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1 de Noviembre del 2019
Historias
Lectura: 29 minutos
1 de Noviembre del 2019
Redacción Plan V
"Las supuestas pruebas son tuits, computadoras y celulares": Ramiro Aguilar
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Fotos: Luis Argüello

El ex asambleísta Ramiro Aguilar asegura que no hay pruebas contra sus defendidos, Paola Pabón y Virgilio Hernández. 

 

Duro crítico del correísmo, el ex asambleísta Ramiro Aguilar defiende ahora a dos de los correístas más ortodoxos: Paola Pabón y Virgilio Hernández, a quien la Fiscalía sindica de una supuesta rebelión. Aguilar destaca la ausencia de armas, uniformes, proclamas o estructura orgánica del supuesto "grupo subversivo" y acusa al Gobierno de controlar a la Fiscalía de manera evidente.

La tarde del 7 de octubre de 2019, un capitán de la Policía, Edison Núñez Rosero, trabajando en las instalaciones de la Policía Judicial, escribió un parte al jefe de una unidad llamada SIDPRO-BAC. Las siglas corresponden a la Subdirección Nacional de Investigaciones Contra el Delito de Derecho a la Propiedad.

El oficial, que se dirige primero a un coronel y luego termina el parte despidiéndose de un general, relata que sus "funciones específicas" parecen consistir en "indagar las redes sociales". En su parte, el policía Núñez Rosero transcribe cinco enlaces de la red social Twitter y uno de Facebook, con publicaciones de los opositores correístas Virgilio Hernández y Paola Pabón y dos personas desconocidas que los denuncian. 

El parte del policía contiene las capturas de pantalla de los tuits que le parecen delictuosos y recomienda que, ante los posibles ilícitos, se los ponga en conocimiento "de (la) Fiscalía".

El primero corresponde a una publicación de Miguel Tobar (@migueltobarf), y en él se ve una foto de Gabriela Rivadeneira "cumpliendo las órdenes desde Bélgica". No precisa Tobar qué órdenes. Según su perfil de Twitter, Miguel Tobar es simpatizante del movimiento Nosotros, que busca lanzar a la presidencia de la República a Andrés Páez. La cuenta oficial del movimiento está suspendida, pero la de Tobar es muy activa, retuiteando constantemente las declaraciones de Páez. En medio de la conmoción por el paro en Quito, Andrés Páez llegó a denunciar en Twitter el supuesto ataque y saqueo al colonial convento de San Francisco, en el Centro Histórico, hecho falso del que luego se desdijo. 

 El ex asambleísta se presentó en la Corte tras evadir un arresto para investigaciones. Simpatizantes correístas lo acompañaron. 

Arias Icaza, según su información en esa misma red social, es una mujer mayor de Guayaquil, actualmente asistente de gerencia en Productos Adams, y la mayoría de sus publicaciones son memes de carácter religioso, saludos de cumpleaños, fotos familiares y motivacionales.

 

El segundo es un tuit de Virgilio Hernández en donde cuestiona a periodistas como Juan Carlos Aizprúa, Luis Eduardo Vivanco, Tania Tinoco, Carlos Rojas y Jannet Hinostroza, donde textualmente escribe: "Voceros de @Lenin (el presidente Lenin Moreno), perdón "periodistas independientes" tratando de convencernos de que las medidas son buenas, pero nuestra cocina y nuestra mesa no nos engaña. Vamos Ecuador. O se cae el paquetazo o se cae el Gobierno. Vamos a organizar el barrio, la calle y la ciudad". 

El tercer pantallazo que destaca el policía Núñez como indicio de un delito es de una cuenta de Facebook. Una persona llamada Aracelly Arias Icaza publicó un vídeo en donde se ve a Gabriela Rivadeneira. "Miren quién encabeza la bronca en Otavalo", dice un texto sobreimpuesto.

Arias Icaza, según su información en esa misma red social, es una mujer mayor de Guayaquil, actualmente asistente de gerencia en Productos Adams, y la mayoría de sus publicaciones son memes de carácter religioso, saludos de cumpleaños, fotos familiares y motivacionales. Uno de los más recientes destaca que "no festeja Halloween porque es católica".

