¿Es usted morenista o correísta? “Ninguna de las dos cosas, me considero una mujer progresista que se debe a una organización que tiene el gran deseo de seguir transformando el país. No sigo a hombres ni mujeres, yo sigo ideales, propuestas”.

Así respondió Ximena Peña a la consulta sobre su actual posición política. La ahora exasambleísta y candidata presidencial ha estado en los dos lados de la moneda de un movimiento que se partió, en octubre de 2017, tras meses de marcados enfrentamientos entre Rafael Correa y su sucesor Lenín Moreno. La bancada de Alianza País (AP) se fracturó en dos: un ala radical que siguió a Correa y otra que se quedó en el oficialismo, como Peña. Desde ese año, Peña fue coordinadora del bloque de AP. Pero dejó ese cargo en julio pasado por discrepancias con la terna que había enviado Moreno al Legislativo para escoger un nuevo Vicepresidente de la República.

Pero, ¿desde cuándo hay estas fricciones? En una entrevista con Plan V, Peña dijo que la relación de Moreno con la bancada de AP ha sido “nula” y “desde siempre”. Incluso este alejamiento lo sintió también con Correa. No hubo una relación cercana entre el Ejecutivo y el Legislativo “ni cuando éramos 100, ni cuando éramos 39”, afirmó en la entrevista. Prueba de ello, dijo, son las leyes a las que se han opuesto y los vetos como el resultado de la baja coordinación con el Ejecutivo. El más reciente episodio se dio con el Código de la Salud, que fue vetado en su totalidad por el Presidente en septiembre pasado.

Entonces, ¿qué le motivó ser parte de la bancada morenista? “Yo no me quedé por el presidente Moreno”, acotó la candidata. Peña aseguró que no podía justificar a personas seriamente cuestionadas por actos de corrupción, en clara referencia a Jorge Glas, exvicepresidente de Correa. Como vio una defensa irrestricta a personajes cuestionados no se podía sumar a esa defensa, recalcó. “Un proyecto no puede alcahuetear actos de corrupción”. Entonces se quedó en el proyecto de manos limpias y de cirugía mayor a la corrupción que prometió Moreno, pero que pocos frutos ha dado. “¿Quiénes fuimos los traidores? Los que nos quedamos precautelando la ética y el respeto a los fondos públicos”, sostuvo la candidata, que se inició en la política en las calles de Nueva York como una seguidora más de la Revolución Ciudadana en el 2009. Un año antes, había sido aprobada la Constitución de Montecristi que permitía no solo el voto de los migrantes sino su participación electoral.

Esos cambios constitucionales atrajeron a Peña a la Revolución Ciudadana. Ella emigró a los 19 años a Estados Unidos de forma irregular. Creció en el barrio popular El Vecino de Cuenca y decidió irse porque el país no le ofreció oportunidades. Pidió 7.000 dólares al chulco para ese viaje. Fue contratada en una empresa norteamericana para coser. Pero estudió y ahora tiene un máster en Administración de Empresas. Ingresó a las filas de AP y después de 18 años de vivir en Nueva York regresó al país, en el 2013, como asambleísta por Estados Unidos y Canadá. Fue reelegida en el 2017. 

Peña es la única mujer que busca la Presidencia en estas elecciones. Su binomio es Patricio Barriga, una recordada figura del correísmo. Barriga fue subsecretario de Comunicación de la Presidencia, fue presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y fue el último titular de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) del gobierno de Correa. Desde esos cargos se enfrentó a la prensa y defendió la Ley de Comunicación que dejó una época de censura, autocensura y persecución a medios, periodistas y caricaturistas. 

¿Por qué eligió como binomio a Patricio Barriga, considerado como uno de los principales perseguidores de la prensa en el anterior Gobierno? “En primer lugar, la definición del binomio fue el resultado de los procedimientos de democracia interna de nuestro movimiento; y, por otra parte, Patricio Barriga es reconocido por su trayectoria de más de 30 años en los que no solo ha defendido la comunicación como un servicio público, sino que ha formado a varias generaciones de comunicadores sociales y periodistas en todo el país”, dijo Peña en defensa de su compañero de fórmula.

