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20 de Enero del 2019
Historias
Lectura: 21 minutos
20 de Enero del 2019
Fermín Vaca
Periodista político. Es editor de PLANV. Ha trabajado en los principales periódicos de Ecuador en la cobertura de política y actualidad. 
"Solo los jueces competentes pueden exculpar a Topic": Procurador Íñigo Salvador

Fotos: Luis Argüello

En su despacho del norte de Quito, el principal abogado del Estado pasa revista a los temas más importantes en la Procuraduría. 

 

El procurador del Estado cuestiona que, en el caso El Comercio, la CIDH pretenda suplantar a la Fiscalía en la investigación, como si el Ecuador fuera un Estado fallido. Además, no descarta que algunos de los procedimientos en los arbitrajes internacionales puedan ser realizados por los abogados de la institución en lugar de pagar hasta $20 millones al año a buffetes en el extranjero. El acuerdo de Topic con funcionarios del Gobierno no lo exculpa de posibles responsabilidades que deben determinar los jueces.

Íñigo Salvador, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica, cumplió poco más de cinco meses al frente de la Procuraduría General del Estado. En las oficinas de la institución, ubicadas en ex edificio bancario del norte de Quito, el procurador recibe a este portal. En su despacho hay un amplio jardín interior y un cuadro de Cristo en fondo azul, de reminiscencias coloniales. En la antesala, los rasgos severos del presidente Isidro Ayora reciben a los visitantes. 

Varios temas han ocupado la agenda reciente del procurador, entre ellos, el fortalecimiento de la Procuraduría, en el que cuenta con apoyo del BID. También prepara una reforma legal que le permita retomar la autonomía de la Procuraduría en lo que se refiere al talento humano, aplicando la Ley Orgánica del Servicio Civil "de manera supletoria". Se busca darle a la entidad autonomía financiera, recaudando valores por la emisión de informes previos, entre otros temas.

Pero el grueso del trabajo en la Procuraduría tiene que ver con las demandas internacionales en contra del Ecuador, mayormente de empresas privadas transnacionales, en donde hay 36 casos activos, 27 notificaciones, un caso anulado y uno en ejecución. Sin embargo, el total es mayor y asciende a 66: hay ocho arbitrajes de inversión, siete arbitrajes comerciales, 18 juicios en sede extranjera, seis juicios en el Tribunal Andino y 27 notificaciones de controversia. 

Entre los 66 procesos contra el país están los planteados por transnacionales, como Consorcio Nippon, Perenco, Chevron, Zamora Gold, Merck Sharp, el Tranvía de Cuenca, Quiport, Indra, entre otros. Hay también demandas planteadas por particulares, como la de Carlos Pérez Lapentti, entre otros.

Entre los 66 procesos contra el país están los planteados por transnacionales, como Consorcio Nippon, Perenco, Chevron, Zamora Gold, Merck Sharp, el Tranvía de Cuenca, Quiport, Indra, entre otros. Hay también demandas planteadas por particulares, como la de Carlos Pérez Lapentti, entre otros.

Solo en ocho de esos casos, los de Perenco, Merck, Chevron, Albacora, Internexa, GLP, y el tranvía de Cuenca (dos demandas) el Ecuador ha sido demando por la astronómica suma de USD 1.800 millones, 691 mil 777. 

A estas millonarias reclamaciones económicas se suma la representación del Estado del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Caso El Comercio, en donde el procurador ha comparecido como defensor del Estado. En ese caso, la Comisión ha fijado para el 31 de marzo la entrega del informe del Equipo de Seguimiento Especial conformado para apoyar a Ecuador y Colombia en la investigación. 

De estos temas conversamos con el procurador, quien no pierde su aire pausado y docente al explica la situación actual de la institución que dirige. El abogado del Estado, en ocasiones, no teme desafiar la corrección política, en especial, cuando habla del caso de los tres comunicadores de El Comercio, en donde fue criticado por su postura en un audiencia en la Comisión Interamericana de Derehos Humanos, en diciembre pasado. 

¿Qué temas ha identificado usted como los más importantes en la gestión de la Procuraduría?

