La Fiscalía tramita en la actualidad 205 casos sobre corrupción, de los cuales 178 están en investigación previa, es decir el 87% aún no avanza a un proceso judicial, según el informe de labores de esa institución de 2021. En otras palabras, aproximadamente 9 de cada 10 casos de corrupción se siguen investigando. De acuerdo con ese documento, solo 20 casos han llegado a la fase de instrucción fiscal y siete procesos han logrado una sentencia.

La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es la encargada de gestionar esos 205 casos. En sus investigaciones ha procesado a 137 personas, de las cuales 77 están en instrucción fiscal, 38 llamados a juicio, 19 con sentencia condenatoria y 3 con sentencia absolutoria. En el 2021, ingresaron 33 nuevas causas.

Según el reporte oficial, la Unidad ha incautado un total de 2 millones de dólares en efectivo y 1 millón de dólares en bienes inmuebles, además de 16 vehículos. En comiso con sentencia -la pérdida de los bienes por parte de los procesados-, la Fiscalía ha obtenido 1 millón de dólares.

De los 205 casos, 34 los investiga la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, un grupo de apoyo a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que tiene como objetivo reforzar las investigaciones de todos los casos derivados de actos de corrupción a nivel nacional producidos durante el estado de emergencia sanitaria.

Solo 7 de 205 casos relacionados con actos de corrupción han llegado a una sentencia. Foto: Fiscalía

La Fuerza de Tarea Multidisciplinaria ha recibido en total 188 casos, de los cuales cinco fueron archivados. Fue creada el 31 de mayo de 2020 ante los recurrentes casos de corrupción que se denunciaron durante la pandemia. Se conformó con fiscales de la Unidad de Lavado de Activos, provinciales y de apoyo, así como por expertos en contratación pública y análisis financiero, y personal especializado de la policía.

Pero de los 183 casos que siguen bajo su gestión, 169 están en investigación previa. Es decir, el 92% no ha pasado a un proceso penal. Solo 3 casos han llegado a instrucción fiscal, tres casos están en evaluación y preparatoria de juicio y ocho en juicio. En los casos con juicio, 17 personas tuvieron sentencia condenatoria y 33 fueron sobreseídas. Además, 82 personas han sido llamadas a juicio y 14 están procesadas en instrucción fiscal.

Al comparar con el balance de 2020, la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción mantiene mínimos avances en sus investigaciones. En 2020, el 89% de los casos que tramitaba la Unidad estaba en investigación previa; en 2021, fue el 87%.

La Unidad Antilavados, con los indicadores más bajos

Este miércoles, 2 de marzo, la fiscal General, Diana Salazar, mencionó algunos de estos datos durante su rendición de cuentas que hizo a través de la página de Facebook de la entidad. Durante más de una hora, Salazar habló de los resultados de su gestión al frente de la institución.

Una de las unidades con los indicadores más bajos es la de Antilavado de Activos. Ésta tramita 560 casos, de los cuales el 98% (547) está en indagación previa, 11 están en instrucción fiscal y solo dos casos tienen sentencia. En su presentación pública, la fiscal Salazar omitió este dato cuando se refirió a los resultados de esta unidad. 

Durante la presentación de su informe anual, la fiscal Diana Salazar habló sobre los resultados de cada unidad de la institución. Pero en el caso de la Unidad de Antilavado de Activos (foto) no mencionó cuántos casos seguían en indagación previa. Foto: Captura de pantalla

Lo que sí mencionó es que existen 142 procesados por casos relacionados con lavado de activos. De ellos, 97 están en instrucción fiscal, 32 fueron llamados a juicio, ocho tienen sentencia condenatoria y cinco, sentencia absolutoria.

Durante los allanamientos, esta unidad ha incautado 16 vehículos, 40 bienes inmuebles, 27 bienes muebles y valores monetarios por 7,7 millones de dólares, lo que da un total de 15,5 millones de dólares. Pero en comiso con sentencia, la Fiscalía ha recuperado solo 54.200 dólares, que equivalen a 1 vehículo y valores monetarios por 41.200 dólares.

En el 2020, los resultados de esta Unidad también fueron mínimos. De los 93 delitos que investigó, el 94% (87 casos) estaban en investigación previa al cierre de ese reporte.

La Fiscal también se refirió a la Unidad Nacional Especializada en Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), cuya sede está en Quito, pero su jurisdicción es nacional. Esta tiene a su cargo la investigación de los delitos vinculados con el crimen organizado, en especial el terrorismo y su financiamiento, y el tráfico ilícito de drogas a gran escala. Esta unidad, mencionó Salazar, gestiona 77 casos, de los cuales 21 se encuentran en instrucción fiscal y en seis causas han obtenido sentencias condenatorias. Ni en el informe oficial ni en su presentación, la Fiscal detalló cuántos de esos casos están en investigación previa, pero sería el 65%.

Asimismo, el 96,2% de los 951 casos que tramitan las seis Fiscalías de Fuero de Corte Nacional están en investigación previa, dos casos están en instrucción fiscal, cinco tienen sentencia y 29 causas fueron archivadas. Dentro de sus investigaciones, estas fiscalías han procesado a 43 personas y ha incautado 140.130 dólares. Además, de 154 bienes muebles que comprenden equipos tecnológicos y de almacenamiento.

Una Fiscalía con déficit de fiscales

La fiscal Salazar informó que existe un déficit de 577 agentes fiscales y sus equipos (asistentes y secretarios) para cumplir el estándar latinoamericano de 7 fiscales por cada 100.000 habitantes. En la actualidad, la Fiscalía cuenta con 845 agentes que atienden a la ciudadanía a través de 897 fiscalías y eso significa una tasa de 4,83 fiscales.

En el informe de 2021, la Fiscalía agrega que la falta de fiscales y la caducidad del banco de elegibles de la carrera fiscal impulsaron una solicitud al Pleno del Consejo de la Judicatura para que declare la necesidad extraordinaria y emergente de nombrar de manera temporal agentes fiscales en las partidas vacantes a nivel nacional.

El 16 de julio de 2021, la Judicatura apoyó el pedido y resolvió expedir el instructivo para la selección y nombramiento de fiscales y agentes fiscales temporales. Esto le permitió a la Fiscalía abrir un proceso de selección para los aspirantes a esos cargos hasta que se ejecuten los concursos de méritos y oposición para la carrera fiscal y se conforme un nuevo banco de elegibles. Según la Fiscalía, esto lo hizo para mitigar “el riesgo de paralizar el servicio de justicia hacia la ciudadanía”.

La Fiscal dijo que, pese a las limitaciones del presupuesto, se crearon ocho nuevas fiscalías, tres ellas en Guayaquil, dos en Quito, una en Orellana, una en Pelileo (Tungurahua) y otra en Santa Rosa (El Oro).