Con su binomio, Peña espera estar en la segunda vuelta. Pero si eso no pasa, anuncia una alianza con condiciones: “tendremos que tomar una decisión basada en propuestas no en caudillismos ni en intereses corporativos”. ¿Cuáles son sus propuestas específicas? Estas son sus respuestas.

¿Cómo enfrentará la crisis económica?

La reactivación económica tiene que ser una prioridad. Ahora el tema son los fondos, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? En ese sentido, los acuerdos a los que está llegando este Gobierno, sin duda alguna, trae nuevos recursos a la economía, pero hay que analizar también cuáles son los compromisos que tenemos que cumplir. Se dice que este Gobierno, que está saliendo, recibirá 4.000 millones de dólares, mientras que el nuevo recibirá cerca de 2.500 millones. Pero al siguiente Gobierno le tocará asumir las famosas recomendaciones de este organismo (FMI). Este acuerdo será fundamental analizarlo. Lo que nos toca es evaluarlo, pero de cara a la gente, no entre cuatro paredes, no en Washington, con la academia, con expertos internacionales y locales y decirle a la gente: esta es plata, esto es lo que se nos exige y por esto lo mantenemos, lo renegociamos o lo terminamos. Si las famosas recomendaciones, al final del día, son imposiciones y significan el estrangulamiento de las grandes mayorías, no cuenten conmigo.

¿Es partidaria de un ajuste que implique despidos en el Estado y reducción de jornadas y salarios?

Siempre podemos hablar de fortalecer la eficiencia del Estado. No queremos un Estado tan obeso. No queremos un Estado incapaz de garantizar los derechos consagrados en la Constitución como la educación y la salud. Nosotros siempre podremos revisar la eficiencia para garantizar un Estado que no ayude al piponazgo. Que tenga lo suficiente, pero que dé servicios de calidad a los ciudadanos. Vemos un deterioro enorme de las instituciones públicas y de los servicios. Hasta qué punto ese achicamiento adicional al Estado es factible para tener derechos, como la salud y la educación, una seguridad social saludable, servicios públicos como un Registro Civil eficiente, unas aduanas limpias de corrupción. Pero si es que esta recomendación es una exigencia de reducir tantas plazas de trabajo y resulta que nos obligan a reducir profesores o personal de salud, no lo vamos hacer. Porque en este país no podemos dejar de invertir en la educación de nuestros niños. Hago referencia a un estudio de Unicef que dice que por no invertir los recursos económicos necesarios como país para prevenir el embarazo adolescente, estamos perdiendo 270 millones de dólares en otros costos como la atención médica para estas niñas, mortalidad, costos fiscales y tributos que estas niñas podrían generar a futuro si no se embarazaran e interrumpieran sus estudios. Tenemos un ministro que acaba de irse a trabajar en Washington y que está siendo aplaudido a nivel internacional, y resulta que vamos a Flor de Bastión y vemos que hay sectores que se sienten abandonados por el Estado. Hay una educación incapaz de permitir a nuestros niños acceder a una educación virtual, padres de familia que se están suicidando porque no tienen un pan para llevar a la mesa de sus hijos, personas que están pensando en migrar. Estamos a punto de enfrentar la segunda ola migratoria en la historia de este país, una similar a la década de los 90, si no tomamos decisiones pertinentes. Se habla del achicamiento del Estado como la gran solución sin considerar que ese achicamiento puede significar plazas de maestros o reducción del presupuesto a la salud.

