Once personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi, su hermano Esteban y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores, enfrentan un juicio por supuesta delincuencia organizada desde el pasado lunes, 4 de abril. Según la Fiscalía, entre 2017 y 2020, se habría conformado un grupo estructurado de trece personas (dos están prófugos), entre funcionarios de alto nivel de instituciones como la Contraloría, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia, y personas particulares que tenían relación familiar o de amistad, siendo los líderes de este grupo Celi y Flores.

Su propósito, según la fiscal Diana Salazar, habría sido obtener un beneficio económico proveniente del 20% del pago de una factura de 20,3 millones de dólares que Petroecuador adeudaba a la empresa NoLimit por concepto de entregables adicionales. Para ello hubo reuniones en Ecuador y Estados Unidos, donde otras dos personas ya fueron sentenciadas. Además, los acusa de haber obtenido beneficios por el desvanecimiento de glosas en la Contraloría.

Pero las defensas de los procesados, en sus alegatos de apertura, coincidieron en dirigir sus cuestionamientos contra NoLimit y a sus socios, pues aseguraron que la empresa tendría presuntamente un largo historial de ‘coimas’ para quedarse con contratos del Estado. Afirmaron que esto lo probarán en la audiencia. Estos son sus principales argumentos.

Pablo Celi. Su abogado Marcelo Ron insistió en que existe una persecución por parte de la Fiscalía contra su cliente, primero como Contralor y ahora como persona natural. Además, aseguró que existe un abuso del derecho cuando la Fiscalía aplica un tipo penal equivocado. Dijo que el artículo 369, referente a delincuencia organizada, se encuentra en el capítulo del COIP sobre el terrorismo y su financiación. Mientras que los hechos por los que acusa la Fiscalía tienen que ver con delitos relacionados con corrupción en la función pública.

Adelantó que la fiscal Salazar no podrá demostrar la participación de Celi en los hechos y que se lo acusa por acciones de terceras personas, con las que no tiene relación. Afirmó que Celi no ha dado instrucciones ni autorizaciones para que usen su nombre. Agregó que demostrará que Celi no ha tenido ninguna influencia en los pagos realizados por Petroecuador a la empresa NoLimit.

Según el abogado, el desvanecimiento de las glosas no tiene relación con el pago y el cumplimiento de obligaciones por parte de Petroecuador con la empresa NoLimit. Aunque las glosas existieron y su desvanecimiento, Petroecuador no tenía ninguna prohibición legal ni contractual para que se realicen los pagos a los que se ha referido la Fiscalía. Dijo además que no existen cuentas, transacciones, inversiones o bienes a nombre de los hermanos Celi.

El jurista aseguró que no hubo una concertación ni participación en la supuesta estructura por parte del excontralor. Celi no fue superior de ninguna de las personas procesadas ni tuvo súbditos, agregó. No hay un chat en el que haya participado, según Ron.

“¿No serán los verdaderos líderes de esta delincuencia los señores de NoLimit? Porque ellos son los que vienen con una trayectoria en Petroecuador, donde ya venían coimando”, sostuvo el abogado. “¿No será que son los verdaderos líderes y sus directivos y sus socios?”, insistió. El jurista dijo que ellos son los que comenzaron los contactos con Raúl de la Torre para que realice las gestiones. Según él, ellos fueron los que comenzaron a utilizar el nombre de algunos funcionarios públicos para sus fines.

Pablo Flores. Su defensa relató que la Fiscalía sostiene su acusación por delincuencia organizada en dos hechos. El primero sucedió en mayo de 2017 y acusa a la Contraloría de un supuesto soborno de NoLimit para el desvanecimiento de glosas. El segundo hecho ocurrió en 2019 y acusa a Petroecuador y a NoLimit por un intento de soborno para el pago de una factura por 20,3 millones. Desde 2013 a 2017, dijo el jurista, la empresa supuestamente habría sobornado a varios funcionarios públicos para quedarse con contratos. Cuestionó que ni los accionistas ni su representante legal ni la empresa como persona jurídica hayan sido acusados por la Fiscalía. “Está garantizada la impunidad”, manifestó.

