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21 de Marzo del 2024
Historias
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21 de Marzo del 2024
Redacción Plan V
Las claves de la sentencia que busca detener el abuso de las acciones de protección
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La Corte Constitucional reguló las acciones de protección.  Foto: Luis Argüello / Archivo PlanV

 

La Corte Constitucional avanza en evitar los abusos de abogados que plantean acciones de protección constitucional para beneficiar a criminales sentenciados. ¿Cómo empata esto con la consulta popular de Daniel Noboa?

Una reciente sentencia de la Corte Constitucional es clave para combatir los abusos de abogados que plantean acciones de protección para beneficiar a criminales condenados, alegando motivos de salud o extendiendo el beneficio a otras personas.

La corrupción entre los jueces del interior del país, en especial, en provincias como Guayas, Santo Domingo y Manabí, ha sido puesto en evidencia en las últimas semanas, cuando se pudo conocer cómo varios jueces beneficiaban a peligrosos capos de la mafia con sentencia que se obtenían a cambio de sobornos en dinero y en especies.

El pasado 28 de febrero de 2024, la Corte aprobó la sentencia constitucional 12-23-JC/24 en donde analizó cuatro autos que resolvieron medidas cautelares constitucionales autónomas concedidas a favor de sendas personas privadas de la libertad.

En por lo menos dos casos de los analizados, se alegaba que personas que portan el  VIH no estaban recibiendo atención médica oportuna, mientras que en otro se trataba de un caso de obesidad mórbida.

Sin embargo, las medidas fueron extendidas a otras personas, mientras también de benefició de una de acciones el ex vicepresidente Jorge Glas, aunque dicha medida fue revocada antes del pronunciamiento de la Corte, por lo que no tuvo efecto sobre el ex vicepresidente. Las demandas fueron presentadas en contra del SNAI, para lograr la liberación de los presos. 

En todos los casos, la Corte determinó que aunque habían sido concedidas, lo fueron violando expresamente una prohibición que ya está establecida en el artículo 27 inciso tercero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional  que prohíbe que ese recurso se aplique para impedir la ejecución de órdenes judiciales. 

Además, el beneficio fue extendido a casos supuestamente similares que no lo habían pedido, en algo que en derecho se conoce como efecto inter comunis,  que no procede en las medidas cautelares constitucionales.

La Corte explicó quién tiene la competencia para conocer este tipo de medidas, algo que se encontraba en una especie de limbo legal que permitía que se presenten estas acciones ante jueces de cualquier rincón del país en donde se han encontrado actos de corrupción. Para la Corte, hay que aplicar la regla de competencia prevista en el artículo 86 numeral 2 de la Constitución  y de los artículos 7 y 32 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la o el juez competente en razón del territorio debe ser siempre aquel del lugar en el que se origina por acción u omisión la amenaza de vulneración a derechos constitucionales o donde se producirían sus efectos, lo que en teoría evitaría el abuso de estos recursos por parte de abogados de otras jurisdicciones. 

La Corte explicó también que el mecanismo más efectivo para evitar que una medida cautelar constitucional autónoma siga vigente en forma indefinida, es la revocatoria, por lo que dijo que las solicitudes de revocatoria de una medida cautelar constitucional deben ser resueltas a la brevedad posible y sin dilaciones indebidas.

Además de aclarar algunas estas dudas, la Corte consideró que el ex juez Edison Curipallo, actualmente preso en Quito en el marco de la indagatoria del caso Metástasis, habría actuado de firma dolosa, por lo que pidió al Consejo de la Judicatura que inicie un sumario administrativo. Además, no descartó que en los casos analizados todos los jueces hayan cometido prevaricato, por lo que pidió a la Fiscalía investigar.

También se pidió a la Judicatura investigar a los abogados que presentaron estos recursos por un posible abuso del derecho.  La Corte estableció también que las reglas jurisprudenciales emitidas en esta sentencia se aplican a los casos bajo revisión y a casos concretos idénticos o similares en el futuro.

Pero, ¿cuáles son las claves para entender esta sentencia? El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, Salim Zaidán, nos ayuda a entenderlo menor.