A más de traer inversión extranjera, se ha dado exenciones tributarias a ciertos sectores para que generen empleo, pero no todos se han comprometido con la generación de empleo. Tenemos que revisar esas exenciones, sino eliminarlas o reubicarlas. Hay que reorientar las políticas tributarias.  Por ejemplo, en medio de la carencia de recursos que tenemos, se habla de la eliminación al impuesto a la salida de divisas, cuando eso no solo es un mecanismo de recaudación sino de protección de la dolarización. Hay políticos que sabiendo que el Estado no tiene recursos para atender los salarios en la salud se sigue hablando de eliminación de tributos. Es incomprensible. Las prioridades de un gobernante, más allá de beneficiar el bolsillo de un puñado de empresarios, tiene que pensar en mecanismos eficientes para la redistribución de la riqueza. Lo tributario tiene que ser progresivo y solidario. Eso significa que tenemos que ubicar esos tributos de manera progresiva, protegiendo a los más débiles y pidiendo mayor contribución a los sectores que tienen mayor capacidad.

¿Cómo va a mejorar la conectividad de los estudiantes y maestros que no pueden volver a clases presenciales por la pandemia?

Esto tiene que ser a través de un esfuerzo público y privado. Le doy un ejemplo: en la última ley tributaria hubo un incentivo por parte del Ministerio de Telecomunicaciones de generar una exoneración tributaria para empresas que dan el servicio a cambio de que ellos se comprometan a extender la cobertura de internet. Pero nosotros no dimos paso porque no había una obligación clara (a los empresarios). En este país prácticamente hay un monopolio en estos servicios. ¿Quieren mantener esos contratos?, ¿cómo nos vamos a comprometer entonces?, ¿cómo va a ser un ganar, ganar? Para ustedes (empresarios) al extender la cobertura les significa más clientes y probablemente más ganancias a costa de inversión que tendrán que hacer. Entonces, cómo desde el Estado, desde la soberanía como Gobierno, priorizamos negociaciones que nos permitan obtener lo que requerimos, en este caso una ampliación en la cobertura, más compromisos de esta empresas para llegar a sectores donde no están llegando ahora. Y cómo el Estado puede generar incentivos positivos o negativos para que estas empresas puedan comprometerse con aquello.

¿Cómo asegurará la provisión de la vacuna para el coronavirus en el Ecuador?

La vacuna estará disponible el año que viene, esperemos. No sé cómo este Gobierno estará priorizando recursos para ese momento. (Hay que) tener los recursos necesarios para garantizar que esa vacuna llegue de manera general a todos los ciudadanos en este país. De llegar a Carondelet, si aún no arriba la vacuna, tendremos que destinar recursos para que sea accesible a todos los ciudadanos en este país.

¿Cuál es su postura sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas durante la represión de octubre?

Creo que deben ser investigadas y con absoluta independencia de la justicia. Creo en la independencia de las funciones del Estado. Octubre fue una página muy triste en la historia de nuestro país. Hubo ciudadanos que fueron violentados por el ejercicio de un derecho de salir a protestar contra políticas o decisiones económicas que fueron inconsultas. Pero también debemos reconocer que hubo actores interesados en generar caos y violencia. Ellos también tienen que enfrentar a la justicia porque no es posible que se valgan de una frustración real ciudadana para desestabilizar con violencia y generar caos. Si nosotros como políticos nos llenamos la boca diciendo que nos debemos a la gente, que queremos al pueblo, no podemos promover actividades violentas que van a significar derramamiento de sangre de nuestros ciudadanos. La justicia debe actuar de manera imparcial, pero también ágil para que no haya impunidad.

¿Qué opina de los mecanismos de fijación de precios de combustibles que deja implementados el actual gobierno?

Hay que revisarlos. El tema de los subsidios a los combustibles siempre ha sido un tema complejo por los recursos que le significan anualmente a la economía. Hay que monitorearlos y revisarlos, probablemente necesiten un ajuste, dependiendo de cómo esto esté afectando los bolsillos de las grandes mayorías y el costo de vida.

