Las cámaras apuntan a una sala que tiene un amplio ventanal, sillones -uno de ellos es grande y en forma de L-, un cuadro y una elegante puerta de vidrio que conecta con otros espacios de la casa. Estos dispositivos de grabación fueron ubicados en una de las esquinas de esa habitación y registraron a cada persona que ingresaba a ese lugar. La Fiscalía los incautó en un inmueble de Samborondón, de propiedad Gabriel Nain Massuh, ahora uno de los ocho procesados dentro del caso Encuentro. 

Massuh fue el último involucrado de esta causa por presunta delincuencia organizada, donde también están señalados, entre otros, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso; Hernán Luque Lecaro, exdelegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL); y Leonardo Cortázar, un empresario a quien el Frente Parlamentario Anticorrupción (FPA) de la Asamblea disuelta lo señaló como un cabildero con presencia significativa en los gobiernos de Rafael Correa, Lenín Moreno y Lasso. El excandidato presidencial, Fernando Villavicencio (+), lideró el FPA.

En la audiencia de formulación cargos, del pasado 24 de noviembre, la fiscal María Luzmina Lluglla, de la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía, señaló a los exfuncionarios y empresarios como autores del delito y pidió su prisión preventiva, menos para Carrea e Icaza, para quienes solicitó arresto domiciliario por su edad. El juez anticorrupción Renán Andrade,  que tramita el caso, aceptó de manera parcial la solicitud de la fiscal y a cuatro les impuso medidas sustitivas como la presentación periódica ante una autoridad. Pero mantuvo el arresto domiciliario para el cuñado de Lasso. 

Después de más de dos horas de intervención, la fiscal mencionó los videos de la casa de Massuh como uno de los elementos que la Fiscalía ha recogido para sustentar su acusación contra los procesados. Los registros de esas cámaras son tan extensos que ocupan varios cuerpos del expediente fiscal, que fue expuesto el viernes pasado. En 18 cajas, se guardan más de 35.000 fojas y, de estas, más de 600 tienen la transcripción de esas grabaciones. 

Pero existen también videos y audios en el comedor, en el estudio y hasta en el parqueadero. La Fiscalía extrajo los archivos multimedia de todas esas cámaras, que comprenden más de 43 horas de grabación. La fiscal tomó gran parte de su tiempo de exposición para leer los acápites que le servían para su fundamentación del caso. Pero a cada personaje de los videos se refería como VM1 (voz masculina 1) o VF2 (voz femenina 2), lo que hizo casi inentendible su relato. 

El juez anticorrupción Renán Andrade dispuso la prisión preventiva para 4 procesados (uno de ellos es Danilo Carrera a quien le dictó arresto domiciliario) y presentaciones periódicas para los cuatro restantes.

La funcionaria del Ministerio Público no dio detalles de quiénes aparecían en esas conversaciones. Pero, en el receso, el abogado de Carrera, Calixto Vallejo, mencionó que uno de los visitantes de Massuh fue Anderson Boscán, cofundador de la plataforma La Posta, que el 9 de enero de este año lanzó una publicación titulada como el Gran Padrino. En esa sala, ambos comieron pizza, refirió. Los videos de la casa de Massuh tienen como fechas entre el 12 y 16 de enero, es decir, después de la publicación. 

Una red para beneficiarse de cargos y contratos

La investigación del caso Encuentro inició el 9 de enero pasado, después de un parte policial que refería la publicación de La Posta sobre una presunta red de corrupción en las empresas públicas del sector eléctrico. 

A esta investigación se sumó otra, denominada León de Troya, sobre un presunto delito de narcotráfico donde estaban mencionados Carrera y su amigo Rubén Cherres, asesinado el 31 de marzo. Este último caso fue reabierto, pero la Fiscalía consideró que no había elementos relacionados con tráfico de sustancias, pero sí de tráfico de influencias. Por eso, una de las evidencias centrales también son los progresivos que aparecen en el informe de ese caso. 

Según la Fiscalía, Carrera y Cherres lideraron la presunta red criminal. “Los cuales, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana a la política y de esta forma intervenir en las instituciones públicas como CNEL, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”, dijo la fiscal. 

Carrera y Cherres, a su vez, contaron con colaboradores, entre ellos Luque Lecaro, que tienen una relación familiar y política con los líderes de esta organización criminal, según Fiscalía. De acuerdo con el relato de la fiscal, Lecaro abusó de sus funciones en relación a la designación de los directores de las empresas públicas. Este fue el caso de CNEL, donde fue nombrado Icaza. La fiscal dijo que Icaza coordinó con empresarios vinculados a sectores elécticos y los ejecutores de la estructura criminal. 

Los ejecutores de esta trama fueron Cortázar, Julio L., Jorge O. y Roberto B., quienes presuntamente  direccionaban contratos en coordinación con los otros integrantes de la organización. La fiscal sostuvo que los beneficios económicos de esas contrataciones debían llegar a los líderes. Esto se hacía a través de Icaza y Luque, según la acusación fiscal. 