La política parece ser una preocupación muy marginal de la mujer, que sube fotos familiares con niños y ancianos costeños, a juzgar por su indumentaria. El vídeo, que apenas tiene 210 reproducciones, un me gusta, dos comentarios y cuatro compartidos, parece haber sido tomado no en Otavalo, sino en el redondel de la Villaflora del sur de Quito. Ahí aparecen Gabriela Rivadeneira y su esposo con un grupo de jóvenes, gritando que el de Lenin Moreno es "un régimen de mierda". Llevan una pequeña bandera y no parecen tener más en las manos. 

El vídeo, que apenas tiene 210 reproducciones, un me gusta, dos comentarios y cuatro compartidos, parece haber sido tomado no en Otavalo, sino en el redondel de la Villaflora del sur de Quito. Ahí aparecen Gabriela Rivadeneira y su esposo con un grupo de jóvenes, gritando que el de Lenin Moreno es "un régimen de mierda". Llevan una pequeña bandera y no parecen tener más en las manos.

La cuarta captura pertenece al Twitter de Paola Pabón y dice: "Mientras el vicepresidente declara que hay tranquilidad, la fuerte represión enn la parroquia Cangahua del cantón Cayambe deja herido de gravedad al dirigente de la Junta Guanguilqui-Porotog., Pedro Lanchimba. Rechazamos la violencia."

El quinto pantallazo es de la cuenta del ya mentado Miguel Tobar, activista de Andrés Páez y su precandidatura presidencial. Aparece la selfie de un hombre sin pelo con la leyenda: "Esposo de Gabriela Rivadeneira, Asambleísta AP, propicia desmanes en Otavalo". 

El sexto y último tuit que el policía de redes sociales Edison Núñez denunciará como potencialmente criminal a la Fiscalía es de Virgilio Hernández. Aparece una foto del propio Hernández, ante un cordón policíal ubicado ante el monumento al Libertador Simón Bolívar, en el centro de Quito. El texto dice: "¿Cuál es la solución con los transportistas? ¿Subir pasajes, carreras y fletes? Eso castiga a las familias y al pueblo. Hay que vencer el estado de excepción y en cada barrio, esquina y calle continuar la resistencia".

Por otro lado, se conoció que la Fiscalía tiene entre sus incautaciones por lo menos 90 computadoras, discos duros y pendrives (algunos de ellos de propiedad del Consejo Provincial de Pichincha) y 40 celulares, así como libretas, agendas, papeles, carpetas y hasta útiles de oficina como sobres y hojas de papel bond. En los próximos días tendrá lugar la extracción de la información que contienen. El reporte fiscal no menciona armamento de ningún tipo. 

Este parte policial y sus pantallazos es el inicio del proceso contra los jerarcas correístas, en donde Ramiro Aguilar, ex asambleísta independiente por Pichincha, ha asumido la defensa de Pabón y Hernández. 

Conversamos con él sobre los detalles del caso. 

El Gobierno y los jefes militares hablan de insurgencia, de terrorismo, de una guerra contra fuerzas oscuras. ¿Se convirtió el Ecuador en una especie de Siria, de Colombia en conflicto sin que nos diéramos cuenta?

Creo que el ecuatoriano en general, y este Gobierno en particular, tienen el defecto de banalizar las palabras. En América Latina, afortunadamente, jamás hemos tenido actos de terrorismo, salvo en Argentina con el atentado contra la AMIA, o en el Perú en la época de Sendero Luminoso, pero ninguno de los dos casos son ni de lejos el terrorismo internacional tal como lo entiende la humanidad a partir del atentado contra las Torres Gemelas en 2001. Cuando hablo de banalizar el concepto del terrorismo hablo de que estamos confundiendo con terrorismo lo que puede ser un delito común. El efecto de banalizar los términos es llevar a la judicialización por terrorismo a personas que lo que han hecho es ejercer su derecho a la resistencia, que además está garantizado en la Constitución de la República, y el segundo efecto es que creamos una consecuencia de miedo general, pues si a los dirigentes de un partido político se les acusa de rebelión y subversión, se va a coartar futuras movilizaciones sociales. Este tipo de acciones buscan crear el miedo en la movilización social, por lo que al menos durante el resto del Gobierno de Moreno no vamos a tener movilizaciones sociales en Quito. El Gobierno va a sostener su plan fondomonetarista, va a insistir en la subida de los combustibles, va a empezar a reprimir a las comunidades indígenas en los páramos, en lugares en donde no se pueda documentar esa represión. 

