En 2021, el Consejo de la Judicatura (CJ) recibió 979 denuncias ciudadanas sobre presuntos actos de corrupción de servidores judiciales. Así lo reveló durante su rendición de cuentas, este jueves 10 de marzo, el presidente del CJ, Fausto Murillo.

Esa no es una cifra menor si se toma en cuenta el universo de los servidores judiciales que existen en Ecuador. En la actualidad, hay 1.951 jueces, 845 fiscales, 678 defensores públicos y 595 notarios. Es decir, 4.069 servidores que están directamente relacionados con la atención de las demandas de la población ecuatoriana. Pero además existen otros funcionarios como secretarios, peritos, asistentes, ayudantes, etc.

Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura (segudo desde la izquierda), dijo que 10 servidores judiciales fueron sancionados en el 2021 por actos de corrupción. Foto: Consejo de la Judicatura

De las 979 denuncias, según Murillo, 836 fueron atendidas, sin especificar cómo las evacuaron. De ese total, 256 denuncias tenían que ver con el ámbito administrativo, 226 contra los servidores autónomos y auxiliares y 494 contra el ámbito jurisdiccional.

En el 2021, el CJ destituyó a 66 funcionarios, de ellos 11 eran jueces, 5 notarios, 4 fiscales, 2 defensores públicos y 44 otros servidores.

También 366 funcionarios han recibido otro tipo de sanciones. De ese total, el 54% tuvo una sanción pecuniaria, 22% fue suspendido, el 20% tuvo una amonestación escrita, el 4% fue eliminado del registro de peritos y el 0.3% tuvo una amonestación verbal.

En otras cifras presentadas, informó sobre las sanciones para 10 servidores judiciales (un juez, un psicólogo, un gestor de archivo, una parvularia, dos fiscales, dos defensores públicos y dos secretarios judiciales) por actos de corrupción. 

A través del número 1800-Transparencia, los ciudadanos pueden denunciar la corrupción en la justicia.

Los casos que han llegado a destitución

La Judicatura ha presentado 30 denuncias en la Fiscalía y cuatro acusaciones particulares. Las denuncias han originado siete procesos judiciales y dos causas penales contra funcionarios judiciales.

“En el evento de que cualquier servidor incurra en cualquier sanción disciplinaria gravísima, el Consejo de la Judicatura -previo al debido proceso, garantizando el derecho a la defensa- ha procedido a ratificar el estado de inocencia o imponer la sanción que corresponde. Y si es por una infracción gravísima, el CJ no se ha contentado simplemente con destituir como corresponde, ha presentado la denuncia ante la Fiscalía y se ha presentado como acusador particular en aquellos casos o procesos porque se siente agraviado”, manifestó Murillo.

Entre los casos relevantes de servidores judiciales que han sido destituidos, está el de la exjueza María Domínguez de la Unidad Judicial de Quitumbe, quien fue destituida el 4 de octubre de 2021. El motivo: ejecutar de forma irregular el sorteo de causas.

Esto sucedió durante la crisis en la Alcaldía de Quito. Jorge Yunda, ex alcalde, presentó una acción de protección para evitar la remoción de su cargo. Domínguez aceptó este recurso y la destitución de Yunda quedó en suspenso hasta que la Corte Constitucional falló a favor de Santiago Guarderas, quien a su vez puso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Domínguez también fue investigada por supuesto tráfico de influencias.

El #CJ promueve la ética y la transparencia en la #FunciónJudicial. A través de las Direcciones Provinciales, página web y la línea 1800-Transparencia, los ciudadanos presentan denuncias contra presuntos actos de corrupción de servidores judiciales. #JuntosHacemosJusticia pic.twitter.com/mmYcVNwphZ

— Consejo Judicatura (@CJudicaturaEc) March 10, 2022

Por este mismo caso fue también destituido el juez de la Unidad Judicial Civil del Complejo Judicial Norte Iñaquito, Carlos Soto, quien otorgó medidas cautelares a Yunda. El CJ dijo que Soto estuvo al tanto del sorteo irregular de esa causa. Asimismo, fue destituida Gabriela Beltrán, oficinista auxiliar de la Unidad Judicial Especializada Tercera de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito

Otro de los destituidos en el 2021 fue el juez Guido Vaca, de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, por haber recibido pagos mientras administraba justicia. Según la resolución del CJ, “se comprobó las irregularidades cometidas por parte del servidor sumariado, al haber ejercido la libre profesión a través del abogado H.A., en una acción de protección y una acción constitucional de Hábeas Corpus preventivo”.

Asimismo, el notario de Arenillas, Miguel Cuenca, fue destituido. Él se encuentra involucrado en un proceso por tráfico de armas en El Oro. Fue detenido el pasado 31 de octubre, cuando la Policía y la Fiscalía realizaron el operativo Gran Victoria 043 contra una presunta organización delictiva dedicada a proveer de armas, municiones y explosivos a grupos de delincuencia organizada vinculadas a guerrillas y narcotraficantes. La red no solo operaba en El Oro sino también en Sucumbíos y Azuay.

Según Diario El Correo, “los involucrados en esta actividad se encargaban de acopiar vehículos para improvisar caletas y a través de estas concretar el transporte de la carga ilícita para proveerla a grupos de delincuencia organizada como el Frente 48 ex FARC y La Constru”. El notario y seis personas han sido llamados a juicio.

La selección de nuevos jueces anticorrupción se acerca

Murillo anunció que el Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado estará operativo en agosto de 2022. En este mes de marzo iniciará el proceso de selección de esos jueces.

En este edificio, ubicado en la calles Manuel Larrea y Arenas, operará la Unidad y el Tribunal especializados en casos de corrupción. Foto: Consejo de la Judicatura. 

El 19 de noviembre de 2021, el CJ creó la Unidad y el Tribunal que, según la institución, tendrá personal judicial altamente especializado para conocer y resolver delitos de corrupción y crimen organizado. Los jueces integren la Unidad podrán resolver los delitos cometidos a nivel nacional y los delitos de carácter transnacional. Mientras que los jueces del Tribunal estarán encargados del juzgamiento de esos mismos delitos a nivel nacional.

Estos jueces resolverán casos de corrupción relacionados con peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. Mientras que en crimen organizado, tramitarán causas sobre 37 diferentes delitos, entre ellos trata, esclavitud, explotación sexual, pornografía, secuestro, tráfico de migrantes, producción y tráfico de drogas, minería ilegal, lavado de activos, tráfico de armas, terrorismo, delincuencia organizada, entre otros.

Pero estos magistrados no atenderán todos esos casos, sino solo aquellos que cumplan con una o más de estas “circunstancias complementarias”: la perpetración de o los delitos obedezcan a la intervención de una estructura criminal organizada, funcionamiento de la estructura criminal organizada en un parámetro de continuidad y reiteración en el cometimiento de delitos, trascendencia o connotación nacional y/o internacional provocada por el o los delitos presuntamente cometidos por los sujetos activos, grave afectación a los bienes jurídicos protegidos que se encuentran establecidos en el artículo 230.1 del Código Orgánico de la Función Judicial.

Ambas instancias operarán en Quito. El pasado 4 de marzo, el Pleno del CJ y representantes de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos en Ecuador realizaron un recorrido por el edificio donde funcionará esa dependencia jurisdiccional. Tendrá 40 funcionarios y su presupuesto será de 1.6 millones de dólares.