Diego Vallejo, exoficial de inteligencia del ejército ecuatoriano, exasesor de José Serrano en el ministerio de Justicia y gestor de varias denuncias, presentó recurso de revisión a su sentencia por asociación ilícita, ante la Corte Nacional de Justicia. Su audiencia se realizó el pasado 10 de enero del 2022. Vallejo pagó prisión durante 18 meses durante el gobierno de Rafael Correa por los delitos de tenencia y fabricación de armas y por asociación ilícita. Salió de prisión con solo el 5% de rebaja de la pena, porque le negaron todos los derechos. Luego pidió asilo político en los Estados Unidos, donde permanece. 

Según el abogado de Vallejo para este recurso, Fernando Gándara, su cliente fue condenado durante el gobierno de Correa bajo el argumento de la fiscalía de ese entonces por ser "amigo de Galo Lara, de Fidel Araujo, de la revista Vanguardia".

En uno de los audios a los que tuvo acceso este portal, se escucha a la fiscal Tania Moreno decir: "el perito Chulde nos hablaba de lo que se encontró en el celular Black Berry que el señor Vallejo reconoce como suyo, que era uno de los celulares que se encontró el día 29 de junio y habla de mucha información y contactos (...) y habla del señor Fidel Araujo. No estamos criminalizando al señor Fidel Araujo, pero todos los aquí presentes sabemos cuál ha sido la conducta del señor Fidel Araujo con el gobierno. Fuera de ser gobiernista o no gobiernista, estamos refiriendo que el señor Fidel Araujo tiene un proceso penal, justamente, por participar en el atentado, denominado aquí como 30S".

En otra parte de su intervención, la fiscal Moreno dice: "este testimonio, si lo comparamos con los contactos telefónicos que tiene en el celular el señor Vallejo, vemos que efectivamente se reune con el señor Fidel Araujo, vemos que se reu... tiene los contactos con el señor Galo Lara (...) con miembros de la revista Vanguardia, que según noticias del gobierno es una revista que atenta contra... Sí, entonces con eso sí se está corroborando cuál era la actuación del señor Vallejo". 

Al menos parte de la acusación se basó, entonces, en los contactos telefónicos o amistades de Vallejo. Esto se llama delito por autor, dice el procurador de Vallejo, Fernando Gándara. El tema central es teórico, dice: "ese tribunal, que en el año 2013 condenó a Vallejo, lo condena porque dice la Fiscal, en su alegato de cierre, que se había demostrado con los audios y el contenido del teléfono de Vallejo que tiene excelente relación con Galo Lara, con Fidel Araujo, con la revista Vanguardia, con Gilmar Gutierrez. La fiscal dijo que no tenía nada contra ellos, «pero todos sabemos que ellos quieren el golpe de Estado, se sabe de su conducta contra el gobierno del señor presidente Correa». El texto de la sentencia es eso, dice Gándara: que se había demostrado asociación ilícita por ser amigo de Gilmar Gutiérrez, de Galo Lara, de Fidel Araujo...". 

En el alegato de cierre en el recurso de revisión, Gándara argumentó que el juicio es un medio para alcanzar la verdad. Pidió las facultades para tratar a los testigos como "testigos hostiles", lo cual le fue negado. Los testigos policiales negaron conocer a Diego Vallejo. 

Diego Vallejo, mientras guardaba prisión, cuando era conducido por guardias penitenciarios a una de sus audiencias. Foto Archivo La Hora

Su recurso extraordinario de revisión se justificó con la presencia de una nueva prueba, aportada por el testimonio juramentado (en Bogotá) de uno de los actores de este caso: el abogado Víctor Oswaldo Rivadeneira Macías, nacido en Guayaquil en 1982 y quien, según confesó en un testimonio juramentado ante el cónsul ecuatoriano en Bogotá, el 22 de febrero del 2019 —y ampliado luego en Guayaquil, en marzo del 2021— haber sido quien ayudó a tender una trampa a su amigo y socio Diego Vallejo por amenazas y presiones, dijo, de oficiales de Inteligencia y funcionarios del gobierno de Rafael Correa, en el 2012. También estuvo preso el amigo de Vallejo, William Galiano.

