El quinquenio 2019-2024 ha sido un cruce en el desierto para la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el Consejo de la Judicatura (CJ) y los jueces nacionales y conjueces. Ha sido un periodo de inestabilidad, pues la crisis de la CNJ ha venido de la mano de las crisis sucesivas en el Consejo de la Judicatura, organismo encargado de organizar el concurso y nombrar los jueces nacionales. Cinco años de fracaso, pues luego del proceso que culminó en noviembre del 2019, con la renovación del Pleno de la CNJ se esperaba la consolidación del mismo. Luego de las decisiones del CJ Transitorio, dirigido por el Dr. Julio César Trujillo, se dieron los cambios más dramáticos para el máximo organismo judicial del país.  En el camino ha ocurrido todo lo contrario a la estabilidad. En este proceso, la CNJ se convirtió en una colcha de retazos, con apenas 11 jueces titulares (de 21). El nuevo concurso pretente nombrar 10 jueces titulares y 15 conjueces que, si se concreta, tendrían un periodo de nueve años cada uno. 

Para variar, este nuevo concurso está en problemas, siguiendo la tradición de los últimos cinco años. Apenas se publicaron los resultados de las llamadas pruebas de confianza en el proceso, tres paricipantes, que no pasaron la prueba, presentaron un recurso judicial para detener el proceso y para que se les garantice continuidad en el mismo. Pero el golpe más fuerte vino de la Fiscalía General, cuando la noche del 25 de julio agentes de la Policía ejecutaron un operativo de allanamientos como parte de una presunta concusión que involucró a funcionarios de la Judicatura, que habrían exigido dinero para favorecer a postulantes en la selección de los jueces nacionales. Los allanamientos fueron simultáneos en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Azuay y fueron realizados por la Unidad Selecta de Transparencia. El operativo fue parte de la investigación de una denuncia presentada por el entonces presidente del CJ, Álvaro Román, por una denuncia anónima sobre estos presuntos cobros. En redes sociales, Román declaró que “felicito a la fiscalía general que producto de una denuncia de la Dirección de Transparencia, que se hizo oportunamente. Han realizado las investigaciones. Estos funcionarios en su mayoría fueron desvinculados en mi gestión. Siempre se hizo una gestión con transparencia”.

Mario Godoy, flamante presidente del CJ y los demás vocales ratificaron en un comunicado oficial la continuidad del proceso de selección de jueces nacionales. Es más, 70 postulantes que continuaban en liza dieron las pruebas de conocimiento el sábado 27 de julio. Pero ya se escucharon voces interesadas en que se eche abajo el concurso, por las supuestas irregularidades que investiga la Fiscalía General.

¿Por qué llegó la Corte Nacional a este estado de precaridad? El presidente (encargado) de la CNJ, Dr. José Suing, dijo a Plan V que es muy difícil conformar tribunales para las distintas causas. Algunos magistrados  incluso se niegan a conformar tribunales penales para evacuar los recursos de casación, otros jueces han sido procesados y el desgrane de jueces y conjueces titulares ha sido compensado a través de conjueces temporales captados de las Cortes Provinciales. Los jueces de la CNJ conocen al momento 11 casos de fuero, es decir donde están procesados altas autoridades del Estado o ex autoridades. Pero la Corte no tiene un solo juez penal titular, solo encargados, y es la Judicatura la que provee los jueces suplentes para integrar los tribunales de la Corte Nacional. Se da el caso de que los dos únicos conjueces penales están en la Sala de Civil y se niegan a integrar las Salas de lo Penal y la norma les permite no cambiarse. La actitud pasiva y hasta sumisa del juez Inga, que no es un juez de lo Penal, ante los aspavientos y acciones irrespetuosas del procesado Wilman Terán se explica en la Corte por esa circunstancia, precisamente, aunque no se justifica. 

Otros jueces nacionales, supo Plan V, están "en la mira" de la Fiscalía General, y si la entidad los procesa, el déficit será aún mayor. Hasta el cargo del propio presidente de la CNJ estaría en riesgo, pues se podría intentar reemplazarlo con alguna medida disciplinaria para que asuma la presidenta subrogante, si es que la Judicatura así se lo propone. 

