Pugnas y presiones al más alto nivel. Esa es la situación que enfrentan las principales instituciones del Estado relacionadas con la justicia y el control de los recursos públicos. Y los protagonistas de esa escalada de actuaciones polémicas son dos: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Consejo de la Judicatura. En ambos casos, sus máximas autoridades son afines al correísmo y, al parecer, llevan agendas sincronizadas.

Una muestra de ello es el concurso para la elección del Contralor General del Estado que lleva adelante el CPCCS, cuyo presidente es Alembert Vera, quien fue abogado del expresidente Rafael Correa. La noche de este martes, 12 de septiembre, la institución publicó el listado de los postulantes que sacaron el mayor puntaje en méritos. De un total de 103 aspirantes, 10 superaron los 40 puntos. La calificación fue sobre 50 puntos: 20 por formación académica, 20 por experiencia laboral, 5 puntos por experiencia específica y 5 puntos por otros méritos. Los dos primeros lugares los ocupan Alejandra Patricia Vivanco Carrión y Juan Eduardo Falconí Puig quienes obtuvieron 49,5 y 47 puntos, respectivamente.

Vivanco es abogada de profesión y fue funcionaria durante 20 años en la Contraloría, entre 1997 y 2017. Inició como asistente y ascendió hasta ser subcontralora administrativa en 2016, durante la gestión de Carlos Pólit, quien tiene procesos penales tanto en Ecuador como en EEUU por corrupción.

Pólit fue una pieza clave durante el régimen de Rafael Correa. Pero el 2 de junio -10 días después de que Correa dejara la Presidencia-, la Fiscalía allanó la casa de Pólit por el caso Odebrecht. Para entonces, Pólit estaba en Miami y desde allí firmó acciones de personal para la destitución de Pablo Celi -quien era subcontralor- para que no lo reemplace. Celi, sin embargo, rompió la notificación y se quedó en el puesto. En entrevistas, Vivanco se ha mostrado a favor de la decisión de Pólit de destituir a Celi y ha asegurado que ese cargo quedó vacante.

Mientras que el nombre de Falconí Puig no es nuevo en la política. Sus últimos cargos públicos datan de 2015 y 2017 cuando fue designado como embajador ante el Reino Unido y ante la Organización Mundial del Comercio, en el gobierno de Correa. También fue asesor de incautaciones en ese régimen.

Pero su trayectoria como funcionario inició en el gobierno de Rodrigo Borja, quien lo nombró como ministro de Industrias y presidente de la Corporación Financiera Nacional, cargo que mantuvo hasta el gobierno de Jamil Mahuad. En la administración de Gustavo Noboa fue Superintendente de Bancos (SB). En el 2000, Falconí Puig nombró a Pedro Delgado, Intendente Nacional de Supervisión de la SB. Delgado, primo lejano de Correa, huyó del país cuando se descubrió que su título de economista era falsificado y posteriormente fue condenado en 2015 por peculado bancario. Esto se detalla en el libro Los secretos del feriado, de Fernando Villavicencio (+) y Cléver Jiménez.

Ahora, Vivanco y Falconí, afines al correísmo, encabezan las opciones para ocupar el cargo de Contralor, que vela por el manejo de los fondos del Estado. Estos resultados se hicieron públicos tras una larga sesión de la comisión veedora del concurso, donde algunos integrantes aseguraron no haber tenido acceso a todas las carpetas de los postulantes y tener dudas sobre las calificaciones de algunos aspirantes.

En esa sesión, bajaron 10 puntos al postulante Guido Escobar Pérez, quien obtuvo una calificación de 50/50. Según la Comisión Nacional Anticorrupción, esta decisión favoreció a candidatos que se ubican luego de él y “en especial a quienes son patrocinados por sectores políticos interesados y que tienen antecedentes nefastos relacionados con los atracos del país de la empresa Odebrecht y en la gestión de la Contraloría”. Pero esta no es la única institución donde hay presiones de ese movimiento político.

La Comisión Nacional Anticorrupción cree que el actual concurso para Contralor favore a sectores políticos con antecedentes nefastos.

El CPCCS va por la Corte Constitucional

Además de la Contraloría, el CPCCS se ha activado en otro frente: la Corte Constitucional (CC). Todo comenzó el pasado 24 de agosto, cuando el juez Leiver Quimís, de Montecristi, aceptó medidas cautelares para la ciudadana Betty Moreira Marcillo, quien solicitó la creación de una veeduría que evalúe el cese de funciones de la CC. La actual CC fue designada por el CPCCS Transitorio durante el mandato de Julio César Trujillo.

El 7 de mayo de 2019, la CC emitió un dictamen interpretativo con el que blindó las decisiones del CPCCS Transitorio que nombró y ratificó autoridades, entre ellas los miembros de la CC. El Transitorio nació tras una consulta popular del 2018 donde se aprobó cesar en funciones al CPCCS y nombrar uno nuevo.

