Los ocho miembros del Movimiento Guevarista, que fueron detenidos el pasado 19 de mayo, dejaron la Unidad de Flagrancia entre este martes y miércoles. Los seis hombres del grupo fueron trasladados al Centro de Detención Provisional El Inca, en el norte de Quito; mientras que las dos mujeres fueron enviadas a la cárcel de Latacunga, según contaron familiares a PlanV.

La Fiscalía los acusa por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para conflictos armados. Asegura que la agrupación hacía acercamientos en comunidades de Cotopaxi, Chimborazo y la Amazonía para captar personas, de forma irregular, y formarlas militarmente en la frontera colombo-venezolana con las disidencias guerrilleras.

Una jueza dictó prisión preventiva contra los ocho después de haber sido aprehendidos en sus domicilios en Imbabura, Pichincha y El Oro. Pero las luces de este caso, que apunta a la formación de supuestos grupos subversivos en Ecuador, tiene versiones enfrentadas.

El día de los allanamientos

El juez Gonzalo Núñez, de la Unidad Judicial de Garantías Penales con competencia en delitos flagrantes, ordenó la detención y allanamiento de los guevaristas el jueves 19 de mayo, después de la solicitud que hiciera el fiscal Wilson Toainga, a las a las 04:45.

Antes de las 07:00 del 19 de mayo, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, anunció la detención de los guevaristas y los relacionó con trata de personas con fines de formación paramilitar. Una hora más tarde, la Fiscalía confirmó el operativo.

#ACTUALIZACIÓN | Hasta ahora, 8 personas han sido detenidas en el operativo. Entre los indicios levantados se incluyen armas de fuego y municiones. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/ytNLtuO6eK

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) May 19, 2022

Los familiares acudieron hasta la Unidad de Flagrancia, en la Av. 9 de Octubre, para conocer más detalles de los cargos que imputaban a los guevaristas. Natalia Sierra, socióloga y tía de Ernesto F., el líder y vocero del movimiento, contó que hacia las 15:00 pudieron ingresar los abogados. Ernesto F. fue detenido en su casa, en el centro de la ciudad, después de rompieran la puerta de su domicilio, denunció Sierra.

Ernesto F. es psicólogo por la Universidad Central del Ecuador y profesor universitario.  Tiene una maestría de Estudios Culturales por la Universidad Andina y cursa un doctorado en la Universidad del Rosario de Colombia. Es autor de siete libros y de varios artículos académicos. En 2021 recibió el premio Enrique Garcés por su trabajo llamado “Psicología popular de la esquizofrenia” y el premio Joaquín Gallegos Lara por su cuento ‘Las Guarichas’.

Gabriela G., otra de las involucradas, fue detenida el jueves, 19 de mayo, a las 06:00. Los agentes ingresaron a los tres departamentos de la propiedad de su padre, pese a que él les indicó donde estaba su hija. Incluso entraron a la habitación donde estaba su hijo de 11 años, denunció su hermana Claudia. El padre no pudo observar la requisa de las pertenencias de Gabriela G. “Es un derecho que el propietario de la casa pueda ser testigo del allanamiento. Nunca más lo dejaron entrar”, dijo la familiar.

Gabriela G., de 38 años, es parte del Movimiento Guevarista desde que estaba en la universidad. Estudió sociología, donde conoció a su pareja (quien también está detenido). Ha trabajado en instituciones públicas y como consultora. Su hermana dice que sus temas de investigación han sido la protección especial de población vulnerable como niñas, niños y adolescentes.

Los familiares de los detenidos cuentan que los abogados pudieron ingresar hacia las 15:00 del jueves. La audiencia de formulación de cargos inició a la 01:30 del viernes 20 de mayo y duró hasta las 04:00.

“Nos dijeron que iba a ingresar un familiar por cada detenido. Pero luego no permitieron ingresar a las familias, por el Covid. Eso nos llamó la atención porque el COE nacional y cantonal ya levantaron las limitaciones del aforo”, dijo Claudia, hermana de Gabriela G. La jueza de la Unidad de Flagrancias hizo la audiencia a través de zoom.

Después de la audiencia, Gabriela G. no había vuelto a tener contacto con su abogado hasta la mañana de este miércoles, 25 de mayo, quien fue trasladada a la cárcel de Latacunga hacia el mediodía de este miércoles. Patricio Almeida, quien defiende a cinco de los procesados, pudo visitar a los detenidos en El Inca.

Los familiares han acudido por casi una semana a la Unidad de Flagrancia, en la Av. 9 de Octubre, para ver a sus detenidos. Mariana Sandoval, madre de Gabriela G.; María Ortega, madre de Nelly Y.; e Ixmenia Tipánuna, otra allegada de Nelly Y. apoyaron a sus hijas con carteles. Foto: Luis Argüello. PlanV

Aunque han pasado siete días desde su detención, no han logrado tener una copia del expediente. Almeida logró revisarlo momentos antes de la audiencia del pasado viernes. Hasta ahora tampoco las defensas han sido notificadas por escrito con la providencia de la audiencia y eso los ha dejado en indefensión. El abogado dijo que, pese a ello, ya apelaron la prisión preventiva y están a la espera de una respuesta.

