda internacional contra el Ecuador. ¿Qué futuro puede tener eso?

Creo que ninguno. Cuando se censuró a Carlos Ochoa dijo lo mismo. Igual Norma Vallejo, Sofía Espín, María Alejandra Vicuña, las tres dijeron lo mismo. Lo que pasa es que no hay forma que eso prospere porque la Asamblea está cumpliendo con su función de fiscalización, solo que no la ha utilizado mucho en este periodo constitucional. 

Hay un planteamiento de un juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Tal como están las fuerzas en la Asamblea, tiene futuro?

La facultad de proponer un juicio político la tienen todos los legisladores. Si es que reunieron los requisitos y los presentaron hay ya un inicio. Hay que ver si en el Consejo Administrativo de la Legislatura y en la Comisión de Fiscalización eso prospera, porque el Gobierno tiene mayoría en esa comisión y podrían archivar el caso. Hay ministros que son cercanos a opinadores públicos y se dice que hay una "fiebre de juicios políticos", pero eso no ocurriría sin funcionarios que no den motivo. 

"En el caso de Romo, hay que ver si en el Consejo Administrativo de la Legislatura y en la Comisión de Fiscalización eso prospera, porque el Gobierno tiene mayoría en esa comisión y podrían archivarlo".

Durante una década no hubo juicios políticos. ¿Es legítimo que los legisladores retomen esa función?

El enjuiciamiento político, tal como está contemplado en la Constitución requiere de varias mayorías, como las dos terceras partes para destituir un ministro. En el caso de María Fernanda Espinosa, y en el de  Verónica Espinosa, el Gobierno no dio los votos, se estaban saliendo de la sesión. 

¿Y por qué el morenismo protege al Gabinete correísta?

No hay que olvidarse que son el mismo Gobierno, el mismo partido, la misma gente, así que no es de extrañarse que en determinados momentos, sobre todo para protegerse, voten juntos.

¿O sea que el cisma funciona según quién es el marchante?

Sí, y según los casos. En otros casos vemos que se dedican a sancionar "traidores" de alguno de los dos bandos, son verdaderos "ajustes de cuentas". 

¿Cómo ve la acción de la oposición, sobre todo de CREO, PSC o el centroizquierda?

Hay dos momentos, el primero cuando eran 74 legisladores de la lista 35, con todas las presidencias y las vicepresidencias de las comisiones y de la administración legislativa. Ahora hay un nuevo momento. En la primera etapa hubo una oposición que funcionó como tal. Hubo debates acalorados, a mi me quisieron sancionar cuando les dije que su Gobierno fue una cleptocracia. Dos años después la cosa cambia, y les toca sentarse a conversar. 

Quienes se han "sentado a conversar" han sido los de CREO, bloque del que usted se ha distanciado...

El gran error de CREO es haber hecho una alianza con el Gobierno que ni siquiera le cumplen. Lo primero que anunciaron es que este acuerdo implicaba la entrega de tres presidencias de comisiones a CREO y eso no pasó, solo han sido dos. Iba a haber una agenda de lucha contra la corrupción y el Gobierno no dio los votos para sancionar a María Fernanda Espinosa, al igual que en el de Verónica Espinosa. En ese último caso quisieron salvar a Espinosa el martes pero lavarse la cara el miércoles con la destitución de todo el combo de Tuárez. No contaban con la reconsideración de ese tema. El Gobierno avanza sin problemas, pues manda un mensaje al Fondo Monetario Internacional de que tiene mayoría en la Asamblea, lo que permitiría que pasen ciertas exigencias. Ese idilio no va a durar mucho, todos deberán decantarse por los probables candidatos presidenciales, y el Gobierno va a perder su mayoría. 

"Ese idilio con CREO no va a durar mucho, todos deberán decantarse por los probables candidatos presidenciales, y el Gobierno va a perder su mayoría".

¿Entonces esta alianza estalla cuando inicie la precampaña presidencial?

No se puede aspirar a la presidencia de la República sin diferenciarse del Gobierno y es injustificable haberle dado a ese Gobierno los votos para que tenga mayoría en la Asamblea. ¿Cómo se van a quejar del plan económico si apoyan un ajuste a la economía ecuatoriana? ¿Si el ajuste afecta a la economía ecuatoriana y a los bolsillos de la gente, se los van a recordar en el proceso electoral? El Gobierno ganó la mayoría y trituró un espacio de oposición fuerte y creativo. La legitimidad es un aspecto clave en la política. Quienes han sostenido una posición sin virarse son quienes pueden ser confiables para los electores. 

 

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