Pero Alembert Vera, actual presidente del CPCCS, acogió la disposición del juez de Montecristi y avanzó con la conformación de esa veeduría. La CC reaccionó y solicitó, el pasado 4 de septiembre, al CPCCS un informe de sus acciones para asegurar el cumplimiento de su dictamen. Caso contrario, la CC tiene la facultad para destituir a los funcionarios que no cumplen con sus resoluciones.

Carta de la Corte Constitucional a los vocales del CPCCS. Ver PDF

Un día después, Vera contestó que la veeduría provino de una iniciativa ciudadana y no de una decisión política del organismo y sostuvo que ni él ni los consejeros participan en ninguna fase de ese tipo de veedurías. Vera terminó su escrito con una solicitud de audiencia a la CC.

Vera ha dicho a El Universo que no tiene las herramientas jurídicas para evitar la conformación de esa veeduría. Mientras que, en Ecuavisa, no pudo explicar por qué acató el fallo de un juez de primer nivel en lugar del de la CC. Cuando fue consultado si responde a una agenda del correísmo, manifestó: “nuestra agenda son más de 6 millones de ciudadanos participando en rendición de cuentas, son más de 12 audiencias públicas que hemos realizado, son más de 100 veedurías conformadas solo en 100 días, son más de 50 ámbitos territoriales en los que hemos podido estar de cerca (sic)”. Antes de responder la pregunta, Vera se rió de la misma.

La Fiscalía abrió una investigación previa contra el juez Quimís y su decisión fue apelada. Esa audiencia está prevista para el 29 de septiembre. Pero mientras tanto, el CPCCS avanza con la veeduría y ha anunciado que existen 41 personas interesadas en integrarla. “No existe la posibilidad, la capacidad ni la intención de remover, sustituir o revisar las actuaciones del CPCCS Transitorio a través de esa veeduría”, publicó el CPCCS en un comunicado. Vera asegura que necesita la decisión del juez de apelación o de la CC sobre esa veeduría.

En un comunicado del 13 de septiembre pasado, el CPCCS no buscar revisar las actuaciones del CPCCS Transitorio a través de esta veeduría.

La Fiscalía esquivó dos frentes

Otra institución que ha sentido la presión de autoridades vinculadas a la Revolución Ciudadana es la Fiscalía, en especial su titular Diana Salazar. La fiscal llevó adelante el proceso penal, llamado caso Sobornos, contra Correa y algunos de sus más altos funcionarios y ministros. El 7 de abril de 2020, logró que el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenciara a ocho años de prisión a los involucrados, incluido al exmandatario, por el delito de cohecho. Correa, quien reside en Bélgica, ha sido una de los mayores detractores de Salazar.

El 15 de mayo pasado, Acción Jurídica Popular (AJP) pidió al CPCCS copias de los exámenes escrito y oral de Salazar en el concurso para Fiscal General de 2019. También requirieron las calificaciones que obtuvo. Uno de los miembros de ese colectivo es Freddy Carrión Intriago, exdefensor del Pueblo, quien fue sentenciado por abuso sexual. Al mismo tiempo, la Fiscalía denunció un intento de borrar o alterar los documentos de ese proceso. El 19 de mayo, el Ministerio Público abrió una investigación previa contra los siete vocales del CPCCS.

Pedido de información de Acción Jurídica Popular sobre las notas y copias de los exámenes que rindió Diana Salazar en el concurso para Fiscal General de 2019.

En medio de esa pugna, el 31 de mayo pasado, el CPCCS -de mayoría correísta- convocó a Salazar a una audiencia pública para que se defendiera de otras acusaciones que hiciera en su contra AJP. Esta agrupación pidió al CPCCS que se active el mecanismo de ‘participación ciudadana’ para presentar una queja por presunto plagio de la tesis de grado de Salazar. La fiscal no acudió al llamado. Un mes después, la Universidad Central -donde se graduó- concluyó que no hubo plagio.

Al mismo tiempo de la denuncia de la tesis, otro actor se activaba. El 29 de mayo, la Fiscalía denunció la existencia de un informe para la suspensión de Salazar. En su cuenta de la red X, publicó un documento enviado por Santiago Cueva, subdirector de Control Disciplinario, al secretario general del Consejo de la Judicatura (CJ). Tenía como asunto: “Examen de admisibilidad expediente disciplinario DS0080-SNCD-2022-AM, con medida de suspensión”. La Fiscalía calificó el informe como malicioso y sin sustento legal y cuestionó que la Judicatura se esté arrogando funciones, pues no tiene facultad para suspender a la fiscal general.

