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8 de Abril del 2022
Historias
Lectura: 18 minutos
8 de Abril del 2022
Juan Pablo Madrid-Malo Bohórquez
Cuatro años sin verdad: el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio
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En la Plaza Grande, familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra hicieron un plantón el 7 de abril. Estuvieron acompañados por la fundación Asfadec y familiares de desaparecidos. Fotos: Julia Chávez

 

El secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra es un punto de inflexión para el periodismo de Ecuador y en Colombia y un reclamo pendiente a ambos estados que han fallado en su deber de verdad y justicia. Un tablero al que le faltan fichas y en donde reina el silencio.


¿Por qué los asesinaron? ¿Qué ocurrió desde el momento del secuestro hasta el momento de su asesinato? ¿Por qué se frustó su liberación? - Estas son preguntas que están pendientes de resolver desde hace 4 años. Durante este tiempo sus familiares no han parado de exigirle a victimarios, y a los Estados de ambos países, dar información suficiente para aclarar lo que ocurrió con Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, el equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados en territorio colombiano por el Frente Oliver Sinisterra (FOS) de las disidencias de las FARC en zona fronteriza con Ecuador entre marzo y abril de 2018.

A pesar de haber dos condenas, el caso sigue sin resolverse. Ha faltado celeridad, transparencia y mayor claridad en la información sobre lo ocurrido - ¿Dónde fallaron las negociaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué el Estado colombiano negó haber adelantado operativos militares que los pusieron en riesgo y frustraron su liberación?. Este todavía es un relato lleno de versiones incompletas que entorpecen un ya muy difícil camino a la justicia.


Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paúl, al igual que las otrs dos familias, exige la desclasificación de los documentos relacionados con el caso.

Negociación para la liberación fallida y operaciones militares negadas por el Estado Colombiano

La información que se conoce sobre lo ocurrido entre el 26 de marzo, fecha del secuestro, y el 11 de abril, fecha en que el FOS anunció el asesinato, reposa en expedientes que el Estado ecuatoriano prometió a las familias desclasificar y no lo ha hecho. Un compromiso roto por el gobierno de Lenin Moreno y hasta el momento también por el de Guillermo Lasso, que no solo indigna a sus familiares que buscan verdad sino que incumplen la recomendación del equipo de seguimiento especial designado por la CIDH para el caso que en su informe final dijo: “aún queda pendiente que los Estados cumplan con debida diligencia con una serie de medidas de recopilación de información y desclasificación de documentos de forma sistemática, relativas a distintas esferas que rodean a los acontecimientos y que permitirían a los familiares hacerse una composición completa de los hechos”. (Informe final ESE, Num. 335).

Frente a esto Galo Ortega, padre de Javier, reclama aquello que buscan: “(...) sería la verdad de la investigación, qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo. Estas autoridades nos niegan cosas. A lo mejor no lo investigaron, no hicieron lo que tenían que hacer. Nos han dicho cosas que sí han hecho, pero dentro de la investigación no hay nada porque nos ofrecieron la desclasificación de la investigación, eso no lo tenemos. Al principio las autoridades ofrecieron tantas cosas, que no iba a quedar en el olvido. (...) Las autoridades no hicieron nada. Cada quien tapa, cada quien esconde. Se tapan entre ellos.”.

Aún hoy todavía no es claro quiénes, en qué niveles, estuvieron realmente involucrados en las negociaciones desde que el FOS, presumiblemente  su comandante: Walter Arizala, alias “Guacho”, contactó al mayor Zaldumbide Navia - que en ese entonces cumplía labores en San Lorenzo - para exigir el canje de los periodistas por disidentes presos en Ecuador. ¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta? ¿En qué momento se derrumbaron estas negociaciones a pesar de que se había dado luz verde para el canje? y por qué queda en el aire la sensación de que, en palabras de Ricardo Rivas, hermano de Paúl, “(...) el Estado dejó en indefensión a esos ciudadanos en la frontera. Es decir, no actuaron como debían hacerlo: salvaguardando la vida de ellos, la integridad de ellos. Entonces la pregunta es ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué pesó más la imagen de un país, como lo dijo el presidente Moreno, en el lado de Ecuador? ¿Es la imagen de un país, la dignidad de un país, sobre la vida de las personas? ¿Es eso realmente lo que pretende un Estado y no da la seguridad a la cual nosotros hacíamos referencia?”. Mientras familiares y colegas de la prensa pedían la liberación de los periodistas, las autoridades prefirieron el hermetismo. El apoyo y el respaldo que habían prometido altos cargos de ambos gobiernos se convirtió en algo opaco. Esta verdad, de nuevo, reposa en expedientes que las víctimas todavía no pueden ver.

¿Por qué la información que se le transmitía a las familias desde el comité de crisis creado para estos fines en Ecuador era incompleta?