Me posesioné el 31 de julio de 2018, voy poco más de cinco meses. Debo confesar que me he sentido muy a gusto en este puesto, como abogado siento que hacemos un trabajo interesante y entretenido. De entrada me cayó el tema de Chevron, que va a seguir durante muchos meses y es muy importante. El caso de la acción de protección solicitada por el señor Julián Assange también fue importante. La comparecencia del Ecuador ante la CIDH por lo de los periodistas de El Comercio. Creo que ahí se malinterpretó mi defensa del Estado, como si fuera una falta de solidaridad con los familiares. Esa no fue mi intención. En la Procuraduría hay un equipo muy bueno, aunque pienso que el periodo del procurador Diego García fue demasiado largo. Yo defiendo la alternancia en cualquier cargo. Yo vengo de la Universidad Católica, ahí tuvimos un decano que se prolongó demasiado tiempo y la Facultad empezó a tener un declive. Me propuse en un solo periodo tratar de solucionar los temas de la Facultad, tres años es un tiempo más que suficiente en un decanato. De igual forma, cuatro años también son suficientes para rescatar la imagen de la Procuraduría. En el caso de Diego García, su periodo fue demasiado largo y la percepción general, corroborada por el juicio político de hace unos días, era que fue funcional al régimen. Entonces, cuando llego, me encuentro con una Procuraduría con una falta de conducción clara. El doctor Rafael Parreño, que fue subrogante, se abstuvo de tomar decisiones importantes, y  me encontré con una Procuraduría necesitada de liderazgo, de reunificación. Se temía que los que tuvieron que ver con el régimen anterior sufrieran represalias, pero no he hecho eso. He rescatado al buen funcionario, en general esta es una entidad técnica jurídica. Mientras se actúe con la Ley, lo que se crea en política es irrelevante. No me ha sido difícil consolidar mi equipo, aunque es un proceso largo. Con funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo vamos a consolidar el talento humano. 

El Gobierno anterior fue pródigo en litigios contra las transnacionales, en gran medida por su discurso ideológico. Sin embargo, parece haber habido más bien sentencias desfavorables, que condenan al pago de indemnizaciones. ¿Cómo evalúa el proceso de defensa del Estado en esas instancias internacionales?

Quiero hacer una aclaración, los procesos arbitrales no se ganan siempre en el proceso arbitral, hay que analiza la relación previa. Ha habido contratos mal negociados, la Procuraduría debe recuperar el control previo de legalidad de los contratos que no son detectadas por falta de controles previos. A eso hay que sumar problemas de administración del contrato, que debe acompañar la Contraloría, pero la Constitución del 2008 y la Ley Orgánica del Servicio de Contratación Pública le quitaron facultades a la Contraloría. Con estos antecedentes, puedo decir que cuando comienza el arbitraje, la defensa ya está de alguna manera jugada. Si a eso sumamos un prejuicio contra el contratista extranjero, como efectivamente se dio en el Gobierno pasado, y cuando los tribunales nacionales no le daban nunca la razón al inversor extranjero porque había instrucciones de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de que el Estado nunca pierda, se conformó una receta perfecta para llegar a un arbitraje internacional en donde el Estado terminaba perdiendo. Puedo decir que los estudios jurídicos contratados en el Gobierno anterior para defender los intereses del Estado hicieron un buen trabajo. Son estudios conocidos en el ámbito del arbitraje internacional, pero si se han perdido esos arbitrajes, lo cual es la tendencia, ha sido por los factores previos. 

Pero uno de los principales cuestionamientos en contra del ex procurador Diego García es haber perdido esos arbitrajes, lo que significa que el Estado es condenado a pagar millones de dólares...

Soy absolutamente franco, no es solo culpa de la Procuraduría ni de los estudios jurídicos extranjeros. Las cosas no se hacían bien desde antes. Cuando el Estado pierde le cuestan dos cosas: pagar la indemnización y los honorarios de abogados extranjeros. Sobre ese tema hemos renegociado todos los contratos con todos los estudios, hemos logrado descuentos de hasta el 15%. En un año la Procuraduría paga USD 20 millones en honorarios, estimamos un ahorro de hasta tres millones. 

¿Es indispensable contratar esos estudios extranjeros para estos temas?

Ese tema también lo estoy abordando. Esa pregunta nos la hemos planteado, analizamos cuánto del trabajo de los estudios jurídicos extranjeros pueden realizarlo los propios funcionarios de la Procuraduría. En diez años de litigios, algo habremos aprendido. Por ejemplo, enviamos una solicitud de interpretación del caso de Chevron que realizamos nosotros mismos, pidiendo asesoría al estudio jurídico que lleva el caso, pero preparando el documento nosotros. Ya no están haciendo todo el trabajo, ahí ahorramos miles de dólares. Vamos a reformar el Reglamento de contratación de abogados extranjeros, ahora estudios locales podrían realizar ese trabajo, en el país hay abogados de primera con experiencia en el tema y que cobran una décima parte de lo que cobra un estudio jurídico en Londres, París o Nueva York. Veamos cómo nos va con estas medidas. 

¿Cuáles son los arbitrajes pendientes y cuáles son las perspectivas?

