Actualmente, Rodríguez coordina la Comisión Anticorrupción conformada por los movimientos sociales, una entidad de la sociedad civil que realiza, por su cuenta, investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en el manejo del dinero y la obra públicas, y luego las pone en conocimiento de las autoridades compententes. Pero la Comisión ha encontrado una serie de obstáculos en su tarea, en especial, por la lentitud y el control político de la Fiscalía y de la justicia, que han desestimado algunas de sus denuncias, y, también por las demandas que, en contra de su miembros han interpuesto funcionarios del actual Gobierno.

¿Qué balance hace usted de la gestión de la Comisión Anticorrupción de los movimientos sociales? 

Hemos formulado varias denuncias, como el presunto sobreprecio en Manduriacu, el de las placas de la ANT, del presunto sobreprecio en el terreno de El Aromo, de los helicópteros Dhruv, entre otras. Revelaremos también un caso sobre evasión de impuestos y perjuicio a los trabajadores de las obras de Coca-Codo y también, vamos a pedir que se revoque el tratado de doble tributación con Suiza, pues es por ahí por donde se está saliendo la plata para el pago de comisiones.

En el caso de El Aromo, nos acaban de notificar que habrá una audiencia reservada en la Corte Nacional este 20 de julio, para posiblemente archivar la denuncia sobre el sobreprecio en el terreno, lo cual habría sido pedido por la Fiscalía. 

¿Cómo ve la respuesta del aparato judicial frente a estas denuncias?

Hemos escogido el camino de llegar con documentos y seguir lo que dice la Ley. Nos hemos referido a las autoridades que deben seguir la investigación, pero hay una maraña administrativa que ha sido creada por funcionarios corruptos  en los últimos quince años. Varios funcionarios del Estado se han dedicado a modificar leyes, reglamentos y procedimientos para evitar que haya una persecusión posterior por latrocinios en el sector público. Hay una maraña de regulaciones que protege a los corruptos plenamente. En 2011, la Corte Nacional de Justicia los ha blindado, al establecer que ninguna investigación puede hacerse en la Fiscalía, por presunto peculado, si es que no hay previamente un informe con indicios de responsabilidad penal por parte de la Contraloría. Entonces, dos funcionarios que son del régimen, como son el fiscal general y el contralor, se tapan, y lógicamente se forma un sistema de impunidad. Si en el informe del contralor no aparece peculado escrito, entonces el fiscal no quiere hacer nada, pero hay que tomar en cuenta que hay varios otros delitos en el Código Penal por los cuales el fiscal debe investigar. Por eso rebatimos el archivo del tema en el caso Manduriacu.

¿Qué estrategia han adoptado frente a esto? ¿Han presentado una nueva denuncia por falsedad procesal en el caso de los helicópteros Dhruv comprados para la Fuerza Aérea? ¿Será esa su nueva actitud frente a los archivos de denuncias?

Usamos la ley para presentar los casos ante autoridad pública. Tenemos abogados que están empujando los trámites, pero algunos no avanzan rápido. Hay un manejo burocrático terrible en la justicia, hay funcionarios con la cabeza hueca que solo parecen tener un poco de Alianza PAÍS adentro. 

¿Se pueden atribuir estas demoras al control político de la justicia?

La justicia cambió en el aspecto físico, pero hay una excesiva politización. Los jueces han sido afectados por la política del miedo y del odio, que ha sojuzgado a gente buena. De cada diez jueces, el gobierno tiene uno, pero es el que les sirve para instrumentar sus acciones en la Función Judicial. A mi manera de ver, esto ha quemado mucho tiempo, somos una entidad financiada por los propios miembros y no tenemos capacidad económica para ocuparnos de varios temas. También hemos tenido que defendernos de demandas y eso nos ha quitado tiempo para investigaciones. Hay jueces asustados, que temen por su trabajo, que son presionados para tomar decisiones. 

¿Cuál ha sido el resultado de sus denuncias, en el caso de Manduriacu por ejemplo?

