El Gobierno ha presentado hasta el momento dos decretos-leyes a consideración de la Corte Constitucional. Se trata de la reforma tributaria que el Ejecutivo había anunciado antes de la disolución de la Asamblea Nacional y de una propuesta para facilitar zonas francas en cualquier parte del país con beneficios tributarios hasta por 10 años. 

El Gobierno presentó un decreto ley para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, que el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, había anticipado como un decreto-ley relacionado con zonas económicas especiales,que fue presentado hoy. Por su parte, el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, descartó una reforma laboral que se realice por medio de esta figura.

Arosemena reconoció que en el caso de las reformas laborales, es preferible que haya un amplio debate cuando se reinstale el Poder Legislativo, por lo que el Gobierno no lo enviará como decreto-ley.

La Corte Constitucional aún no se pronuncia sobre la reforma tributaria del régimen, que podría modificar o negar, aplicando sobre todo los criterios de concordancia con los principios constitucionales.

Este 23 de mayo, el Gobierno presentó en Palacio de Carondelet su nuevo proyecto de zonas francas, que liberaliza el concepto, que estaba limitado a la planificación estatal, y permite que empresas privadas tanto nacionales cuanto extranjeras declaren zonas francas en cualquier parte del país, e inclusive, en un solo inmueble, así como crear nuevas empresas que tendrán una serie de beneficios tributarios en tributos como IVA, impuesto a la renta y aranceles.

El Gobierno aclaró que los empleados de esas zonas francas contarán con todos los beneficios laborales vigentes, y se ha analizado experiencias de países como Colombia, República Dominicana, Uruguay, entre otros. El Gobierno dijo que las empresas que ya funcionan en el país como zonas francas podrán seguir operando con la nueva normativa. 

Entre los beneficios que tendrían estas nuevas zonas francas, están la exoneración del impuesto a la renta por diez años, exoneración de tributos al comercio exterior, IVA cero para la compra de insumos, materias primas y bienes de capital, y exoneración del impuesto de salida de divisas para importaciones de bienes y servicios.

Según el Gobierno, un Comité Estratégico de Promoción de Inversiones será el que emita la autorización para las nuevas zonas francas, que se instalarán en areas geográficas delimitadas, aunque según el ministro Arosemena, podrán ubicarse en cualquier parte del país o en cualquier inmueble. Se pedirá una inversión mínima de 100 mil dólares. Entre los ejemplos que puso Arosemena sobre los servicios que se podrían prestar desde las zonas francas, habló de call centers internacionales y desarrollo de tecnología informática. 

El decreto ha sido enviado a la Corte Constitucional para el dictamen de constitucionalidad correspondiente. 

Conversamos con el experto económico John Cajas sobre las prespectivas del Gobierno en esa materia y el impacto político que podrían tener algunas decisiones.

¿Cual será el panorama económico luego de la disolución de la Asamblea? Las primeras consecuencias fueron el aumento del riesgo país y la baja de hasta un 10% en bonos ecuatorianos

Esas son muestra de que los mercados internacional están preocupados por la incertidumbre política, sobre todo de que el rumbo económico del Ecuador cambie de manera drástica, sea por políticas y decisiones económicas de este Gobierno, tomadas sin una Asamblea que sirva de contrapeso, y que el resultado de las elecciones pueda cambiar mucho más dicho escenario. Esa es una primera reacción, pero luego los bonos se han estabilizado y los nuevos decretos del Gobierno nos permitirán ver si los mercados o se estabilizan o se ponen aún más nerviosos. 

El Gobierno había atribuido el aumento del riesgo país a situaciones como los recientes estallidos sociales, pero ahora está relacionado con sus decisiones políticas. Al mismo tiempo, este indicador evidencia que a pasar de sus esfuerzos el país no es atractivo para las inversiones extranjeras.

En efecto, la discusión sobre el riesgo país es un poco compleja, pues es un indicador muy coyuntural que cambia de un día al otro, y sobre el que se han construido narrativas políticas en todos los gobiernos. El Gobierno llegó a decir que el riesgo país estaba reaccionando a una supuesta vuelta del correísmo.