¿Promoverá que se retomen los temas que se desarrollaban en el Código de la Salud vetado por el actual gobierno?

Esa decisión fue totalmente equivocada. Es una lástima realmente que una decisión así pueda suspender una actualización de un sistema de salud caduco. Debemos ver qué se puede implementar ya, pero a su vez estar pendiente de cuándo vence el año en la Asamblea, luego de que se dio el veto total, para que el Legilativo pueda, en un solo debate, decidir si pasa o no la norma. Más allá de que tenga uno o dos temas controversiales, la norma le daba al Ecuador la posibilidad de implementar un sistema de salud innovado, renovado, con una visión actual de las necesidades de salud que enfrenta el Ecuador y el mundo. Yo me comprometo a revisar el Código, más allá de la satanización que se pueda dar a uno u otro tema controversial, está el bien mayor y hay un montón de temas positivos. 

¿Cuál es su opinión sobre el aborto?

Es un tema que debe debatirse a profundidad. Yo personalmente me he pronunciado a favor del aborto en caso de violación. Me parece que cuando una mujer es víctima de este ultraje y agresión, es lo peor que le puede pasar en su dignidad e integridad. Y después, el Estado le obliga a tomar una decisión que es de ella, es una decisión que debe tomar la víctima, no la sociedad.  Creo que hay que profundizar el debate sobre todo en el caso de aborto por violación. Es fundamental que los ciudadanos diferenciemos entre temas religiosos-ideológicos y los temas de salud pública. Hablando de nuestras niñas que son violentadas, el embarazo entre niñas de 10 a 14 años es elevado, en este país las niñas son obligadas a tener hijos del violador, del padre, del hermano, del profesor, del cura de la parroquia. Esto necesita un debate urgente y con respeto hacia la decisión de una víctima que de acuerdo a su realidad pueda tolerar. 

¿Cree que se debe prohibir y penalizar el funcionamiento de las “clínicas para tratar la homosexualidad”?

Absolutamente. No estoy a favor de este tipo de clínicas porque no existe ninguna evidencia científica sobre la existencia de un tratamiento para modificar las preferencias sexuales de las personas. Desde 1998, Ecuador se convirtió en el primer país de las Américas (y el tercero en el mundo) en incluir orientación sexual como una de las categorías protegidas contra la discriminación en la Constitución. Es deber de las autoridades públicas impedir que estos centros operen y violenten los derechos y la libertad de decidir de las personas sobre su preferencia sexual.  Es conocido las condiciones infrahumanas en las que operan estas clínicas que también aseguran curar adicciones.

¿Cuál es su postura sobre la renegociación de la deuda externa, los compromisos adquiridos en ese proceso y sobre la deuda con estados como China?

Hay que revisar las condiciones integrales y si hay la posibilidad de mejorarlas. Siempre va a ser deseable que como país aprovechando que tenemos un nuevo gobierno, un nuevo momento, una nueva visión, se puedan retomar diálogos y acuerdos para procurar siempre mejores condiciones para el país. Yo creo que no hacerlo sería un error.

(Sobre la poca transparencia de las negociaciones con China) Yo creo que en un modelo de gobierno abierto, me parece un buen mecanismo para disuadir la corrupción. Pero si son ya diálogos entre dos países y es una demanda de país que al final del día está dando mejores condiciones, de pronto tendremos que evaluar la pertinencia de aceptar esa condición de reserva, pero transparentando a los ciudadanos por qué accedemos a ciertas condiciones y los beneficios reales para el país.

¿Cuál es su propuesta para disminuir la violencia de género?

La educación. Si nosotros educamos a nuestros niños sobre los derechos que tenemos tanto los niños como las niñas, vamos a ir construyendo una sociedad más humana, más sensible ante la diversidad. Creo que es fundamental romper con esas estructuras mentales. La sola presencia de Ximena Peña en la papeleta ayuda un poco a construir eso. Hay por lo menos una mujer, ojalá fuéramos más. La posibilidad que tenemos en este momento de visibilizar la problemática nos ayuda a poner sobre la mesa qué es lo que pensamos como mujeres, qué aspiramos y el aporte que podemos darle a la política en este país, a la sociedad en su conjunto.