Tenemos varios pendientes y surgen nuevos. Los diez años pasados siguen dando coletazos. Tenemos arbitrajes, juicios en donde se ha demandado al Ecuador ante justicias extranjeras, o también en donde nosotros hemos demandado, como cuando se persiguen los bienes de las familias Ortega e Isaías. En esos casos es indispensable contratar abogados locales. Hay 66 procesos internacionales activos al momento. 

¿En qué estado está el caso Chevron?

El Ecuador ha solicitado en las cortes holandesas la nulidad del laudo arbitral dictado en agosto del año pasado. Ese proceso lleva apenas un mes y medio e irá avanzando. Lamentablemente, la justicia es lenta en todas partes. Ese proceso puede demorar entre dos y cuatro años. Sin embargo, eso no suspende el proceso arbitral, ahora está en la fase tres, en donde habrá alegaciones para demostrar los daños sufridos por Chevron. La Procuraduría es la que lleva el grueso del trabajo en ambos temas.

En el caso de la petrolera Perenco, conoceremos en cualquier momento el laudo. En el caso de Merck estamos en fases de negociaciones, he dispuesto propiciar acuerdos amistosos, eso debemos hacerlo en las primeras fases. En el caso de Repsol y OCP logramos acuerdos amistosos, que incluyeron una remisión tributaria. Esos dos casos se cerraron. Lo mismo ocurrió con Andes Petroleum. Sobre el tranvía de Cuenca tenemos dos arbitrajes, estamos tratando de llegar a un acuerdo.

¿En dinero de cuánto estamos hablando?

Hay un valor reclamado de 1.800 millones, sin contar lo de Chevron. Sin embargo, al calcular las contigencias reales, como no hay laudos, aún se pueden desmontar las cifras que reclaman. Actualmente el contigente real es de USD 594 millones, que es un montón de plata muy serio. Es un tema que no deja de preocupar. 

 

"Hay un valor reclamado de 1.800 millones, sin contar lo de Chevron. Sin embargo, al calcular las contigencias reales, como no hay laudos, aún se pueden desmontar las cifras que reclaman. Actualmente el contigente real es de USD 594 millones, que es un montón de plata muy serio. Es un tema que no deja de preocupar".

¿Qué pasa con las responsabilidades políticas porque el origen de estas demandas está en decisiones de presidentes, ministros y otros funcionarios? ¿Cómo aplicar la repetición?

El tema de la repetición es complicado, si bien la Constitución establece repetir contra los funcionarios responsables cuando el Estado ha sido condenado por un tribunal internacional, eso no es automático. Una vez que se ha hecho el pago se puede iniciar el proceso, en donde se debe establecer la responsabilidad de los funcionarios. Es el caso, por ejemplo, de quienes cesaron a una Corte Nacional de Justicia, a quienes recién se está citando con la demanda, pues son ex diputados. Cuando estén citados todos se iniciará el proceso, ellos podrán defenderse, y solo al final de ese proceso se podrá optar por la repetición. En lo que va de mi gestión no hemos iniciado ningún proceso de repetición. Sobre esto se habla ligeramente, pero no es una cosa simple y no opera en todos los casos, sino en donde el Estado ha pagado indemnizaciones. 

¿En la lucha contra la corrupción cuál debe ser el papel de la Procuraduría? ¿En el caso de Odebrecht, la constructora ha pagado multas en otros países, podría pasar lo mismo en el Ecuador?

El Estado ecuatoriano también ha recibido esas propuestas. Pero, es mi criterio, debemos andar con pies de plomo, pues es un tema delicado. Los procesos penales avanzan, y surgen nuevos elementos, como acabamos de ver con la restitución de dineros de Tomislav Topic. Hemos visto qué en el Perú un fiscal general debió renunciar porque al parecer evitaba que se persiga a Odebrecht. Estamos considerando un acuerdo global, en donde hagan el pago no solo de las coima, sino al daño que ha sufrido el Estado por los sobreprecios y perjuicios en la construcción de las obras. Hay proyectos llenos de fallas, pero esto no se resolverá de la noche a la mañana. 

¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo con el señor Tomislav Topic? ¿Puede un empresario investigado por lavado de activos negociar con el Ejecutivo que devuelve la plata y queda exculpado?

Yo no he participado en este acuerdo y solo tengo una opinión. Creo que sí puede llegar al acuerdo, pero eso no le exculpa de la responsabilidad que pueda tener y que se está investigando. Yo si me hubiera esperado que todo ello ocurra en el marco de una cooperación eficaz, dirigida por la Fiscalía y en el marco de un proceso penal. Visto desde el otro punto, el práctico, es importante la devolución, pero eso no quiere decir que Topic queda libre de toda responsabilidad, eso es ilusorio y no es el camino legal. El camino legal es que demuestre que no sabía que era dinero ilegal en el marco de una cooperación eficaz. 