Mucha de esta inestabilidad tiene que ver con la similar situación del Consejo de la Judicatura, que desde el 2019 ha tenido nada menos que 16 conformaciones distintas. Mario Godoy es su quinto presidente. Godoy fue el reemplazo del tercero de la terna enviada por el presidente de la CNJ para que el CPCCS escogiera al presidente del CJ. Según versión de una alta fuente de la CNJ, el presidente de la República había recomendado a una jurista para ser parte de la terna y esperaba que esta fuera nombrada presidenta, pero el presidente de la Corte consideraba que no tenía el perfil ideal para presidir la Judicatura, así que se opuso. Entonces Noboa Azín habría pedido un cupo en la terna y envió a Hugo Landívar. Este abogado tenía una vinculación política: director del movimiento de gobierno ADN. Así que la Presidencia envió su reemplazo: Godoy, que desde el principio fue el "candidato del oficialismo" a dirigir el CJ. Su misión central, al parecer, es culminar el concurso para jueces y conjueces titulares de la Corte Nacional, que tiene en sus manos casos como Metástasis, Purga, Plaga, Sobornos, Reconstrucción de Manabí, entre otros. 

Pero esa es la historia reciente. La anterior tiene cinco años de Resoluciones provenientes del CJ sobre los concursos para la CNJ. Estas han sido polémicas, y juntas muestran una crónica del fracaso de la gobernanza de la justicia ecuatoriana. Un investigación documental de Plan V muestra este fallido proceso.

Las resoluciones de una administración sin rumbo

Son más de 15 resoluciones del Consejo de la Judicatura, que han impactado en la conformación de la Corte Nacional de Justicia hasta convertirla en una colcha de retazos.

Con la Resolución 187-2019, el 15 de noviembre del 2019, el Consejo de la Judicatura declaró concluido el proceso de Evaluación integral a jueces y conjueces de la C orte Nacional de Justicia. Con eso se iniciaba la “descorreización” de la administración de justicia, empezando por el máximo tribunal del país. Apenas siete jueces superaron la evaluación, en orden de mayor a menor puntaje: Paulina Aguirre Suárez, Iván Saquicela Rodas, María Heredia Yerovi, Marco Rodríguez Ruiz, Betty Muñoz Subía, Daniella Camacho Herold y Álvaro Ojeda Hidalgo. También seis conjueces superaron la evaluación: Adolfo Secaira Durango, Roberto Guzmán Castañeda, Rodrigo Largo Ortuño, Alejandro Arteaga García, David Jacho Chicaiza y Wilman Terán Carrillo.

Con la evaluación se removieron a 9 jueces y 10 conjueces por no alcanzar el puntaje requerido. Un juez y una conjueza renunciaron antes de finalizar la evaluación: Merck Benavides Benalcázar y Janeth Santamaría Acurio. Y dos jueces nacionales fueron destituidos por el CJ previamente por faltas disciplinarias: Luis Villacrés y Édgar Flores Mier.

Esa Resolución del CJ fue firmada por su presidenta María del Carmen Maldonado y los vocales Fausto Murillo Fierro, Juan José Morillo y Ruth Barreno Velín.

En total salieron 12 jueces y 11 conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que debe tener 21 jueces titulares.

En la subsiguiente Resolución 188-2019, el Pleno del CJ declaró que con la salida de los jueces y conjueces se había presentado vacantes y una crisis en la administración de justicia,  se tenía la necesidad de tener nuevos conjueces temporales que reemplacen a los salientes y resolvió que el mismo CJ designaría a los conjueces temporales, que provendrían de las Cortes Provinciales.

A fines de noviembre del 2019, con la Resolución 197-2019, el CJ incorporó a 26 conjueces y conjuezas temporales.

En mayo del 2020, con la Resolución 055-2020, el CJ emitió el reglamento para la elección y designación de los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia.

Con la Resolución 135-2020 se conformó el comité especializado de profesionales para iniciar el concurso público para jueces de la CNJ. Se designaron 15 titulares y cinco suplentes, provenientes de universidades, abogados en libre ejercicio, ex jueces nacionales y representantes de organizaciones. Este Comité tenía la responsabilidad de “asistir técnicamente en la elaboración de los bancos de casos del concurso según la materia de especialización y de aplicar la sub-fase de prueba práctica a las y los postulantes, así como también se encargará de llenar y subir a la plataforma tecnológica las rúbricas con los resultados de cada postulante”.

El 28 de enero del 2021, el CJ emitió la Resolución 008-2021 por la cual se designaron nueve jueces y dos conjueces como ganadores del Concurso Público. Se nombraron por periodos a tres jueces para nueve años como jueces nacionales, que fueron: Alejandro Arteaga García, Enrique Velásquez Díaz y Enma Teresita Tapia Rivera. Para seis años fueron dos: Felipe Córdova Ochoa y Gilda Morales Ordóñez y a cuatro jueces para tres años: Byron Guillén Zambrano, Walter Macías Fernández, Luis Ribera Velasco y Fabián Racines Garrido. También ganaron dos conjueces, para nueve años: Luis Rojas Calle  y Mercedez Aldaz Caicedo. 