"El Gobierno va a sostener su plan fondomonetarista, va a insistir en la subida de los combustibles, va a empezar a reprimir a las comunidades indígenas en los páramos, en lugares en donde no se pueda documentar esa represión".

Esa es la línea que trazó el correísmo durante la década pasada: gente que cerraba el paso en una vía era acusada de sabotaje, de terrorismo, de ataque y resistencia. ¿Hay una línea de continuidad entre lo que hacía el Gobierno de Correa y lo que está haciendo este Gobierno?

Sin lugar a dudas. El informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra ya observó al Gobierno de Correa y le dijo que no podía criminalizar la protesta social. Correa inició procesos por sabotaje contra las personas que se tomaron el canal EcuadorTV el 30S, contra los diez de Luluncoto. Ese es el problema de banalizar los términos: se levantan juicios por terrorismo, por subversión, sin que haya un solo movimiento subversivo en el país. La subversión es pretender cambiar por la fuerza el modelo de Estado por otro, esa es la definición de subversión.

Pero ese discurso de la lucha contra la subversión es antiguo, de las doctrinas de seguridad nacional de los años 60. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahora en términos de cómo están planteando el escenario los militares?

En 1991, en mi tesis doctoral, destaqué que entre 1960 y 1990 varios tratadistas señalaron el desarrollo y aplicación del llamado derecho penal de la seguridad nacional. ¿Cómo puede ser posible que se haya regresado a eso? ¿En especial cuando la conclusión, sobre todo en países como Argentina fue "nunca más", nunca más volver a la represión de un supuesto enemigo interno en aras de la seguridad nacional? Los militares están planteando un escenario de guerra interna, algo que se manejaba en los años 60, que para 1991, cuando hice mi tesis, se creía algo antiguo y superado. Estamos frente a una regresión conceptual digna de un museo macabro.

"Los militares están planteando un escenario de guerra interna, algo que se manejaba en los años 60, que para 1991, cuando hice mi tesis, se creía algo antiguo y superado. Estamos frente a una regresión conceptual digna de un museo macabro".

¿A qué se puede atribuir eso? ¿A la formación de la actual cúpula militar o del ministro de Defensa?

La idea de la seguridad nacional se mantuvo vigente hasta el año 2000, con elementos como la Escuela de las Américas, el Tratado de Asistencia Recíproca (Tiar), y la teoría que dio lugar a la Operación Cóndor. ¿Por qué los militares han vuelto a esa doctrina en 2019? Lo que ocurre es que hay un hueco doctrinario de cerca de 20 años en los militares. Cuando termina el conflicto con el Perú los militares pierden doctrina, y se empieza a plantear la reducción del Ejército y del material bélico por parte del presidente Jamil Mahuad, quien ya vimos cómo terminó. Un Ejército sin doctrina durante 20 años, al que luego el correísmo convirtió en un campo de proselitismo político, en donde militares progresistas se enfrentan a otros conservadores, que recuperan para sí las doctrinas militares más antiguas. El problema es que durante 20 años no desarrollaron ninguna doctrina, así que lo que hicieron fue simplemente volver a las doctrinas de los años 60 del siglo pasado. Esa ausencia de doctrina es la que justifica el grado de violencia en la represión de las protestas de octubre. 

La Conaie ha denunciado el abuso del derecho penal y la aplicación de la misma receta de Correa: los encarcelamientos, los procesos dudosos, las declaraciones de fiscales que sostienen que ya resolvieron el caso. ¿Ese abuso persiste en el país?

Persiste, pero con un ingrediente adicional, desarrollado por el Gobierno de Lenin Moreno. Usar esas herramientas de persecución para despojar a mandatarios legítamente electos, que es algo que no había ocurrido.

