Sin seguro médico, sin camas en el IESS y en los hospitales públicos. Así han empezado los dramas de miles de familias en todo el país cuando un familiar o amigo cae víctima de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID). 

En el país, la penetración de los seguros privados de salud es muy pequeña. Según cifras de las aseguradoras, la cultura de la imprevisión se manifiesta sobre todo en los seguros de salud, pues se venden más pólizas para proteger de robos carros y casas que para atender emergencias médicas.

Aunque el 70% de la población depende para su atención médica de los hospitales públicos, el 30% restante, que tiene por su afiliación al IESS derecho a ser atendido en la red médica de la Seguridad Social, tampoco le otorga mayor importancia a gastar opciones de salud. Se estima que menos del 10% de quienes podrían pagar un seguro privado de salud lo tienen. 

¿Y qué ocurre cuando los hospitales del Estado no aceptan pacientes y los del IESS no reciben a los afiliados? ¿A quién acudir cuando un pariente o amigo presenta un cuadro severo de la enfermedad que pueda poner en riesgo su vida?

Las historias de este drama se multiplican en ciudades como Quito, Ambato, Riobamba y Cuenca, en donde se extiende la infección en las últimas semanas. Quienes no han podido acceder a la salud pública deben buscar atención en los hospitales privados. Y como la mayoría no tienen seguros de salud, lo más probable es que deberán pagar con sus propios recursos facturas que han llegado a costar hasta USD 70 mil, sin garantía de que el paciente se salve, pues los propios médicos advierten que las personas que ingresan a terapia intensiva o son entubadas tienen pocas posibilidades de sobrevivir.

El personal médico del Metropolitano es sometido a constantes chequeos con pruebas de anticuerpos y PCR.

Para el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, el Estado debería tomar dos medidas: controlar las tarifas de las clínicas privadas y no descartar que, amparado en el decreto de emergencia por calamidad pública, se pueda declarar la movilización y, de ser el caso, la nacionalización de los hospitales y clínicas privados para poder atender la pandemia. Una medida similar se tomó en Perú, en donde el presidente del país vecino, Martín Vizcarra, amenazó con expropiar los hospitales privados si es que continuaban cobrando facturas millonarias. 

Pero ni en el último decreto de emergencia, firmado por el presidente Lenin Moreno, ni en ninguno de los anteriores firmados desde el 17 de marzo, cuando empezó la cuarentena, tal medida siquiera se menciona. Las clínicas privadas tampoco fueron mencionadas en la emergencia sanitaria original, firmada en marzo por la ex ministra de Salud Catalina Andramuño, ni se les puso ningún techo a las tarifas. El Ministerio de Salud, sin embargo, sí obligó a los seguros privados a cubrir la COVID, cuando en un principio pretendieron no hacerlo con una interpretación según la cual las pandemias no constaban en sus contratos. 

El defensor señaló el grotesco caso de una clínica de Guayaquil que decidió negarse a entregar el cadáver de un fallecido como "garantía" del pago de la cuenta, situación en la cual la Defensoría contribuyó a solicitar una orden judicial para obligar a la clínica a devolver los restos. Carrión señaló que no hay base legal para apropiarse de un cadáver a título de "garantía", como ocurrió en el insólito caso. Finalmente la clínica devolvió los restos humanos, aunque tras llegar a un acuerdo de pago con los deudos. 

En los hospitales Kennedy y Alcívar en Guayaquil ha dismuido la demanda de pacientes. 

Tarifario vigente

Los precios que se deben cobrar por los servicios de salud constan en un tarifario que toma en cuenta algunos indicadores para fijar los techos. Fue publicado en 2014 y tiene la firma de la ex ministra de Salud, Carina Vance Mafla. 

Según el documento, que supera las 300 páginas, "El tarifario opera con dos sistemas de conversión: unidades de valor relativo (UVR), factor de conversión monetario (FCM); estos factores de conversión se aplicarán de acuerdo al nivel de atención y complejidad y capacidad resolutiva".

En el tarifario se explica también que el "Factor de Conversión Monetario (FCM), es diferenciado para servicios institucionales (los componentes también se diferencian) y servicios profesionales médicos, que se clasifican por áreas de especialidad, este factor es expresado en dólares americanos", mientras que las "Unidades de Valor Relativo (UVR), diferenciado por niveles atención y de complejidad para servicios institucionales: hotelería hospitalaria, odontología  servicios de apoyo diagnóstico: laboratorio, imagen, procedimientos por especialidad, ambulancia, procedimientos de medicina física y rehabilitación; y para los servicios profesionales médicos diferenciado por honorario médico cirujano y honorario medico anestesia; determinados por los criterios de complejidad, tiempo, habilidad, severidad de la enfermedad, riesgo para el paciente, riesgo para el médico".