La revisión se pidió, de acuerdo a la norma,  por la presencia de testigos falsos y por demostrar que no fue autor del delito. El testimonio de Rivadeneira en estricto sentido no se podía volver a tomar, dijo el abogado de Vallejo, Fernando Gándara, porque ya declaró en el juicio contra Vallejo, pero el tribunal que conoce del recurso de revisión sí aceptó el testimonio rendido en Bogotá.

Para Gándara, se condenó a Diego Vallejo en el 2013 por el derecho penal de autor, que se aplicó durante los años 40 y 60 del siglo XX y sobre todo durante el régimen nazi. En este se condenaba a las personas no por un hecho debidamente comprobado sino por su condición de judío, de masón o de homosexual. Los jueces del correísmo aplicaron el derecho de autor, al condenar a Vallejo por ser amigo o tener relaciones con quienes la fiscalía considerana enemigos del gobierno de Correa.

Esta es la historia sobre la base de los dos testimonios juramentados de Rivadeneira, quien relata cómo fue el complot estatal en contra de Diego Vallejo:

El abogado Víctor Rivadeneira Macías conoció al capitán del ejército Diego Vallejo en el Ministerio de Justicia, cuando Vallejo era asesor del entonces ministro José Serrano. Rivadeneira había denunciado y entregado a esa entidad información sobre unos jueces que intentaron comprar puestos en Guayaquil, a través de una red de corrupción en la que participaban algunos jueces del Tribunal de lo Distrital de esa ciudad y funcionarios del SRI, además de oficinas particulares que se dedicaban a dar asesoría tributaria y contable. 

De esa relación salió la conformación de la Corporación Transparencia por Ecuador, creada el 15 de junio del 2011. Pero la aprobación de esta entidad no gubernamental fue suspendida en la Secretaría de Transparencia de Gestión, de la Presidencia de la República, porque según Rivadeneira, Diego Vallejo "no era de confianza". El dato le había llegado de un agente que ese momento trabajaba para Rommy Vallejo, por entonces jefe de la UGSI, la garde du corps de Correa en la Presidencia.

La Corporación Transparencia realizó denuncias respecto al proceso de selección del fiscal general del Estado, y semanas después, a fines de febrero del 2012 denunciaron, en rueda de prensa, las irregularidades en la selección del contralor general. Ribadeneria cuenta que desde ese momento se dio cuenta que era objeto de seguimiento. Al hacer las consultas respectivas, dice Rivadeneira que Francisco Piñeiros le dijo que estuviera tranquilo, que nada le pasaría. 

La Corporación no descansó en sus denuncias, y el 2 de marzo de ese año pidieron medidas cautelares en contra del proceso de selección del contralor. Lo cual no fue atendido. Una semana después presentaron en la Fiscalía una denuncia por el robo del disco duro de la comisionada Marianela Navas Suasnavas, que era parte de la comisión "ciudadana" para elegir al fiscal general, proceso en el cual Galo Chiriboga obtuvo el mayor puntaje. Según relata un artículo del diaro El Universo de la época Navas era "cercana a Galo Chiriboga, el candidato que recibió el más alto puntaje. De hecho, ella ingresó al entonces Ministerio de Trabajo en mayo del 2005, con el nombramiento de Chiriboga al frente de esa cartera. Allí fue su asesora personal y también se desempeñó como secretaria técnica del Consejo del Trabajo (e), directora de Trabajo en Quito (e) y directora técnica de asesoría jurídica. Se mantuvo en ese Ministerio cuando Rafael Correa nombró como titular a Antonio Gagliardo Valarezo, padre de Antonio Gagliardo Loor, el segundo postulante con mejor calificación".