¿Sí, ocurrió, con el carcelazo y destitución de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori?

Ese sería un antecedente, al igual que el proceso contra Alberto Dahik, quien debió dejar la vicepresidencia de la República. Corrijo que se lo haya inventado el morenismo, pero sí es verdad que lo han desarrollado con mayor rapidez. La receta es ésta: acusar a una autoridad local, conseguir la prisión, que la prisión sea de más de 90 días, y como no puede estar fuera de su cargo por más de 60 días sin sueldo, lo pierde. 

"La receta es ésta: acusar a una autoridad local, conseguir la prisión, que la prisión sea de más de 90 días, y como no puede estar fuera de su cargo por más de 60 días sin sueldo, lo pierde".

¿Es eso lo que usted cree que se quiere hacer con Paola Pabón?

Sin la menor duda. Y además, también van a ir por Jorge Yunda, alcalde de Quito, porque ya descubrieron ese mecanismo para burlar la elección popular, montando un juicio penal, conchabándose con el fiscal y el con juez provincial, para meterte preso y quitarte el cargo. La campaña que han desatado contra Yunda no es gratuita. También irán por Yaku Pérez, si lo de Pabón no se resuelve dejándole defenderse en libertad el mecanismo para subvertir el orden será simplemente el que descrito. Jaime Vargas corre el mismo peligro. 

Usted defiende a Virgilio Hernández y a Paola Pabón. La Fiscalía habla de un delito de rebelión, pero invoca el apoyo o promoción a esa revuelta, ¿cómo ve la acusación?

Sería el primer delito de rebelión en que te acusan de promover a un grupo armado, sin que encuentres el grupo armado, sin las armas, sin la reivindicación ni la identidad del grupo. 

¿Un grupo armado en rebelión debería ser algo así como las FARC?

Por supuesto, o como Alfaro Vive, como Sendero Luminoso de Perú, como Manuel Rodríguez de Chile. La subversión consiste en cambiar el modelo de Estado por medio de un método violento, no en hacerlo ganando las elecciones. Para subvertir el orden público de manera violenta debes tener los siguientes elementos: identidad, distintivos, reconocimiento de los actos, la identidad de los combatientes y sobre todo las armas. Todo el proceso contra Pabón y Hernández se basa en conversaciones de chat, que pueden ser simples resoluciones manifestadas, que no son delito hasta que no haya un principio de ejecución de manera ilícita. No basta con decir que voy a asaltar un banco, tengo que realizar actos ilícitos tendientes a robar el banco. 

"Todo el proceso contra Pabón y Hernández se basa en conversaciones de chat, que pueden ser simples resoluciones manifestadas, que no son delito hasta que no haya un principio de ejecución de manera ilícita. No basta con decir que voy a asaltar un banco, tengo que realizar actos ilícitos tendientes a robar el banco".

¿Cómo ve en particular el caso de Virgilio Hernández?

Hernández pone un tuit en donde dice: "O cae el paquetazo o cae el Gobierno". Por ese tuit lo empiezan a seguir desde el 7 de octubre y a partir del 8 de octubre le intervienen sus teléfonos. Rafael Correa y Gabriela Rivadeneira empezaron a hablar de la muerte cruzada, pero recordemos que eso depende de una decisión constitucional del presidente de disolver la Asamblea. Si se habla de un golpe de Estado, lo lógico es que alguien quisiera tomar el poder, pero si había muerte cruzada el que se quedaba gobernando era Moreno y se producía un anticipo de elecciones, no un relevo presidencial. 

Alguien podría emitir una opinión política pidiendo la renuncia del presidente o de sus ministros. ¿Dónde está la diferencia entre eso y la conspiración para derrocar al Gobierno?

La diferencia está en la ilicitud de los actos. Si llegas a tener armas ilegales, si proclamas tu intención de derrocar al Gobierno mediante la lucha armada, si te encapuchas y lanzas una proclama, todas esas cosas implican un acto material y se convierten en un delito.

¿Sostiene usted que Virgilio Hernández nunca llegó a cometer un acto material que configure una rebelión?