Sobre Massuh, afirmó que él mantenía una amistad y confianza con Icaza. Por esa relación, Massuh supuestamente fue el encargado de manejar “ciertas unidades de negocios -manifestó la fiscal- a fin de obtener réditos económicos indebidos, los mismos que serían entregados a el señor Clemente Icaza, y este a su vez a los líderes de esta estructura criminal”. 

En el caso de BanEcuador y las Aduanas, los líderes de la la organización abusaron de su cercanía con la política -manifestó la fiscal- y, con la colaboración de funcionarios públicos, solicitaron nombramientos para familiares de amigos en esas instituciones. 

Al final de la audiencia, el juez Andrade dispuso la retención de cuentas, pólizas e inversiones de los procesados en el sistema financiero nacional por 40 salarios básicos unificados y la prohibición de enajenar bienes a escala nacional, con el fin de garantizar una posible reparación integral. Previamente, la fiscal había solicitado que esa medida sea por 8 millones 350 mil dólares. 

Esa cifra llamó la atención hasta del magistrado, quien preguntó a la fiscal si tiene algún informe que sustente ese monto. La fiscal Lluglla justificó que ese cálculo salía de las afirmaciones que constan en los audios y videos presentados en esa audiencia. Enseguida, los abogados de la defensa mostraron su malestar. 

Un total de 17 abogados representaron a los ocho procesados del caso Encuentro. Solo Danilo Carrera tuvo tres juristas a cargo de su defensa. Fotos: Luis Argüello. PlanV

Convencidos de que no hay caso

“Hay un audio que es gravísimo”, dijo Calixto Vallejo, abogado de Carrera, cuando fue el momento de su intervención. Se refería a uno de los videos de la casa de Massuh, donde se menciona -aseveró el jurista- a la fiscal del caso y a la fiscal general Diana Salazar. Pero no especificó quién lo dijo y en qué contexto. Ese fue uno de sus argumentos para defender a su cliente de las afirmaciones que hicieran los visitantes de Massuh en esos registros. 

“Todos eran charlatanes y bocones”, afirmó el magistrado para cuestionar el por qué la Fiscalía da valor a unas partes de esas grabaciones y no a toda la prueba. En una entrevista posterior a la audiencia con medios, Vallejo dijo que él no cree lo que se mencionó sobre las fiscales y, de igual manera, los dichos sobre su defendido. 

Otro elemento que refutó fue la versión de Boscán. “Se ha periciado un audio editado y la fuente es el programa La Posta en Youtube”, manifestó Vallejo, quien reclamó que la investigación fiscal se haya levantado sobre “un audio editado”, sobre el cual no hubo pericias a las voces. El cofundador de La Posta contó, en su versión, que una fuente le entregó los audios en una memoria USB, que fue destruida por protocolos de seguridad. 

Sobre los videos de la casa, añadió que durante las conversaciones de Massuh se dijo que “el cuento de La Posta no existe”. 

Las defensas de los otros procesados sostuvieron que la Fiscalía no confirmó las identidades de los mencionados en los audios, también que no hay un periodo claro de operación de la estructura criminal y que los 8,3 millones de dólares que solicitó la Fiscalía es desproporcionado. En el caso de Cortázar, su abogado cuestionó que los “objetivicen como criminales”, pese a que el informe del caso León de Troya no existe una mención sobre él. 

El abogado de Massuh, en cambio, consideró que la acusación tiene un tinte político y reclamó que haya sido vinculado al proceso después de que se solicitara la formulación de cargos contra siete personas. Pidió que a su defendido no le impusiera la prohibición de salida de país porque debe hacerse chequeos médicos en el exterior. Pero el juez le dictó, de igual manera, la prisión preventiva. 

Otros detalles de la audiencia

• Consul de Mónaco. El abogado de Danilo Carrera manifestóque su cliente es empresario,  presidente de la Federación de Tenis y cónsul de Mónaco en Ecuador. Por eso realiza viajes. Esto en contestación a la Fiscalía, que pidió la prisión preventiva y el arresto domiciliaro de los procesados por sus viajes frecuentes. Según el jurista, Carrera regresó todas las ocasiones que salió del país y que ha colaborado con las autoridades. Narró que en una ocasión recibió una notificación para rendir una versión cuando estaba en el avión para cumplir con un compromiso de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Entonces se bajó de la aeronave y en ese momento fue retenido por la Policía. Luego de varias horas se dispuso su versión y le fue retirado su pasaporte. También se le incautó el teléfono celular. 

• Dos procesados fuera del país. El abogado de Hernán Luque confirmó que su cliente se encuentra en Argentina, por lo que pidió al juez que se le impongan la presentación periódica en el Consulado de Argentina. En cambio, el defensor de Cortázar informó que su cliente está en Panamá. A ambos, el juez les dictó prisión preventiva y envió un oficio a la Interpol para su localización y captura. 

• Aparece el nombre de Borrero. El nombre del exvicepresidente Alfredo Borrero apareció entre los elementos de convicción de la Fiscalía. A él estuvieron dirigidos correos de un empresario llamado Humberto B. que ofrecía plantas potabilizadoras. Humberto B. también envió un correo a Carrera con el mismo ofrecimiento.