Con estos criterios, el tarifario precisa que "el valor final expresado en dólares americanos que se reconocerá por cada procedimiento detallado en este tarifario, será el producto de multiplicar, la unidad de factor relativo (UVR) por factor de conversión monetaria (FCM), este valor registra el techo máximo para el reconocimiento económico entre prestadores y financiadores".

Es decir, el tarifario no tiene una lista de precios, sino estos criterios que, en teoría, fijan los techos de atención hospitalaria. 

¿Deberían el Estado o el IESS ser quienes paguen esas facturas millonarias? Si bien el IESS tiene convenios con las clínicas privadas a donde derivan a sus pacientes cuando no tienen camas, la pandemia ha sembrado el caos en ese sistema de referencia de pacientes. Y aunque un paciente sea asegurado al IESS, sino hay una remisión oficial por parte de la Seguridad Social, las clínicas lo consideran un particular más que debe pagarles la factura. 

La versión de los privados 

Los hospitales y clínicas privadas están agremiadas en una Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados.

Según ese gremio, "En Quito, el Hospital Metropolitano, el Hospital de los Valles, Vozandes y Novaclínica abrieron áreas especiales con el aislamiento requerido para atender a pacientes afectados por el Virus Covid-19 (SIC), tanto en Emergencia, Hospitalización y UCI. Algunas de nuestras instituciones de 2do nivel de atención, atendieron y siguen atendiendo a pacientes afectados por el Virus Covid-19 con síntomas leves, moderados y algunos en estado grave porque no disponen de camas suficientes de UCI con el aislamiento requerido, tal es el caso de la Clínica Pasteur y la Clínica Internacional. Northospital permaneció como receptor de pacientes de otras patologías derivados especialmente por el IESS, desde el mes de abril de 2020 y hasta la actualidad está ocupado en un 95% por pacientes del IESS".

En otras ciudades de la Sierra los hospitales privados también se preparan. 

En otras ciudades de la Sierra, como "Cuenca, Loja, Ambato y Riobamba, los Hospitales Monte Sinaí, Latino Clínica, Clínica Santa Ana y Clínica Paucarbamba de Cuenca, así como el HC San Agustín y el Hospital UTPL de Loja han mantenido la atención a pacientes afectados por todo tipo de patologías y han atendido a pacientes con Covid-19, en forma ambulatoria. El Hospital San Juan de Riobamba ha mantenido la atención a pacientes de otras patologías mientras el Hospital General Durán de Ambato hizo adecuaciones y al momento cuenta con un Área de Cuidados Intermedios mientras que el próximo mes ampliará el Área de Cuidados Intensivos", dijo el gremio en un comunicado.

¿Es posible que sea el Estado el que asuma las facturas millonarias? ¿Con qué criterios se fijan esos precios? Conversamos al respecto con Ana Delgado Cedeño, directora ejecutiva de la Asociación.

  ENTREVISTA  

"Cuando se habla de la red privada, la familia tiene que pagar y eso hace evidente el alto costo"

¿Cuál es la situación actual de las clínicas y hospitales en Quito? ¿Se encuentran desbordadas al igual que el sistema público?

La situación en Quito es la misma que en el sector público desde hace algunas semanas. Estamos totalmente llenos en los servicios de emergencia, hospitalización y unidades de cuidados intensivos (UCI). Nuestros miembros han tenido que hacer adaptaciones y cambios para poder recibir a más pacientes COVID. Al principio de la pandemia habían en Quito 50 UCIs, de las que al principio 23 estaban destinadas a la atención de pacientes COVID y las otras 27 al resto de pacientes. Pero en este momento la situación ha cambiado. Ahora hay 31 UCIs dedicadas a cuidado intensivo y 19 para pacientes no COVID. Se han tenido que adaptar camas en áreas que se han destinado a cuidados intermedios, y ahora hay 100 camas para hospitalización solo de pacientes COVID.

¿Cuántas camas tenía el sistema privado de Quito antes de la pandemia?

El sector privado en Quito cuenta con 50 UCIs y 520 camas, pero tenemos unidades de salud que no pueden atender a pacientes COVID por su cartera de servicios. Por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios es un hospital que atiende a la tercera edad y enfermedades mentales, ahí no se puede recibir un solo paciente COVID. Hay clinicas como El Batán y de La Mujer, que atienden partos y niños, y ahí tampoco se puede recibir pacientes COVID. Hay además dos clínicas oftálmicas ambulatorias, que tampoco pueden ser usados para esto. Por eso hay solo 100 camas para la atención actualmente.

¿Cuál es el grado de coordinación que mantienen con el IESS y el Ministerio de Salud? ¿Qué pasó con el sistema de referir pacientes del IESS al sistema privado si ustedes ya no tienen capacidad?