Inredh, mediante un comunicado, recordó que “todas las personas tienen derecho, en caso de haber cometido un acto al margen de la ley, a que se instaure un debido proceso”. Ernesto F. trabajó en esa organización de derechos humanos dando servicios de psicología y exhortaron al gobierno y al sistema judicial “para que esta situación no sea utilizada para iniciar una cacería de brujas en contra de los movimientos sociales o para justificar la represión a colectivos que optan por la protesta social pacífica”.

Captación con engaños; la defensa lo niega

Según la orden de detención y allanamiento, agentes de la Policía informaron que un ecuatoriano estaría traficando armas y municiones con grupos disidentes de Colombia. Aseguran que el procesado, quien es parte del Movimiento Guevarista, frecuentaba los sectores de la Bonita y Lago Agrio, en Sucumbíos, donde presuntamente se reunía con disidencias colombianas, además de reclutar jóvenes para formación paramilitar.

El informe policial señala a Ernesto F. y Édison C. como los encargados de captar personas de zonas rurales de Chimborazo y Cotopaxi, a quienes les habrían ofrecido estudios en Argentina y México y pagos mensuales, de 400 dólares, a sus familias en Ecuador. La Policía tiene imágenes de Ernesto F. en esos encuentros. Pero su abogado explica que el procesado tenía estas reuniones en centros comunitarios, pero que no hubo engaños. Para el defensor, existe una criminalización de la protesta.

Para el presunto reclutamiento se apoyaron, dice la Policía, de Carlos C. y Silverio G., quienes viven en Guamote y son líderes indígenas de sus comunidades. En la audiencia de formulación de cargos, Almeida contó que la jueza pidió a Carlos C. y Silverio G. que presentaran un “certificado” que avale su auto calificación como indígenas, algo que su abogado consideró como inaudito.

De acuerdo a la orden de allanamiento, las personas captadas eran trasladadas a Quito y hospedadas en una casa, ubicada en San Roque, que pertenece a los guevaristas. Pero Alejandro Santamaría, vocero del Movimiento, niega esa versión. Sostiene que en esa casa tenían un club de artes marciales, había un centro de psicología, una cocina popular y una biblioteca. La llaman la Casa Popular de Trabajo San Roque.

Este 25 de mayo, en las afueras del Centro de Detención Provisional de El Inca, familiares de los seis detenidos hombres esperaban noticias sobre su estado. Foto: Luis Argüello. PlanV

Esa casa fue una de las allanadas. De allí, la Policía se llevó libros escritos por Ernesto F., banderas, tambores y aceite de motor que estaban en una bodega. También se incautaron los escudos, de color rojo y negro, que llevan un martillo y una hoz amarilla, que es símbolo de la lucha proletaria, dice Santamaría. Con estos escudos salían a las marchas. El Movimiento no tiene acceso a esa casa porque la Policía cambió el candado.

En Quito, según la Policía, Gabriela G. era supuestamente la encargada de entregar los pasajes aéreos. Pero también, aseguran las autoridades, los llevaban por vía terrestre hasta Bogotá, y luego hasta el departamento de Arauca, donde se ubica la disidencia de las FARC conocida como la Segunda Marquetalia, cuyo líder es Iván Márquez.

El abogado Almeida dice que en el proceso demostrarán que los pasajes que compró Gabriela G. fueron para un festival de cine en Bogotá. “La Policía hace afirmaciones y las da por hecho. Para ellos si una persona está comiendo en un restaurante con otra significa que están tramando algo”, dice el jurista. Sostiene que para llegar a Arauca, frontera con Venezuela, es necesario pasar ‘media Colombia’. “Una persona que pasa media Colombia es por su voluntad, no es que le obliguen a caminar. En cualquier lugar se podía salir. Si le dicen que van a Argentina, que queda en el sur, y esa persona se dirige al norte, esa persona se fue por su propia voluntad o la Policía está mintiendo y está realizando un montaje”.

Ese trayecto lo hacían en compañía, según la Policía, de Juan Carlos B. Otros detenidos son Alexis M. y Nelly Y., a quienes los acusan también de cruzar a Colombia con personas captadas. Alexis M. tiene síndrome de Marfan, que afecta su vista y corazón. Mientras que Nelly Y. tiene bipolaridad y es madre de una niña que tiene epilepsia. La menor tuvo tres ataques el día del allanamiento, contó Almeida a PlanV.

La Policía ha hecho seguimientos e intervenido los teléfonos. El abogado Almeida recuerda que en la audiencia el fiscal Toainga mencionó uno de esas conversiones donde se habla que hay ‘15 HP’, que supuestamente sería el número de personas captadas. La Policía sostiene que en la frontera colombo-venezolana eran trasladados hasta el campamento de ‘El Paisa’, uno de los jefes de la Segunda Marquetalia. Pero reconoce que no todos fueron obligados.