No hay una fuente única para determinarlo y mientras no haya claridad sobre los primeros decretos del Gobierno y sus detalles, y los años que quedan el riesgo país no va a bajar mucho, porque el escenario del país no es alentador: hay que hacer pagos de deuda externa que se ha ido aplazando, y eso también se va a convertir en un factor a considerar en los mercados.

El Gobierno anunció una reforma tributaria con reducciones del impuesto a la Renta atado a cargas familiares, algo que esta misma administración había eliminado. ¿Qué criterio tiene sobre esa propuesta del Gobierno?

Es bastante peculiar porque es una suerte de contrarreforma a su propia reforma aplicada al principio de su administración. Mi lectura política es que no hay uniformidad en las fuerzas políticas que conforman el Gobierno de Lasso, pues el ex ministro Simón Cueva y su entorno evidenciaban la postura de una reforma fuerte en el cobro de impuestos para determinado nivel de ingresos, y que respondía a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que ante la pandemia pidió a los países medidas de recaudación duras para enfrentar la emergencia sanitaria. Pero ahora hay otro escenario y ya no hay esa presión, por lo que el Gobierno está suavizando la reforma.

Se había anunciado una reforma laboral, pero ahora ha sido descartada de momento. ¿Podía el Gobierno plantearla y con qué elementos?

El Gobierno planteó una reforma super agresiva al principio de su administración, como darles los empleados despedidos una compensación al empleador. La voluntad inicial del Gobierno era implementar ese tipo de medidas. La Corte Constitucional no puede evaluar la idoneidad económica de esas medidas, sino aplicar criterios jurídicos. Se hubiera pensado que iban a lanzar esa reforma, pero es posible que hagan paquetes económicos masivos en las próximas semanas.

El discurso del Gobierno sigue siendo que lo que impide que haya más empleo es un Código del Trabajo garantista. ¿Aumentará el empleo precarizarlo?

El mercado laboral ecuatoriano se necesita reformas laborales, sino que tenemos una estructura económica productiva que no puede contratar a todas las personas que están disponibles. Las reformas que flexibilizan el mercado laboral, más que crear más empleo en el Ecuador, lo que han buscado es general condiciones favorables a ciertos sectores puntuales que la requieren, como los agronegocios, la producción primaria para la exportación, que se beneficia de tener una mano de obra más barata y flexible.

Pero estas medidas no van a absorver a las personas que están en la informalidad, pues no sabemos en qué sectores van a poder trabajar o cuáles van a ser las inversiones y en qué ramas van a poder trabajar las personas. Ese tipo de reformas por sí solas no generan empleo para millones de personas y solamente consolidan la explotación laboral.

Las Zonas Francas es un tema que ha anticipado el Gobierno. ¿Qué enfoque podrían tener?

Se va a tomar en cuenta generar espacios con preferencias económicas, algo que ya había planteado el Gobierno de Correa. Esta es una propuesta que tiene muchos años y consiste en crear enclaves para sectores muy puntuales que invierten en una zona específica. Eso no creará mayor empleo, sino solo favorecer a sectores puntuales. Necesitamos ramas de actividad masivas para generar empleo y produccción.

La reforma de la seguridad social es otro de los temas que se podrían plantear. Se habla de que el actual modelo está al borde del colapso. ¿Cabría pensar en esquemas similares a los de Colombia o Chile?

Creo que habrá reformas relacionadas con la edad y el número de aportes. Pero puede tomar muchas variantes, se podría hablar de un enfoque mixto entre comillas, pues esto podría ser un negocio muy rentable para empresas que se dedican a los fondos de inversión, así como proponer cuentas individualizadas manejadas por fondos privados que podrían generar problemas para los propios pensionistas. La seguridad social puede convertirse en un elemento de conflictividad social.

Las reformas económicas que el Gobierno plantee, ¿podrían gatillar nuevos estallidos sociales?

Es muy interesante que en este periodo preelectoral permita una gran efervescencia popular, pero puede canalizarse por medio del proceso electoral. Es posible que la protesta social se diluya en medio del debate político y la conflictividad irá hacia las candidaturas. No se puede descartar que las reformas del Gobierno sean más bien populistas en el intento de mejorar su popularidad, que les den réditos económicos en el corto plazo. Por ejemplo, el aumento del salario básico que había ofrecido podría mejorar sus posibilidades políticas.