Mantenemos una permanente articulación con la autoridad sanitaria y con el IESS especialmente. Desde el principio de la crisis, en enero, estuvimos en reuniones con el Ministerio de Salud preparándonos para la emergencia y se hizo un acuerdo: la red pública iba a centralizar los pacientes COVID y  nosotros íbamos a atender a los otros pacientes para que el Estado pudiera desalojar sus camas. Este acuerdo se ha cumplido en los primeros meses, pero desde hace algunas semanas ya no es posible. Al inicio cuando llegaba un paciente COVID la red pública lo recibía, pero desde hace unas cinco semanas ya es imposible la derivación, porque ellos están llenos. Tampoco nos pueden mandar pacientes porque también estamos llenos. Lo que estamos atendiendo son pacientes del IESS no COVID por ejemplo en el Northospital de Quito, en donde el IESS está enviando pacientes con otras patologías. En una ciudad, cuando ocurre una pandemia, deben quedar instituciones que atiendan a quienes tengan otras patologías, la gente se sigue enfermando de otras cosas. Con el cambio de semáforo volvieron a subir los accidentes de tránsito, y para eso se necesitan servicios que estén totalmente aislados. Estoy en permanente contacto con el señor Jorge Wated y el doctor Julio López del IESS. Ya no puede haber fluidez en la derivación porque todos estamos llenos. 

¿Qué opina de las quejas por facturas de clínicas privadas de hasta 70 mil dólares por la atención a personas que, en algunos casos, no pudieron sobrevivir?

El tema es que la atención en UCI es muy costoso. Atender a un paciente en UCI implica tener especialistas que tienen un honorario superior por obvias razones y peor en este momento, cuando ellos están jugando su vida, porque se pueden contagiar en cualquier momento. Se necesita de equipos e instalaciones especiales, hasta la cama es especial. Esos servicios tienen un alto costo, y debe ser asumida por alguien. Cuando el paciente está en la red pública ese costo lo asume el Estado, el IESS, el ISSFA o el ISSPOL, pero no es que el paciente no cuesta. Hay que hacer estudios, hemos tenido conversaciones, y podemos asumir que el costo en la red pública podría ser inclusive un poco más alto que en la red privada. Lo que pasa es que cuando se habla de la red privada, la familia tiene que pagar y eso hace evidente el alto costo. La factura depende del número de días, y en terapia intensiva un día cuesta a partir de USD 2500, así como medicamentos y exámenes que se vayan necesitando. Si usted divide la factura para el número de días puede tener una idea real, pero solamente se lanzan las cantidades. Se habla de 50 o 70 mil pero no se dice que ha estado más de 30 días. Hay que saber hacer el análisis. La ciudadanía se debe cuidar, no hay que dejar que la enfermedad avance, porque cuando un paciente entra a UCI tiene altas posibilidades de no salir. Es un servicio caro y con esta enfermedad, hay menos posibilidades de que el paciente salga. La ciudadanía debe estar conciente con la propia vida de cada uno. No hay que llegar a la UCI.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, recordó que Perú ha fijado techos y amenazado con expropiar a las clínicas privadas. ¿Cómo reaccionarían ustedes si algo así se plantea en Ecuador?

Sí hay un tarifario del sistema nacional de salud que regula la atención de los pacientes públicos. Cuando un paciente es atendido en el IESS se debe observar el tarifario, cuando el paciente del IESS va a la red privada no podemos cobrar más lo que está en el tarifario. 

¿Y qué dice el tarifario sobre los costos de UCI?

No tengo a mano el tarifario pero depende de los días, de los profesionales, de los equipos, del respirador, de muchas cosas. 

¿Cómo están funcionando los seguros privados de salud actualmente?

Ellos se comprometieron desde los primeros días a cubrir a los pacientes COVID aunque no estaba previsto. Los techos de cobertura dependen de cada póliza y la COVID no existía y tampoco cubrir a una pandemia. Pero los seguros privados sí están pagando a los pacientes que están asegurados.

¿Estos casos son de personas que no tienen ningún tipo de seguro? ¿Debería el Estado cubrir estos costos en lugar de cada persona?

Depende de cómo ingrese el paciente a la clínica. Si la persona entra y dice que es un paciente privado, se entiende que va a pagar con sus propios recursos o con un seguro. Si dice desde el inicio que tiene IESS o no tiene ningún seguro deberían pagar esas instituciones. Es así como funciona. 

¿Pero están pidiendo garantías de todas maneras, como cinco mil dólares o tarjetas de crédito?

Nosotros no manejamos ese tema, somos el gremio de salud privada. La gestión de las instituciones la maneja cada institución. No le puedo responder porque nosotros no entramos en ese tema.