En ningún momento. Le allanaron la casa, encontraron unas tarjetas de crédito, unos teléfonos celulares, nada más. Allanan la casa de Araceli Cevallos, que es su asistente, y encuentran USD 5200 en efectivo, que eran aportes de militantes del partido para pagar gastos corrientes. Y le aseguro que con USD 5200 no se arma una rebelión.

En un texto publicado en internet, Hernández sostiene que debe haber un uso manifiesto de la fuerza para la rebelión. Pero el Gobierno destaca saqueos, incendios, el uso de volquetas del Consejo Provincial y daños materiales ¿Es ese un uso de la fuerza?

Si puede acusar a alguien de ser el líder de un movimiento armado cuando hay un movimiento con organicidad. Cuando hay una revuelta y esa produce saqueos producidos por personas que no se conocen entre sí, lo que ha ocurrido es un saqueo anárquico del que no se puede acusar a nadie. Si hubiera, que no hubo, una orden de Hernández a algún sujeto para que armen estructuras a su mando, si se hubiera identificado a saqueadores que testifiquen que alguien les dio la orden, tendría sentido la acusación. Pero la investigación es inversa: van desde un supuesto cabecilla al quieren responsabilizar de la anarquía en el país. No hay ningún indicio de eso contra Virgilio Hernández. 

¿Tiene asidero pensar que Rafael Correa pretendía derrocar a su sucesor?

Si lo que pretendían era el adelanto de elecciones, creo que su prioridad era la organización política. En esos mismos días le puse un tuit a Rafael Correa pidiéndole que deje de hablar, que lo estaba haciendo mucho. Correa no puede ser candidato y lo mejor que puede hacer es evitar hacer ruido en el ambiente. Es una tontería pensar que Virgilio, Paola o los asambleístas que están en la Embajada de México tenían una estructura subversiva. 

"El 5 de noviembre Virgilio Hernández va a asistir a la audiencia de vinculación. Él va a ir y si es arrestado se entregará. Es un acto muy valiente y está dispuesto a demostrar que no tiene nada que ver con ésto".

¿Se va a entregar Virgilio Hernández, toda vez que ha sido convocado a una audiencia de vinculación en su contra?

El 5 de noviembre va a asistir a la audiencia. Él va a ir y si es arrestado se entregará. Es un acto muy valiente y está dispuesto a demostrar que no tiene nada que ver con ésto. 

En el caso de Paola Pabón, hubo un allanamiento a su casa y al Consejo Provincial, y la Fiscalía ha incautado celulares y computadoras. ¿Cómo ve los supuestos indicios en su contra?

La Policía tiene un capitán, llamado Edison Núñez, quien es el patrullero del Twitter. Este policía pone un parte el 7 de octubre a las 18:50 en donde destaca que "indaga en las redes sociales de libre acceso" y cita los enlaces. Los considera "hecho punible" y cita el decreto del estado de excepción y pide que se lo ponga en conocimiento de la Fiscalía.

¿Es decir la policía tiene agentes revisando el Twitter? ¿Ahí están los indicios de delitos?

Las redes sociales son de opinión por naturaleza. No están investigando pedofilia, prostitución infantil o trata de blancas. Pero tenían un policía patrullando el Twitter, a ver quién violaba el decreto de excepción. A pesar de que esto pasó a las 18:50, la fiscal Diana Salazar abre la investigación a las 21:00 del 7 de octubre. Pero otro informe indica que Paola Pabón ya era seguida  desde antes por orden de un coronel Pablo León, y la identifican, pues son muy creativos, como "Alias Paola". El juez autorizó las vigilancias y seguimientos a las 04:00 del día 8 de octubre con base en Twitter. Es decir, los vigilaron desde la madrugada del 8 al 13. Hay que ser un solemne incompetente para que te pasen una rebelión por la punta de la nariz todos esos días sin que los detengan. ¿Será por qué no estaban haciendo nada? Luego del 14, cuando la Conaie le alfabetiza al presidente ante el país, deciden buscar un chivo expiatorio, y le cuelgan al correísmo la dirección de la marcha violencia. El propio Leonidas Iza les dijo que no se podía afirmar que Rafael Correa tenía tal capacidad de movilizar el país. 