Diego Vallejo muestra la portada de la revista Vanguardia, donde se publicó una investigación donde se demostraba cómo un ministro del gobierno de Correa había ordenado el espionaje de las cuentas del entonces fiscal general Washington Pesantez. Foto: Archivo El Universo

La denuncia que fue presentada ante el fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo, que cayó en saco roto. Gagliardo luego fue vicepresidente de la Corte Constitucional en noviembre del 2012. 

Cuenta Rivadeniera que en abril recibió la visita de Piñeiros y un capitán de la Policía, que se presentó como Pedro Pablo Luna. Dice Rivadeneira que Luna trabajaba en la Unidad de Gestión de Seguridad de la Presidencia de la República, UGSI y que al mando de varios agentes habría entrado a la casa de su madre, ubicada en Urdesa, Guayaquil. Cuenta que en esa "visita" Luna le había pasado una llamada telefónica y entonces la persona tras la línea se identificó como Rommy Vallejo, quien le habría dicho que junto a Diego Vallejo,  con sus denuncias estaban atentando contra la seguridad interna del Estado porque habían realizado denuncias falsas sobre: el proceso de selección del fiscal general y del contralor; de la sustracción y espionaje a las cuentas del fiscal Washington Pesantez; contra el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, por el caso de la Cervecería Nacional y que Diego Vallejo tenía "información sensible" de la revuelta policial y militar del 30S y de la esposa del presidente de la República, y que si esta información salía a la luz pública, "el ministro Serrano iba a quedar mal con el Presidente".  Y que lo mejor para él, para Rivadeneira, era hacer caso de las disposiciones que se le iban a dar porque, de lo contrario, iban a tener problemas y sus familias podían tener graves consecuencias. 

Víctor Rivadeneira Macías, abogado guayaquileño. Foto: El Universo

A los pocos días recibió un pasaje aéreo y la orden de trasladarse a Quito. Ahí, varios agentes lo llevaron a una casa de seguridad en El Inca, al nororiente de la ciudad. Dice Ribadenera que en esa casa estaban Rommy Vallejo, que se presentó como asesor del presidente Correa, y Santiago Mena, jefe de la UGSI. Cuenta que le mostraron fotografías de seguimientos a Diego Vallejo y se le dijo, cuenta, que él tenía que informarles de todo lo que hiciera Vallejo, que para asegurarse de eso estaría monitoreado por agentes policiales y también sería objeto de escuchas telefónicas. Le fueron entregadas grabadoras, cuenta, y se le dispuso que cada noche informara de todo al correo FZ6060@gmail.com. Inteligencia policial tenía monitoreadas todas sus cuentas electrónicas, teléfonos celulares y convencionales y estaban al tanto de todas las reuniones de Rivadeneira con Diego Vallejo. En mayo fueron informados que Vallejo viajaría a Lima para una reunión de Transparencia Internacional capítulo Perú. Según Rivadeneira siguiendo a Vallejo viajaron hasta Lima agentes policiales de la UGSI, al mando de un teniente de apellido Rodríguez. Luego de este seguimiento se le dijo que se iba a coordinar con el director de la Senain Pablo Romero el envío de un anónimo a la esposa de Vallejo para desacreditarlo y amenazar a su familia.

Cuando Vallejo regresó del Perú llamó a Rivadeniera para para reunirse. Los agentes, cuenta el abogado, resolvieron que una agente, María Fernanda Galárraga, quien trabajaba para la UGSI, y que se haría pasar por la pareja sentimental de Rivadeneira bajo el nombre de Karen Jaramillo. La coartada era también que Jaramillo trabajaba en el Consejo de la Judicatura, como asistente del entonces presidente, Paulo Rodríguez.