El fiscal no quiso hacer la investigación, porque habíamos pedido en el periodo de prueba que se realizaran diligencias que iban a demostrar lo que habíamos dicho, que había un gran sobreprecio. Por eso decidieron archivar, pero al llegar a la Corte Nacional un juez dispuso al fiscal que siga investigando, pero tan pronto se dieron cuenta de eso, pusieron otro juez que declaró nulo lo que había hecho el primero. El fiscal ha dicho que no hay en el informe de Contraloría ningún indicio de peculado. Cuando nos demandó el ministro Esteban Albornoz, le pedimos al juez que obtenga una serie de documentos, y que nombre peritos independientes, pero se quiso tapar el pago de Caminosca a funcionarios públicos, lo que fue denunciado por la empresa australiana que compró Caminosca. Cuando se iba a descubrir quiénes recibieron los sobreprecios, archivaron el juicio y ahora nos han demandado pidiendo prisión de dos años y un millón de dólares. Por lo menos ocho jueces han tramitado esa demanda desde que se presentó, entre octubre de 2015 y junio de 2016.

¿Quién les ha demandado y en qué términos?

Hay en nuestra contra dos querellas y una demanda civil, les interesa a ellos que haya resultados. El Gobierno quiere tomar acciones que les beneficien y acallar a la Comisión Anticorrupción. Además del juicio del ministro Albornoz, hay una demanda de tres millones de dólares del prefecto provincial, en donde no hemos visto presiones, y el tercero es en mi contra, puesto por el ex gerente de la hidroeléctrica Manduriacu, Moisés Obando quien me acusa de calumniarlo. El juicio está prescrito y a pesar de eso, antes de que la jueza actuante en el caso de su resolución, el Consejo de la Judicatura encargó de ese juzgado al juez Rául Salgado Serrano, quien ha declarado que no estaba prescrito y el proceso continúa. La jueza que actuaba originalmente fue degradada a jueza de tránsito. Tan pronto hubo esa resolución, se puso a otra jueza. 

¿Qué ocurrió con el caso de los Dhruv?

Aún no hay resultados, ni de eso, ni de la denuncia sobre el terreno comprado para la Refinería del Pacífico. En el caso de los Dhruv, decidimos no perder el tiempo haciendo lo mismo, y logramos establecer que se había mencionado un posible peculado, pero también puede haber una estafa o lo que actualmente se llama engaño al consumidor. Se quiso inducir a los jueces para que se archive la causa, pero hay otras infracciones a la Ley que se habría cometido, como, por ejemplo, una presunta estafa. 

¿Ustedes señalan también la responsabilidad del ministro Javier Ponce cuando ejercía Defensa?

Fue él quien firmó, y no se habrían cumplido los requisitos, no eran aptos para operar en nuestro país, no había certificaciones internacionales, y el ministro no debió firmar ese contrato. Estamos demostrando que el contralor y el fiscal no han cumplido con sus obligaciones, y sino encuentran el peculado deben buscar otros delitos. 

¿Cómo está el funcionamiento interno de la Comisión? ¿Ha habido relevos?

Pensamos que la Comisión no solo debe ser sino parecer. No debemos tener financiamiento de grupos políticos ni económicos, ni nacionales ni extranjeros. Cada uno puede tener una doctrina política, pero no podemos hacer política, ni ser candidatos. Debemos tener una labor ciudadana. Si bien surgimos de las organizaciones sociales en mayo del año pasado, algunos se han apartado, como David Rosero, quien tiene su militancia política. Se retiró también el representante de los jubilados del IESS, a quién afectó la economía del miedo por parte del Estado. Han reingresado también algunas personas como el contralor Marcelo Merlo, el coronel (r) Alberto Molina, o la doctora Amanda Páez. 

¿Cuál es la nueva denuncia que preparan?

Descubrimos que las compañías chinas que operan en el país, a parte de que no hacen bien las cosas, están cayendo en hechos que parecen ser prácticas dolosas. En el caso de las obras de Toachi-Pilatón, vamos a presentar una denuncia ante el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas. El SRI debe comandar la investigación de un posible desvío de fondos hacia paraísos tributarios, en especial, hacia países en donde hay deducciones por doble tributación. Esto perjudicaría a los trabajadores porque se han llevado cerca de USD 30 millones al exterior, lo que anotan como un gasto, y eso no queda dentro de los utilidades del país y los trabajadores.