Desde esa fecha, salieron conjueces por diversas razones personales, que fueron reemplazados por conjueces temporales. Para ello, los conjueces elegidos llegaron a reemplazar a jueces que terminaron su periodo y debían salir por ello o por otras razones.

Para junio del 2023 Wilman Terán Carrillo era ya presidente del Consejo de la Judicatura, nominado en la terna enviada por Iván Saquicela, presidente de la CNJ, al Consejo de Participación. También se habia incorporado al CJ el vocal Xavier Muñoz, delegado del presidente de la Rúpública a quién el entonces presidente Guillermo Lasso desconoció públicamente. Muñoz hizo caso omiso de esa declaración.

Ese CJ emitió la Resolución 098-2023, el 6 de junio, con la cual declaraba la necesidad “extraordinaria y emergente en la Corte Nacional de Justicia” de contar con conjueces temporales, que se tomaron del banco de elegibles del concurso del 2021. Se hizo una selección directa por parte del Pleno del CJ. Nuevamente se tomaron jueces de las Cortes Provinciales y de los tribunales Contencioso Administrativo y Tributario.

Pero varias semanas después con la Resolución 117-2023, del 24 de julio de 2023, suscrito por Wilman Terán, se inició el concurso de méritos y oposición, impugnación y control social para jueces de la CNJ. De acuerdo al cronograma, este concurso debía terminar en enero del 2024.

Mientras se daba este proceso, el 5 de septiembre de ese año, el presidente Terán dio un “golpe administrativo” a la Corte Nacional de Justicia, y con el doble voto suyo (el de vocal y de presidente del CJ) y del vocal Xavier Muñoz (es decir, dos de cinco vocales tuvieron tres votos) reformaron el artículo 3 de la Resolución 008-2021 del CJ  y resolvieron modificar los periodos para los jueces de la Corte Nacional. Así, los que fueron nombrados para tres y seis años, pasaron a tener nueve años, hasta el 2030, como jueces titulares de la CNJ.

Esta medida favoreció a seis jueces y juezas nacionales y en una nueva resolución, la 197, se nombró a Fabián Racines como juez nacional para un periodo de tres años. Resolución, así mismo tomada por dos vocales que hicieron mayoría de tres de cinco vocales, de los cuales tres no votaron.

En diciembre del 2023, el caso Metástasis denunciado por la Fiscalía General significó un revolcón en la Función Judicial. Uno de sus efectos fue el allanamiento del domicilio y la detención del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, el 14 de diciembre, lo que significó su salida del CJ y reemplazo como presidente por parte del Dr. Álvaro Román. 

Ya con Román, el CJ emitió la Resolución 009-2024, del 18 de enero de 2024, con la cual el Pleno declaró la “nulidad insanable total” del concurso público para tener nuevos jueces y derogó la Resolución 117-2023 y otras siete relacionadas con el concurso en mención, expedidas durante el mandado de Wilman Terán.

Este CJ estaba conformado por Álvaro Román, Fausto Murillo Fierro y Yolanda Yupangui.

El 28 de enero del 2024 fueron cesados cuatro jueces que habían terminado su periodo de acuerdo a la designación realizada en la Resolución 008-2021, cuyo tiempo correspondía a tres años. Mientras tanto, varios conjueces asumieron la responsabilidad de los Despachos de jueces faltantes. Y se requieren más conjueces temporales para cubrir los vacíos dejados. Para este punto, la Corte Nacional de Justicia cuenta con 11 jueces titulares.

Con la Resolución 017-2024, del 29 de enero de 2024, se declaró la necesidad imperante y emergente de contar con conjueces temporales para cubrir los vacíos dejados con la salida de los jueces cesados.

El 21 de marzo de 2024, con la Resolución 066-2024, se inició un nuevo concurso de méritos y oposición, impugnación y control social para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Un día después, el CJ nombró a ocho conjueces temporales. No todos aceptaron los cargos, sobre todo en materia penal.  Luego, han ingresado más conjueces para cubrir las necesidades de la Corte Nacional de Justicia y decidan asumir las responsabilidades de la misma de forma temporal. Para ello se expidieron tres resoluciones más.

Actualmente la CNJ se compone de: 11 jueces titulares, 10 jueces encargados  y 13 conjueces temporales.