El operativo del cambiazo

A mediados de junio de ese 2012 cuenta Rivadeneira que el capitán Luna lo contactó para organizar una reunión con Diego Vallejo y le pidió, cuenta, que le sacara toda la información posible del capitán de la FAE, Diego Peñaherrera, edecán de la esposa del Presidente, ya que suponían que Vallejo tenía esa información y era posible que la hiciera pública para perjudicar al mandatario. Cuenta que viajó a Quito financiado por la UGSI, que lo recogieron en el aeropuerto y lo llevaron a la Fiscalía de Pichincha, donde, dice, se reunió con Luna en la oficina de la fiscal Tania Moreno. Había también otro policía no identificado, que luego supo era un perito que usaron como testigo para declarar en el juicio contra Diego Vallejo. Según Rivadeneira, en la reunión estuvo también la fiscal Moreno. En esa reunión se planificó el operativo contra Vallejo, el cual tenía conocimiento, dice Rivadeneira, también el presidente de la Judicatura. El operativo consisitía en sembrar evidencias en una mochila donde estarían: el croquis de la vivienda del presidente de la Judicatura, dos fotos de Raúl Reyes (el abatido segundo al mando de las FARC, el 2008 en el ataque de Angostura) y dos armas de fuego. Ribadeniera aclara que le dijeron que debían ser dos porque con ello se podía tipificar un delito más grave como el tráfico de armas y garantizar la prisión preventiva y para ello se coordinaría con un juez de confianza. 

Luego de eso Rivadeneira cuenta que se reunió con Diego Vallejo, cerca de la casa del exoficial. Conversaron un par de horas, durante las cuales confirmó que sí tenía información sobre la esposa del Presidente, pero que no le podía decir más por su propia seguridad. Lo cual fue informado al capitán Luna, dice Rivadeneira. 

El siguiente viaje a Quito fue el 28 de junio, un día antes del operativo de la mochila o cambiazo. Dice Rivadeniera que el pasaje del avión le fue proporcionado por la UGSI y que en el aeropuerto lo recogía un vehículo de la Dirección General de Inteligencia, DGI, de la Policía Nacional. Eran dos taxis amarillos. La noche del 28 de junio, la agente lo recogió en el hotel Tambo Real y esa noche se reunieron con Diego Vallejo y su amigo William Galiano y otra agente de la UGSI que se hacía pasar por la agente Galárraga, alias Karen Jaramillo. Estuvieron en el bar Azuka, de la Plaza Foch, en el sector de la Mariscal. La reunión era, dice Rivadeneira, para sondear si Vallejo se la sospechaba algo, pero al parecer no era así y eso fue informado al capitán Luna. 

Rommy Vallejo, teniente coronel (sp) de la Policía Nacional, figura central del aparato de espionaje del correísmo. 

Según el testimonio notariado del abogado Rivadeneira, "el día en que se iba a montar el operativo, el 29 de junio, coordinamos para tener una reunión en la Cruz del Papa (parque de La Carolina), entre las 8:00 y 8:30. A ese punto llegó una furgoneta Kia color gris, con vidrios polarizados. Ingresamos y el interior era una mini oficina, había equipos de intercepción telefónica. Allí estaban Rommy Vallejo y Santiago Mena. En ese momento hicieron una llamada al teléfono de Rommy Vallejo, puso el alta voz y contestó José Serrano, ministro del Interior de aquella época. Él manifestó que ya todo estaba coordinado, que no me preocupase". 

Dentro de la furgoneta, cuenta el testigo Rivadeniera, Luna explicó a sus jefes en qué consistía el operativo: se iba a disponer de dos mochilas idénticas; la una tendría documentos que serían entregados por Rivadeneira a Vallejo, y la otra, idéntica, tendría un doble fondo con las dos armas. Se dispondrían además de cuatro equipos motorizados de la Policía alrededor del Centro Comercial Iñaquito, donde sería la reunión con Vallejo, que "iba a caer porque iba a caer". Según Rivadeneira, Rommy Vallejo les habría dicho que la parte jurídica la iba a coordinar con Lady Zúñiga, asesora del ministerio del Interior (luego sería ministra de Justicia) y que "para la audiencia de flagrancia, José Serrano había coordinado con el coronel de la Policía, Rodrigo Proaño, para que en el informe de la detención se establezca que la mochila estaba en manos de Diego Vallejo. La fiscal de flagrancia, Sandra Rosillo, tenía órdenes directas de como actuar, dadas por el fiscal general Galo Chiriboga para que a Diego Vallejo se le diera prisión preventiva (...) y así se lo pueda ingresar directamente al Centro de Detención Provisional". El operativo, según el testigo Rivadeneira, estuvo coordinado por la Senain, la DGI, la UGSI, la Fiscalía General y el Ministerio del Interior.