El Ejecutivo ya había propuesto -aunque eso sigue en estudio- que se premie a delatores hasta con un porcentaje del dinero recuperado. ¿Al final hicieron eso mismo obviando el camino legal?

No sabría decirle cuáles son las intenciones del Ejecutivo. Yo mantengo coordinación en temas legales con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pero nada más que eso. Yo no participé en ese proceso, y no sabría comentar nada más. Sobre el proyecto de Ley Anticorrupción, el premiar a los deletores puede parecer antipático, pero mientras esté previsto en la ley está bien. En el caso del señor Topic no hay premio, porque eso no está vigente. Que devuelva el dinero está muy bien, pero son los jueces penales los que deben determinar si sabía o no si los dineros eran ilícitos. Si algún funcionario le ha exculpado a Topic, eso no tiene ninguna validez, los únicos que pueden absolver son los jueces competentes. 

"Que devuelva el dinero está muy bien, pero son los jueces penales los que deben determinar si sabía o no si los dineros eran ilícitos. Si algún funcionario le ha exculpado a Topic, eso no tiene ninguna validez, los únicos que pueden absolver son los jueces competentes".

En el caso El Comercio, usted ha dicho que la Fiscalía estima que los periodistas se internaron por su propia voluntad en el país vecino y ahí fueron secuestrados. Otros dicen que el secuestro ocurrió en el lado ecuatoriano de la frontera. ¿Por qué es importante ese matiz?

Para efectos prácticos de perder tres vidas, obviamente no hay diferencia, pero cuando analizamos las responsabilidades y a quién exigirlas, el hecho de dónde ocurrió el delito sí cambia las cosas. No sabemos a ciencia cierta qué ocurrió. A Colombia le interesa que el delito de secuestro haya ocurrido en Ecuador, porque se libra de procesar el secuestro. Al Estado ecuatoriano le interesa la verdad, si se cometió en nuestro territorio todo el delito o parte de él. El Ecuador debe determinar quiénes son los responsables. Nuestra posición es que no tenemos nada que ver con el secuestro, pero eso se sabrá al final. Los familiares están manteniendo la responsabilidad del Estado por omisión o negligencia, al permitirles llegar a Mataje y pasar la frontera. El Estado del Ecuador procesará a quien haya que procesar, pero no se trata de los familiares busquen responsables a toda costa en el Ecuador. Pero el tema de fondo era que el Ecuador, independiente y autónomamente puede investigar y sancionar a los culpables. Los que estaba pasando es que el Equipo de Seguimiento Especial de la CIDH, sin las competencias ni las capacidades técnicas, pretendía sustituir a la Fiscalía en determinar qué pasó. Había términos de referencia claros, el trabajo debió terminar el 31 de diciembre. El Equipo debe presentar cuanto antes su informe, puede servir a la Fiscalía para continuar y ampliar el ámbito de las investigaciones. Hay que admitir que la Fiscalía tiene falta de medios, de personal y está en crisis económica. No podemos permitir que el Equipo se arrogue atribuciones y pretenda sustituir a la Fiscalía, para eso debemos dar todo el apoyo a la Fiscalía. El Equipo tampoco hizo todo lo que debía hacer, los tribunales colombianos no han enviado los resultados de sus investigaciones. De eso no se preocuparon, sino solo de la Fiscalía ecuatoriana. Mi papel es representar al Estado, en la medida en que la CIDH es una instancia previa ante la Corte Interamericana, si se presenta un caso contra el Ecuador por este caso estoy obligado a intervenir. El Gobierno Nacional decidió ampliar el plazo del Equipo para que presente su informe. Es una señal de comprensión a las familias a las que no me he opuesto, pero insisto en que se arrogan funciones que no le competen. Estoy en contra de cualquier propuesta que pretende que entidades internacionales sustituyan los órganos competentes del Ecuador. No necesitamos un Equipo de Seguimiento Especial, la Fiscalía debe hacer ese trabajo. En lugar de pagar su funcionamiento, debimos entregar ese dinero a la Fiscalía. Son 200 mil dólares que le hubieran venido muy bien a la Fiscalía.

¿Qué opina sobre crear en el Ecuador una comisión de las Naciones Unidas contra la corrupción como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala?

Me opongo a eso, las instancias nacionales tienen las competencias legales, pero hay que darles la oportunidad y el apoyo necesario. Hay que fortalecer nuestras instituciones, aceptar ese tipo de cosas sería considerar al Ecuador un Estado fallido y no lo somos. Tenemos las capacidades, la voluntad y el poder hacer esas cosas. 

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