"Hay que ser un solemne incompetente para que te pasen una rebelión por la punta de la nariz todos esos días sin que los detengan. ¿Será por qué no estaban haciendo nada?".

Previamente, hubo un intercambio de mensajes entre Pabón y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en Twitter. ¿Qué conclusión saca de eso?

El patrullero del Twitter también reseña eso. La ministra le advierte que deberá "responder a la justicia" pero con cierto señorío sobre la Fiscalía. Le dice déjeme terminar de resolver el papelón este que armé, la represión, y ya me encargaré de dar las instrucciones a la Fiscalía sobre usted, le dice en palabras más o menos. 

¿Afirma que la Fiscalía está bajo control del Gobierno?

No me cabe la menor duda. La Fiscalía ha montado un proceso reservado, pero al mismo tiempo publica en Twitter sus fotos de lo que supuestamente ha encontrado. No se explica cómo un proceso reservado contra tipos de alta peligrosidad termina siendo material para redes sociales. 

¿Qué más contiene la acusación además de estas reseñas de tuits?

Nada más. Lo que han levantado en cada allanamiento es computadoras y celulares. Ahora va a desmaterializar varios gigas de información, en donde deberán buscar entre la información del Consejo Provincial y la de los usuarios de las computadoras. En un delito de rebelión donde estás buscando cómo financian un grupo armado, las pruebas son computadores y celulares. No sé cómo se prueba un grupo armado con celulares y computadoras. 

¿No hay dinero, armas, explosivos, uniformes?

No. El único dinero son los USD 5200 encontrados a la asistente de Virgilio. Y la Fiscalía en el allanamiento también se llevó la libreta donde constaban los aportes de los militantes. 

¿Cuál va a ser la estrategia de la defensa?

Hemos puesto esto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Estado está actuando sin ningún escrúpulo, a la mala, usando jueces, fiscales, policías, versus cinco personas acusadas. Apelé de la prisión preventiva, hasta el momento no hay respuesta. A pesar de ello, debemos seguir el proceso para llegar a un juez decente que valore esto como la barbaridad que realmente es. Hemos pedido medidas cautelares a la Comisión para compensar este atropello.

"Yo no estoy haciendo política ni con Virgilio ni con Paola. Los defiendo como abogado. Si la gente no sabe diferenciar entre el rol de un abogado y el de un político es un problema de falta de hierro en la dieta".

Pero no sería la primera vez que el Estado ecuatoriano no las reconozca, como hicieron con Fernando Villavicencio y Cléver Jiménez...

Sí, pero en algún momento eso sirve de antecedente para accionar contra el Estado ecuatoriano, y algún día, la señora Romo, la señora Salazar, el señor Jarrín, el juez Arrieta deberán poner las barbas en remojo, parque la Corte Interamericana establecerá que violaron los derechos de las personas. 

El Gobierno de México ha concedido protección y refugio a varios correístas, tanto a Patiño en su territorio cuanto a los asambleístas en la Embajada en Quito. ¿Hay alguna diferencia con el asilo?

Es un tema más bien de tiempo. El Estado mexicano debe estar tramitando los asilos y puede llegar a pedir salvoconductos al Ecuador para que salgan. El mismo hecho que México haya concedido refugio indica que acepta que es una persecución política. Es impresentable sostener que México, que tiene una larguísima tradición diplomática, esté protegiendo terroristas. Si se produce el asilo y el Ecuador no les da salvoconductos, pasará lo mismo que le hizo Inglaterra al Ecuador en el caso de Julian Assange. Supongo que México está siendo muy claro y muy fuerte en este tema. Hasta el momento no hay nada contra quienes están en la Embajada mexicana. 

En el país tenemos la salida fácil de la falacia ad hominen. En su caso se le cuestiona porque era un crítico del correato y ahora defiende a los jerarcas del correísmo más ortodoxo. ¿Qué les contesta?

Yo no estoy haciendo política ni con Virgilio ni con Paola. Los defiendo como abogado. Si la gente no sabe diferenciar entre el rol de un abogado y el de un político es un problema de falta de hierro en la dieta. He sido abogado durante 30 años, y solo cuatro años fui político. 

 

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