El intento del CJ contra la Fiscal no prosperó, pero ambas instituciones se han enfrentado de manera permanente desde que la Fiscalía procesó primero a dos de sus vocales, Maribel Barreno y Juan José Morillo, por supuesto tráfico de influencias. Luego, abrió una investigación contra el vocal Xavier Muñoz por presunto lavado de activos. Y finalmente, a Wilman Terán, presidente del organismo, también lo indagaron por presunta obstrucción a la justicia. En este último caso, se repiten Muñoz y Barreno, aliados del polémico presidente de la Judicatura.

Wilman Terán arma su propia Corte Nacional de Justicia

El 26 de julio, el CJ convocó al concurso para la designación de siete nuevos jueces para el máximo tribunal de justicia del país. En la actualidad, ha avanzado a la tercera fase que consiste en calificar los méritos de los postulantes. La CJ evaluará la experiencia, formación académica y capacitación de 211 aspirantes.

Pero en medio de este proceso han resaltado polémicas decisiones de Terán y su vocal aliado Muñoz. El pasado 5 de septiembre, con solo dos votos, dieron paso a la extensión de funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) cuyos periodos iban a finalizar en 2024 y 2027. Ahora culminarán sus funciones en 2030, pues la Judicatura dispuso que cumplan nueve años en el cargo y no tres o seis como se había resuelto en 2021.

Los jueces beneficiados son Gilda Rosana Morales Ordóñez, de la Sala de lo Tributario; Fabián Patricio Racines Garrido, de la Sala de lo Administrativo; Felipe Esteban Córdova Ochoa, Byron Javier Guillén Zambrano y Luis Antonio Rivera Velasco, los tres de la Sala de lo Penal de la CNJ, que maneja los casos más delicados que involucran a altos funcionarios.

Racines, Guillén y Rivera, por ejemplo, eran tres de los siete jueces que iban a ser reemplazados en este concurso. Pero fueron reemplazados por Himmler Roberto Guzmán Castañeda, David Isaías Jacho Chicaiza y Luis Adrián Rojas Calle.

Guillén, Rivera y Córdova conforman el tribunal que estará a cargo de los recursos de revisión del caso Sobornos. Rivera, además, tramita el caso por presunto peculado en la reconstrucción de Manabí en el que el exvicepresidente correísta, Jorge Glas, es uno de los procesados. También fue el magistrado que anuló el caso Singue donde Glas estuvo involucrado y emitió una polémica sentencia en el caso de los helicópteros Dhruv en la que decidió sobreseer a todos los implicados entre ellos tres generales y un exministro. Se lo ha identificado con el correísmo.

Terán fue otro juez que tuvo en sus manos el caso Sobornos. Fue parte del tribunal de apelación que, en julio de 2020, ratificó la sentencia de ocho años contra Correa y sus funcionarios. Otro juez que integró ese tribunal fue David Jacho, quien es uno de los participantes del concurso.

Wilman Terán (primero a la izquierda) fue uno de los jueces que conformaron el tribunal de apelación del caso Sobornos. Con él, también estuvieron David Jacho y Dilza Muñoz.

La participación de Terán en el caso Sobornos ha sido su defensa para alejarse de las críticos que lo identifican con el correísmo. Pero hay una relación en el pasado. Terán pasó por un cargo público durante el régimen de Correa. Fue parte de la treintena de investigadores que conformaron la Comisión de la Verdad, en 2007. En ese año, Correa mediante el decreto presidencial N. 305 creó la Comisión para investigar violaciones de derechos humanos, ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos. Terán aparece en los créditos de ese informe. Se inició como juez de primer nivel en Santo Domingo de los Tsáchilas en 2014. En 2018, llegó a la CNJ como conjuez y en 2023 fue designado como presidente de la Judicatura.

  PUNTO DE VISTA  

‘Es más importante la disputa en la funciones Judicial y de Transparencia y Control Social que la disputa electoral’

Pedro Donoso, analista político

Foto: X. Pedro Donoso
 

En Ecuador, tenemos cinco funciones del Estado, de las cuales una no existe (Asamblea), el Ejecutivo va a cambiar, y las restantes están bajo amenazas. Por ejemplo, se ha anunciado un posible juicio político contra el Consejo Nacional Electoral. Mientras que las funciones de Transparencia y Justicia están en una guerra interna. Es decir, Ecuador vive un descalabro institucional muy profundo. El correísmo coptó las diferencias instancias para perseguir a sus adversarios y, después, el anticorreísmo con el CPCCS Transitorio hizo lo propio contra el correísmo. Es un eterno retorno. Hay una guerra de funciones donde yo no veo buenos ni malos. Creo que es más importante regresar a ver la disputa que se está dando en las funciones Judicial y de Transparencia y Control Social, incluso más que la disputa electoral. Creo que también el nuevo gobierno de transición va a navegar por áreas profundas de ingobernabilidad por la disputa en la justicia y en Transparencia y Control Social van a provocar ingobernabilidad independiente de quién gane.