El 29 de junio, Vallejo y Rivadeneira hablaron por teléfono en dos ocasiones. Hicieron luego una cita en la Av. Amazonas frente a la Corte Nacional de Justicia; saludaron y Rivadeneira puso la mochila en el auto de William Galiano, y quedaror en verse más tarde. Esto para que luego la policía pudiera hacer el intercambio de mochila. Apenas entregó la mochila, dice haber llamado al capitán Luna para decirle que todo había salido como fue ordenado. La disposición era que se citaran con Vallejo para almorzar a las dos de la tarde en el CCI, pero Rivadeneira no debía aparecer. Una hora después de la cita, Vallejo lo llamó a decirle que lo estaba esperando, pero él le ofreció disculpas y le dijo que todo se le había complicado por unas gestiones en la Fenaje (Federación de Judiciales). "Por la tarde me llamó el capitán Luna para decirme que ya habían detenido a Diego Vallejo", dice Rivadeniera, y cuenta que Vallejo llamó Francisco Piñeiros, quien estaba con él, y le dijo que llame a Javier Córdova, viceministro del Interior, a decirle que tenían 30 minutos para liberarlo porque él sabía que era un montaje de José Serrano, si no, que se atenga a las consecuencias. Piñeiros, cuenta Rivadeneira, llamó a Córdova y este le habría dicho que no se metiera y que Vallejo quedaría detenido. 

Por la noche, la esposa de Vallejo le escribió, relata Rivadeneira, y le dijo que Diego estaba detenido por unas armas encontradas en su mochila. Él, por instrucciones de Luna, dice, le contestó que no sabía de lo que le estaba hablando. 

La Corte Nacional negó el recurso: no pudieron probar persecución política

En un comunicado público, poco usual en las reoluciones judiciales del alto tribunal de justicial, la Corta Nacional de Justicia explicó las razones por las cuales se negó el recurso extraordinario de revisión de Diego Vallejo.

Precisió que el Tribunal, conformado por los jueces nacionales Walter Macías y Luis Rivera, y la jueza Daniella Camacho, consideró que "los recurrentes no cumplieron con fundamentar sus recursos. Es verdad que en sus intervenciones iniciales, como en su alegato de conclusión, los los recurrentes expusieron distintas cuestiones en relación a la sentencia impugada y los hechos, pero dichas manifestaciones no pasaron de ser afirmaciones discursivas, por momentos desordenadas, dirigidas a posicionar un discursos de persecución política.

Según la Corte, la defensa de Vallejo no identificaron qué hechos se adecúan a las causales tercera y cuarta del Código de Procedimiento Penal para plantear un recurso de revisión. Esto es, respectivamente, que la sentencia se haya dictado en virtud de documentos y testigos falsos o informes periciales maliciosos o errados; y que el sentenciado no era responsable por el delito por el que se lo condenó. Tampoco se identifió que medios de prueba, que puedan calificarse de nuevas y se que los haya practicado en la audiencia. 

El Tribunal consideró que la defensa de Vallejo no probó ninguna de las dos causales invocadas. 

Sobre la prueba testimonial presentada, es decir los testimonios de la servidora policial, Mará Fernanda Galárraga y el coronel de la Policía, Pedro Pablo Luna, y sobre las pruebas documentales: Registro Oficial 825 del 7 de noviembre del 2012, la certificación de la inexistencia del memorando que ordenó el operativo policial, la hoja de vida de la policía Galárraga y la declaración juramentada  de Víctor Rivadeneira Macías, el Tribunal dijo que nada de esto permite considerar a los jueces que "la sentencia ejecutoriada que se impugna fue dictada sobre la base de testimonios o documentos falsos ni informes periciales errados o maliciosos, o que los recurrentes no sean responsables del delito".