Estoy convencida que temas como la violencia de género y la misma corrupción son problemas que deben combatirse con educación, desde que son niños. Hay que implementar modelos educativos que hagan de los temas de género una prioridad, educación de los padres, campañas educativas. (Es necesario) un gobierno que tenga un presupuesto adecuado para que pueda generar esas campañas masivas de comunicación, que puedan disminuir los niveles de violencia a las mujeres. También trabajar en el ámbito económico para que nuestras mujeres puedan acceder al crédito que requieren para su emprendimiento o para sus estudios. Porque una mujer que tiene independencia económica probablemente no va a tolerar la violencia. En cambio, una mujer que depende del marido y tiene dos o tres hijos, depende del violentador. Esa mujer va a tener menos posibilidades de independizarse y de parar con esta violencia que le puede llegar a costar la vida. Tenemos que trabajar en educación, en campañas masivas, ayudar a la mujer también en este acompañamiento, centros de acogida para mujeres violentadas, que son muy pocos en el país. Es fundamental desarrollar política pública de acompañamiento para que una mujer que está siendo violentada sepa a donde ir, que hay centros donde van a acoger a sus hijos para que pueda buscar trabajo, centros donde le a poder capacitar para que pueda independizarse económicamente, generar un ingreso y que le permita recomenzar por su familia.

Ecuador es el país con la tasa más alta de embarazo adolescente en la región.  ¿Aumentará el presupuesto para su prevención y qué medidas plantea para este problema?

Hay que recuperar esos presupuestos. Tenemos un Gobierno que reduce en un 84% el presupuesto para la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pero tenemos a las FF.AA. intocables con su presupuesto. Todo se disminuye, educación, salud, temas de mujeres, pero hay ciertas instituciones que son fijas y que incluso han tenido un incremento en su presupuesto. Habrá que ver cuántos viajes han hecho los ministros del Comercio Exterior, cuánto han gastado y cuánta real inversión han traído al país.

Creo que es un tema de prioridades. ¿Cuáles son las prioridades para el Gobierno? Para nosotros, para Ximena Peña, la prioridad es la vida, es el ser humano. Y vamos a orientar esa visión en los presupuestos. Tenemos estos indicadores de las políticas de desigualdad, esas herramientas se han desvanecido y eso le impide al Estado tener una gran visión de cuánto está invirtiendo en las diferentes carteras de Estado a los sectores de atención prioritaria. Hay que retomar esos clasificadores de gasto. Porque el éxito de la economía de este país no se mide en cuánto PIB tenemos, en el nivel de endeudamiento, sino en cuánto estamos reduciendo la desigualdad. De qué nos sirve haber pasado el ‘check list’ del FMI si en este país tenemos mujeres violentadas, niñas violadas, niños que no están yendo a la educación, gente que murió en condiciones indignas. De qué nos sirve tener esas recomendaciones internacionales si, aquí, nuestra gente se está muriendo de desesperanza.

Las mujeres, sobre todo en lo rural, tienen poco acceso a créditos. La pandemia ha golpeado con fuerza sus economías. ¿Cómo piensa incluirlas en sus políticas de reactivación económica?