Salim Zaidán es experto en derecho constitucional  . Foto: PlanV

1 • Las acciones constitucionales autónomas no pueden ser usadas para eludir las condenas: se deben presentar los habeas corpus

Según explica Zaidán, esto significa que, por ejemplo, una condena por homicidio no puede ser interrumpida por la presentación de una acción constitucional, aunque se esté alegando el derecho a la salud del preso. Pero, desde luego, un privado de la libertad sí puede reclamar por su derecho a la salud, como sería el caso de los dos pacientes de VIH, pero por medio de otro tipo de acción, el habeas corpus correctivo, que deberá ser justificado. El catedrático explica que en las medidas cautelares no es necesario presentar prueba, lo que significaba que se presentaban este tipo de acciones sin ningún respaldo. "Lo que significa esta decisión de la Corte es que si un abogado quiere defender a alguien que ha sufrido vulneraciones a su derecho a la salud, deberá presentar un habeas corpus ante la justicia ordinaria y no una medida cautelar", sostiene. Esto ya constaba en el artículo 27 de la Ley de Control Constitucional, por lo que la Corte lo reitera tanto a los abogados cuando a los jueces. 

2 • La revocatoria de esta sentencia no modificó la situación de Jorge Glas

Zaidán explica que, a pesar de lo que se llegó a publicar en un principio, no se modificó en esta sentencia la situación del ex vicepresidente Jorge Glas, pues el beneficio que le había sido extendido ya fue revocado antes. 

3 • No se puede extender los efectos de estas acciones a quienes no los demandaron: el efecto inter comunis

La Corte estableció que no es posible aplicar el efecto inter comunis, es decir extender los efectos de una acción de protección a quienes no demandaron, como ocurrió el caso de Jorge Glas. Las decisiones estaban beneficiando a otras personas, por lo que la Corte dejó claro que eso ya no aplicará en el futuro. Zaidán recordó que en el caso de Manglaralto, una ciudadana presentó una demanda a favor de Glas, en una figura que se conoce como "acción popular" algo que no ha sido regulado en esta ocasión por la Corte Constitucional. "Ese es un problema, pues utilizan a ciudadanos preocupados por otras personas cuando realmente son emisarios de alguien involucrado en un actividad delictiva", explica Zaidán.

Jorge Glas ha presentado un sin número de recursos legales.Foto: Archivo Diario Expreso

4 • La dura advertencia a los abogados

La Corte ha advertido también, destaca Zaidán, que la Corte ha hecho una clara advertencia a los abogados para que respeten estos criterios y desistan de presentar este tipo de acciones, pues de hacerlo incurrirán claramente en el abuso del derecho. El catedrático explica que los abogados pueden recibir sanciones por el abuso del derecho, cuando intenten obstaculizar sentencias por medio de acciones de protección. Los jueces también reciben una clara advertencia para rechazar estas acciones.

5 • Los jueces constitucionales también pueden ser procesados por prevaricato

Zaidán recuerda que la Corte Constitucional presidida por el ex juez Patricio Pazmiño, había instalado el criterio de que los jueces que resuelven garantías constitucionales no cometen prevaricato, por lo que se facilitaba que los magistrados emitan sentencias cuestionables sin ninguna sanción. La actual Corte se apartó de ese criterio y envió a la Fiscalía los expedientes para que se determine si hubo o no prevaricato. 

6 • ¿Cómo empata la sentencia de la Corte Constitucional con la consulta popular de Noboa?

El catedrático explica que en la Constituyente de 2008, cuando estableció este régimen de acceso a la justicia constitucional, dejó una serie de vacíos que recién en la actualidad se están corrigiendo. En la actualidad, una de las preguntas de la próxima consulta popular propone que haya jueces constitucionales, que tengan una especialización en derecho constitucional. "Esa sería una forma de profesionalizar a los jueces, y se evitaría que ocurra lo que pasa en la actualidad, que cualquier juez de cualquier materia y en cualquier lugar resuelva sobre garantías constitucionales". El ex presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, había planteado un esquema similar, un tema que de aceptarse en la consulta popular podría contribuir a mejorar el sistema de justicia constitucional, concluyó Zaidán. 

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