Afirmó que existen dos hechos inconexos en cuanto a los acusados. Pero sí hay una conexión por la participación de Roberto Barrera y Raúl de la Torre, a quienes llamó “dos corruptos confesos”. Según la defensa de Flores, Barrera y De la Torre supuestamente se tomaban el nombre de varias autoridades para recibir pagos en diversas instituciones, entre ellas Petroecuador y la Contraloría. Y mencionó a José Luis de la Paz, socio de NoLimit, como otro de sus presuntos colaboradores. Las acusaciones de la Fiscalía, dijo, se sustenta en los chats de los tres. Agregó que la gerencia en Petroecuador fue el único cargo público de Flores.

Según su defensa, Flores no tenía la competencia para la gestión y aprobación del pago de planillas de Petroecuador. Sostuvo que siempre hubo una mala relación entre Flores y De La Torre, que lo quiso desvincular de Petroecuador, pero fue presionado desde la Presidencia de la República para mantenerlo en el cargo. En los testimonios anticipados, agregó, se impidió hacer preguntas para demostrar que se tomaban nombres de funcionarios públicos bajo el argumento de que eran hechos ajenos a este caso. Aseguró que ellos pedían dinero a nombre del Presidente de la Asamblea, ministros de Estado, del secretario general de la Presidencia, del asesor del Presidente de la República, etc.

Afirmó que sí se pagó la factura de 20,3 millones, pero no se consumó el pago por la coima del 20% de ese valor, que eran cuatro millones.

La sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia ha lucido llena en los días del juicio con la presencia de abogados y procesados.

Esteban Celi. Su defensa asegura que algunas personas han sido procesadas de manera injusta y acusó a NoLimit. “Venía desde hace rato pagando coimas en el extranjero, por eso está preso el señor (Marcelo) Reyes (exdirectivo de Petroecuador)”. Dijo que, tras la detención de dos personas en EEUU, la justicia norteamericana remitió al Ecuador documentación que sustenta la acusación de la Fiscalía. Pero en el caso de Esteban Celi no existen mensajes, ni correos, fotografías contra él, dijo el abogado. Aseguró que los testimonios que tiene la Fiscalía al ser contrastados con lo que existe no dejarán de ser “presunciones”. Agregó que no puede ser acusado por haber sido familiar de Raúl de la Torre, que fue sentenciado en EEUU, en 2019, por el delito de conspiración para lavado de activos.

Luis Adolfo Agusto Briones y Andrés Luque Cervantes. Comparten el mismo abogado. Su defensa negó su participación en el desvanecimiento de glosas y la existencia de una relación comercial o de negocios con NoLimit. “Son dos colaboradores sin colaboración”, dijo. Según la Fiscalía, Luque habría facilitado el número de cuenta de una compañía panameña, pero su defensor sostiene que jamás habrá evidencia de eso. Adelantó que en esos supuestos pagos por las glosas no intervienen porque no han sido funcionarios de las entidades relacionadas. Asegura que ninguno de sus clientes conoce al resto de los procesados.

Martha Barrezueta. La Fiscalía afirma que ella fue quien entregó los 40.000 dólares a Flores. Su defensa asegura que Barrezueta desconocía el origen del dinero que entregó. Es esposa de Roberto Barrera y según su abogado desde el 2009 se encargó de los asuntos financieros familiares. Por eso recibía instrucciones de su cónyuge para recibir o entregar dinero. Dijo que la acusación de la Fiscalía se fundamenta en chats que, en su opinión, fueron descontextualizados.

Natalia Cárdenas. Fue exfuncionaria de Petroecuador. Su defensa aseguró que no recibió un solo dólar del 20% de comisión de un contrato. Si hay algún acto delictivo son actos “personalísimos” de quienes se reunieron en EEUU, sostuvo su abogado. Agregó que no hay comunicaciones ni mensajes desde su teléfono con los involucrados. Asegura que se tomaron su nombre y apellido en conversaciones que no participó.

Este miércoles, 6 de abril, la Fiscalía inició la presentación de su prueba. Arrancó con el testimonio anticipado de Raúl de la Torres.

Daniel Orellana. Fue gerente de Refinación en Petroecuador. Su defensa aseguró que cumplió sus funciones, como aprobar el informe del administrador del contrato, que cumplió los requisitos de ley. Él no autorizaba pagos, según su abogada. En estos intervienen el administrador del contrato, los integrantes del departamento de cuentas por pagar y el Departamento Financiero de Petroecuador. Su defensa asegura que el pago de la factura por 20,3 millones no se tramitó en tres días como aseguró la Fiscalía, sino que se demoró un mes y medio.