Frente a esa negociación fallida es necesario un recuento de lo sucedido hace cuatro años para empezar a encajar las piezas de este rompecabezas. Hay evidencia que la comunicación entre el FOS y el Estado ecuatoriano se quebró días antes del asesinato del equipo, pero todavía es incierto si fueron los trámites burocráticos y judiciales en ese país los que lo frustraron y, por otra parte, el impacto real que pudieron tener los operativos que las fuerzas militares colombianas hicieron en la zona. Un primer episodio que alimenta las dudas ocurrió el 28 de marzo de 2018, dos días después del secuestro, cuando el periódico El Tiempo, de Bogotá, publicó un artículo en el que afirmó que los periodistas serían liberados aduciendo a altas fuentes en el Ministerio de Defensa colombiano. El exministro del interior ecuatoriano Cesar Navas, relata en el libro Rehenes ¿Por qué ejecutaron a los periodistas de El Comercio?, que Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa de Colombia se comunicó con su homólogo de Ecuador para iniciar los preparativos. Tan confiable era la información que el fiscal ecuatoriano, Christian Rivadaneira, se movilizó hasta San Lorenzo, en frontera colombo-ecuatoriana, para recibirlos. Sin embargo esa liberación nunca ocurrió, la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Defensa de Colombia se canceló sin explicación y todavía no es claro lo que pasó durante esos días, aunque hay versiones que indican que la cantada liberación se frustró por operativos militares adelantados en la zona por parte del Ejército de Colombia.

Así, el 11 de abril, fallidas las negociaciones con el Estado ecuatoriano, empezó a circular un panfleto firmado por el FOS en el que anunciaba el asesinato de Javier, Paúl y Efraín señalando que operaciones militares en el territorio habían sido determinantes para el desenlace. Ese mismo día el Ministerio de Defensa colombiano aprovechó para contestar sobre tales operaciones militares, desmarcándose de cualquier responsabilidad. Dijo Villegas: “Nuestra presencia en ese territorio de frontera territorio colombiano es de control territorial, no ha habido ni desembarcos, ni acciones especiales que no sean de conocimiento ni coordinación con las fuerzas armadas y policiales del Ecuador”.

A partir de una acción de tutela (1) contra el Ministerio, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio y volvió sobre la mesa la importancia de responder estas preguntas: ¿Por qué, sabiendo que los ponían en inminente riesgo, el Estado colombiano adelantó operaciones ofensivas contra el FOS, más si se estaba adelantado una negociación? ¿Por qué el Estado colombiano buscaba negar la existencia de tales operaciones militares? 

Frente a esto, es importante anotar que la Fiscalía ha omitido indagar en esta línea de investigación a pesar de que el equipo especial de seguimiento de la CIDH le recomendará lo contrario, señalando que la verdad sobre este asunto es una pieza clave de todo este rompecabezas.


La Plaza Grande ha sido la sede de protestas para exigir investigación y justicia para los desaparecidos del país.

A partir de una acción de tutela contra el Ministerio de Defensa, la FLIP logró comprobar que sí se llevaron a cabo operaciones militares ofensivas en territorios donde se encontraba el equipo de El Comercio.

Verdad incompleta y revictimización

Por otra parte, varias de las principales respuestas de lo que ocurrió con Javier, Paúl y Efraín las tienen, por supuesto, quienes el 26 de marzo de 2018 los secuestraron y posteriormente acabaron con su vida. Del comandante del FOS y máximo responsable del secuestro y asesinato del equipo, Walter Arizala, conocido como alias Guacho, no fue posible ninguna información pues fue abatido a finales de ese mismo año.

A día  de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’. En julio de 2018 se legalizó su captura y se impuso medida de aseguramiento contra ambos, pero sus audiencias se aplazaron por varias razones: por fallas en la conexión de los centros penitenciarios, por un brote de COVID-19 (en el caso de la Cárcel de Cómbita), por incapacidades de los jueces, y por la inasistencia de la Fiscalía o integrantes de la defensa. La situación fue así durante el 2019 y el 2020. Finalmente fueron condenados en el 2021 producto de un preacuerdo celebrado con la Fiscalía General de Colombia en donde se comprometían a realizar actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón como medida de reparación para las familias.

Por su parte, Gustavo Alonso Ospina Hernández, alias Barbas, señalado de ser responsable de grabar las pruebas de supervivencia, quedó en libertad en junio de 2020 por vencimiento de términos, hoy se desconoce su paradero.  Y, por último, El 30 de marzo de 2021 la Fiscalía presentó como avance la imputación de cargos contra Jesús Alfredo Arroyo, alias Roberto y Juan Carlos Portocarrero Cortés, alias Chuky, ambos señalados de participar directamente en el secuestro y posterior asesinato. A pesar que desde el 2019 venían anunciando tales actuaciones a la fecha sus casos no han avanzado.