El Tribunal no consideró el testimonio juramentado del testigo Rivadeniera porque, dijo, no se trataba de una prueba nueva pues Rivadeneira ya fue testigo durante el juicio que condenó a Vallejo y una retractación de esa declaración no lo acredita como "testigo falso". "No puede pretenderse la destrucción de la cosa juzgada sobre la base (de) considerar cuál de las declaraciones prevalece: si la rendida en el juicio o la ofrecida con posterioridad a la sentencia condenatoria".

La Corte Nacional de Justicia dijo que  en cuanto el planteamiento de que este caso se trató de una persecución política, el Tribunal determinó que "resulta inviable la posibilidad de considerar acreditado un escenario sistemático y organizado de persecución política". Dijo el Tribunal que este planteamiento no fue probado por la defensa de Vallejo, sino que se trató de "una mera afirmación discursiva reiterada, que resulta coincidente con la declaración de quien implícitamente (la cursiva es de la Corte. Ndlr.) reconoce haber mentido durante el juicio pero sostiene que lo que consta en la declaración juramentada es la verdad".

Aunque el Tribunal reconoció que pueden existir momentos históricos donde se instrumentalizó la justicia penal "con fines ajenos a la represión de conductas ilícitas" esto no significa que el Tribunal traslade situaciones probadas en otros casos "como si se tratase de una cuestión general y abstracta que permite justificar una decisión en este sentido para todos los casos". La persecución política debe probarse en cada caso, dijeron los jueces.

La defensa de Vallejo insiste en escenario de persecución política y control de la justicia

"Esta decisión habla del poder, influencia y manipulación que todavía tienen ciertas figuras nefastas del correismo en la justicia ecuatoriana. La justicia del Gobierno de Lasso debe desprenderse de esta tara", dijo la defensa de Diego Vallejo, sin precisar nombres, como reacción a la negación del recurso extraordinario de revisión de la sentencia de asociación ilícita. Dijeron que la resolución del Tribunal era la "prueba" de que la justicia ecuatoriana aún está "bajo el control de poderes ocultos".

Los procuradores de Vallejo mencionaron algunos hechos que consideraron irregulares dentro de la audiencia, como haber hecho salir de la sala, por toser, habiendo presentado prueba PCR negativa, al testigo Oswaldo Rivadeneira. Con ello, no se permitió la ampliación de la versión del principal testigo de prueba nueva en este caso.

Tampoco se permitió la confrontación de los dos policías con Oswaldo Rivadeneira, dichos policías no se acordaron de nada. No conocían nada, negaron todo.

También "bajo argucias legales", se negó la presentación de una factura, prueba irrefutable de la participación de la policía María Fernanda Galárraga en la redada a Diego Vallejo.

La defensa de Vallejo anunció que solicitarán la desclasificación total de la información del caso al
Presidente Guillermo Lasso. También pidió que se designe como testigo protegido a Oswaldo Rivadeneira. Su vida está en riesgo después de haber confesado abiertamente quienes son los responsables del forjamiento del falso positivo de Diego Vallejo. Y hacemos responsables por cualquier vulneración a su seguridad y la de su familia, así como la nuestra y la de nuestros colaboradores a los personajes de Rafael Correa, José Serrano, Rommy Vallejo.

Anunciaron que se iniciará "de inmediato" los juicios por perjurio en contra de los policías Pablo
Pedro Luna Guevara y María Fernanda Galárraga.

Vallejo pidió al presidente lasso "poner atención a estos temas emblemáticos de injusticia sucedidos en los anteriores gobiernos, puesto que fue una de sus promesas de campaña. Esperamos que con ello el Gobierno conforme la potestad que tiene de ayudarnos a esclarecer el caso Diego Vallejo donde se cometió un delito grave por parte de las autoridades gubernamentales en su momento, donde se valieron de crear falsos positivos para incrementar a muchos ciudadanos inocentes que denunciaron corrupción durante el régimen del “correato” , donde se violaron los derechos humanos y donde la justicia se vendía al mejor postor".