“Se ha logrado constatar el traslado de 18 ciudadanos ecuatorianos a entrenarse paramilitarmente en las filas de la Segunda Marquetalia, de los cuales 14 ya han regresado al país y 4 se encontrarían en territorio colombo-venezolano”, dicen fuentes de Inteligencia.

Después de la muerte ‘El Paisa’, los ecuatorianos habrían retornado para replicar una guerrilla en el país, según los agentes. Y citan, como parte de esas actividades, la realización del Primer Congreso Nacional Guevarista que abordó la incursión del movimiento en la política, específicamente en las elecciones seccionales de 2023 para captar -según la Policía- figuras “que les protejan mientras solidifican sus intenciones de conformar células subversivas”.

Foto: Facebook Movimiento Guevarista

Esto lo refuta Santamaría quien sostiene que en ese Congreso acordaron apoyar a algunos de sus miembros que se iban a lanzar sobre todo a dignidades como las Juntas Parroquiales porque son personas de base. Su intención, dijo, no era llegar a un municipio. Ese congreso se realizó en abril pasado y asistieron más de 100 personas. En su página de Facebook están las conclusiones de esa cita como “avanzar a pasos firmes hacia la construcción del Partido Revolucionario del pueblo ecuatoriano”.

La orden de allanamiento describe al Movimiento Guevarista Tierra y Libertad como un grupo que tiene como referentes en sus redes sociales a grupos disidentes de las FARC y resalta su lema “lucha de los pueblos del Ecuador por su liberación”.

Santamaría explica que la ideología del movimiento es el marxismo y leninismo, que busca una alternativa al capitalismo. Por eso su enfoque está en los sectores populares y considera que existe una persecución política contra Ernesto F., el más visible del Movimiento, que ha participado en marchas. “Es un movimiento político que no tiene un solo acto delincuencial en el país ni acto armado. Ha salido a las manifestaciones como lo hizo la Conaie, el FUT, los maestros”, dice Almeida.

Miembros del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad sostienen que todas sus actividades han sido públicas y que ahora existe una persecución en su contra. En la imagen, una de sus asambleas el 28 de diciembre del 2019. Foto: Portal Infórmate Pueblo

La investigación de las autoridades inició en octubre de 2019 y le ha tomado tres años llegar a las detenciones. En ese momento, según la Policía, el Movimiento Guevarista se hizo visible y se “caracterizó por sus acciones violentas” contra la fuerza pública.

Santamaría cree que por el nombre de la agrupación ha sido “satanizada” sobre todo después de las declaraciones de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, cuando señaló a los guevaristas por supuestamente haber generado actos de violencia durante de la marcha de movimientos sociales en Quito, el 26 de octubre del año pasado. “Somos el chivo expiatorio para aparentar que se quiere poner en orden en un contexto de alta inseguridad”, dijo el activista.

“Es una falacia el que este movimiento haya empezado en octubre de 2019. Tiene muchos años”, dijo por su parte Claudia, hermana de Gabriela G.

Un testimonio que sale desde Colombia

En la orden de detención se menciona el testimonio de una presunta víctima de ese grupo. Es un padre que habría sido captado junto a su hija y cuñado con “engaños de capacitaciones” remuneradas en Argentina. Dijo que el movimiento habría pagado el pago de su movilización y alimentación.

Justamente el testimonio de la hija fue difundido el pasado fin de semana en la revista colombiana Semana. El artículo dice que la joven huyó del campamento de Iván Márquez, máximo líder de la Segunda Marquetalia, junto con su novio. “Luego de una travesía de más de dos días pasó la frontera y terminó en Vichada, donde se entregó a las autoridades, decidió buscar protección y convertirse en testigo”.

En ese momento, ella contó sobre cómo ocurrió la muerte de ‘El Paisa’, pues ella fue testigo. Ella dijo que escucharon una fuerte detonación, de una bomba, y cuando fueron a ver qué ocurría a orillas del río encontraron el cuerpo del guerrillero.

¿Cómo llegó la ecuatoriana a ese campamento? La revista citó su relato: “Eso fue para el 21 de septiembre de 2021, yo me encontraba en Ecuador, junto a mi papá, cuando a mi papá le escribió un político de allá de los Tapinas, una comunidad de Guamote. Él le dijo que quería enviar a personas para estudiar en Argentina, y mi papá le habló de mí. Como yo ya había acabado el bachillerato, el señor le dijo que sí. Mi papá viajó un domingo por tierra para la ciudad de Bogotá, y de ahí nos íbamos a reunir todos para viajar a Argentina, para estudiar seis meses en la universidad, después nos regresaban”.

La idea de Márquez, según la publicación, era expandir su disidencia en países como Ecuador y otros para crear una guerrilla latinoamericana. Pero en el caso de Quito su orientación sería más urbana. Para financiarse, según la Policía, habrían planificado supuestamente el secuestro de empresarios.

Todos los involucrados ecuatorianos niegan estos cargos. El abogado Almeida afirma que la joven se habría ido a un festival a Bogotá y allí se habría ido con un supuesto guerrillero. El padre de ella es un dirigente indígena al que muy difícilmente lo habrían engañado, según el defensor. Los tres son testigos protegidos y rindieron sus versiones en este caso.