Frente a esto, Cristian Segarra, hijo de Efraín, relata que “Colombia con algunos detenidos procesados, hasta ahí llegaron las cosas. Ecuador se lavó las manos sin mayor investigación, sin mayores avances. Autoridades fueron, otras llegaron. Pero nada más ha pasado. No ha habido un resultado concreto, no ha habido ayuda y las cosas se han quedado estancadas. Tanto así que estamos planteando un proceso internacional de cara a este y los siguientes años”.


Galo Ortega suele salir a los plantones con el carnet de prensa de Javier. También lleva cadenas y candados en señal de protesta por el asesinato de su hijo.

A día  de hoy la Fiscalía General de la Nación colombiana ha condenado a dos miembros del FOS: Jesús Vargas Cuajiboy, alias ‘Reniel’, y Gustavo Angulo Arboleda, alias ‘Cherry’.

Volviendo a las condenas que ya hay y frente a los actos de reconocimiento de responsabilidad, verdad y perdón surge un nuevo problema: la manera en la que se han dado estos actos. Los testimonios otorgados por ambos se contradicen y no cumplieron mínimos de respeto y solemnidad necesarios en un escenario de perdón. Las condiciones básicas de audio y video que debían ser garantizadas por la Fiscalía no se cumplieron. La disposición de los victimarios de tratar este como un asunto meramente formal para cumplir con el preacuerdo fue notoria: respuestas genéricas, afirmaciones que tendían a desconocer los motivos de los homicidios por parte de “Cherry” aún cuando antes había aceptado a la Fiscalía ser responsable de la seguridad del secuestro y había detallado las circunstancias de los homicidios. Por parte de “Reinel” manifestó temor frente a su situación de seguridad, cosa que sin duda limitaba su versión; dejando el vacío frente a las medidas de protección que debe tomar el Estado colombiano para asegurar la verdad en su testimonio. Esto en últimas, se convirtió en un escenario de revictimización para las víctimas y un episodio que deja más dudas que certezas. 

Frente a esto, dice Galo Ortega que “cuando íbamos a las versiones a la fiscalía yo sentía mucha humillación. Porque cuando iban estos jefes, iban con dos y tres abogados, y los abogados susurraban al oído del oficial que tenía que dar la versión. Cuando ya terminaba el informe lo leían, lo releían. El Fiscal no hacía preguntas, sólamente básicas. Todo eso era humillante para mi. Mi deber como padre es estar donde tenga que dar la cara por mi hijo. Por los tres. Eso siempre es un momento de indignación”. En suma, la justicia y la verdad que debe garantizar la Fiscalía colombiana frente a este caso sigue coja: No es esta una cuestión tan simple como capturar y condenar, hacen falta aún explicaciones y respuestas a los familiares; hace falta reparación real y, por supuesto, hace falta aún un gran camino de justicia.

En este caso asistimos a una serie compleja de interrogantes que todavía no tienen respuesta:  (i) opacidad por parte de los Estados para revelar cuáles fueron sus actuaciones en torno a la preservación de la vida y la liberación de Javier, Paúl y Efraín, esto incluye lo relativo a las negociaciones entre el FOS y el Estado ecuatoriano pero también el actuar de las fuerzas militares de Colombia. (ii) Una justicia, que como se ha expuesto, poco ha servido para reparar y brindar certezas a las víctimas sobre lo sucedido. Y, englobando lo anterior, queda entonces como gran deuda de todo esto la verdad, la posibilidad de conocer y entender realmente qué ocurrió en torno al secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio. Nos faltan 3 es un lema que nació a partir de la tragedia que vivieron familiares, amigos y colegas de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Es un lema que sigue vigente hasta el día de hoy. Que seguirá vigente hasta que la verdad completa esté en manos de sus familiares, hasta que la justicia indague e investigue la responsabilidad de todos los actores y hasta que las condiciones de abandono y de inseguridad que viven los territorios donde ocurrieron estos hechos sean, de una vez por todas, asumidas por los Estados.

(1) La FLIP solicitó información sobre operaciones militares en las zonas en donde se encontraba el equipo periodístico, esta información fue negada por parte del Ministerio de Defensa justificándose en que era información reservada por seguridad nacional. Sin embargo, por orden judicial finalmente aceptaron que: “En el lapso del 26 de marzo al 13 de abril, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación "HÉRCULES", se ejecutaron dos (2) operaciones militares sostenidas: i) operación de acción ofensiva San Mateo que incluye las veredas Montañita, Brisas de Mataje, Corriente Larga, Mata de Plátano, entre otras zonas de Nariño (...) entre otras zonas de Nariño, que tenía como propósito la garantía de la defensa del área asignada incluyendo tropas y recursos, así como la de neutralizar los fenómenos de criminalidad, y ii) operación de acción ofensiva Arcángel sostenida en los municipios de Barbacoas, Magüi Payan, Roberto Payan y el sector oriental de Tumaco en el Departamento de Nariño, orientada a ejecutar operaciones de acción directa y reconociendo. (sic)”.

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