La ruralidad ha sido abandonada históricamente. Hay que promover la agricultura familiar. Pero también tenemos que desarrollar otras actividades económicas dentro de la ruralidad. Miles de migrantes son de la ruralidad y prefieren ir o mandar su remesa a la cabecera provincial porque ven que en su sector rural no hay desarrollo, no hay crecimiento. Creen que de pronto tener la casa en Cuenca es más factible que tenerla en Molleturo, su cantón de origen. Lo que nosotros queremos es promover un desarrollo con mayor equidad, promoviendo en cooperación con los GADs un desarrollo más igualitario. A través de las remesas de nuestros migrantes queremos implementar una iniciativa. Por ejemplo, se requiere construir un puente y el presupuesto es de 150.000, entonces las comunidades en el exterior aportan un tercio, el GAD otro tercio y el Gobierno central otro tercio, de tal manera que podemos ir financiando la obra y empoderando a las comunidades migrantes en el desarrollo de sectores rurales.

En estos momentos, esa remesa que mandan va a otro lugar, no al desarrollo del sector rural. Queremos comprometer a nuestros migrantes a que envíen estos dólares como remesas colectivas e inviertan en sus comunidades con la mejora de la escuela, de la parroquia, de la vereda, del parque o cancha de fútbol, del emprendimiento productivo. Hay una política pública muy desconectada de la gente, muy de Quito, muy de Carondelet, muy de ministerio. Esas decisiones deben tomarse en los territorios, con los actores. Un gobierno cercano a la gente, que pueda recorrer, que no solo se reúna con los ministros. No es justo que la mayor ganancia en la cadena alimentaria se la lleven los que distribuyen, los que compran y venden, cuando todos los que están haciendo el trabajo manual reciben centavos.

El Ecuador se ha convertido, a vista y paciencia de las autoridades, en el mayor exportador de la droga hacia EEUU y Europa. Adicionalmente, el narcotráfico ha permeado la justicia en todos sus niveles. ¿Cuál será su estrategia para la lucha antidrogas?

Sabemos que el Ecuador es un país de tránsito mayoritariamente, no es que la droga se queda aquí, va a otros países. Y ahí debe haber responsabilidad colectiva. Entendemos que Ecuador también recibe recursos desde el exterior para financiar esta lucha contra las drogas. Este es un problema de toda la región y ante problemas colectivos, soluciones colectivas. El Ecuador debe fortalecer instancias como organizaciones de países latinoamericanos.

Es importante trabajar en equipos, entre países de la región para desarrollar políticas que permitan hacer un control de las fronteras y comprometan a las naciones que están en el problema. No es posible que en la frontera norte, el país ponga todo su contingente, gastando importantes recursos, y Colombia no haga una inversión similar para proteger su frontera también.  En espacios fronterizos, el Ecuador debe procurar esa inversión que permita a las naciones involucradas desarrollar estrategias de control, que sean integradas, coordinadas. Y a través de instancias internacionales, seguir comprometiendo a aquellos países que son los consumidores para que sigan contribuyendo con los recursos necesarios para que Ecuador pueda realizar una tarea integral porque el problema también lo tienen los países a donde llega la droga.

El 96% de la basura se entierra en Ecuador y apenas el 4% se recicla. ¿Cómo impulsar una cultura ciudadana para evitar colapsos de rellenos sanitarios y ser más un país más amigable con el medio ambiente?

El tema ambiental es una responsabilidad de todos. Y es una responsabilidad de los gobiernos de turnos garantizar que tenemos Ecuador y planeta, no solo para ahora sino para las futuras generaciones. Esta política de reciclaje y de manejo de desechos podría ser una política que se oriente desde el Gobierno central porque una cosa es una ciudad grande, como el de la ciudad Quito, y otra cosa es una ciudad de una provincia pequeña. Entonces nosotros queremos generar una política que sea transversal a todo el territorio ecuatoriano. En ese sentido, si sabemos que organismos internacionales financian proyectos para localidades pequeñas probablemente el alcalde de un cantón que está recién electo no va a tener ni los contactos ni la información de estos programas. Desde el gobierno central hay que superar los temas políticos y garantizar políticas de acompañamiento para que sepan cómo aplicar para esa ayuda o préstamo. El reciclaje debe ser un esfuerzo nacional con la actoría de los gobiernos locales, pero que sea un esfuerzo conjunto.